27 noviembre 1980
Meliá da trato de favor a los medios de su tierra como al Grupo Serra (ÚLTIMA HORA)
Sale a la luz ‘el fondo de reptiles’ del Gobierno UCD a la prensa gestionado por el Secretario de Estado de Información, Josep Meliá
Hechos
El 27 de noviembre de 1980.
Lecturas
El hasta hace poco secretario de Estado para la Información, Josep Meliá, distribuyó el pasado año cerca de 1.000 millones de pesetas en ayudas y subvenciones a la prensa, de los que casi setenta fueron a parar al llamado fondo de reptiles y otra cifra similar se fue en favores a su tierra balear.
Les voy a contar una historia. ¿Ustedes han oído hablar del fondo de reptiles? Ya saben, esos serpentiarios de los que dicen se nutren misteriosos personajes de la prensa, amamantados por no menos misteriosos fondos que fluyen a su vez de misteriosas y submarinas tuberías gubernamentales. Bueno, pues aquí están. Lo malo – o lo bueno – es que todo parece ser aquí absolutamente legal, y no aparecen reptiles, ni siquiera lagartijas. Sólo se advierte un desmedido amor de Josep Meliá – ex secretario de Estado para la Información, que manejó estos fondos – hacia las tierras y las gentes de su patria chica mallorquina.
A veces, adentrándose a machetazos en la procelosa jungla de epígrafes, capítulos, conceptos, artículos y números que son los Presupuestos Generales del Estado – que en estos momentos se debaten en las Cortes – se encuentra uno con algún asiento más o menos curioso, surge la pista y ahí empieza todo.
Hace algunos días, la Comisión de Presupuestos llamó a Rosa Posada, secretaria de Estado para la Información, a comentar algunos epígrafes correspondientes a su departamento que figuraban en los Presupuestos Generales del Estado.
Rosa Posada declinó la invitación y envió en su lugar a un director general, Luis Cortés. Allí, en comisión, los socialistas preguntaron por el artículo 76, número 761 del capítulo VII de los Presupuestos, según el cual se distribuyeron, por primera vez y durante 1980, 720 millones de pesetas ‘para subvencionar la reestructuración de empresas periodísticas’.
Los socialistas deseaban saber cómo se había distribuido el dinero y de acuerdo con qué criterios. El director general, Luis Cortés, señaló que no recordaba los datos y prometió, si así era requerido, enviar la pertinente relación a la Cámara.
Así quedaron las cosas, con la sospecha de algún socialista de que el Gobierno guardaba silencio sobre este tema, pensando que, quizá, en la gran algarabía de cifras el PSOE se olvidara de la famosa relación. Pero no fue así, y la relación fue reclamda para antes del Pleno del Congreso, iniciado el pasado martes. Esa misma tarde, la Cämara recibía el escrito del Gobierno.
Meliá ama a su tierra
En dicho escrito aparecen cuatro conceptos distintos, correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado de 1980, prácticamente administrados por el antiguo secretario de Estado para la información, Josep Meliá.
En primer lugar, aparecen los 720 millones para subvencionar la reestructuración de empresas periodísticas. En este capítulo aparecen las más importantes empresas periodísticas del país, desde la Editorial Católica (90 millones) al ABC de Madrid (47 millones), pasando por DIARIO16 (25 millones) y EL PAÍS (125 millones). Un diario madrileño llegó a manipular tendenciosamente esta subvención escrupulosamente legal diciendo que DIARIO16 estaba a las órdenes de Meliá). Se advierte, únicamente, cierta especial predilección y atención hacia la prens abalear – Meliá es mallorquín – . De las 26 subvenciones que recoge este capítulo, cinco son del archipiélago y de los dos únicos Gobiernos Civiles subvencionados por actividades informativas, uno de ellos es el balear.
Hay posteriormente dos nuevos capítulos, uno de 95 millones, destinados para compensar a empresas de Medios de Comunicación por alteraciones en sus estructuras y reorganizaciones, y otros 100 millones para ‘mejora de instalaciones’ en el que se advierte la misma afición isleña. Se conceden tres millones a la publicación EL EMPRESARIO BALEAR, 20 millones al diario ÚLTIMA HORA de Palma de Mallorca, al semanario Felanitx casi un millón y 1.250.000 pesetas a la revista PERLAS Y CUEVAS.
Hay, finalmente, un artículo último para subvenciones a personas naturales o jurídicas a las que se les dedica la cantidad de 85 millones de pesetas.
Aquí figura una subvención de 1.200.000 pesetas a Florentino López Negrín, director adjunto del diario PUEBLO por un trabajo sobre periodismo político.
En el mismo capítulo figura Enrique de Aguinaga López, con una subvención de 600.000 pesetas por otro trabajo sobre ejercicio profesional de periodismo.
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El total de las subvenciones del a Secretaría de Estado para la Información asciende a un total de 983.439.500 pesetas. De ellas, 720 millones lo han sido para reestructuración de las empresas periodísticas; prácticamente 100 millones – 94,4 – para compensación por alteración de las estructuras empresariales; otro tanto -99,9 – para inversiones y mejora de las instalaciones, y el resto – 69,1 millones – para lo que se ha llamado el fondo de reptiles.
Las tres primeras publicaciones de Balares subvencionadas (MAJORCA DAIL BULLETIN 10.000, IBERIANDAILY SUN 10.000 y ÚLTIMA HORA 20.000) pertenecen al mismo empresario, Pedro Serra. El resto de las publicaciones y empresas son de tintes muy locales y escasa difusión. El caso más alarmante es el del nonato EL DÍA DEBALEARES 13.000; entre cuyos promotores hay personas no alejadas de Josep Meliá, como Antonio Alemany o incluso hasta de Alianza Popular, como el senador Abel Matutes. Al parecer entre los promotores de este periódico está Antonio Qués, cuñado de Meliá
17 Octubre 1981
Las "manos libres" y la Prensa
LAS AYUDAS estatales a la Prensa, en forma de facilidades crediticias, exenciones fiscales o subvenciones, no son una peculiaridad española; existen en la mayoría de los sistemas democráticos europeos. En nuestro país no se trata tan sólo de una forma de favorecer la expresión ,del pluralismo político o de contribuir a la renovación tecnológica de un sector industrial. La competencia desleal de los medios deficitarios de comunicación del Estado (la antigua Prensa del Movimiento o del sindicalismo vertical), la absorción por el monopolio televisivo de buena parte del mercado publicitario, el proteccionismo de la industria papelera, las rigideces en los sistemas de distribución y las desproporcionadas tarifas de transporte dificultan la supervivencia de muchos diarios y semanarios.Los empresarios y los profesionales del sector privado de la Prensa son los primeros interesados en que esa ayuda estatal se realice de manera transparente y con criterios objetivos que desvanezcan cualquier sospecha de instrumentalización política. Los periodistas no podrían aspirar a la credibilidad de sus informaciones y críticas sobre el despilfarro o la corrupción administrativa si dejaran margen para la duda o el recelo sobre sus propios comportamientos respecto a los fondos públicos. Las ayudas estatales para la renovación tecnológica y las indemnizaciones por el consumo de papel nacional protegido, o las ayudas a la difusión, figuran en partidas presupuestarias aprobadas por las Cortes con luz y taquígrafos. Sin embargo, serían necesarias otras medidas complementarias destinadas a situar por encima de toda sospecha el funcionamiento de los mecanismos para la asignación de ese dinero público.
En esa perspectiva, la propuesta presentada por Alfonso Osorio, diputado de Coalición Democrática, en la Comisión de Presidencia del Congreso, para que el Gobierno, envíe a las Cortes Generales, en el plazo de tres meses, un proyecto de ley que regule exhaustivamente los apoyos estatales a la Prensa, merece un aplauso. La moción fue respaldada por el PSOE, pero la oposición de UCD Ia ha arrojado, por el momento, a la papelera. El portavoz centrista expuso la teoría -creemos que inadmisible- de que la regulación por ley de la materia retrasaría y complicaría la asignación de las subvenciones, tarea para la cual el Gobierno debe tener manos libres.
El ataque de UCD contra las competencias parlamentarias en las ayudas estatales a la Prensa contrasta con su defensa de los derechos del Gobierno a realizar tal labor. El portavoz de los centristas esgrimió el argumento de que las ayudas y subvenciones exigían un sistema ágil y flexible, como si las relaciones del Ministerio de la Presidencia con la Prensa fueran semejantes a las del cuerpo de bomberos con los incendios. Nada más irreal que esa estampa de un Gobierno ágil y flexible como Tarzán y desprendido y justiciero como Robin Hood, siempre listo para salvar, en plazo de horas o de días, a una empresa periodística de la suspensión de pagos o para aprobar, en un abrir y cerrar de ojos, una ayuda para la renovación tecnológica. Las manos libres que el poder ejecutivo pretende conservar en sus relaciones con la Prensa no se justifican en nombre de la eficacia o de la rapidez de las actuaciones, sino, tal vez, en virtud de los márgenes de discrecionalidad -y eventual arbitrariedad- que el actual sistema le permite al respecto.
La propuesta de Coalición Democrática rechazada por UCD no pretende que las Cortes Generales invadan el campo específico de actuación del Gobierno, sino más bien trata de impedir la posibilidad o la tentación de que la Administración pública instrumente las ayudas a la Prensa a su entera conveniencia y a extramuros de las fronteras acotadas y de los procedimientos establecidos por una ley deseable y factible. Cabe incluso apuntar que el delicado carácter de las subvenciones a los medios de comunicación no sólo convierte en necesaria una norma parlamentaria, sino también haría conveniente que la ejecución de su contenido corriera a cargo de algún centro de decisión no exclusivamente gubernamental. Hasta los más entusiastas centristas estarán de acuerdo en que los Gobiernos no son eternos, y esas manos libres hoy reivindicádas por UCD para su política informativa pueden trabajar, en 1983 o en 1987, en favor de otra estrategia y de otro modero de sociedad, como gustan decir ahora.