La represión del Gobierno del ‘apartheid’ de Sudáfrica contra los negros desata la una ola de protestas internacionales

En julio de 1985, Sudáfrica entró oficialmente en un estado de emergencia declarado por el presidente Pieter Botha, un gesto que simboliza tanto el miedo del régimen como la magnitud de la resistencia contra el apartheid. Durante meses, los barrios negros han sido escenario de protestas pacíficas, marchas, boicots y huelgas impulsadas por movimientos afines al Congreso Nacional Africano (ANC) y a su líder encarcelado, Nelson Mandela. Pero junto a ellas, han surgido también acciones violentas e incluso atentados, que el gobierno utiliza como justificación para endurecer aún más su política represiva.

La respuesta de Botha ha sido de una contundencia que muchos califican de terrorismo de Estado: detenciones masivas sin juicio, censura informativa, militarización de las zonas negras y uso indiscriminado de la fuerza contra manifestantes, sin distinción entre pacíficos y violentos. El mundo ha reaccionado con indignación: Francia ha pedido sanciones en el seno de la ONU, con el respaldo de países como España y gran parte del África negra. Pero la iniciativa vuelve a estrellarse contra el muro diplomático de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, para quienes el aislamiento total de Pretoria podría abrir la puerta a un gobierno izquierdista afín al ANC.

El resultado es que, tras este endurecimiento, el apartheid sigue incólume y Mandela sigue en prisión, convertido en el símbolo más visible de la lucha que el gobierno blanco intenta aplastar. Sudáfrica vive, de facto, en un régimen de excepción permanente, donde la legalidad se suspende y la represión se normaliza. Y mientras la comunidad internacional permanezca dividida, Botha podrá prolongar este estado de sitio tanto como crea necesario para preservar un sistema que la historia ya ha condenado, pero que la política aún sostiene.

J. F. Lamata