PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos acuerdan un nuevo método para la elección del presidente de RTVE al acabar el mandato de José Antonio Sánchez

Todos los partidos representados en el Parlamento alcanzaron ayer el primer gran acuerdo de la legislatura: una nueva reforma de la ley que regula RTVE para que los órganos gestores de la corporación sean elegidos por una mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado. Con esta medida, respaldada de manera abrumadora (343 votos a favor y una abstención), la radio y la televisión públicas inician de nuevo el camino hacia la despolitización.

La modificación legislativa viene a recuperar el modelo aprobado durante el mandato de Rodríguez Zapatero hace 11 años, abruptamente dinamitado por el Gobierno de Rajoy en 2012, pocos meses después de su llegada al poder. El PP cambió la ley para poder elegir al presidente de RTVE solo por mayoría absoluta, imponiendo así su candidato a dedo y sin necesidad de consenso. Ahora se desteje aquella inaceptable maniobra. Los miembros del consejo de administración y el propio presidente serán elegidos a través de un concurso público por mayoría de dos tercios de las Cortes o, como medida de desbloqueo, por al menos la mitad de los grupos.

Con este procedimiento, que debería estar operativo antes de tres meses, acabará el nombramiento del máximo responsable de RTVE de forma unilateral por el partido en el Gobierno, uno de los grandes males que han padecido tradicionalmente los medios de comunicación de titularidad pública, ya sea estatal, autonómica o local.

Recuperar la profesionalización de los órganos directivos en RTVE era una llamada a gritos de la oposición y también una exigencia de los trabajadores, que en los últimos años han denunciado un rosario de manipulaciones informativas. Por la buena salud de la democracia, es preciso abolir la utilización sectaria de los medios audiovisuales públicos y poner fin a una de las etapas más deplorables en la historia reciente de RTVE.

Con esta reforma gana también la democracia. El hecho de que todo el arco parlamentario apueste por unos medios independientes, veraces, plurales, creíbles y transparentes permite confiar en que hay espacios de acción política en los que las distintas formaciones, sean del color que sean, pueden encontrar puntos de coincidencia. RTVE ha demostrado que los pactos entre PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos son posibles.

Diversos editoriales y artículos en varios diarios analógicos y digitales han advertido seriamente en los últimos días del grave peligro de fracaso prematuro de la reforma democrática de RTVE, después de cinco años de clamor ciudadano. Las enmiendas aprobadas en el Senado de la proposición de ley ampliamente consensuada en el Congreso de los Diputados, no solo muestran que el Partido Popular –aprovechando su mayoría en la Cámara alta- sigue empecinado en su contrarreforma de 2012, sino que el PSOE, con su abstención y sus declaraciones comprensivas ante estas enmiendas, podría estar cayendo en la “tentación bipartidista”: la alternancia en el control y la manipulación del servicio público ejercida durante un cuarto de siglo que llevó a RTVE a su ruina financiera y a su desprestigio ciudadano.

La proposición de ley de junio pasado, pactada entre las tres principales fuerzas políticas de oposición y, resignadamente aceptada por el Gobierno tras intensos esfuerzos para paralizarla, fue saludada unánimemente como la gran oportunidad para la regeneración democrática del servicio público audiovisual, clave para la calidad de la democracia española. En su preámbulo, aceptado incluso por el PP en última instancia, se evoca el Consejo de sabios de 2004 y su informe, en el que algunos de los firmantes participamos directamente, para reivindicar con justicia el basamento de la ley de reforma de RTVE 17/2006. Pero, sobre todo, se diagnostica la situación actual de la corporación como “crítica”, por el desplome de su credibilidad y de su audiencia y por su asfixia económica, que llega a ser calificada de “situación límite”.

PSOE, Ciudadanos y Podemos impusieron esta propuesta “para recuperar la independencia y el pluralismo”, con medidas vitales como la vuelta al consenso parlamentario para la elección del Consejo de Administración de RTVE por dos tercios del Parlamento, su profesionalización e independencia por concurso público, el curriculum profesionalmente demostrado de sus miembros, la integración de nuevo de dos representantes sindicales como en 2006… Actuaciones parciales pero necesarias para cortar la sangría de espectadores y el desprestigio causado por la manipulación sistemática de sus contenidos, aunque solo constituyeran una base para otras medidas inmediatas de futuro, como la aprobación de un nuevo mandato marco y de contratos programa concretos, del reforzamiento de la independencia informativa y de la carrera profesional o la construcción de un modelo financiero estable y suficiente, y de la carrera profesional, la participación social o la conversión en un servicio público multimedia. Y que despertaron por ello nuevas esperanzas de un servicio público democrático, pese a las contradicciones mostradas entre algunos artículos del texto aprobado (de 12 y nueve consejeros al tiempo, de presencia o no de consejeros de los trabajadores).

En septiembre, sin embargo, aprovechando lo que los propios informes de letrados del Senado han calificado de “redacciones incompatibles” e incoherentes, el grupo del Partido Popular ha utilizado el paso del proyecto por el Senado para imponer todas sus enmiendas, dando la vuelta a la proposición de ley como si fuera un calcetín: descuento del Consejo a 10 miembros para mejor eliminar a los representantes sindicales; rebaja de los dos tercios de los votos parlamentarios exigibles a tres quintos si no se consigue el consenso inicial, e incluso confusa apelación a la regulación existente que haría posible el nombramiento gubernamental por mayoría simple; ambigüedad respecto al concurso público; nueva disposición transitoria que le permitiría mantener a consejeros actuales… Y todo ello después de un verano en el que la dirección de RTVE ha extremado sus prácticas de manipulación informativa al dictado de las consignas partidistas del PP.

Ahora, en vísperas de la vuelta de la proposición al Congreso, que podría desechar por la mayoría de la oposición estas tergiversaciones del consenso, Ciudadanos y Podemos han lanzado la voz de alarma sobre la sospecha, reforzada por la abstención socialista en el Senado y sus declaraciones ambiguas (“un gran paso”) de una anuencia del PSOE e incluso de un pacto secreto entre ambos partidos mayoritarios que, contando con los tres quintos de los votos y suprimiendo la exigencia legal del apoyo de la mitad de los grupos parlamentarios, podrían dejar fuera del consenso a todos los restantes partidos, y volver a repartirse el poder total en RTVE, como ha ocurrido durante más de 25 años desde la Transición. El “espíritu” del Consejo de sabios” de 2004-2005, apoyado por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, habría sido evocado en vano y traicionado una vez más, quizás, definitivamente.

Pero si ese pacto, aun negado siempre por sus actores, se verificara y consumara, la regeneración democrática de la Corporación quedaría falseada y frustrada una vez más, consagrando la decadencia profunda del servicio público estatal que amenaza abocar a su desaparición a corto plazo. Por eso es imprescindible rechazar las enmiendas impuestas por el PP en el Senado e incluso, si fuera necesario, establecer un procedimiento reglamentario para salvar posibles incoherencias, con base en lo establecido en el art. 119 del Reglamento del Congreso; e instar a todos los partidos a que, sean cuales sean las mayorías requeridas para designar a los consejeros, renuncien a un sistema de cuotas militantes.

Además, junto al deterioro de esta pieza clave de la democracia española, la ruptura del consenso podría extenderse a otros muchos campos en los que la deriva autoritaria del Gobierno de Rajoy exige imperiosamente leyes retroactivas urgentes que solo pueden darse por la unidad reformista y la presión firme de la oposición. El PSOE de Pedro Sánchez perdería así toda legitimidad para liderar ese proceso de regeneración democrática.

Enrique Bustamante Ramírez es catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Rafael Díaz Arias es profesor de Periodismo de la UCM.