El PSOE impone un plan de reconversión en RTVE para salvar a la televisión pública de la quiebra: ERE para echar a 3.000 empleados

Trabajadores de RTVE en huelga obligaron ayer, con el estruendo de una cacerolada, a interrumpir la emisión del informativo de mediodía. Fue el incidente más sonado de la jornada de huelga convocada por los sindicatos en protesta por el plan de reconversión recientemente presentado por la dirección del ente y la SEPI, y que prevé reducir la plantilla en casi un 40%.

Despedir a más de 3.000 empleados es una medida grave. También lo es el endeudamiento acumulado, que alcanza ya los 7.500 millones de euros, resultado de un desfase entre ingresos y gastos que en los últimos años ronda los 500 millones de euros por curso. Esa situación es insostenible. Una cosa es que la televisión pública no tenga que ser un negocio y otra que los contribuyentes tengan que sostener una ruina de ese calibre. En cualquier otra empresa, pública o privada, hace años que se hubieran tomado medidas para detener esa crecida. Es lo que ahora se está haciendo.

Y no de cualquier manera. El plan se basa en jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas; es lógico que los sindicatos intenten negociar su cuantía y condiciones, pero no pueden oponerse a una adaptación de las dimensiones de la plantilla a la situación real del mercado audiovisual, tan distinta a la de los años en que TVE funcionaba en régimen de monopolio. La resistencia a reformas paulatinas ha hecho inevitable la muy drástica que ahora se emprende.

Ir a una huelga de 24 horas sin haber iniciado de hecho la negociación es como mínimo desproporcionado. Y está fuera de lugar hacerlo con el argumento puramente dilatorio de que antes de abordar el recorte hay que definir el nuevo modelo de televisión pública. Esa definición corresponde al Parlamento, donde está a punto de culminar la tramitación del proyecto.

La utilización del derecho de huelga en los servicios públicos está sometida a limitaciones lógicas, dado que sus efectos pueden perjudicar a millones de personas. Los servicios mínimos establecidos por la dirección habían reducido las emisiones en directo durante la huelga a los informativos y a la retransmisión del encuentro entre el Barcelona y el Benfica. Los huelguistas impidieron que terminase el Telediario de las tres de la tarde, el más visto a esa hora, y trataron de que no se diera el partido, recurriendo en ese punto los servicios mínimos. Los partidos de Champions retransmitidos en abierto suelen ser vistos por más de ocho millones de personas, en su inmensa mayoría contribuyentes que con sus impuestos mantienen RTVE. Se equivocan los sindicatos si piensan que ése es el camino para contar con la comprensión del público.

Una pésima gestión económica y la persistente inhibición de todos los gobiernos durante décadas convirtieron la radiotelevisión pública (RTVE) en un pozo sin fondo condenada a la ruina permanente y a una insana dependencia de la buena o mala voluntad de los ministros de Hacienda de turno. Como cualquier empresa en crisis -RTVE acumulaba un endeudamiento de 7.500 millones de euros y producía un déficit anual de unos 500 millones de euros-, su supervivencia dependía de un primer paso drástico que cauterizase la sangría financiera. Es el que se dio ayer con la firma de un plan de saneamiento, suscrito por la directora general del Ente, Carmen Caffarel, y los sindicatos.

El plan implica un Expediente de Regulación de Empleo que procurará una jubilación anticipada y paulatina para 4.150 empleados. A cambio de esta reconversión, como las que proliferaron en los sectores maduros de la economía española a principios de los ochenta, el Gobierno asumirá la onerosa deuda de RTVE y los gestores del ente público podrán afrontar las tareas necesarias sin el pesado lastre financiero. Es muy difícil explicar por qué un ajuste tan lógico, fundamentado en diagnósticos bien conocidos durante los últimos tres lustros, se ha demorado durante tanto tiempo. Desde cualquier punto de vista que se considere, la primera condición de independencia de un medio de comunicación, público o privado, es evitar una cuenta de resultados ruinosa.

Aunque el Gobierno de Rodríguez Zapatero cumplió con escasa fortuna su compromiso de ofrecer un modelo de televisión independiente basado en las recomendaciones de la llamada Comisión de Sabios, ahora ha mostrado decisión para enfrentarse a un ajuste laboral inapelable. El punto de partida para la nueva gestión ya está situado en el mapa. Con una plantilla más reducida, menos gastos de personal y una carga financiera más pequeña, los responsables de RTVE tienen que enfrentarse a dos problemas. El primero es de naturaleza empresarial: construir una cuenta de ingresos que le permita sobrevivir sin generar pérdidas anuales encadenadas. No resulta fácil componer los ingresos por publicidad y la venta de producciones propias -hoy por hoy, una entelequia- en un mercado de competencia abierta con las privadas y la aparición de la televisión digital terrestre.

Ninguna propuesta debe ser excluida, y todos los esquemas y posibles soluciones deben examinarse sin ningún tipo de anteojeras ideológicas. Un esfuerzo parecido debe aplicarse para subir sus cuotas de audiencia. Porque tampoco es fácil ganar espectadores con el pie forzado de una programación que debe huir de la televisión basura.