Polémica ley de la Generalitat de Jordi Pujol para obligar que todas las películas de éxito tengan que ser dobladas al catalán

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha suspendido cautelarmente los artículos del decreto sobre doblaje cinematográfico al catalán que afectan al régimen de infracciones y sanciones. El 17 de marzo, día en que entra en vigor el decreto, todos podrán respirar tranquilos, empezando por los exhibidores cinematográficos, atemorizados por la posibilidad de que las grandes multinacionales de la producción y distribución, las majors, no suministraran las películas dobladas al catalán necesarias para cumplir las cuotas obligatorias. Podrá respirar tranquilo Jordi Pujol, que ya había adelantado la necesidad de una moratoria en la aplicación del decreto, amparándose en la posibilidad de negociar con las majors. Ahora evita la situación dolorosa de tener que suspender un decreto suyo de su propia mano o, en caso contrario, convertirse en el responsable de que Cataluña se quede sin cine doblado norteamericano.No puede hacerlo, en cambio, el consejero de Cultura, Joan Maria Pujals, principal responsable del embrollo. El TSJC asegura que los dos artículos del decreto «son clara, ostensible y manifiestamente nulos de pleno derecho», porque contravienen una ley de rango superior como es la Ley de Política Lingüística catalana. Las multinacionales de Hollywood, libres ahora de penalizaciones, tienen la ocasión de demostrar su sensibilidad a una realidad cultural bilingüe que no tiene correspondencia en la oferta de cine doblado en lengua catalana.

El nacionalismo no es una patente de bondad que acredite cualquier actuación de un Gobierno. Lo que permite juzgar las actuaciones políticas es la eficacia en la obtención del fin que se propone. La política cinematográfica del consejero Pujals se ha revelado absolutamente ineficaz para la promoción del cine en catalán y todavía más la industria cinematográfica catalana. De ahí que a Pujol no le queden más que dos alternativas: o empantanarse en los errores, mediante el recurso contra la suspensión o la redacción de un régimen de sanciones con rango de ley; o abandonar la política emprendida con tanta pasión como ineptitud y entrar en una negociación con las majors y en realidad con todo el sector cinematográfico (exhibidores y distribuidores) para mejorar la presencia del catalán en las pantallas.