Carrillo expulsa al líder del PCE vasco, Roberto Lertxundi, y a los ‘renovadores’ que le apoyaron encabezados por Cristina Almeida Castro

¿Qué está pasando en la izquierda estatal? Aparece la contradicción de que el Estado de las autonomías recoge de un modo más claro el carácter multinacional de la sociedad española que los propios partidos. Actualmente, Euskadi y Cataluña, y mañana Andalucía y Galicia, cuentan con más autonomía dentro del Estado que la que cuentan el PSUC, el EPK o el Partido Comunista de Galicia, en el seno del PCE. Lo mismo pasa en el PSOE. Se constata, además, que los ciudadanos cuentan dentro de la sociedad española -que no se caracteriza precisamente por sus tradiciones democráticas y por la tolerancia- con más posibilidades y libertades para discrepar de los que mandan, que las que cuentan los militantes en el seno de los partidos políticos de izquierda. Y, evidentemente, que en los partidos de derecha.

Desde nuestra perspectiva, ambas cuestiones, tanto el tema de la autonomía como el de la democracia dentro de los partidos de izquierda, brotan de una misma raíz: la adecuación del partido a la sociedad que dice querer transformar democráticamente. Las razones con las que se combate la existencia de auténticos partidos nacionales y, por tanto, la necesidad de federalizar el partido comunista son las mismas que se utilizan para no admitir la existencia de corrientes de opinión organizadas dentro del partido -que es tanto como negar el ejercicio de los derechos democráticos en el seno del partido-. Estas razones se basan en que la organización de los comunistas no puede ser reflejo de la sociedad actual, capitalista, sino de la sociedad futura, la comunista. Frase repetida por Santiago Carrillo durante el 10º Congreso, y que, sin duda, puede sonar bien a los viejos comunistas, pero que no convence a las generaciones que se hicieron marxistas en el combate por las libertades democráticas.

Otra de las ideas clave expuesta por Carrillo en el 10º Congreso, que sirve de base a la anterior, es que la clase obrera es algo sustantivo que tiene un intérprete, él mismo, y que las contradicciones y divergencias en el seno de la izquierda y, por tanto, también dentro del propio partido, se dan entre quienes defienden los intereses de esta clase y quienes defienden a otros sectores progresistas, pero enfrentados a los trabajadores. No tiene otra interpretación. su idea de identificar a los renovadores con las fuerzas de la cultura. Le ha fallado siempre el convencimiento de que la estrategia hacia el socialismo, la estrategia democrática, no la leninista, sólo puede estar basada en el debate libre y abierto entre las distintas corrientes que reflejan también una búsqueda, una investigación sobre algo acerca de lo cual la historia todavía no ha dicho la última palabra.

Todo ello manifiesta, evidentemente, el problema de la interpretación del eurocomunismo. ¿Se considera el eurocomunismo como una nueva estrategia distinta a la leninista para llegar al socialismo en los países de Europa occidental, donde por el peso de la burguesía en la sociedad civil no es posible la vía de doble poder? ¿O, por el contrario, se parte de que no sólo el camino es distinto, sino también la meta, de modo que lo que se persigue es la conquista de una sociedad donde, además de la socialización de los medios de producción, existan las libertades democráticas y, por tanto, una asamblea constituyente, compatible con otras formas de democracia de base? Esto es, el abandono de la concepción instrumentalista de la democracia para sumirle como un fin en sí misma.

Esta contradicción, que aparece sin duda en el propio Gramsci de un modo nítido, no se ha aclarado en absoluto en el seno del PCE. Si no, no se explica cómo han podido surgir corrientes prosoviéticas con tanta fuerza como el PSUC, el partido más mediterráneo y con más semejanzas con el PCI, partido, a su vez, modelo de eurocomunismo.

Por ello hay que preguntarse si es viable el eurocomunismo en el Estado español.

Yo estoy por el desarrollo de una estrategia democrática hacia el socialismo, democrática en toda la extensión de la palabra, esto es, participativa, respetuosa con la voluntad de la mayoría, etcétera, y hacia el socialismo, en el sentido de que tal estrategia lleva a una ruptura revolucionaria con el sistema capitalista para crear una sociedad igualitaria. Pero considero errónea la afirmación de que eso es, y no puede ser otra cosa que el eurocomunismo. El eurocomunismo es, en todo caso, el intento de aplicar una estrategia democrática al socialismo desde el seno de los partidos comunistas y de la tradición de la Tercera Internacional. Pero esa estrategia se podría plantear también desde partidos que no han roto nunca con la Segunda Internacional o desde nuevos partidos, como Euskadiko Ezkerra, en cuyo caso no tiene sentido hablar de eurocomunismo.

Lo que los hechos van dejando patente es precisamente la gran dificultad de llevar adelante una estrategia democrática hacia el socialismo desde los partidos comunistas, anclados en viejas concepciones y en viejas estructuras organizativas.

El contexto internacional de auge de la izquierda y del socialismo en el conjunto de Europa plantea un tercer problema al PCE, junto al autonómico y al de la democracia interna: es la cuestión de la alternativa a la crisis económica.

Y no vale la respuesta de que las experiencias de Mitterrand y del Pasok son meros intentos socialdemócratas que fracasarán, y que, por tanto, la historia volverá a dar la razón a los comunistas.

El auge del socialismo en Europa responde a las profundas transformaciones económicas producidas durante los treinta años que siguieron a la segunda guerra mundial, que cambiaron profundamente la composición de la, clases de la sociedad. Y también a la reacción de las capas medias frente a la respuesta de la derecha a la crisis economica y política que padece el capitalismo desde 1973: la reacción contra el neoliberalismo y el Estado autoritario. Tanto en Grecia como en Francia se ha demostrado que la clase obrera y los sectores progresistas de la sociedad han llegado a un grado de madurez que les permite plantearse la lucha por la conquista de la hegemonía en la sociedad civil, y por constituir una alternativa real a la derecha (y no simplemente decidir con qué sector de la burguesía se deberían aliar). Es esta situación la que determina en buena medida el carácter absoluto de la política de los partidos herederos de la Tercera Internacional en la Europa meridional.

Mario Onaindia

El conflicto desencadenado en el PCE a causa de la solidaridad de un grupo de dirigentes y altos cuadros madrileños con el secretario general de los comunistas vascos, recientemente expulsado, puede dañar al buen gobierno del Ayuntamiento de la capital y lesionar los intereses de sus vecinos.Mientras los diputados, pese al sistema de las listas cerradas, no pierden su escaño en el Congreso aunque rompan con el partido que les presentó en su candidatura, el régimen electoral de la Administración local permite a las direcciones de los partidos desposeer de sus cargos a los concejales que son expulsados de la organización o causan baja voluntaria en sus filas. En algún caso, como sucedió con Alonso Puerta, la medida disciplinaria, que lleva acarreada la pérdida del cargo público, tiene concomitancia, se relaciona, aunque sea de forma discutible y polémica, con actuaciones relacionadas con la gestión municipal. En otros, el litigio que obliga a salir del Ayuntamiento a un concejal nada tiene que ver con su labor pública, y nace exclusivamente de conflictos internos de los partidos. Así sucedió con Ramón Tamames, cuya satisfactoria actuación como teniente de alcalde quedó cortada en seco por su decisión de abandonar la militancia dentro del PCE, pero sigue en posesión de su escaño de diputado.

Más grave resulta todavía que un debate interno comunista pueda privar al Ayuntamiento de Madrid de la colaboración de varios concejales que ni siquiera han pedido la baja en la organización, sino que son represaliados por sus opiniones. La eventual salida del Ayuntamiento de Eduardo Mangada (actual primer teniente de alcalde y responsable de urbanismo), de Martín Palacín (concejal de Circulación y Transportes) o de Cristina Almeida (que ha sustituido a otro concejal dimitido -Alfredo Tejero- en Educación), no sólo puede poner en peligro los pactos municipales, sino que amenaza quebrar la continuidad de la política municipal en esas áreas. El acuerdo entre el PSOE y el PCE quedará gravemente dañado si la dirección comunista decide además designar para esas concejalías a personas inexpertas, seleccionadas en función de su lealtad o sumisión y no por su capacidad para desempeñar sus cargos. Pero los principales perjudicados serán los madrileños.

Eduardo Mangada ha sido el artífice y el administrador de una política urbanística con la que se puede estar en desacuerdo, pero que ha sido guiada por criterios claros e instrumentada con coherencia. La voluntad de frenar la especulación, el plan de proteger los edificios histórico-artísticos, la uniformidad en la concesión de viviendas o la protección a las colonias de hotelitos ha sido el contenido de una gestión animada por propósitos políticos y realizada por un prestigioso urbanista. Si Eduardo Mangada se marcha, contra su deseo, del Ayuntamiento y es sustituido por alguien con buena voluntad, pero sin experiencia en ese terreno, también podría correr peligro la revisión del Plan General de Madrid de 1963, que el actual Ayuntamiento se ha comprometido a concluir antes de que termine 1982. Martín Palacín, por su parte, ha hecho una labor en Circulación y Transportes con éxitos indiscutibles, como el de la ORA.

Cabe albergar dudas sobre la importancia que revista para los madrileños que los concejales expulsados sean partidarios del vasco Lertxundi y sus sustitutos sean admiradores del vasco Ormazábal. En cambio, es preocupante la sospecha de que los leales reemplazantes de los díscolos sancionados puedan quedar por debajo de ellos en competencia, experiencia y capacidad de trabajo. Los concejales amenazados llevan dos años y medio al frente de sus responsabilidades. Sería una broma pesada que fueran obligados a dejar su labor interrumpida y ocuparan sus puestos, para desempeñarlos hasta marzo de 1983, unos candidatos elegidos, no por sus conocimientos urbanísticos o municipales, sino por su acierto en coincidir con la dirección del PCE en la polémica sobre Euskadiko Ezkerra. El interés público debe primar -pensamos- en estos casos sobre la disciplina interna de los partidos.

EL COMUNISMO español se ha transformado lo suficiente como para suavizar las formas de sus campañas de depuración, pero no tanto como para suprimirlas. La expulsión del Comité Central de seis destacados miembros de ese colectivo muestra que los hábitos de intolerancia son difíciles de eliminar. La circunstancia de que la mayoría de los puestos clave dentro del aparato sigan en manos de personas formadas en la escuela del pasado hace todavía más onerosa esa hipoteca, bastante menos pesada en aquellos partidos comunistas que -como el italiano o el PSUC- han realizado el relevo generacional, y han logrado una implantación electoral y social más amplia.De los seis sancionados, Manuel Azcárate, con más de cuarenta años de militancia comunista sobre sus espaldas, es el único miembro de la vieja guardia, con experiencias que se remontan a la guerra civil, a la resistencia francesa y al exilio. Los cinco restantes pertenecen a la generación de intelectuales, profesionales y técnicos -las «fuerzas de la cultura», para emplear el término comunista- que ingresaron en el PCE durante la última etapa del franquismo, ejercieron responsabilidades durante los últimos años y colaboraron con Carrillo para hacer posible el viraje eurocomunista de la organización. No es infrecuente que quienes en un momento determinado son víctimas de una depuración dentro del PCE hayan desempeñado en ocasiones anteriores el papel de verdugos. Pero esa peculiaridad de los comportamientos comunistas es precisamente lo que puede ayudar a despersonalizar los casos concretos, a preguntarse por las causas estructurales que explican esos periódicos sacrificios rituales.

Lo más notable de esta nueva manifestación de autofagia comunista es que -como mostró incluso la vacilación informativa de las primeras ediciones de EL PAIS de ayer, dando casi por firmado un inexistente armisticio- existían las condiciones para un arreglo del conflicto. Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius y algunos dirigentes del PSUC propiciaron formas de entendimiento. Y el documento de los sancionados, si bien situado a mil años luz de una confesión, ofrecía bases para el acuerdo. Sin embargo, la mayoría del Comité Central del PCE expulsó a los seis encartados.

La obstinación añadida de la dirección comunista por hacer pagar al Ayuntamiento de Madrid y de otros municipios de la provincia los costes políticos de su operación de limpieza interior, exigiendo la dimisión o el cese de varios concejales, afecta además no sólo al PCE, sino a todos los ciudadanos. Si los eventuales depurados ejercen sus cargos públicos municipales con competencia y a satisfacción de los vecinos que los votaron, es una cacicada sustituirlos por otros candidatos por su sola e inquebrantable adhesión a la dirección del PCE. Es cierto que Ramón Tamames y Eduardo Mangada fueron elegidos concejales dentro de las listas del partido comunista. Pero también es, cuando menos, probable que las candidaturas comunistas no hubieran recibido el mismo número de votos si esos dos nombres no hubieran amparado con su prestigio profesional y humano la oferta electoral de su partido.

Se abre ahora el interrogante sobre las consecuencias que va a producir esta depuración en las relaciones del PCE con sus electores, en la propia organización y en la suerte del eurocomunismo. La posible dimisión de Marcelino Camacho de la ejecutiva es quizá el síntoma o el símbolo de un mayor número de defecciones. La cuestión, en una palabra, no parece estar cerrada en absoluto.