El PSOE impone un plan de urgencia en RTVE para evitar la quiebra: ERE para echar a más de 4.000 empleados por la vía de la prejubilación

Dice el Gobierno que va a reducir a la mitad la plantilla de TVE para ‘mejorar el servicio público’.

¿Se puede mejorar la sanidad y la educación con la mitad de los médicos y de los maestros? Es lo mismo en el servicio público de la información. Comparen: la radiotelevisión pública estatal tiene en Alemania 40.000 trabajadores; en la BBC son 20.500; en Francia, 13.500, en la RAI, 11.800. En RTVE sólo somos 9.200. Si creen que la mitad sobramos, que nos expliquen para qué y por qué.

José Manuel Martín Medem

Trabajadores de RTVE en huelga obligaron ayer, con el estruendo de una cacerolada, a interrumpir la emisión del informativo de mediodía. Fue el incidente más sonado de la jornada de huelga convocada por los sindicatos en protesta por el plan de reconversión recientemente presentado por la dirección del ente y la SEPI, y que prevé reducir la plantilla en casi un 40%.

Despedir a más de 3.000 empleados es una medida grave. También lo es el endeudamiento acumulado, que alcanza ya los 7.500 millones de euros, resultado de un desfase entre ingresos y gastos que en los últimos años ronda los 500 millones de euros por curso. Esa situación es insostenible. Una cosa es que la televisión pública no tenga que ser un negocio y otra que los contribuyentes tengan que sostener una ruina de ese calibre. En cualquier otra empresa, pública o privada, hace años que se hubieran tomado medidas para detener esa crecida. Es lo que ahora se está haciendo.

Y no de cualquier manera. El plan se basa en jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas; es lógico que los sindicatos intenten negociar su cuantía y condiciones, pero no pueden oponerse a una adaptación de las dimensiones de la plantilla a la situación real del mercado audiovisual, tan distinta a la de los años en que TVE funcionaba en régimen de monopolio. La resistencia a reformas paulatinas ha hecho inevitable la muy drástica que ahora se emprende.

Ir a una huelga de 24 horas sin haber iniciado de hecho la negociación es como mínimo desproporcionado. Y está fuera de lugar hacerlo con el argumento puramente dilatorio de que antes de abordar el recorte hay que definir el nuevo modelo de televisión pública. Esa definición corresponde al Parlamento, donde está a punto de culminar la tramitación del proyecto.

La utilización del derecho de huelga en los servicios públicos está sometida a limitaciones lógicas, dado que sus efectos pueden perjudicar a millones de personas. Los servicios mínimos establecidos por la dirección habían reducido las emisiones en directo durante la huelga a los informativos y a la retransmisión del encuentro entre el Barcelona y el Benfica. Los huelguistas impidieron que terminase el Telediario de las tres de la tarde, el más visto a esa hora, y trataron de que no se diera el partido, recurriendo en ese punto los servicios mínimos. Los partidos de Champions retransmitidos en abierto suelen ser vistos por más de ocho millones de personas, en su inmensa mayoría contribuyentes que con sus impuestos mantienen RTVE. Se equivocan los sindicatos si piensan que ése es el camino para contar con la comprensión del público.

Cómo y por qué se deja morir una radio pública debería ser el principal motivo de debate de ese debate interminable. Cuando uno se encuentra en los estudios de Prado del Rey entiende que hay algo ilógico en todo aquello: esas instalaciones de corte franquista, de amplitudes impracticables, de pasillos laberínticos y tristones no hacen más que hundir a los trabajadores en una depresión que se lleva arrastrando muchos años. Un país democrático necesita una buena radio pública. La tuvimos. Habría que plantearse por qué la época en la que gozó esa radio de más libertad e independencia fue la que se realizó bajo el Gobierno de la UCD. Tal vez porque el ansia de libertad era tan poderosa que los trabajadores se sobreponían a los dictámenes de quien gobernaba. Fue la época en que ninguna emisora privada podía competir con Radio Nacional: de la madrugadora Silvia Arlette al inolvidable Loco de la Colina, pasando por aquella voz tan cálida de Manolo Ferreras. El mundo entero estaba allí. Cuando aún no se había inventado el estéril universo del contertulio, los trabajadores de la radio hacían radio, o sea, reportajes, dramatizaciones, entrevistas. Los jóvenes aspirantes salían a la calle a enfrentarse a la vida y volvían a los estudios con el magnetofón cargado de voces. Fue la época más viva, más gamberra, más atractiva, de mayor conexión con el ciudadano. Y no inventa la nostalgia, esto es algo que saben bien tanto los oyentes de aquella radio como los que la hacían. Fue una época política en el sentido de que se ejercitaba a diario el músculo de amplitud de nuestras libertades, pero no estaba tan plegada a los intereses partidistas. Los políticos no supieron ni parecen saber cómo se gestiona la independencia: detrás de cada medio público, nacional o autonómico, se intuye la sombra del partido que gobierna. El resultado es que, después de tanta incompetencia, sería injusto que la solución esté en desmantelar la casa. Dicho de forma antipática: que optimicen los recursos, que cierren el viejo caserón, que no permitan la desidia laboral, pero que no nos roben la posibilidad de escuchar esos análisis de la realidad que sólo pueden nacer de lo público. Para que eso fuera posible, políticos y periodistas, que a menudo gozan de una relación demasiado estrecha, deberían entender primero ese concepto: radio pública, de todos.

Las promesas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la regeneración del servicio público de RTVE se han concretado ya en la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 11 de mayo, que se reclama en su preámbulo de «las principales propuestas» del Informe del Consejo para la Reforma.

Ciertamente, hay en el texto aprobado algunos cambios relevantes respecto al dictamen del Consejo, como el incremento de consejeros o el nombramiento del presidente de la Corporación RTVE por una mayoría reforzada del Congreso, en lugar de ser elegido por el Consejo de Administración tras un concurso público, como proponía el Informe para asegurar la profesionalización y prevenir la dinámica militante en la gestión del servicio público; pero se trata de opciones propuestas o apoyadas también por los grupos parlamentarios minoritarios, que evidencian un determinado estado de conciencia política. En todo caso, la elección parlamentaria por mayoría reforzada supondrá un notable avance en la autonomía de RTVE respecto de los Gobiernos, el mal endémico de la democracia española. Y la nueva ley coincide en muchos aspectos sustanciales con las propuestas del Consejo: definición integral del servicio público, acuerdos-marco a medio plazo y contratos programas trianuales que fijen las misiones comprometidas, consejos y estatutos de informativos, consejos asesores operativos, modelo financiero con aportación pública estable y dominante.

Otras lagunas graves del inicial proyecto de ley fueron en buena medida paliadas en el Senado gracias a las enmiendas transaccionales promovidas por los principales sindicatos. De esta forma, se estipula que el servicio público contará con la estructura territorial necesaria para la adecuada prestación del servicio público, para proveer de contenidos regionales a la realidad estatal y desarrollar la cohesión interterritorial; y se dispone que la producción propia abarcará la mayoría de los programas difundidos en las cadenas generalistas, prohibiendo la externalización de los servicios informativos y los demás contenidos contemplados en el acuerdo-marco. Con esos retoques importantes, la Ley puede significar la más importante transformación democrática del servicio público estatal desde 1980.

Sin embargo, a la espera de otros dos proyectos legales vitales para la reforma del audiovisual, el de creación de una alta autoridad del sector y el de ley general del audiovisual, el debate público continúa centrado en los planes de la SEPI, que amenazan con oscurecer e incluso anular en buena medida la trascendencia de la reforma legal emprendida. Todo ello apoyado en una ley de Presupuestos, un organismo sin experiencia ni sensibilidad por el servicio público ni la cultura y un proceso extraparlamentario que el PSOE criticó duramente desde la oposición.

Aunque desveladas a trozos, parecen muy dudosas las bases del plan de la SEPI, refugiadas en el know how secreto de dos consultoras privadas, y justificadas en comparaciones internacionales nunca concretadas y en fuentes estadísticas desconocidas. Formalmente, el «plan de saneamiento» se limita a determinar que RTVE «requiere» unas cifras brutalmente más bajas de empleados que las del servicio público en todos los grandes países europeos. Pero, para llegar a este punto, explicita que se está diseñando un modelo de servicio público, la oferta de la «Nueva RTVE», con porcentajes de emisiones infantiles, culturales o de informativos; es decir, la tarea encomendada legalmente a los contratos programa que deben ser aprobados por el Gobierno y el Parlamento.

Aunque se sigue agitando el fantasma de la deuda acumulada, fruto de la desidia gubernamental durante 15 años y cuya asunción por el Estado ha sido mil veces prometida, no hay ningún modelo financiero en los documentos presentados; más allá de la finalidad única de disminuir las subvenciones estatales y de maximizar la publicidad futura multiplicando los spots emitidos, justamente lo contrario de lo que el Informe del Consejo recomendaba para evitar la distorsión de una programación de servicio público.

La vía preferente del plan de «futuro» para reducir la plantilla de empleados es la jubilación anticipada indiscriminada, sin atención a categorías ni a necesidades de la empresa, exactamente el camino al que el Informe del Consejo pedía renunciar, al vaciar a una empresa de sus creadores y profesionales de mayor experiencia y valía. Más chocante aún es la obsesión de la SEPI por centrar en buena medida la dura disminución de empleo sobre la reducción de los centros territoriales a simples corresponsalías informativas, abandonando toda otra producción de programas, con una concepción subsidiaria de RTVE respecto a los canales autonómicos e incluso locales absolutamente contradictoria con la nueva ley y con el Informe del Consejo. Porque éste, en coincidencia con las propuestas recibidas de la propia RTVE, proponía justamente una mayor descentralización en la producción y la programación, incluyendo la factura de los nuevos canales temáticos y servicios interactivos.

En definitiva, entre la ley de la Radio y la Televisión Estatal y la de Presupuestos, la reforma del servicio público de radiotelevisión en España continúa, como en los últimos 26 años, en el filo de la navaja. Pero este doble camino paralelo ilustra la duplicidad ideológica permanente de todos los gobiernos democráticos en España ante la radiodifusión pública.

El Gobierno socialista actual muestra ahora también su doble alma: una descentralizadora, respetuosa con el servicio público, dispuesta incluso a renunciar a su control; la otra es neoliberal y centralista, carente de sentido del Estado autonómico y de sus tendencias centrífugas que hacen más trascendental todavía el papel de cohesión del servicio público estatal. La primera, impulsada desde La Moncloa, bajo la presión de los sindicatos y de los grupos parlamentarios de izquierda, camina por el Parlamento para regenerar un servicio público fuerte para la Sociedad de la Información; la segunda, movida desde la SEPI, sólo aspira a que el Estado pague poco, aun a costa de debilitar profundamente el papel de RTVE como motor de la transición digital. Esperemos no tener que lamentar durante años la preponderancia de esta última en tal pugna «espiritual».

Enrique Bustamante es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM y fue miembro del Consejo de la Reforma de los medios de titularidad estatal.

Una pésima gestión económica y la persistente inhibición de todos los gobiernos durante décadas convirtieron la radiotelevisión pública (RTVE) en un pozo sin fondo condenada a la ruina permanente y a una insana dependencia de la buena o mala voluntad de los ministros de Hacienda de turno. Como cualquier empresa en crisis -RTVE acumulaba un endeudamiento de 7.500 millones de euros y producía un déficit anual de unos 500 millones de euros-, su supervivencia dependía de un primer paso drástico que cauterizase la sangría financiera. Es el que se dio ayer con la firma de un plan de saneamiento, suscrito por la directora general del Ente, Carmen Caffarel, y los sindicatos.

El plan implica un Expediente de Regulación de Empleo que procurará una jubilación anticipada y paulatina para 4.150 empleados. A cambio de esta reconversión, como las que proliferaron en los sectores maduros de la economía española a principios de los ochenta, el Gobierno asumirá la onerosa deuda de RTVE y los gestores del ente público podrán afrontar las tareas necesarias sin el pesado lastre financiero. Es muy difícil explicar por qué un ajuste tan lógico, fundamentado en diagnósticos bien conocidos durante los últimos tres lustros, se ha demorado durante tanto tiempo. Desde cualquier punto de vista que se considere, la primera condición de independencia de un medio de comunicación, público o privado, es evitar una cuenta de resultados ruinosa.

Aunque el Gobierno de Rodríguez Zapatero cumplió con escasa fortuna su compromiso de ofrecer un modelo de televisión independiente basado en las recomendaciones de la llamada Comisión de Sabios, ahora ha mostrado decisión para enfrentarse a un ajuste laboral inapelable. El punto de partida para la nueva gestión ya está situado en el mapa. Con una plantilla más reducida, menos gastos de personal y una carga financiera más pequeña, los responsables de RTVE tienen que enfrentarse a dos problemas. El primero es de naturaleza empresarial: construir una cuenta de ingresos que le permita sobrevivir sin generar pérdidas anuales encadenadas. No resulta fácil componer los ingresos por publicidad y la venta de producciones propias -hoy por hoy, una entelequia- en un mercado de competencia abierta con las privadas y la aparición de la televisión digital terrestre.

Ninguna propuesta debe ser excluida, y todos los esquemas y posibles soluciones deben examinarse sin ningún tipo de anteojeras ideológicas. Un esfuerzo parecido debe aplicarse para subir sus cuotas de audiencia. Porque tampoco es fácil ganar espectadores con el pie forzado de una programación que debe huir de la televisión basura.

Aplaudía un editorial de EL PAÍS el despido de 4.150 trabajadores en RTVE sin esperar al resultado del referéndum con el que la plantilla debe decidir sobre su amputación. El ‘principio de acuerdo’ aceptado por los sindicatos es una barbaridad que rechazamos la mayoría de los afiliados a CCOO en la empresa. Según EL PAÍS, el despido de 4.150 trabajadores es ‘un ajuste lógico’. ¿Le parece lógico a EL PAÍS que la mediación del Gobierno les garantice su futuro laboral a los 1.800 pilotos de Iberia mientras el mismo Gobierno convence a los sindicatos de que para ‘mejorar el servicio público’ hay que despedir a la mitad de la plantilla en RTVE?

José Manuel Martín Medem

Mi primer contrato en Radio Nacional de España fue en el año 1976; aún no había acabado mi carrera de Periodismo. Tenía 22 años; ahora tengo 52. En 1980 conseguí la fijeza por Concurso Oposición Libre. Durante todo este tiempo he tenido la suerte de prosperar en mi carrera radiofónica y dirigir varios diarios hablados, programas, ser corresponsal en Roma y servir a lo que siempre creí: la radiotelevisión pública.

Para ello, yo, como otros muchos profesionales, hemos tenido que soportar los vaivenes de una radio y televisión sometida siempre a los vapuleos políticos y venciendo la dificultad de hacer una información honesta, a pesar de la utilización muchas veces vergonzosa que han pretendido los Gobiernos de turno de uno y otro signo.

Cuando el señor Zapatero anunció que iban a ser los profesionales de la RTVE pública quienes decidieran los contenidos, y la señora Caffarel nos aseguró que se iba a trabajar por un servicio público independiente e imparcial, muchos lo celebramos. Pero ahora vemos que la verdadera filosofía de quienes han impulsado y consumado este «saneamiento» salvaje lo han hecho porque ya han renunciado a manejar un instrumento que con el paso de los años han convertido en un monstruo ingobernable.

A quienes retiraron las subvenciones a Radiotelevisión Española, a quienes han hecho de los telediarios e informativos de radio un apéndice ministerial, a quienes han abandonado la pugna de los derechos de transmisión, a quienes han cultivado el amiguismo por encima de la profesionalidad, a quienes han pasado por las poltronas para el impulso de sus propias carreras político-periodísticas, a todos esos que durante decenios han hecho dejación de su obligación de administrar eficazmente un servicio público, a ésos no les pasará nada. Pero a miles de trabajadores honestos y leales se nos manda a casa como único pago a tantos años de dedicación y profesión. Se nos roba el último tercio de nuestra carrera, sin piedad y sin dar explicaciones.

El acuerdo ratificado por una mayoría de trabajadores desmotivados y sin perspectivas, consagra el desmantelamiento de la radiotelevisión pública, al que los sindicatos se han resignado a cambio de unos cientos de contratos a jóvenes profesionales, tan necesarios en la plantilla, pero que engrosarán las filas de mileuristas y de paso permitirán el mantenimiento de la representación sindical.

Los actuales responsables de RTVE han suscrito una reconversión brutal y a destiempo de una empresa con peso en la sociedad española desde hace 50 años. Ineficaz en buena medida, y desproporcionada, pero por el abuso político sin escrúpulos que se ha hecho de ella. Había que abordar la reforma, pero no de esta manera, con una operación quirúrgica de urgencia, hoy por hoy de muy dudosa eficacia. Han logrado aligerar la plantilla, pero en el camino se dejan muchos cadáveres profesionales.

TVE cumple hoy 50 años y el Gobierno de Zapatero lo celebra jubilando a la fuerza precisamente a los 4.000 trabajadores de RTVE que tenemos más de 50 años. Antes de que se aplique la nueva ley para RTVE y el Parlamento decida cómo debe ser la radiotelevisión pública estatal y qué presupuesto necesita, el Gobierno de Zapatero ha impuesto una reforma que reduce la plantilla a la mitad y anuncia la precariedad en el empleo de los trabajadores que se quedan.

Primero la trampa y después la ley: se jibariza la capacidad de producción de RTVE para que no pueda ofrecer un auténtico servicio público  en beneficio de los negocios de la radiotelevisión comercial. Los jubilados a la fuerza sufrimos las consecuencias de la actuación de los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP que desprestigiaron y arruinaron a RTVE gubernamentalizando la información y pagándola con deuda pública.

José Manuel Martín Medem