PP y PSOE firman un Pacto Antiterrorista para actuar juntos contra ETA / Batasuna y los que le dan cobertura en Lizarra (PNV y EA)

El Partido Popular y el Partido Socialista han alcanzado un acuerdo por las libertades y contra el terrorismo que inicia un nuevo rumbo histórico en el tratamiento político de la violencia de ETA y de sus consecuencias. El pacto que ayer autorizaron Aznar y Zapatero frustra algunas predicciones apresuradas sobre la irrelevancia del resultado, porque establece unas reglas claras y precisas para la unidad democrática frente a ETA, a partir de la corresponsabilidad en la acción política contra el terrorismo de las dos principales formaciones políticas españolas. Como se afirma en uno de sus apartados, el pacto ‘no es un compromiso coyuntural’. Tampoco es sólo un pacto antiterrorista, ni podría serlo a tenor de su contenido, en el que se hace una proclamación inequívoca de vigencia de la Constitución y del Estatuto de Guernica y la reivindicación de un cambio para el País Vasco, que ambos partidos se comprometen a impulsar. Ni a la altura de las perspectivas ni la generosidad de ambas partes hacen de este pacto una especie de alianza bipartidista, sino la base de una alternativa social y política, abierta a todos aquellos que acepten los mínimos exigibles en un sistema democrático: la lealtad a la Constitución y la renuncia a la violencia.

El presidente Aznar, desde Niza, definió ese pacto como la expresión de una ambición democrática que busca un nuevo horizonte de libertades y de convivencia. Con esta premisa, los partidos firmantes comparten un mismo diagnóstico sobre la responsabilidad del nacionalismo en la crisis institucional del País Vasco: el PNV y EA, al pactar con ETA, pusieron precio político – la autodeterminación independentista – a la paz; su estrategia ha fracasado y, si quieren reincorporarse a la unidad democrática, el reequisito imprescindible es el abandono definitivo mediante la ruptura formal, del pacto de Estella y de sus organismos. Este es el valor político añadido que el presidente Aznar venía reclamando a cualquier acuerdo global contra el terrorismo y contra sus consecuencias, una de las cuales ha sido la incorporación a ETA como un agente más de la política en el País Vasco, de lo que sólo es responsable el nacionalismo. Lo que se pide al PNV es algo muy claro: que colabore en derrotar a ETA, que excluya a la banda terrorista de la interlocuión política y que sea leal con el marco constitucional y estatutario.

Si es importante esta declaración política entre PP y PSOE sobre la situación del País Vasco, no lo son menos los compromisos concretos asumidos por ambas formaciones para el desarrollo del acuerdo, que abundan en el carácter político del mismo. En este sentido, el acuerdo se extiende al apoyo expreso a las Fuerzas de Seguridad, incluida la Ertzaina; a jueces y fiscales; a las víctimas del terrorismo y a los medios de comunicación. También se establece un compromiso sobre la legislación antiterrorista y la política penitenciaria, que deberá asegurar ‘el más completo y severo castigo’ a los terroristas.

Es cierto que el documento recoge algunas cosas que ya se habían dicho. Pero también es cierto que incluye pronunciamientos hasta ahora discutidos, que se han plasmado con claridad y contundencia imprevisibles, en la forma y en el contenido. Por esta razón, se trata de un acuerdo esencialmente político, liberado de elementos coyunturales y trascendente de las agendas electorales que el PNV está manejando a su antojo, con cálculos que ahora empiezan a fallarle. Y el primero le ha fallado por la suma del PSOE al acuerdo con el PP. El PNV pierde así la ocasión de seguir haciendo ejercicios de ambigüedad y se enfrenta solo – sin auxilios exógenos – a la disyuntiva de decidir entre aceptar las reglas del juego democrático o buscar – para desolación de muchos nacionalistas moderados – la reedición del pacto con HB. En cualquier caso, desde ayer los dirigentes nacionalistas han perdido la iniciativa y la impunidad.

Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español han cerrado el Acuerdo para las libertades y contra el Terrorismo. Con la nocturnidad de un largo puente festivo mediatizado por la Copa Davis y la Cumbre de Niza, la alevosía de considerar la democracia un patrimonio y, en consecuencia, el abuso de excluir al resto de fuerzas políticas, Constitución y Estatuto no son sino el arma arrojadiza de un acuerdo-frente que, además, pretende imponerlas como condición obviando que ambas fuerzas políticas han bordeado reiteradamente la primera e incumplido sistemáticamente el segundo.

En ese sentido, incluir en el punto tercero, el más ‘abierto’ de los diez que componen el pacto, que ‘cualquier proyecto político, incluso aquellos que pretenden revisar el propio marco institucional (Constitución y Estatuto), debe respetar las reglas y procedimientos en él establecidos’ carece de validez no sólo por la falta de credibilidad de quienes históricamente  no han respetado ese mismo principio sino por el mismo preámbulo del Acuerdo, en el que el PP y PSOE exigen a PNV y EA la condición ‘sine qua non’ de ‘el abandono definitivo, mediante ruptura formal, del Pacto de Estella’ para poder ser incluidos en un diálogo político. Porque ¿qué principios del Acuerdo de Lizarra son inasumibles? ¿Acaso que el contencioso vasco es un conflicto histórico de origen político cuya resolución debes ser necesariamente política? ¿Quizás que dicha solución sólo puede plasmarse a través de un diálogo sin exclusiones? ¿Tal vez que dicho proceso de diálogo se realizaría en unas condiciones de ausiencia permanente de violencia? ¿O simplemente el hecho de depositar en los ciudadanos de Euskal Herria la decisión respecto a la conformación de su futuro?

Esos son los principios de Lizarra que se insta al nacionalismo vasco a repudiar, pero también las bases, todavía hoy, para iniciar un camino de solución a la violencia y, en su caso, dar respuesta a las aspiraciones mayoritarias de la sociedad vasca. En contraposición, PP y PSOE no aportan en sus diez puntos más vía que la policial y penitenciaria y la apelación a la unidad de los Poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial (hasta del cuarto poder) contra el terrorismo. Sólo queda repetir lo dicho por Carlos Iturgaiz, el 12 de septiembre de 1998, fecha de la Declaración de Lizarra ‘Sería fenomenal si los nacionalistas logran convencer a ETA».

Tras un mes de negociación, los dos partidos mayoritarios han llegado a un pacto recogido en un documento bajo el título: «Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo». Lo primero que cabe decir es que si PSOE y PP se han considerado en la obligación de suscribir este compromiso es por la grave crisis provocada por la ofensiva etarra después de la tregua y la negativa del PNV a romper definitiva e irreversiblemente sus pactos con EH.

Analizando la trastienda de las intensas conversaciones que han alumbrado el documento, resulta extraño que un acuerdo de tanta trascendencia para los dos principales partidos nacionales haya sido negociado por dos personas que no forman parte de sus respectivas direcciones: Zarzalejos, alto funcionario de La Moncloa, con rango de secretario de Estado, y Rubalcaba, que no pertenece a la nueva Ejecutiva del PSOE.

Yendo al fondo, que es lo importante, el pacto es un éxito indudable del secretario general del PSOE. Fue él quien se lo propuso al Gobierno, que al principio reaccionó con entusiasmo descriptible e incluso descalificó irónicamente la idea. Aunque nadie puede negar que están recogidas al milímetro las tesis de José María Aznar, por lo que el PP puede estar satisfecho de haber logrado que el PSOE suscriba las tesis machaconamente expuestas por el líder del PP. Es, pues, un éxito de ambos y, sobre todo, un triunfo del conjunto de los ciudadanos que vemos en los principios constitucionales el mejor paraguas de los Derechos Humanos, en el País Vasco y en toda España.

El texto supone la vuelta a la unidad de acción que existía entre ambas formaciones antes de que el asesinato de Lluch desatara una ofensiva dentro del PSOE en pro del diálogo con el PNV, ya que recoge de forma explícita los acuerdos tácitos de socialistas y populares en materia antiterrorista. El punto más sustancial para el futuro de la política vasca está en el preámbulo, donde se exige al PNV y EA la «ruptura formal» con el Pacto de Estella «y todos sus organismos» como «requisito imprescindible para alcanzar cualquier acuerdo político o institucional» con los partidos nacionalistas.

Aunque no se cierra formalmente la posibilidad de dialogar con el PNV -agujero por el que se pueden colar quienes defienden esta estrategia dentro del PSOE- es evidente que, tras firmar este documento, los socialistas no podrían llegar a un acuerdo de ninguna índole con Arzalluz sin pagar el altísimo coste de violar un compromiso puesto por escrito. Máxime cuando el punto 8 dice que «el compromiso no es coyuntural», sino que «tiene proyección de futuro». Eso indica que, mientras el PNV no cambie radicalmente, PSOE y PP están obligados a caminar juntos, sea en el Gobierno vasco o en la oposición. Esperemos que Zapatero sea capaz de soportar las tensiones internas que su clarificadora apuesta le puede ocasionar en los entornos de Maragall y González.

Presentar a finales del año 2000 un pacto antiterrorista entre los dos grandes partidos nacionales suena más a marketing electoral ante una necesidad básica sentida por la sociedad española que a novedad auténtica en la lucha contra la violencia y el separatismo: se tenía que dar una respuesta política a la doble ofensiva de ETA y del PNV y no se tenía nada mejor, ni más a mano, que resucitar, relanzar y glorificar el bipartidismo entre las dos fuerzas que han gobernado en España desde que desapareció la dictadura, ya que se puede considerar con enorme precisión que aquello que se llamó UCD se ha ido incardinando tanto dentro del PP como del PSOE.

El documento consensuado entre Javier Zarzalejos y Alfredo Pérez Rubalcaba está lleno de los mismos lugares comunes que conocemos desde hace veinte años: una sola voz para responder a los terroristas esté quien esté al frente del Gobierno, más consenso en las medidas penitenciarias, recordatorio sobre el Estatuto de Gernika como marco autonómico de soberanía… si el modelo copiado es el acuerdo verbal que suscribieron Major y Blair en Gran Bretaña a mediados de los noventa para hacer frente a la histórica violencia en Irlanda del Norte, lo que han hecho socialistas y populares es tirar por tierra todas sus declaraciones anteriores y reforzar aún más las tendencias secesionistas en Euskadi, y dotar de mayor contenido político a las tesis de Arzalluz y Otegi: Existe un «Estado exterior» que se convierte en árbitro entre dos fuerzas, entre los que quieren mantenerse dentro de esa nación y aquéllos que pretenden convertirse en nación propia. El tiempo se encargará de demostrarlo, pero el flamante documento corre el mismo riesgo de convertirse en papel mojado que sus antecesores, los pactos de Ajuria Enea y Madrid.

Salvo que bajo el texto esté el contexto que ninguno se atreve a colocar ante los ojos de los ciudadanos, salvo que bajo las palabras de siempre se escondan las intenciones poselectorales nuevas, y salvo que tras las fotos y firmas de rigor aparezcan los Gobiernos de unidad que aborden cambios drásticos en el día a día del País Vasco, todos los pactos que puedan firmar el PP y el PSOE en poco o nada influyen en la voluntad, estrategia y acción de los terroristas; y en poco o nada van a ayudar a que dentro del PNV se produzca el cambio histórico que la propia sociedad vasca demanda. El Madrid 2 es la respuesta literaria al Lizarra 1.

Fuerzas homogéneas frente a fuerzas homogéneas, coincidentes dos a dos en un único punto: el soberanismo de Euskadi.