Políticos franquistas se querellan contra los autores del libro ‘Todos al Suelo’ que les señalaba ‘trama civil’ del 23-F

Tras cumplirse el 30º aniversario de la intentona golpista del 23-F, conviene recordar que aquel episodio se saldó con generosidad penal para los centenares de militares implicados -Antonio Tejero cumplió el máximo castigo, 15 años de privación de libertad, mientras la inmensa mayoría de guardias civiles a sus órdenes no pisaron la cárcel- y con total impunidad para la trama civil, a excepción del ultraderechista Juan García Carrés, condenado a dos años de prisión.

Las iniciales investigaciones sobre los golpistas civiles, cómplices o instigadores del 23-F, quedaron en nada, porque el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo se dio por conforme con sentar en el banquillo a las cabezas visibles de la asonada. Pero una circunstancia jurídica estuvo a punto de que aquella investigación se revitalizara unos años después.

El Gobierno de Calvo-Sotelo no quiso investigar las tramas ultraderechistas del golpe militar

Los siete periodistas autores del primer libro sobre el 23-F, publicado en marzo de 1981 por la editorial Punto Crítico, Todos al suelo: la conspiración y el golpe (Ricardo Cid Cañaveral, José Ángel Esteban, Rosa López, Juan van den Eynde, Fernando Jáuregui, José Luis Martínez y yo mismo) nos hicimos eco de aquella investigación incipiente y ello dio pie a cinco de los civiles aludidos en el libro a interponer una querella criminal contra sus autores, que fue admitida y tramitada por la justicia.

En el libro se identificaba a 12 militares y civiles, predecesores de los modernos «cornetas del Apocalipsis» que, bajo el seudónimo Almendros, publicaron, en las semanas anteriores al 23-F, tres artículos en el diario ultraderechista El Alcázar, favorables a un «golpe de timón», mediante un «Gobierno de regeneración nacional», al margen de la Constitución, que «tal y como está», decían, «no funciona» y «hace ingobernable la nación», por lo que prescindían de «Congreso, partidos, Gobierno» y apelaban «a las restantes instituciones del Estado», en concreto, «al Rey y las Fuerzas Armadas».

Los cinco civiles que se querellaron por injurias y calumnias fueron los ministros de Franco Federico Silva Muñoz y Gonzalo Fernández de la Mora; los también políticos del anterior régimen Jesús Fueyo y Luis Jáudenes, y el columnista de EL ALCÁZAR Ángel Palomino.

Pedían para los siete periodistas penas de cárcel y que indemnizáramos a cada querellante con medio millón de pesetas. Curiosamente, el ministerio fiscal no persiguió ni investigó al colectivo Almendros, pero acusó también a los periodistas de injurias y calumnias.

La incómoda situación de querellados nos permitía, en cambio, ejercer en el juicio la exceptio veritatis (demostrar que era verdad lo publicado), que reabriría la investigación sobre la trama civil. Teníamos una batería de pruebas e investigaciones preparadas.

Entonces recibimos la propuesta de los querellantes de retirar la querella si nos retractábamos. Nos negamos en redondo. Y durante más de 10 años se produjeron sucesivas suspensiones del juicio, hasta que, en noviembre de 1992, el tribunal presidido por la magistrada María Luisa Aparicio nos comunicó que había dado carpetazo al caso. Se archivaba, dado que los querellantes, que en 1981 promovieron la causa, habían producido «su paralización por un tiempo superior al plazo legalmente establecido».

No menor fue la sorpresa de los antiguos querellados supervivientes cuando, en el ensayo, tan justamente celebrado, de Javier Cercas (Anatomía de un instante, Mondadori, Barcelona, 2009), el autor, para quien la trama civil del 23-F era, en realidad, «la placenta del golpe», se atreve a asegurar (página 455): «… la supuesta trama civil fue denunciada apresuradamente en Todos al suelo: la conspiración y el golpe (…), por Ricardo Cid Cañaveral y otros periodistas, lo que hizo que los acusados presentaran una querella contra ellos; más tarde, algunos de esos periodistas se han retractado de sus acusaciones».

Lo más pintoresco de esta afirmación es que se fundamenta en las páginas 225-228 del libro 23-F: la conspiración de los necios (ediciones Foca, Madrid, 2001), entre cuyos tres autores figura Jáuregui, uno de los siete querellados.

En las páginas que Cercas invoca no aparece la retractación de nadie. Por el contrario, se afirma que la causa prescribió porque «ningún juez se atrevió a celebrar la vista oral» y se hace una revelación sensacional. Se narra que pocos días después del 23-F, Jáuregui acudió al despacho del general Manuel Gutiérrez Mellado para contrastar con él la lista que íbamos a publicar sobre la trama civil del golpe. «Hasta donde yo sé, esa lista podría ser buena», contestó el general, uno de los tres héroes del libro de Cercas -con Suárez y Carrillo-, magníficamente retratados en su obra. Jáuregui cuenta cómo una hora después se reunía con sus compañeros en la habitación 211 del hotel Victoria, donde se fraguaba Todos al suelo, y dijo: «Podemos publicar». Y así se hizo.

Este detalle del libro de Cercas (junto a otros, como considerar a Gutiérrez Mellado diputado [páginas 8, 34 y 127], o afirmar que las cámaras de televisión «se desconectaron de forma casual» [página 19*> sugiere que tal vez habría sido preferible que el estupendo escritor hubiera seguido su inicial instinto literario de construir una novela.

Bonifacio de la Cuadra

Ayer Bonifacio de la Cuadra me acusaba de cometer tres errores enAnatomía de un instante. Como todos, mi libro contendrá errores, pero ninguno de los que aduce De la Cuadra lo es. Los dos primeros apenas requieren explicación. Contra lo que dice De la Cuadra, en las páginas 8, 34 y 127 de mi libro no se llama diputado a Gutiérrez Mellado (no era diputado electo, pues no había ganado su acta de diputado en las elecciones); la 8 no existe, y en la 127 no se le menciona siquiera, pero en la 34 se le llama parlamentario, que es como se llama en castellano a quien ocupa un escaño en el Parlamento. Y, contra lo que parece creer De la Cuadra, es casi seguro que las dos últimas cámaras de televisión que grabaron el golpe no se apagaron por orden de los golpistas, sino por casualidad (eso ocurrió sin duda con la última, que recibió el golpe involuntario de un guardia civil; en mi libro, página 251, dejo entrever mis dudas de que ocurriera también con la penúltima). Pero mi error más grave es al parecer otro: afirmar que algunos de los periodistas que en 1981 publicaron el libro Todos al suelo -entre ellos el propio De la Cuadra- han acabado retractándose de unas acusaciones según las cuales determinados prohombres de la ultraderecha del momento constituían la llamada trama civil del golpe; más aún: De la Cuadra me acusa de faltar a la verdad cuando, para demostrar mi aserto, remito a las páginas 225-228 de 23-F. La conjura de los necios, libro publicado en 2001 por uno de aquellos periodistas: Fernando Jáuregui (y también por Pilar Cernuda y Manuel Ángel Menéndez). Pues bien, en la página 226, tras recordar que algunos de los ultraderechistas acusados se querellaron contra él y sus compañeros de entonces, escribe Jáuregui: «Veinte años después, puede que haya que darles la razón». Y en la página 227 remacha: «Lo más tremendo de todo es que, 20 años después, los autores no se atreverían a repetir la acusación de que aquella lista aparecida en Todos al suelo agotaba, y ni siquiera componía, la trama civil del golpe». ¿Es posible una retractación más clara?

De la Cuadra parece considerar que los tres falsos errores que me atribuye bastan para desacreditar mi libro; jamás se me ocurriría decir que los errores indudables que él comete bastan para desacreditar su periodismo.

Javier Cercas

En su carta al director, publicada el sábado 26 de febrero, titulada Respuesta a De la Cuadra, lleva razón Javier Cercas en que no existe la página 8 en su libro Anatomía de un instante, que yo mencionaba en mi artículo La trama civil del 23-F, publicado el viernes último. No es en la página 8, sino en la 18 -pido perdón a los lectores por ese error mío- donde, tras referirse a la actitud de Adolfo Suárez el 23-F, se añade textualmente: «… todos los demás diputados presentes allí -todos menos dos: el general Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo- se tumban en el suelo para protegerse del tiroteo…». En cuanto a si Fernando Jáuregui se retractó o no ante quienes se querellaron contra los siete autores del libro Todos al suelo, es Jáuregui quien debe hablar. Además de lo que cito en mi artículo del libro 23-F: La conjura de los necios, del que es coautor, Jáuregui me confirmó hace unas semanas que en absoluto se retractó.

Bonifacio de la Cuadra

Como he sido aludido en EL PAÍS por Javier Cercas en una carta de réplica al artículo publicado por Bonifacio de la Cuadra en torno a las muchas historias posibles sobre el 23-F, me gustaría aclarar que, contra lo que sugiere el señor Cercas, jamás me he retractado de lo escrito en el libro Todos al suelo (1981) sobre las posibles implicaciones civiles del golpe. Cierto que en el libro posterior (2001), 23-F: La conjura de los necios, Pilar Cernuda, Manuel Ángel Menéndez y yo mismo decimos que la conjura civil no se agotaba con los nombres que dábamos en Todos al suelo, pero ello no significa que los mencionados fuesen ajenos a la trama. Y, claro está, 20 años después del golpe, y de la publicación de Todos al suelo, hubo avances e hipótesis varias acerca de la existencia de tres intentos de golpe -al menos-, por lo que lo publicado por mí y otros seis compañeros en 1981, entre ellos, Bonifacio de la Cuadra, necesitaba más precisiones, puntualizaciones, explicaciones y matizaciones.

Pero quiero hacer constar que en ningún momento aquellas informaciones iniciales, que implicaban a varios altos cargos del franquismo en algunos preparativos del golpe y que a los periodistas firmantes del libro nos costaron 11 años de procesamiento, han quedado desmentidas, al menos hasta donde yo sé. Aquellos nombres, que nos fueron ratificados por el teniente general Gutiérrez Mellado, siguen estando bajo sospecha de haber cooperado, de alguna manera, en aquella malhadada intentona; ¿de qué manera? A estas alturas, y muertos los aludidos, resulta ya casi imposible precisarlo. Si a Javier Cercas no le salen estas mismas cuentas, qué le vamos a hacer…

Ocurre que, por las razones que fueren, ningún juez quiso celebrar la vista oral por el caso trama civil que narrábamos en nuestro Todos al suelo. Demasiadas complicaciones, sin duda, suponía el desenterrar en los tribunales penales ordinarios un asunto que ya bastante difícil fue llevar adelante, con todas las limitaciones que se quiera, en el juicio militar de Campamento.

Todo ello no obsta para que muestre mi aprecio, que no puede llegar a admiración, y bien que lo siento, por la obra del señor Cercas acerca del 23-F, un caso que, por razones profesionales, me he visto obligado a rememorar en los días pasados. Han pasado 30 años y creo que, por fin, estamos vacunados de todo aquello, que a mis hijas, por ejemplo, les parece una historia medieval. Y a mí, ya, también. Punto final, por mi parte al menos, a todas las polémicas con Javier Cercas o con quien fuere. Y punto final, por supuesto, a todos los intentos interesados de reescribir aquella historia con historietas en las que se pretende desacreditar el papel del Rey y de Adolfo Suárez, para acreditar, en cambio, el de otros, como el general Armada, a quien, inexplicablemente, algunos quieren, por lo visto, presentar como una especie de víctima que se esforzó por mantener la democracia en tan difíciles momentos. Nada de eso es, creo, cierto.

Fernando Jáuregui