Pelea múltiple en Alcorcón entre vecinos y miembros de la banda ‘Lating King’ ¿Racismo o bandalismo?

Los graves incidentes ocurridos estos últimos días en Alcorcón han dejado un saldo lamentable de varios heridos y detenidos. Esta pelea multitudinaria, protagonizada por jóvenes españoles e iberoamericanos, ha provocado una fuerte tensión en la localidad madrileña. En efecto, los vecinos contemplan con lógica inquietud cómo afloran las armas de todo tipo -navajas, bates de béisbol e incluso pistolas-, así como las dificultades de la Policía para restablecer el orden, a pesar de las declaraciones tranquilizadoras de algunos responsables municipales. Es imprescindible analizar el asunto con objetividad, sin dejarse arrastrar por tópicos o prejuicios. Ante todo, estamos ante un problema de convivencia social y no de una explosión de racismo o xenofobia. La crisis de valores y la permisividad que algunos confunden interesadamente con la tolerancia generan un riesgo de conflicto que explota en cuanto surge algún pretexto. Si la escuela no transmite las normas elementales de convivencia -incluido, por supuesto, el respeto a la autoridad legítima- y las familias hacen dejación de sus obligaciones, los jóvenes se encuentran en un ambiente en el que impera la ley del más fuerte. De ahí a la formación de bandas callejeras y a la disputa del espacio por medios violentos no hay más que un paso. Ciertos grupos de corte mafioso aprovechan además el río revuelto para desarrollar prácticas delictivas, abusando de los derechos y libertades que otorga la sociedad democrática. La desidia de los poderes públicos hace que algunos prefieran tomarse la justicia por su mano. En este clima deteriorado, aparecen los peores instintos, que, una vez desatados, no son fáciles de controlar.

La violencia juvenil no es ciertamente un fenómeno novedoso, pero es evidente que ha aumentado de forma considerable en los últimos tiempos. Bandas como «Latin Kings» o «Ñetas», ultras de uno u otro signo y grupos violentos bajo cualquier disfraz ideológico, son fenómenos muy serios que las autoridades y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben combatir con firmeza y con la ley en la mano. No obstante, parece que en Alcorcón no cabe atribuir la pelea a grupos organizados, sino a una expresión espontánea de decenas de jóvenes, convocada sobre la marcha y causada por el hastío que ha producido entre muchos ciudadanos el hecho de sentirse víctimas de la perpetuación de situaciones injustas y abusivas. Por ejemplo, por recibir amenazas e, incluso, ser extorsionados simplemente para poder disfrutar de un parque público o de una instalación deportiva. En cualquier caso, lo que ha ocurrido en esta población madrileña es un síntoma de lo que podría suceder en otras ciudades españolas si no se pone freno a la situación. Como siempre, aplicar la ley con todo rigor y adoptar medidas preventivas son las únicas soluciones razonables. Nadie debe tener esa sensación de impunidad que conduce fácilmente a la reincidencia. La presencia frecuente y visible de la Policía y el control de los espacios públicos para que todos los ciudadanos puedan usarlos de forma pacífica son actuaciones indispensables a corto plazo.

De cara al futuro, hay que insistir en que una sociedad civilizada debe transmitir con la máxima eficacia a las jóvenes generaciones -sea cual sea su origen y procedencia- los principios de respeto a la ley y los derechos de los demás. El cumplimiento de las leyes y de las pautas sociales de convivencia es obligatorio para todos, sean nacionales o extranjeros. Alimentar las pasiones más bajas es hacer un daño grave al sentido común y ninguna persona responsable debería contribuir a ello. No obstante, el Gobierno tiene que ser consciente de que existe un problema social con diversos componentes -política educativa, inmigratoria y de orden público, entre otros- y que debe hacerle frente sin tardanza. Lo ocurrido no es un hecho aislado o una simple anécdota. Simplemente, ha tenido más repercusión que otros sucesos semejantes y ocultos en la cotidianidad. Si no se pone remedio a las causas estructurales, no servirá de nada poner parches, y tampoco será lícito rasgarse las vestiduras en el futuro, cuando el deterioro de la situación pueda ser aprovechado por movimientos extremistas y antidemocráticos para intentar enraizar en la sociedad con discursos xenófobos, excluyentes y violentos.

La exclamación de un vecino de Alcorcón para explicar a la Prensa lo sucedido este fin de semana (“No es racismo, es delincuencia”) constituye, sin duda, un diagnóstico acertado. Los violentos enfrentamientos entre jóvenes hispanos, colombianos y dominicanos en especial, y jóvenes de Alcorcón no encierran suficientes elementos racistas como para achacarnos a un brote de xenofobia. Cosa bien distinta es que al calor de estos y otros enfrentamientos futuros puedan surgir estados de ánimo que deriven en prejuicios racistas, oportunamente atizados por grupúsculos que aspiran a crear en España un partido como el Frente Nacional de Le Pen. Pero nada de esto se ha acreditado hasta ahora y la agresiva reacción de cientos de jóvenes de Alcorcón cabe interpretarla como un afán de venganza callejera. Esto es, como el deseo de tomarse la justicia por su mano ante la ineficacia del Ministerio de interior en el despliegue de las fuerzas policiales. Empieza a ser muy preocupante que, para suplir la incompetencia del Gobierno, el ciudadano se vea obligado a recurrir a sus propias manos para restablecer el orden en sus comunidades. Pasó en el pueblo, también madrileño, de Villaconejos, donde todo el vecindario se amotinó ante un delincuente que campaba por sus respetos.

Pero está pasando también en otras comunidades, como en Cataluña, donde los vecinos están recurriendo a organizar en patrullas para hacer frente a la delincuencia galopante que padecen.

El sensible aumento de la inseguridad ciudadana es uno de los fracasos más evidentes del equipo de Zapatero, que va a remolque de los acontecimientos y hasta se empecina en negar los hechos. Al respecto, resultan pasmosas las declaraciones de la delegada del Gobierno en Madrid asegurando que no existen bandas latinas y que los disturbios son un simple ‘hecho puntual’. Se empeña el Gobierno en presentar como algo excepcional o puntual lo que ya es una situación que lleva camino de generalizarse. Ni su delegada en Madrid ni los altos cargos de Interior parecen apercibirse de que detrás de estallidos como el de Alcorcón se esconde una lucha urbana por el control de los espacios públicos, como parques, zonas de ocio, polideportivos, etc, que acaba derivando en matonismo puro y duro, ya sea planificado por bandas organizadas, ya por grupúsculos que actúan como pequeñas mafias de barrio. La inmigración hispana ha importado métodos de supervivencia urbana que nacieron en sus países ante la ausencia de autoridad y de policía en las calles. Y sus importadores han medrado en las grandes ciudades españolas por la misma razón: porque el Gobierno de Zapatero ha abdicado de la autoridad y del despliegue policial para proteger a los vecinos. Ha renunciado a políticas de seguridad próximas al ciudadano y esa laguna la han ocupado los matones para imponer su ley. Lo sorprendente es que no haya habido más estallidos como el de Alcorcón.

Los enfrentamientos entre grupos de jóvenes, españoles por un lado y latinoamericanos por otro, producidos estos días en Alcorcón, cerca de Madrid, y que se saldaron con varios heridos, uno muy grave, han de considerarse un síntoma muy serio de realidades sociales que no deberían ser subestimadas por nadie, empezando por las autoridades. Independientemente de la naturaleza de la chispa que encendió la hoguera, lo cierto es que el fuego alcanzó proporciones alarmantes, con un componente xenófobo que no puede ser ignorado.

Esa localidad de 160.000 habitantes ha vivido en los últimos meses diferentes episodios de violencia protagonizada por bandas latinas. Se trata de un fenómeno muy extendido en los suburbios de algunas urbes latinoamericanas, en los que, frente a la impotencia de las instituciones, reina la ley del barrio impuesta por bandas juveniles. Probablemente, es la concentración de población inmigrante en la periferia de Madrid, en ocasiones con estructuras próximas al gueto, lo que está propiciando el traslado mimético de ese tipo de comportamientos.

Estos comportamientos indican que algo está fallando en las políticas de integración de los inmigrantes, y en particular de los adolescentes, en las estructuras sociales (escuela, deporte y ocio) y en las pautas culturales que fundan la convivencia. Cuanto menor es la capacidad de integración, mayor es el atractivo de esas bandas sobre unos jóvenes ansiosos de identidad y de líderes. De entrada, hay que cortar las prácticas delictivas con los procedimientos propios de cualquier país civilizado: una acción policial severa pero proporcionada en defensa de los ciudadanos que se encuentran sometidos a abusos de hecho, como impedirles acceder a determinadas actividades o lugares que las bandas controlan con criterios mafiosos. Y además, en defensa de las políticas de integración, porque nada interfiere tanto en ellas como la impunidad de quienes vulneran la ley y abusan de los demás.

Pero no basta con tales medidas. Ciudades europeas como Barcelona o Génova han abordado políticas de prevención del fenómeno de las bandas latinas que hasta el momento parecen dar buenos resultados. En el caso de Barcelona, el diálogo ha dado lugar a un plan de integración impulsado desde el Ayuntamiento que ha permitido su articulación como asociación cultural, con el compromiso de renuncia a la violencia.

La otra cara del problema es la respuesta que se ha generado en la población autóctona, también violenta y con un componente racista, y extendida con ayuda de mensajes por teléfono móvil. El hecho de que grupos numerosos de jóvenes así convocados hayan intentado tomarse una supuesta justicia por su mano, poniendo tanto ahínco en eludir la contención policial como en perseguir a los adversarios, indica igualmente que algo muy grave está ocurriendo entre nosotros. Es sabido que cuando este tipo de chispas saltan siempre hay pirómanos dispuestos a atizarlas, alentando los más bajos instintos de jóvenes y adolescentes. Algunas convocatorias por SMS para repetir los enfrentamientos violentos tienen un fuerte acento xenófobo. Y esto es algo que tampoco puede tolerar una sociedad civilizada.