Premio Nobel de la Paz para el obispo anglicano Desmond Tutu por su activismo opositor contra el régimen del apartheid de Sudáfrica

EL PREMIO Nobel de la Paz ha sido otorgado, por el comité designado por el Parlamento de Noruega, al obispo anglicano Desmond Tutu, un negro de África del Sur, secretario general del Consejo de las Iglesias de África del Sur. El significado de este premio trasciende, a todas luces, la personalidad del obispo Tutu; según el texto hecho público por el comité encargado de la concesión, se trata de llamar la atención de la opinión mundial sobre la lucha no violenta que se desarrolla contra el apartheid, y en la que Desmond Tutu viene desempeñando un papel esencial, unificando diversas corrientes que se oponen a la inhumana y terrible discriminación de que son víctimas los negros en África del Sur.Con un criterio particularmente acertado, el Premio Nobel de la Paz ha sido otorgado en los últimos años, y en reiteradas ocasiones, a personalidades que se han dedicado, en circunstancias muy diversas, a la defensa de los derechos humanos. Es obvio que la lucha por la paz no se puede separar de esa causa de los derechos humanos. En 1980 obtuvo el premio Pérez Esquivel, campeón incansable y audaz de la lucha contra el terror desencadenado por la dictadura militar argentina; ello representó un estímulo valioso para una causa que luego cosechó un importante triunfo político con la elección del presidente Alfonsín. El año pasado, el premio correspondió al dirigente de Solidaridad Lech Walesa, símbolo de la lucha por las libertades obreras en Polonia frente al régimen militar de Jaruzelski; no cabe duda de que el Premio Nobel fue uno de los factores de presión que obligó a dicho régimen a conceder una amnistía que ha aliviado las tensiones polacas. Sería absurdo exagerar, a partir de los ejemplos citados, la efectividad política del galardón. Pero son casos que ayudan a comprender por qué el Comité Nobel de Noruega se inclina no tanto a destacar victorias ya logradas y asentadas (como ocurre con la democracia en España), sino más bien personalidades que están en plena batalla, atravesando situaciones difíciles, como la que viven hoy los combatientes contra el apartheid en África del Sur.

Por otra parte, la oportunidad del premio de este año está ligada a una coyuntura política más concreta. Estamos asistiendo a grandes operaciones diplomáticas y constitucionales del presidente surafricano, Pieter Botha, para obtener en el mundo occidental una legitimación de su régimen, reiteradamente condenado por las Naciones Unidas. En el plano de la política exterior, y apoyado, en su aplastante superioridad económica y militar, África del Sur ha concluido un acuerdo de coexistenzia pacífica y cooperación con el régimen marxista de Mezambique. Algo parecido se está preparando en las relaciones con Angola. Al mismo tiempo, Botha ha introducido en el sistema constitucional surafricano ciertas reformas, creando dos nuevas cámaras: una elegida por los mestizos y otra por los indios; con ello se quiere dar la sensación, no confirmada en la práctica del ejercicio del poder, de que el, monopolio de los blancos está ya surierado por un sistema más plural y flexible. En una reciente gira por diversas capitales de Europa occidental, el presidente Botha pretendió dar de sí mismo la ¡magen de un reformador, capaz de adaptarse a los valores del mundo contemporáneo, dejando en la sombra el tema específico del apartheid, que sigue vigente a pesar delas reformas indicadas.

La concesión del Premio Nobel de la Paz tiene siempre una dimensión política; en el caso actual tiene el valor de una respuesta a los intentos del presidente surafricano: la corciencia universal no puede contentarse con reformas que dejan intacto el odioso régimen del apartheid. No se puede olvidar que, después de las reformas, los negros -es decir, el 70% de la población de África del Sur- siguen totalmente privados de derechos políticos, incluso delas mínimas garantías de un régimen de derecho.

La concesión del Nobel de la Paz al obispo Tutu sintoniza con un estado de conciencia muy generalizado en el riundo entero: el apartheid viola los principios mismos que hacen posible la convivencia humana; que aún siga vigente es un escándalo político y moral para el mundo contemporáneo.

A RAÍZ del discurso que pronunció el 15 de agosto el presidente de la República de África del Sur, Pieter Botha, el obispo anglicano Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz, ha declarado que «las posibilidades de un cambio pacífico son prácticamente iguales a cero», que se está «al borde de un baño de sangre» y que urge una presión más fuerte de la comunidad internacional., Estas palabras resumen con dramatismo el efecto causado por la total carencia en dicho discurso de medida alguna susceptible de apaciguar la situación y de dar una mínima satisfacción a las aspiraciones de las masas negras, sometidas al monstruoso régimen del apartheid y objeto cada día de brutales represiones policíacas.El discurso de Botha ha sido pronunciado aproximadamente al año de las reformas que él mismo introdujo en la Constitución, y cuyo fracaso es hoy evidente; se trataba de reformas que concedían ciertos derechos electorales a los mestizos y a los indios. Pero dejaban de lado a los negros, que son más del 70% de la población. El principal efecto de dichas reformas fue poner aún más en evidencia la injusticia radical de un sistema político racista que, con medidas de discriminación de todo orden, priva de derechos ciudadanos y políticos a la aplastante mayoría de los habitantes de un país. Las movilizaciones de la población negra fueron alcanzando creciente amplitud. Se constituyó el Frente Democrático Unido, en el que se han agrupado cientos de asociaciones culturales, religiosas, políticas contrarias al apartheid. Botha no ha tenido más respuesta fue la violencia policiaca. Unas 600 personas han muerto en el último año como consecuencia de la represión. Los encarcelados se cuentan por miles, y en muchos casos han sido víctimas de torturas, lo que ha sido confirmado por un reciente informe de Amnistía Internacional.

Esta evolución ha causado en el mundo un resurgir de los movimientos de protesta contra el apartheid. En fecha reciente, Francia decidió retirar a su embajador de Pretoria. Medidas semejantes han sido adoptadas por otros países europeos, y en concreto por España. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se pronunció asimismo en favor de medidas para ejercer presión sobre el Gobierno surafricano. La Comunidad Económica Europea (CEE), con la participación de España, y a pesar de la negativa británica a la adopción de sanciones, ha exigido el cese de la represión. A nivel de opinión pública, la reacción más fuerte ha sido probablemente la que se ha producido en EE UU, con manifestaciones constantes, con la participación de figuras muy relevantes, exigiendo sanciones económicas efectivas contra el Gobierno de Pretoria. El Congreso ha votado ya una disposición que estipula determinadas medidas económicas contra Africa del Sur, que deberá ser ratificada en septiembre por el Senado; y corresponderá entonces al presidente Reagan decidir si la veta o no.

En realidad, la política de la Administración Reagan de «compromiso constructivo», presentada como una forma de ayudar a las reformas de Botha para así superar el apartheid, ha sido el principal apoyo internacional para éste. Últimamente, con el envío a Viena del consejero de Reagan Robert McFarlane a entrevistarse con el ministro de Asuntos Exteriores de África del Sur, Roelof Botha, EE UU ha contribuido a suscitar esperanzas en torno a la política de Pretoria; se habló incluso en esa ocasión de «medidas audaces» que iban a ser anuncia das en el discurso del presidente. Por eso, el discurso de éste puede ser considerado no sólo como un desafío a la opinión pública internacional, sino como un gesto que deja en muy mal lugar precisamente a los que se han esforzado por presentarle como un partidario de reformas que se disponía a mejorar la situación de los negros. Un caso particularmente demostrativo es el del líder negro Nelson Mandela, encarcelado desde hace 21 años y que según todos los sondeos disfruta de la máxima popularidad entre la población negra. La CEE y numerosos Gobiernos han pedido la puesta en libertad de Mandela. Es obvio, por otra parte, que si el Gobierno de Pretoria desease de verdad iniciar una negociación con la mayoría negra, esa liberación es absolutamente imprescindible. El 15 de agosto, Botha ha respondido con un no rotundo a esa demanda; con ello, sus declaraciones vagas de que piensa negociar con los negros parecen más bien una finta argumental.

Lo lógico sena que, después del discurso del presidente, la comunidad internacional se decidiese a adoptar sanciones efectivas que obligasen de verdad al Gobierno racista de Pretoria a revisar su política. Pero existen intereses muy fuertes que van en un sentido contrario. El propio McFarlane, sin poder disimular su decepción, se agarra a la eventualidad de «futuras negociaciones» con los negros para decir que EE UU seguirá con su política de «compromiso constructivo». El Gobierno de Margaret Thatcher mantiene su negativa a sanciones económicas, pero ello no debe impedir que los otros Gobiernos de la CEE adopten una actitud clara y consecuente ante una de las violaciones más escandalosas de los derechos humanos que se conoce en el mundo contemporáneo.