Polémica por el caso Pinochet entre el historiador izquierdista Antonio Elorza y el ex ministro Jaime García Añoveros (Consejero del Grupo PRISA)

Ya se sabe, en estos días, de qué se está hablando si se habla de extradición: la solicitada de Pinochet a España, para ser juzgado aquí. Ya han corrido «ríos de tinta» y voces sin cuento desde que saltó la noticia de que un juez español había ordenado la detención del general Pinochet en Londres, donde se encuentra circunstancialmente. Ante tal barahúnda y vocerío, algunas ideas me han venido a la mente.Hay gentes, muchas, que no pueden ver un asunto como éste más que en términos de posición política de partido, por mucho que lo quieran disimular, aunque en general ni lo intentan. Pero si se le da a Pinochet a efectos de su extradición el tratamiento de adversario político se trivializa enormemente el asunto. Se trata de un probable criminal (y digo lo de probable porque aún no hay sentencia firme), al que se le imputan horrendos crímenes, despiadados y me atrevería a decir que gratuitos en su ensañamiento; en todo caso, crímenes contemplados en la ley española como susceptibles de ser juzgados en nuestro país en determinadas circunstancias. La naturaleza de los crímenes no está determinada por la adscripción política del criminal, ni siquiera por su importancia política como persona en el pasado. Personalmente, me incomoda el sesgo partidario para jalear esta extradición y consiguiente enjuiciamiento; la cosa es más trascendente que una cuestión de bandería política.

Son muchos los sujetos de distinto signo político a los que eventualmente se podría aplicar en España esta ley española. Son muchos los genocidas, torturadores y terroristas (que son los principales supuestos de aplicación) que andan por el mundo con la cabeza en general bastante alta. A todos, en su caso, si se dan las circunstancias previstas en la ley, habría que medirlos por el mismo rasero. Es probable, sin embargo, que los jaleadores de hoy fueran en el futuro sujetos silenciosos, cuando no defensores «razonables» de presuntos criminales.

Produce algún rechazo contemplar cómo, en algún caso, se pide sin duda alguna la aplicación de la ley para un sujeto, mientras que, a la vez, se saca pecho para fotografiarse con algún otro sujeto que muy bien pudiera encontrarse, algún día, en situación parecida a la que hoy afecta al general Pinochet.

Y también produce rechazo la presión sobre los tribunales, dando por sentado que ésta sólo puede producirse en el sentido que reclama la gente (mucha gente, ésa es la verdad), si se ha de considerar justa. Pero es que los órganos judiciales han de decidir sobre la aplicación de una norma compleja, y no parece aceptable que tengan que hacerlo bajo una fortísima presión de griterío politizado, que vicia lo que toca, degradándolo.

La norma de nuestra derecho que permite juzgar en España esta clase de crímenes repugnantes refleja un gran avance en la humanidad que, innovando el derecho internacional y en el de cada país, puede permitir, en el futuro, reprimir cierta clase de fechorías especialmente repugnantes. Pero los tribunales no lo tienen tan fácil. Llevar a la mente la idea de que sólo será justa su decisión si es conforme con los deseos del que grita es hacerle un mal favor al tribunal y, lo que es peor, a la causa de la represión de ciertos crímenes contra la humanidad que son especialmente repelentes. Es del mayor interés, creo yo, que la norma de que hablamos no se desacredite mediante una aplicación poco razonable y poco razonada.

Pinochet, por su proximidad histórica y humana, nos produce tal rechazo que nos debe forzar a ser especialmente cuidadosos y circunspectos. Hay que pensar, por extraño que parezca, que a él también le afecta la previsión constitucional de la presunción de inocencia, pongo por caso. Qué le vamos a hacer, somos siervos de nuestro sistema jurídico, de nuestro Estado de derecho.

Y no quiero meterme, al menos aquí y ahora, en consideraciones de oportunidad política, sobre lo que mucho se podría decir en uno u otro sentido; pero cuando un asunto llega a los tribunales la oportunidad política se queda en un segundo plano o desaparece. Me resisto a hacer este tipo de consideraciones mientras los tribunales no resuelvan; esta ley española, posiblemente aplicable a Pinochet, también podría ser aplicada a otros muchos supuestos, muchísimos, de distinto signo y apreciación política. Pero los entusiastas que no lo sean exclusivamente de la aplicación de la ley a quien corresponda, venga de donde viniere, harán mejor en moderar su vocerío; cuando el derecho da un paso como éste, puede suceder hasta lo más aparentemente impensable; porque ante normas como la presente, sobre situaciones tan conexas con posiciones y prejuicios políticos, ideológicos y de partido, no se puede hacer una aplicación «selectiva».

Después de enterarme de que el jefe de una junta militar golpista y asesina puede recibir el don de la inmunidad propio de un presidente constitucional, sólo me faltaba leer, y en este diario, que es preciso conceder a Pinochet la presunción de inocencia. Sobre esa base, el señor García Añoveros, en su columna La extradición del día 29, tras considerar que quienes piden justicia son gente movida por intereses de partido que con sus gritos pretenden influir sobre los magistrados, habla de Pinochet como un «probable criminal», ya que no ha recaído sobre él sentencia firme.Así, si de un lado hay «vocerío», al que me sumo, de otro topamos con una voluntad de exculpación encubierta, asentada en argumentos tan torpes como aviesos. Eso sí, presentados como propios de hombres «cuidadosos y circunspectos». Ante todo, conviene decir que nadie ha nombrado al señor García Añoveros juez de este caso, y por ello no le toca otorgar la protección al inculpado, sino analizar los hechos. Lo que buena parte de la opinión pide, y a veces con el desgarro propio de quien ha tenido un pariente o un amigo asesinado, torturado o desaparecido, es simplemente justicia. Hablar de Hitler o de Mussolini como «probables criminales», o hacerlo así hoy de Pinochet, es simplemente dar muestra de ignorancia o de sospechoso espíritu de comprensión hacia el fascismo. Algo que, por desgracia, encontramos también en las valoraciones históricas que al caso Pinochet y a los milicos argentinos aplica el fiscal Fungairiño. ¿Qué inocencia cabe presumir en quien sembró la muerte selectiva al sublevarse contra un poder legal con órdenes perfectamente conocidas y con un resultado sangriento que también lo es? Introducir aquí argucias propias de un juicio de faltas está fuera de lugar y resulta incluso insultante para la memoria de los miles de asesinados. Eso sí, tal como van las cosas, tiene razón García Añoveros: nos va a quedar solamente el grito.

Me refiero a la carta al director que hoy se publica en EL PAÍS, firmada por el señor Elorza, a propósito de una columna que publiqué ayer en ese periódico (La extradición). Me resulta difícil sobreponerme al asombro que la carta me ha producido; qué le vamos a hacer si el art. 24 de la Constitución dice que «todos tienen derecho a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia». Todos, también el señor Pinochet si al fin es juzgado aquí, como muchos deseamos, o los etarras autores del atentado de Hipercor, o los secuestradores de Ortega Lara. Lo que quiere decir, entre otras cosas, que sólo una sentencia firme después de un juicio con todas las garantías suprime esa presunción de inocencia. No es raro que la gente no entienda estas cosas, los derechos fundamentales, las garantías constitucionales, en fin, el Estado de derecho; pero me sorprende que tenga oscura noción de ello el señor Elorza, que confunde tan cándidamente el juicio penal y la opinión histórica, que se asombra de que la presunción de inocencia se aplique a algo más serio que las faltas, que se hace un lío con esas categorías aplicadas a personas fallecidas, se trate de Hitler, Mussolini, Stalin, Pol Pot, Nerón o Herodes el Grande, susceptibles sólo de enjuiciamiento histórico, pero no penal, porque hace ya tiempo que desapareció el juicio penal de los difuntos, como en los gloriosos días del Antiguo Régimen en que desenterraban cadáveres para echarlos a la hoguera.

Y me sorprende más todavía que el señor Elorza no sepa leer, en este caso mi columna, aunque quizá yo tenga parte de culpa por referirme a conceptos que, al parecer, le escapan. Para aclararle mi posición en términos que quizá le sean más accesibles, digamos que en este asunto me identifico, más que con nadie, con lo que ha hecho y dicho el señor Garzón, juez instructor del caso. Pero con el señor Garzón, no con las tricoteuses que en el mundo son y han sido, aunque tomen el empaque histórico y filosófico más solemne.

El sentido que presidía mi apreciación de la columna del señor García Añoveros sobre la posible extradición de Pinochet no era gratuito. Se justifica por la gravedad del caso y se apoya en un análisis de la estrategia de argumentación por él adoptada. Veamos si sé leer. El eje argumental de García Añoveros consistía en la contraposición entre la propia postura, autoidentificada como razonable («algunas ideas», «ser especialmente cuidadosos y circunspectos»), y lo irracional, que marcaría a los que se pronuncian sobre el caso («barahúnda y vocerío»). Ahora bien, ¿cubre esta caracterización a todos los opinantes? No. Pronto los productores de sinrazón resultan identificados: responden a «posición política de partido», dan a Pinochet «tratamiento de adversario político». En una palabra, son la gente de izquierda (a la cual en Chile, dicho sea de paso, Pinochet intentó exterminar físicamente con notables resultados). Es decir, los pinochetistas -políticos y económicos- son eludidos, así como cualquier referencia a los fundamentos objetivos que aducen los partidarios de la extradición, y quedan, frente a frente, las ideas de los razonables y «los jaleadores» de la izquierda. Mensaje subliminal inmediato: el espíritu de partido, que exige la extradición, resulta incompatible con la justicia. Más aún, de semejantes sujetos se deriva «una fortísima presión de griterío politizado» sobre la acción que debiera ser serena de los jueces.

En cuanto a la calificación de Pinochet como probable criminal y a la presunción de inocencias, las palabras están ahí, y en un artículo de opinión, no en un dictamen jurídico. Por eso es irrelevante que el criminal esté muerto o vivo y que le hayan juzgado o no: sea Pinochet, Karadzic o Pol Pot. Por fin, en su carta del día 31, García Añoveros declara estar con Garzón. Muy bien. Nada inducía a sospecharlo leyendo su columna La extradición.- .