12 enero 2004

La causa será archivada, pero será sólo la primera de una larga lista de instancias judiciales contra el político

Querella contra el presidente provincial del PP y presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por supuestos delitos de estafa y falsedad en documento mercantil

Hechos

Fue noticia el 12 de enero de 2004.

12 Enero 2004

¿Público o privado?

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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La querella de un empresario contra el presidente provincial del PP y presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por supuestos delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y contra la salud pública y la propiedad industrial, ha revelado que el querellado participaba en dos consultoras, una de las cuales tenía como objetivo gestionar autorizaciones ante el Gobierno. Por una de estas intermediaciones Fabra percibió 49.884 euros. Fabra pudo llevar a cabo estas actividades privadas porque en 1999 el Grupo Popular de la Diputación aprobó la compatibilidad entre sus responsabilidades públicas (que incluyen su presencia en varios consejos de administración de empresas de la Generalitat Valenciana) con su tarea como «abogado y corredor de seguros en ejercicio».

Esta compatibilidad entre lo público y lo privado está en la raíz del caso Fabra. Porque, con independencia de lo que decidan en su día los jueces, es un hecho que intercedió ante el Gobierno para que agilizara la autorización para la venta de determinados productos fitosanitarios. Y no sólo él: también lo hizo ante el Ministerio de Agricultura un diputado castellonense del Partido Popular. Esta confusión no hubiera sido posible sin el conocimiento y consentimiento del partido de ambos. De otro lado, Carlos Fabra no es un dirigente provincial cualquiera; sus relaciones personales con el presidente José María Aznar son muy estrechas desde que éste escogiera Oropesa para pasar sus vacaciones.

El presidente del PP de Castellón debe deslindar claramente dónde acaban sus actividades públicas y empiezan las privadas, sin que para ello baste con esgrimir un acta notarial con una relación de sus bienes y las escuetas explicaciones, sin posibilidad de formular preguntas, ofrecidas la semana pasada en relación al incremento de su patrimonio desde que accedió al cargo. Un incremento patrimonial en el que no está solo. Otros dirigentes del PP de Valencia -comunidad de origen del famoso caso Naseiro, de presunta financiación irregular- han adquirido propiedades inmuebles millonarias desde que accedieron a la vida pública. Una medida profiláctica para evitar cualquier sombra de duda sería que Fabra, amén de aceptar comparecer ante la comisión de investigación que reclama la oposición, renunciara a la compatibilidad entre los deberes de su cargo público y sus actividades privadas.

11 Junio 2005

De nuevo, Fabra

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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El dirigente valenciano del PP Carlos Fabra se halla desde hace año y medio bajo sospecha. Hay abierto contra él un procedimiento penal por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias y acaba de ser denunciado por la Agencia Tributaria por otra supuesta infracción fiscal de 150.000 euros en la declaración de la renta de 1999. Sin embargo, el presidente de la Diputación Provincial de Castellón y hombre de confianza del jefe del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Francesc Camps, tiene anchas espaldas. Está decidido a mantener una resistencia numantina, a riesgo de dañar aún más la imagen de su partido. Resulta, por lo demás, sorprendente que Camps no responda sobre este asunto cuando es interpelado en el Parlamento. Su silencio puede ser revelador del peso enorme que el político de Castellón tiene en la Generalitat valenciana.

A Fabra no se le niega la presunción de inocencia, pero debe sentirse muy fuerte para haber llegado hasta aquí. Tiene razones para considerarse así. No sólo gracias a su estrecha colaboración con Camps, sino también debido a la amistad con Aznar, nacida al calor de los veraneos en Oropesa del anterior presidente del Gobierno. Lleva casi tres lustros en el cargo y fue reelegido con el 98% de los votos en el último congreso provincial el pasado diciembre, pese a que ya arrastraba el estigma de sospecha de actuaciones ilícitas y la dirección regional del partido barajaba la sucesión. Con su renuncia no estaría necesariamente reconociendo culpabilidad; al contrario, podría defenderse como cualquier otro ciudadano.

La Agencia Tributaria considera poco claro el excesivo enriquecimiento de su patrimonio. Fabra tiene un problema: haber abusado de su posición institucional para mediar ante varios ministerios a favor de una empresa de la que es titular su mujer. Y lo ha hecho al límite o más allá de lo legal. Ha mezclado lo público con lo privado, muy probablemente en provecho de sus propios intereses. Su caso pone de relieve la incapacidad de la dirección regional del PP para frenar las corruptelas de cargos públicos suyos que proliferan en la Comunidad Valenciana.

22 Septiembre 2005

Amiguetes

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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Como suele ocurrir tras los naufragios, comienzan a emerger documentos del fondo de los cajones. El llamado caso Fabra se inició tras la denuncia, a comienzos de 2004, de un empresario que acusaba al presidente de la Diputación de Castellón y hombre fuerte del PP en esa provincia, Carlos Fabra, de haberle cobrado cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Concretamente, de haber intervenido ante varios ministerios con el fin de agilizar la autorización de un determinado pesticida. Ello dio origen a una investigación judicial que se mantiene abierta y que, de momento, ha revelado la existencia de numerosos ingresos millonarios en cuentas bancarias de Fabra que éste no ha sido capaz de justificar.

Se tenía conocimiento de las gestiones de Fabra ante el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posadas, y otros cargos de ese ministerio en 1999. También de la participación en el asunto del entonces senador del PP por Castellón, y luego diputado nacional, Miguel Prim. Ahora se ha conocido la carta, incluida en el sumario, por la que el ex senador exhortaba al ministro a cumplir el acuerdo alcanzado para autorizar el famoso pesticida. Llama la atención el tono sutilmente imperativo empleado: «Te solicito que a la mayor brevedad…»; «agradecería la máxima celeridad…». Frases que recuerdan aquel «os lo ordeno humildemente» de Stewart Granger en El prisionero de Zenda, y que ponen de manifiesto la conciencia de impunidad con la que dejaban constancia escrita de sus presiones.

Fabra justificó los pagos del empresario alegando que había realizado unos informes técnicos que presentó al juzgado. Pero tales informes, por los que Fabra cobró 140.000 euros, resultaron ser la copia de una guía de una mutua local y la transcripción de una ponencia presentada en un congreso y colgada en Internet. ¿No recuerda todo esto a los procedimientos del caso Filesa? Con la salvedad de que en este caso el destino del dinero no fue la financiación de un partido, sino, aparentemente, los bolsillos particulares de un dirigente político.

También se ha sabido ahora que entre quienes acompañaron a Fabra en su gestión ante el ministro de Agricultura figuraba Juan Costa, entonces secretario de Estado de Hacienda y luego titular de Ciencia y Tecnología: la misma persona que nada más tomar posesión de su cargo, en 1996, había acusado a los socialistas de haber perdonado 200.000 millones de pesetas de deuda fiscal a «sus amiguetes». Qué pequeño es el mundo.