Relevo en la dirección de la Guardia Civil: El General de División José Aramburu Topete reemplaza al Teniente General Pedro Fontela Fernández

LAS DECLARACIONES del teniente general Fontenla, director general de la Guardia Civil, a propósito de las eventuales repercusiones de la ley orgánica de la Defensa Nacional sobre el carácter militar de la Benemérita, provocaron el domingo pasado una justificada alarma en la dirección del PSOE y un considerable revuelo en los medios gubernamentales.El asunto no era para menos. El teniente general Fontenla, que tiene bajo su mando a más de 60.000 hombres uniformados y armados, desplegados por todo el país, con una tupida red de comunicaciones, había contado a La Vanguardia su reunión «con varios generales de la Guardia Civil» y su conclusión de que la ley orgánica aprobada por los diputados a finales de la semana palada era «un golpe bajo» contra el Cuerpo. «Haremos todo lo posible», anunciaba, «para que el Senado rechace en su día el proyecto aprobado por el Congreso. ¿Qué es todo lo posible para un general de la Guardia Civil?

Los propósitos del director general, sometido a la disciplina del poder ejecutivo, a su vez designado por el Congreso, de interferir la actuación del poder legislativo son, en sí mismos, inauditos.

La rectificación hecha pública ayer por el director general de la Guardia Civil, que habla en favor de su prudencia y de su capacidad para revisar opiniones precipitadas, se centra fundamentalmente, sin embargo, en la cuestión, más bien escolástica, del «carácter militar» de ese Cuerpo, aspecto que en realidad esconde el tema crucial de sus nexos de dependencia con el Ministerio del Interior. Lamentablemente, esa puntualización no explica las razones por las que un alto mando militar cometió la gravísima falta de expresarse públicamente contra el Parlamento y el Gobierno, descalificando de paso virtualmente a los socialistas como alternativa de poder respetuosa de las leyes.

La comisión ejecutiva del PSOE había pedido, el pasado lunes, la destitución fulminante del teniente general Fontenla. Este caso, al parecer, ha suscitado en la oposición socialista emociones y reacciones mucho más vivas que las provocadas por anteriores e igualmente explosivas declaraciones de otros altos mando militares, cuyas criticas al sistema constitucional no incluyeron, sin embargo, ataques concretos contra el PSOE. No parece aventurado afirmar que esa pasada benevolencia socialista, que llegó en una ocasión hasta el extremo de desplazar sobre el señor Suárez la entera responsabilidad de algunos delicados conflictos entre el Gobierno y ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, acusando además al presidente de aspirar a ocupar la grupa del caballo de Pavía, también ha contribuido a crear el precedente que ha permitido al teniente general Fontenla incurrir en excesos verbales sin miedo a sanciones ni temor al cese.

Por otra parte, ayer, una afiliada al PSOE, la prestigiosa realizadora Pilar Miró, ha sido procesada por la jurisdicción militar vanas semanas después de que su película El crimen de Cuenca, presunto objeto del delito, fuera secuestrada, bajo la acusación de injurias a las Fuerzas Armadas. De esta forma, la escrupulosa reconstrucción cinematográfica de un monstruoso error judicial de comienzos de siglo, al que contribuyeron unos guardias civiles con nombres y apellidos al forzar a dos inocentes a autoinculparse de una muerte inexistente, es considerada, en 1980, como un insulto al Cuerpo al que, aquellos hombres deshonraron. Cada cual es libre de sacar las conclusiones que desee de tan desafortunada coincidencia.

DEL CESE del teniente general Fontenla como director de la Guardia Civil sólo cabe opinar que ha sido una decisión del Gobierno acorde con la letra y el espíritu de la Constitución, congruente con los principios de nuestro sistema parlamentario y revelador de que el Poder Ejecutivo comienza a perder sus absurdos temores a exigir disciplina precisamente a quienes basan en ese valor su propio código de honor y de conducta.Los miembros de las Fuerzas Armadas, a las que el artículo 8º de la Constitución encomienda la misión de defender el ordenamiento constitucional, se hallan sometidos, al igual que el resto de los ciudadanos, a las normas que el Parlamento promulga. El artículo 62 de la Constitución atribuye al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas; y el artículo 97 señala que el Gobierno dirige, junto a la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Sería un verdadero despropósito que los garantes de la Constitución, doblemente obligados a respetarla por la honrosa misión de defensa que les encomienda su articulado, se convirtieran en infractores de nuestra norma fundamental en cuestiones tan básicas como el respeto a las instituciones parlamentarias y la disciplina debida al Rey y al Gobierno.

Probablemente el teniente general Fontenla ha sido víctima indirecta de las anteriores debilidades e inconsecuencias mostradas por el Gobierno frente a manifestaciones públicas o arengas de altos mandos militares, con mando en plaza e importantes efectivos a sus órdenes, que ponían en entredicho la legitimidad del ordenamiento constitucional. Mientras un oficial joven, como el capitán Pitarch, permanece en un castillo por unas declaraciones a la prensa, una total impunidad ha protegido a otros entrevistados de mayor graduación. El antiguo director general de la Guardia Civil no tiene, en su favor, más atenuante que esos precedentes, en tanto en cuanto pudieran hacerle pensar que una elevada graduación militar constituía un salvoconducto contra cualquier medida disciplinaria.

No se trata, ni remotamente, de caer en un trasnochado antimilitarismo o de afirmar que existen insuperables contradicciones estructurales entre un Parlamento y un Gobierno constitucional que velen por sus fueros, de un lado, y unas Fuerzas Armadas a quienes la Constitución sitúa fuera de los conflictos políticos cotidianos, de otro. Todos los países de democracia parlamentaria demuestran que es posible una perfecta armonía entre las diferentes instituciones del Estado y la subordinación de la Administración militar al Parlamento y al poder civil. Dentro de nuestras Fuerzas Armadas existen todavía hombres a quienes experiencias del pasado o dificultades de adaptación al presente hacen difícil el pleno acatamiento al ordenamiento constitucional vigente. Pero, sin duda, son mayoría los altos mandos y oficiales que creen en las instituciones democráticas. Al Gobierno corresponde, en consecuencia, adecuar las responsabilidades del mando militar con la necesidad de que ese ordenamiento constitucional que las Fuerzas Armadas deben defender no sea atacado, ofendido o menospreciado por sus guardianes.