Privatización del diario ALERTA: El PSOE cántabro se queda con el periódico desbancando a la oferta de Jesús Polanco Gutiérrez (PRISA)

El periódico ALERTA de Santander, uno de los más importantes diarios de la recién subastada cadena del Estado, se encuentra al borde de su entrega directa, por decreto del Gobierno, a la empresa editora de EL PAÍS. Durante meses enteros, en el último año, este cronista ha venido advirtiendo sobre las modalidades de privatización de los Medios de Comunicación del Estado, en la medida en que el procedimiento tendía a primar las aspiraciones de supuestos ‘millonarios progresistas’ y realizar una adjudicación privilegiada y parcial de sus significativas y rentables cabeceras. La subasta ha atravesado distintas vicisitudes cuyo desenlace ha sido bastante extraño. Téngase en cuenta que diarios importantes como LA NUEVA ESPAÑA, de Oviedo, entre otros, cayeron en manos de una misteriosa Prensa Canaria, tenida por conservadora, pero, sobre todo, por excelente financiada, sin que hasta la fecha se tenga clara información sobre sus fontos.

El giro de la subasta desorientó bastante a los observadores. No tenía mucho sentido que un Gobierno socialista sacrificase de manera implacable al líder sindical de los trabajadores representados por el comité intercentros – el ugetista José Manuel Ponte – para acabar haciendo posible, en provecho de inesperados adquirientes, el control de golosos periódicos.

El señor Ponte buscó siempre, tal vez con visión ilusoria, la supervivencia de una prensa pública antes que una prensa controlada por la editora de EL PAÍS. El ministerio de Cultura le degradó varias veces de empleo y acabó con su influencia en el núcleo del personal más directamente afectado por la subasta.

Pareció, en determinado momento, que EL PAÍS desaparecía de la puja por el control de concretos periódicos de la ex prensa del Movimiento. LEVANTE de Valencia escapó de sus oligopólicas manos, como también LA NUEVA ESPAÑA de Oviedo; INFORMACIÓN DE ALICANTE o SUR de Málaga. Cuando llegó la hora de ALERTA de Santander, su subasta quedó por tres veces desierta, lo cual hizo pensar, lógicamente, en el cierre del diario, de acuerdo con las normas establecidas. Pero he aquí que ahora, cuando se está en vísperas de la extinción del organismo autónomo ‘Medios de Comunicación Social del Estado’ llegan noticias de que el Consejo de Ministros se dispone a adjudicar directamente el periódico a la citada empresa editora de EL PAÍS, cuyo director adjunto Augusto Delkader, según nuestras noticias, se entrevistó ayer con el director de ALERTA y con el comité de empresa para hacerles conocedores del a nueva. Nueva que puede confirmarse o no, según lo que hoy decida el Consejo de Ministros. Mientras tanto circula la versión de que ciento diez de los ciento dieciséis trabajadores de la empresa optan por pasar a la Administración Pública y los restantes por la correspondiente indemnización. Ante la perspectiva de una desertización laboral del diario podría ocurrir que el Gobierno ordenase una prórroga de tres meses en las tareas periodísticas y de administración. Sería la manera de dejar al toro en suerte, es decir, de normalizar el traspaso de ALERTA a sus nuevos dueños y a su nuevo personal.

Los datos disponibles tienden a indicar la existencia de una operación sorpresa, de última hora, que no pasaría por concurso previo ni por tasación. Algunas empresas habrían sido consultadas para que expresasen su oferta en sobre cerrado. Probablemente, un enmascaramiento de consulta, que dista de neutralizar la sospecha de un pronóstico de adjudicación por decreto.

Lorenzo Contreras

La decisión del consejo de ministros de ayer ha producido en cuantos participan en la elaboración de ALERTA un mar de sentimientos encontrados. Nostalgia por una parte, ya que se da fin a una formula de titularidad jurídica, la pública, que para muchos de los trabajadores de esta casa era idónea para ensayar fórmulas de equilibrio a la tendencia a la concentración de empresas periodísticas privadas, para establecer esquemas de respeto a la pluralidad regional y de participación de los profesionales en la línea de la publicación. Un Parlmaento soberano optó por evaluar y desechar esta opción y su decisión debe ser acatada.

Junto a esta sensación emerge, sin embargo, una fuerte corriente de ilusión y vitalidad. La adjudicación del periódico culmina un corto pero intenso trayecto de zozobras desde que la tercera subasta quedara desierta y los profesionales de esta Casa apostaran espontánea e inmediatamente por la continuidad. Ha sido un camino breve, en el que la presencia de algunas ciénagas no ha impedido divisar un horizonte cargado de solidaridad. A este periódico le ha llegado la voluntad de la Administración de articular una fórmula leal que le garantizara la vida, pero sobre todas las cosas ha recibido el calor de sus lectores, de sus articulistas, de asociaciones vecinales, Ayuntamientos, partidos políticos, organizaciones sindicales, instituciones. Y ese es uno de sus mayores activos, la parte más importante de ALERTA.

Ahora, una empresa privada, Cantábrico de Prensa S. A., accede a la propiedad del periódico desde presupuestos democráticos, abiertos y con un marcado cariz regional. Los planteamientos esbozados en su carta fundacional permiten augurar el mantenimiento de una línea informativa e ideológica receptiva a todas las corrientes culturales, sociales y políticas que se dan cita en nuestra tierra, rigurosa con los principios de profesionalidad y empeñada en la credibilidad de la letra impresa. Si a ello unimos el anuncio de un imprescindible esfuerzo financiero para oclocar tecnológicamente a ALERTA entre los periódicos más preparados del país, las expectativas son estimulantes, Cantabria, y el tiempo lo dirá, tendrá un gran periódico.

El periódico ALERTA fue adjudicado ayer a la empresa Cantábrica de Prensa S. A. (CANPRESA) sociedad encabezada por el empresario riojano José Antonio Fernández Bobadilla. El método utilizado para dicha adquisición fue el de la adjudicación decretada por el Consejo de Ministros, decisión adoptada durante la sesión mantenida ayer, pese a que la misma tenía carácter deliberante y no decisorio. La adjudicación directa a CANPRESA vulneraría los preceptos legales existentes, al contradecir la ley que decretaba la desaparición del organismo ‘Medios de Comunicación Social del Estado”.

Pese a que en el artículo 20 de dicha ley se especifica que una vez desierta la tercera subasta, los rotativos afectados desaparecerían, el Consejo de Ministros optó, ayer, por adjudicar a CANPRESA el periódico cántabro.

Precisamente la titularidad de CANPRESA recaería en Juan G. Bedoya, quien registró a su nombre la citada sociedad hace cuatro años, con el fin de intentar reflotar estérilmente el periódico ‘El Cantábrico’. En aquella ocasión, CANPRESA, estaba integrada por empresarios y personas de distinto signo político, figurando entre ellos el propio alcalde de Santander Juan Hormaechea.

A la adjudicación directa ejercida ayer por el Gobierno presentaron plicas distintas sociedades, entre ellas PRISA, editora de EL PAÍS, a quien durante varias horas de la tarde de ayer y por un error de RADIO NACIONAL DE ESPAÑA se le dio como adjudicataria del rotativo. De los distintos litigantes a la fórmula de adjudicación por decreto fue CANPRESA, con una plica de 389 millones, la que mayor cantidad de dinero ofertó. La editora de EL CORREO ESPAÑOL – EL PUEBLO VASCO (350 millones), Prensa Canaria (301), PRISA (290) y Medinca (150) fueron las otras cuatro empresas que litigaron por ALERTA, al ponerse en marcha un mecanismo de slavación ilegal por obra de mario Trinidad, subsecretario del Ministerio de Cultura y artífice de la disolución de MCSE.

El propio Mario Trinidad, reconoció en la mañana de ayer que el Consejo de Ministros adjudicaría el periódico cántabro al grupo liderado por Bobadilla, desmintiendo, así, a los representantes de EL PAÍS, que el día anterior, en entrevista celebrada en Santander con los propios trabajadores de ALERTA, se habían presentado ya como propietario del rotativo. El hecho de que el director adjunto del periódico madrileño, Augusto Delkader, y el adjunto a la gerencia del mismo medio, Joaquín Rodríguez se desplazaran el lunes a Santander, visitaran ALERTA ese mismo día, y en la jornada siguiente departieran con los trabajadores dándoles a conocer su oferta laboral, hizo pensar en un pacto previo entre el Gobierno y PRISA para la adjudicación directa a esta última entidad. Incluso dando muestras de que todo estaba pactado, los representantes de EL PAÍS anunciaron su propósito de traer dos autobuses desde Madrid, caso de que los trabajadores de ALERTA prefirieran permanecer en la Administración.

Entrega al PSOE

La adjudicación a CANPRESA fue interpretada, ayer, en distintos medios políticos regionales y nacionales, como la entrega de ALERTA a políticos del PSOE y empresarios afines al Gobierno. Así, la trayectoria personal de José Antonio Fernández Bobadilla parece estar ligada a Fernández Ordoñez, Javier Moscoso, Peces Barba (hermano del presidente de las Cortes) y Ginbernan, grupo de personas que estarían detrás del constructor riojano en esta operación de compra. Manuel Rotella, alcalde de Torrelavega encabezando la candidatura socialista habría aportado en solitario el 47 por cierto de la empresa.

CON LA liquidación de la Prensa del Estado -suave, eufemismo que designaba los medios de comunicación de propiedad pública al servicio del Gobierno-, el Gabinete socialista ha dado un paso plausible en la consolidación de unos criterios de libertad de información homologables a los del resto de los países de Occidente. También ha contribuido a sanear la Hacienda Pública.

Sería cínico por nuestra parte no reconocer estas cosas, pero no deben ser las únicas a analizar en un proceso que acaba ni más ni menos que con el cierre casi a traición y por la espalda de un diario de tanta solera como PUEBLO.

Y con el saldo de que sólo uno de los medios de la cadena, SUR, ha sido adjudicado a sus redactores y trabajadores [Prensa Malagueña], que han resultado ser, además, quienes han pagado más alto precio por su periódico.

Desde un punto de vista político, además, dos pequeños diarios locales, en Córdoba y Jaén, quedarán ligados a una empresa de hálito socialista.

Mientras que los más potentes de Valencia, Alicante y Oviedo han sido comprados por otra [Prensa Ibérica de Javier Moll] con tendencia a alinearse con las posiciones de la oposición fraguista.

En Cantabria, la solución tomada ayer entrega el diario también al partido del Gobierno. A la compra de ALERTA había optado también la sociedad editora de EL PAIS con una oferta 100 millones de pesetas más baja que la que ha obtenido la adjudicación. PRISA había decidido no acudir a ninguna de las subastas anteriores, la de ALERTA incluida, por estimar que los precios y condiciones en que los diarios salían al mercado eran excesivos. Sólo ante el conocimiento de que ALERTA podía cerrarse, dado que nadie había ofrecido el precio de licitación, y debido a vinculaciones personales de buen número de personas de esta empresa con Cantabria, decidió prestar eventualmente su ayuda para tratar de evitar el cierre del diario, cuya continuación está ahora asegurada.

El Gobierno ha venido soportando durante la liquidación de la cadena una campaña de sectores reaccionarios que le acusaban de querer entregar al marxismo y cosas por el estilo los medios del Estado. El balance es que han sido precisamente esos conspicuos denunciantes, o personas afines a ellos, los teóricamente más beneficiados por la liquidación. Decimos teóricamente, dado el elevado precio pagado por la mayoría de los títulos, que si bien resarcirá en algo las escuálidas arcas del Estado, pone en situación de más difícil rentabilidad o estabilidad económica a los medios.

Es lástima que un Gabinete de izquierda no se haya mostrado más imaginativo a la hora de resolver este problema. El PSOE ha pasado casi sin solución de continuidad de defender a voz en grito la onírica posibilidad de una Prensa institucional pagada por todos los ciudadanos a cancelar un diario cómo PUEBLO de un plumazo. Todo indica que desde que subieron al poder los socialistas andan huérfanos de ideas en política de comunicación. De todas formas, hay muchas cosas positivas en las medidas adoptadas, y el reconocimiento de que no es posible una Prensa pública en un país de las estructuras políticas del nuestro merece el aplauso y el apoyo. Ojalá la linealidad de esta lógica que parece haber seguido el ministro de Cultura entrara en la sesera de los responsables de la televisión pública, tan decididos a servirse de ella como si fuera suya. También hay que elogiar el valor político del señor Solana al dar carpetazo a un tema que los otros Gobiernos de la transición no hicieron sino empeorar. Por lo demás, la desaparición de un medio de comunicación es siempre algo triste para la sociedad a la que pertenece. Quizá el cierre de PUEBLO resultara necesario, pero no por eso es menos doloroso.

En el Consejo de  Ministros se tomaron dos decisiones que afectan al mundo periodístico.

Una, dolorosa, en la medida en que supone el cierre del diario PUEBLO, y otra,, llamativa, en razón de la adjudicación del diario ALERTA de Santander, a los nuevos dueños de LA GACETA, de Bilbao, y del diario BALEARES al empresario periodístico mallorquín señor Serra.

La solución aplicada a PUEBLO, ALERTA y BALEARES está destinada a tener repercusiones jurídicas. Ya veremos lo que ocurre con el diario sindical y el destino de sus activos. En cuanto a ALERTA y BALEARES, la primera impresión es que estamos ante situaciones cuanto menos curiosas. El periódico santanderino ha sido adjudicado a los Fernández de Bobadilla, excelentes amigos de Fernández Ordoñez, presidente del Banco Exterior. Uno de estos adjudicatarios fue socio de Javier Moscoso en una empresa cuyo nombre y características no hacen al caso. El señor Moscoso, como se sabe, es en la actualidad ministro de la Presidencia.

En cuanto a BALEARES, llama la atención que se haya adjudicado al señor Serra por el mismo precio de salida de la subasta desierta anteriormente celebrada y esta vez, sin los costos del personal que la Administración del Estado asume. No le pusieron mejor las carambolas a Fernando VII.

Unas palabras finales sobre ALERTA, cuyo adjudicatario tenía todos los visos de ser la empresa editora de EL PAÍS. Si este proyecto, aparentemente frustrado, no hubiese existido ¿qué sentido tendría la presencia de Augusto Delkader, adjunto a la dirección, y de Joaquín Rodríguez, adjunto a la gerencia en Santander cuarenta y ocho horas antes de que el Gobierno optase por los Fernández de Bobadilla? ¿Cómo se explicarían las entrevistas de estos hombres con el director y el Comité de Empresa del diario santanderino, anticipadoras de los proyectos del señor Polanco, propietario de EL PAÍS, respecto a la plantilla del periódico presuntamente adjudicable?

Sería vano buscar ahora en Madrid al señor Polanco, que desde el pasado viernes realiza un viaje por los Estados Unidos. Pero todo hace pensar que la operación ALERTA estaba proyectada hace mucho tiempo para garantizar desde la Administración socialista la robustez de determinadas amistades oficiosas.

Lorenzo Contreras

La sospecha de una turbia maniobra en la transferencia del diario ALERTA al sector privado se ha visto confirmada con la pirueta de la adjudicación directa a un grupo formado por relevantes personalidades socialistas. El proceso para llegar al fin previsto por el Gobierno ha sido sinuoso y en su etapa final en contra del espíritu e incluso la letra de la Ley 11/1982 de 13 de abril, artículo 5º y artículo 20 de su reglamento aprobado por Real Decreto del 25 de mayo de 1983, agravándolo con una adjudicación directa igualmente contraía a lo que establece el artículo 117 del Patrimonio del Estado. Si bien la iniciativa gubernativa encaminada a terminar con la prensa pública, que no era más que un eufemismo de periódicos del Gobierno, fue buena, la forma en que se ha rematado no puede merecer más que una enérgica y dura crítica.

Mediante un procedimiento legal, aprobado por el Congreso, se arbitró una fórmula de triple subasta para vender los diarios de la cadena MCSE. En general los diarios rentables o los que tenían posibilidad de serlo fueron vendidos sin problemas, pero un reducido número no encontró comprador. Con éstos se hizo lo que la Ley ordenaba: Proceder al cierre y permitir a los trabajadores el pase a la Administración… pero dos diarios eran una presa golosa para determinados políticos. Y a partir de ahí se desencadenó una farsa encaminada a enmascarar y dar cierta credibilidad al ‘regalo’ que se iba a hacer.

Lo ocurrido en el Consejo de Ministros del pasado miércoles ha venido a confirmar las sospechas de los políticos de la oposición y de los columnistas madrileños. El Gobierno incumplió el real decreto por el que los periódicos estatales no vendidos deberían ser cerrados y adjudicó dos de ellos por el sistema dedocrático del decreto ley que tanto parece gustar al poder. Además de vulnerar la Ley se ha cometido un agravio comparativo con los diarios que fueron clausurados tras las tres subastas legales y con las empresas que pagaron el precio de tasación de varios periódicos en subastas pública. ¿Por qué se han hecho estas distinciones? ¿Qué poderosas razones impulsan a un Consejo de Ministros a adoptar una decisión de forma precipitada y anormal? La respuesta se encuentra precisamente en el análisis de los adjudicatarios, que son personas vinculadas estrechamente al PSOE.

Por si esta situación irregular no fuera suficiente ahora se pretende que los trabajadores que han elegido pasar a la administración sigan trabajando para la nueva empresa privada que ha adquirid el diario. Se trata de volver a retorcer las leyes y de presionar a unos trabajadores que han optado libremente por dejar el periódico e iniciar una nueva vida como funcionarios de la administración. Incluso se podría caer en un prestamismo laboral más o menos encubierto.

Con motivo de la visita de los Reyes a Torrelavega, los vecinos de la localidad cántabra manifestaron la repulsa a su alcalde, Manuel Rotella, con gritos y pancartas en lo que se aludía a la corrupción y la arbitrariedad del representante del pueblo que, en aquel momento daba la bienvenida a don Juan Carlos y doña Sofía. Algunas cadenas de radio transmitieron el suceso en directo y los oyentes sentimos vergüenza ajena por la conducta del alcalde incapaz de reaccionar ante lo que sus paisanos le decían en presencia de los Soberanos.

Este Rotella, es el mismo que semanas atrás estuvo presente en las páginas de los periódicos como perteneciente al grupo beneficiario por el Gobierno con la entrega del diario ALERTA de Santander. En la sociedad Canpresa está él, con el senador del PSOE Juan González Bedoya y el también famoso por su frecuente aparición en las páginas de tribunales, José Antonio Fernández de Bobadilla, que hace un tiempo pleiteó contra SÁBADO GRÁFICO bajo la dirección del letrado Javier Moscoso, hoy ministro de la Presidencia. Otros altos personajes del PSOE están – según se ha publicado – detrás de la operación lo que parece querer decir que Santander ya tiene periódico del ‘nuevo movimiento’. ¿Será Santander la única ciudad española con tal privilegio?

La adjudicación directa de ALERTA al grupo Canpresa no tiene desperdicio y constituye una evidencia más del relato con que se vienen administrando los bienes públicos. Las normas especiales que se dictaron para la liquidación de Medios Comunicación Social del Estado establecían la subasta pública. En las subastas se pueden cometer irregularidades, pero es más difícil dada la publicidad con que se celebran y la posibilidad que tiene para participar en ellas cualquier interesado.

Después de tres subastas declaradas desiertas por falta de postores o por otros motivos, la Ley ordenaba el cierre del periódico y la posterior liquidación de sus bienes de acuerdo con las reglas generales para la venta del patrimonio del Estado.

En el caso de ALERTA nadie acudió a las tres subastas preceptivas. Había, pues, que cerrar el diario. Sin embargo, el Consejo de Ministros del 16 de mayo acuerda enajenar directamente a Canpresa, por la cantidad 389 millones (140 menos del tipo de la última subasta), el diario ALERTA. No se dice que se venda le periódico, pues oficialmente está cerrado (aunque sigue publicándose todos los días), sino lo que enajena, si damos fe al acuerdo del Gobierno, ‘son los activos patrimoniales estatales… adscritos a la impresión y edición de la citada publicación’.

Pero, ¿cómo adjudicar por 389 millones lo que la Intervención General del Estado había valorado para la primera subasta en 618 millones? El ministerio de Cultura, que es el que presenta el asunto al Consejo de Ministros, intenta justificar la espectacular rebaja alegando que en los 618 millones se incluía el fondo de comercio que ha desaparecido porque el periódico legalmente ha sido cerrado. Tal fondo de comercio había sido estimado en 480 millones de pesetas.

Es lo cierto, y todos los santanderinos lo saben por experiencia propia, que ALERTA continuaba publicándose todos los días en el momento de la enajenación y que, después de esta, dejo de publicarse un solo día, el 18 de mayo. Asegurar en consecuencia que el fondo de comercio carece de valor por el hecho formal de vender ‘activos patrimoniales’ en lugar de Alerta, cuando en realidad, en un caso y en el otro, se vende lo mismo parece una tomadura de pelo.

La adjudicación de Alerta no pasará a la historia de los cien años de honradez. La petición de Canpresa no tiene fecha, pero en su escrito hay un cajetín del ministerio de Cultura que lleva la del 15 de mayo, o sea la víspera del Consejo de Ministros. El 17 ya debía desaparecer, por imperativo legal, el organismo MCSE. El mismo día 15 informa el abogado del Estado jefe de la Asesoría Jurídica del ministerio de Cultura (que casualmente forma parte del consejo de dirección de MCSE). El 16, o sea mientras en aquella mañana se reúne el gabinete ministerial, informa – suponemos que al apuntar el día – la intervención General de la Administración del Estado. El depósito preceptivo lo constituyó Canpresa en la caja de Guadalajara, no sabemos por qué allí, con fecha del 15 de mayo. Si el periódico se edita en Santander y la empresa tiene sede en Madrid, ¿por qué Guadalajara o la delegación de Hacienda de Guadalajara, precisamente?

Posteriormente, el día 5 de junio, la entrega del dinero fundamental, algo más de 290 millones, se efectúa en un talón con cargo al Banco Exterior de España, que preside Francisco Fernández Ordoñez de quien se había dicho y desmentido que andaba detrás de la operación.

Y dice la Ley del Patrimonio del Estado: ‘Los bienes valorados en más de doscientos millones de pesetas sólo podrán ser enajenados mediante Ley’. ¿Cómo se vendió ALERTA si estaba valorado en más de 618 millones? Muy sencillo – debió argumentar alguien en el consejo de Ministros – quitemos los 480 millones del fondo de comercio y así no sobrepasaremos el listón de los doscientos’. Pero el periódico no había cerrado un solo día. A la honradez se le cayó la hache.

Martín Ferrand