Polémicas declaraciones de Sancristobal a TVE, desde la cárcel, asegurando que el GAL es una conspiración liderada por Garzón

LAS declaraciones de Julián Sancristóbal a TVE y a dos periódicos de Madrid constituyen una sarta de despropósitos que no resisten el menor análisis. Muy desesperado tiene que estar el antiguo número dos de Interior para decir un cúmulo de tonterías en las que acusa a Garzón y a un misterioso «Mister Z» de formar parte de una gran conspiración para derribar a González.

El ex director general de la Seguridad del Estado es libre de intentar desestabilizar la acción del poder judicial si así considera que puede contribuir a su mejor defensa. Pero lo que resulta realmente inconcebible es que el Ministerio de Justicia se preste a este juego al permitirle hacer declaraciones públicas sin el consentimiento del juez, tal y como dispone el artículo 524 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo dice textualmente: «El juez instructor autorizará, en cuanto no se perjudique el éxito de la instrucción, los medios de correspondencia y comunicación de que pueda hacer uso o el detenido o el preso».

Ayer, en una caprichosa intepretación de la legalidad, Paz Fernández-Felgueroso, secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, reconoció que Garzón no había autorizado las entrevistas, aunque se le había enviado un fax que él no contestó para pedir el permiso para una de ellas. Según Fernández-Felgueroso, Asuntos Penitenciarios tiene potestad para autorizar a los reclusos a hacer declaraciones a los medios de comunicación si éstos no se hallan en régimen de incomunicación.

En primer lugar, la Ley de Enjuiciamiento es muy clara -y así lo recordó ayer en una nota la Audiencia Nacional- al requerir el permiso único y exclusivo del juez para autorizar las comunicaciones del preso. El artículo 524 no hace ninguna excepción, por lo que carece de base legal afirmar que éste sólo se refiere a presos incomunicados, que son una pequeña minoría. Si el legislador hubiera querido que la norma se aplicase sólo a unos pocos lo habría indicado expresamente. En segundo lugar, el sumario que instruye Garzón está bajo secreto, lo que refuerza el argumento de que hubiera sido necesario consultar antes al juez.

Justicia ha vulnerado, pues, la ley al prescindir de la autorización de Garzón. Y ello convierte al Gobierno y al ministro Belloch en objetivamente responsables de las declaraciones de Sancristóbal. Así lo ponían ayer de manifiesto todas las asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales, que, en un comunicado conjunto por primera vez en la historia, resaltaban la utilización de dos instituciones públicas -TVE y Asuntos Penitenciarios- para desacreditar al juez Garzón.

«La situación ha llegado a límites intolerables», según las asociaciones judiciales, que consideran que «no es posible la democracia sin la existencia de un Estado de Derecho y éste desaparece si no se respeta la independencia de los jueces». Una independencia que el propio Ministerio de Justicia ha puesto en peligro al saltarse la ley a la torera y consentir el show de Sancristóbal, cuyas palabras debieran hacernos reflexionar sobre en qué manos llegó a estar la Seguridad del Estado.

LA ENTREVISTA a Sancristóbal emitida por Televisión Española se ha convertido en piedra de escándalo en este país ya sobrado de ellos. Antes de emitirse en su totalidad había provocado una furiosa respuesta de medios judiciales y de la oposición, junto a en cendidas defensas no solicitadas por parte de algunos dirigentes del partido del Gobierno. Y desde un principio se confundieron en el debate la cuestión jurídica de si se cumplieron a no los trámites que marca la ley para que un medio de comunicación tenga acceso a un preso preventivo y la difusión misma de la entrevista con un contenido altamente discutible.No era un papel envidiable el que recaía ayer sobre el ministro Belloch en el Congreso. Sabedor de que le era del todo imposible congraciarse con gran parte de su auditorio, hizo una interpretación formalista tan poco convincente como difícilmente atacable. Entre las lecturas posibles de las normas que regulan el régimen de comunicaciones de los presos preventivos, el ministro Belloch se refugió en la que juzga innecesaria la previa autorización judicial. De acuerdo con ella, la entrevista realizada por TVE a Sancristóbal en la cárcel de Alcalá-Meco, sin la expresa autorización del juez Garzón fue legal. En tanto el juez instructor no decrete su incomunicación, el preso preventivo goza del régimen común de visitas y comunicaciones establecido por la legislación penitenciaria.

La respuesta de la oposición era previsible. En contra de la tesis del ministro, y de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IU) defendieron el protagonismo de los jueces en todo lo que se refiere al régimen de vida del preso preventivo y, por tanto, la necesidad de una expresa autorización judicial para algo tan poco corriente como una entrevista en la cárcel. Ambas tesis tienen partidarios y detractores entre los propios juristas.

Pero la disputa parlamentaria no versó tanto sobre la legalidad o no de la entrevista televisiva como sobre sus supuestos móviles políticos y el presumido apoyo del Gobierno a la misma. Fueron argumentos controvertidos y, por tanto, rebatibles mientras uno no cuente con hechos y pruebas incuestionadas por todas las partes. Eso sí, no deja de haber un cierto ejercicio de cinismo cuando el ministro y el grupo socialista sostienen la legalidad de todas las actuaciones administrativas pero culpan a TVE de difundir la entrevista, deplorando el primero su contenido y criticando el segundo su tratamiento. Da la impresión de que han querido marcar distancias sólo cuando se ha puesto en evidencia que la entrevista tuvo un efecto deplorable, tal vez tratando de olvidar que el propio presidente del Gobierno se sumó a la estela de la teoría conspiratoria lanzada sin pruebas.

Ninguna objeción cabe hacer a la entrevista de TVE a la luz de la libertad de expresión, de la que sigue gozando el entrevistado, o de la libertad de información, que ampara la actuación del medio. Que éste sea público o privado es indiferente en cuanto al ejercicio de tales derechos. En contra de lo que parece dar a entender el Consejo General del Poder Judicial en su proclamación de principios sobre el sumario de los GAL, la entrevista de TVE a Sancristóbal o las realizadas por EL PAÍS y Abc no sólo están amparadas por la libertad de información, sino que son una manifestación legítima del ejercicio de esos derechos. La postura un tanto confusa del CGPJ debe obedecer, sin duda, a la redacción trabajosa de un texto consensuado entre sus miembros. Sería inquietante que en su seno hubiera puntos de vista restrictivos e incluso preconstitucionales sobre lo que son y representan tales derechos en un régimen democrático.

El ataque al juez Garzón que contiene la entrevista, tanto más grave por cuanto no se aporta ninguna prueba, merece sin duda la intervención del Poder Judicial. Es un asunto que afecta al CGPJ, al juez Garzón y a quien hace las imputaciones, que asume graves riesgos en caso de no probarlas. Pero no al medio. que ha realizado la entrevista, que ha cumplido con su deber consiguiéndola, primero, y difundiéndola, después.