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El ex director de la Segurad del Estado realizó las mismas declaraciones en sendas entrevistas a la periodista Isabel San Sebastián en el diario ABC y también en el diario EL PAÍS del Grupo PRISA

Polémicas declaraciones de Sancristobal a TVE, desde la cárcel, asegurando que el GAL es una conspiración liderada por Garzón

HECHOS

El 19.01.1995 D. Julián Sancristobal concedió sendas entrevistas a TVE, EL PAÍS y ABC en las que aseguraba que el caso era un montaje del juez Garzón y ‘el Señor Zeta’.

En sendas entrevistas a ABC y a TVE desde la cárcel, el Sr. Sancristobal denunció “la Teoría de la Conspiración” según la cual el “caso GAL” había reabierto por el juez Garzón en la complicidad de otras personas para vengarse del presidente del Gobierno. El ABC llegó a acusar al juez de haberse beneficiado de los “Fondos Reservados” para realizar viajes. Para el Gobierno la situación era complicada, pues en nombre del Estado debía apoyar las acciones de la justicia, pero esas acciones habían llevado a la cácel a un colaborador. Pero aquella detención era sólo la segunda ficha del dominó.

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Dña. Isabel San Sebastián alude a la entrevista a D. Julián Sancristobal hablando con J. F. Lamata:

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EL CONSEJO DE RTVE PROTESTA POR LA ENTREVISTA:

Amando D. Amando de Miguel miembro del Consejo de RTVE a propuesta del PP.

El Consejo de Administración de RTVE manifestó ante la entrevista su profundo, malestar y desacuerdo con el tratamiento que dio la televisión pública a las declaraciones de D. Julián Sancristóbal. Los consejeros acordaron por 11 votos a favor y 1 en contra exigir al director general del Ente, D. Jordi García Candau, la adopción de medidas inmediatas que garanticen el tratamiento exquisito de cualquier información. El voto en contra fue de D. Amando de Miguel, elegido a propuesta del PP, que consideró demasiado ‘blando’ el comunicado.

20 Enero 1995

El Estado al servicio de Sancristóbal

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

LAS declaraciones de Julián Sancristóbal a TVE y a dos periódicos de Madrid constituyen una sarta de despropósitos que no resisten el menor análisis. Muy desesperado tiene que estar el antiguo número dos de Interior para decir un cúmulo de tonterías en las que acusa a Garzón y a un misterioso «Mister Z» de formar parte de una gran conspiración para derribar a González.

El ex director general de la Seguridad del Estado es libre de intentar desestabilizar la acción del poder judicial si así considera que puede contribuir a su mejor defensa. Pero lo que resulta realmente inconcebible es que el Ministerio de Justicia se preste a este juego al permitirle hacer declaraciones públicas sin el consentimiento del juez, tal y como dispone el artículo 524 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo dice textualmente: «El juez instructor autorizará, en cuanto no se perjudique el éxito de la instrucción, los medios de correspondencia y comunicación de que pueda hacer uso o el detenido o el preso».

Ayer, en una caprichosa intepretación de la legalidad, Paz Fernández-Felgueroso, secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, reconoció que Garzón no había autorizado las entrevistas, aunque se le había enviado un fax que él no contestó para pedir el permiso para una de ellas. Según Fernández-Felgueroso, Asuntos Penitenciarios tiene potestad para autorizar a los reclusos a hacer declaraciones a los medios de comunicación si éstos no se hallan en régimen de incomunicación.

En primer lugar, la Ley de Enjuiciamiento es muy clara -y así lo recordó ayer en una nota la Audiencia Nacional- al requerir el permiso único y exclusivo del juez para autorizar las comunicaciones del preso. El artículo 524 no hace ninguna excepción, por lo que carece de base legal afirmar que éste sólo se refiere a presos incomunicados, que son una pequeña minoría. Si el legislador hubiera querido que la norma se aplicase sólo a unos pocos lo habría indicado expresamente. En segundo lugar, el sumario que instruye Garzón está bajo secreto, lo que refuerza el argumento de que hubiera sido necesario consultar antes al juez.

Justicia ha vulnerado, pues, la ley al prescindir de la autorización de Garzón. Y ello convierte al Gobierno y al ministro Belloch en objetivamente responsables de las declaraciones de Sancristóbal. Así lo ponían ayer de manifiesto todas las asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales, que, en un comunicado conjunto por primera vez en la historia, resaltaban la utilización de dos instituciones públicas -TVE y Asuntos Penitenciarios- para desacreditar al juez Garzón.

«La situación ha llegado a límites intolerables», según las asociaciones judiciales, que consideran que «no es posible la democracia sin la existencia de un Estado de Derecho y éste desaparece si no se respeta la independencia de los jueces». Una independencia que el propio Ministerio de Justicia ha puesto en peligro al saltarse la ley a la torera y consentir el show de Sancristóbal, cuyas palabras debieran hacernos reflexionar sobre en qué manos llegó a estar la Seguridad del Estado.

El Análisis

SEÑOR ZETA ¿PERIODISMO O PUBLICIDAD?

JF Lamata

El diario EL MUNDO y los propios consejeros de RTVE pusieron el grito en el cielo contra los Informativos de Televisión Española y su directora, Dña. María Antonia Iglesias por permitir que, en ese momento, era el principal acusado por el caso GAL (o para ser más exactos, por el caso Marey, porque sólo se les vinculaba con ese secuestro) hiciera un manifiesto para la tele.

Al margen de a  lo raro que suponía una entrevista sin entrevistador (al menos en las entrevistas que hizo a EL PAÍS y ABC sí lo tuvo) y de lo raro que supone que Sancristobal no se atreviera a llamar a Pedro J. Ramírez por su nombre y se refiriera a él como ‘señor Zeta’ nadie puede negar interés a la versión de Sancristobal. Y menos aún Pedro J. Ramírez, que tantas páginas había dado en su día a asesinos como los de ETA, al prófugo Roldán o al mismo Amedo. El móvil del interés informativo tiene que valer para todos.

J. F. Lamata

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