La Hemeroteca del Buitre

Desastres como el del petrolero Prestige, hundido ayer frente a las costas gallegas tras una semana de agonía, revelan la impotencia de las autoridades europeas para acabar con las estrategias empleadas por empresas petroleras y armadores para burlar la normativa sobre seguridad. El desastre, cuyo alcance final es todavía una incógnita, plantea también dudas sobre quién defiende el interés público cuando se entrecruzan diversos intereses privados.

Ya casi no sorprende que cada vez que se produce un accidente de este tipo sea difícil establecer datos tan elementales como el origen y destino de la carga y hasta la naturaleza exacta de la misma. Tras la no resuelta polémica sobre si el barco se dirigía o no a Gibraltar, cuyo atractivo deriva de su condición de paraíso fiscal, el Grupo Popular en el Parlamento Europeo solicitó ayer de la Comisión de Bruselas que investigue si el producto que transportaba contenía una proporción de azufre superior a la autorizada.

Sorprende menos que los buques siniestrados sean viejos, por un lado, y utilicen, por otro, banderas de conveniencia de países menos exigentes en materia de seguridad. Tras los accidentes de los años setenta, las petroleras dejaron de utilizar sus propios barcos y trasladaron esa responsabilidad a armadores que con frecuencia diluyen la suya subarrendando el servicio a otras compañías. Gran parte del transporte de mercancías peligrosas se efectúa con este sistema y estos riesgos.

Una consecuencia de este tipo de siniestros suele ser la aparición de personas que pontifican (a posteriori) sobre lo que debería haberse hecho y no se hizo. En este caso, con la misma seguridad se afirma que ha sido un acierto alejar al buque de la costa, para evitar una contaminación mucho mayor, como que ése fue el principal error al ampliar el abanico de costa afectada por efecto de los vientos y mareas. La duda es quién tiene la última palabra sobre tales cuestiones. Se supone que no será el armador, aunque cuente con asesoramiento técnico.

El Prestige se fue ayer a pique en una zona de la mar de 4.000 metros de profundidad. La hipótesis más favorable es que las temperaturas abisales solidifiquen el fuel, lo que casi eliminaría el peligro de nuevas mareas negras; pero otros expertos temen que antes de llegar a esa profundidad el líquido se derrame de los tanques y suba a la superficie, agravando el problema.

Es evidente que un problema tan repetido exige medidas conjuntas de la UE, incluyendo la prohibición, como ayer solicitó el Grupo Socialista del Parlamento Europeo, de que los barcos que transportan mercancías peligrosas puedan circular con bandera de conveniencia; pero, como indicó también ayer el ministro francés de Transportes, no es tanto cuestión de normas como de una policía marítima que inspeccione los buques y las haga cumplir. El debate que se celebrará el jueves en el Parlamento Europeo podrá ser el marco para plantear estas cuestiones. Mientras tanto, y como primera medida, es urgente ayudar a los afectados y combatir la marea negra allí donde llegó.

Estamos a seis meses del vertido de las elecciones municipales y autonómicas, a dieciséis de las generales. Todo es ya campaña electoral, marea negra, aguas albañaes. El PSOE, secundado con alborozo por su grupo mediático, desmelenados EL PAÍS y la SER que olfatean la victoria, se han lanzado juntos, todos juntos y en unión a la yugular de Aznar en la crisis gallega. Inútil tarea pretender que se instale el sosiego, la moderación, el equilibrio, que permita juzgar las cosas como con. Sin embargo, es un hecho que Aznar acertó al llevar el Prestige a alta mara para que allí se hundiera. Acertó también al poner al frente de la crisis alarmado por las piruetas de algún ministro, a Mariano Rajoy, que ha dado una vez más muestras de eficacia y buen sentido. El vicepresidente es el Zidane del Gobierno, aunque barbado.

Aznar renunció a la foto y al provecho partidista. Pidió al Rey, que es el símbolo de la unidad nacional, que se desplazara a las costas gallegas. En una Monarquía constitucional la soberanía reside en el pueblo que es quien manda a través de sus representantes elegidos democráticamente. El Rey, aparte de las funciones de arbitraje y moderación que le concede la Constitución, hace lo que decide el Gobierno, que es quien representa a la voluntad popular.

Luis María Anson

El desastre se consumó ayer a las cinco de la tarde cuando el Prestige -o mejor lo que quedaba de él- se fue a pique a 260 kilómetros de las costas gallegas, seis días después de la ruptura de uno de sus tanques.

La gran incógnita que se plantea en estos momentos es cuál va a ser la verdadera dimensión del daño ecológico provocado por el hundimiento de este buque con 60.000 toneladas de fuel en sus bodegas y que descansa a casi cinco kilómetros de profundidad bajo la superficie del Oceáno Atlántico.

La opinión de los técnicos está dividida. Hay científicos que piensan que los depósitos del Prestige habrán podido aguantar la enorme presión del agua y que esas 60.000 toneladas permanecerán durante años en los tanques sumergidos del barco. Pero hay otros muchos que sostienen que el petróleo está ya en las profundidades tras reventar los tanques al no poder soportar esa terrible presión.

Si esta segunda hipótesis es la real, los expertos señalan que, dada la baja temperatura del agua y la altísima presión, el petróleo vertido se habrá convertido en grandes bloques solidificados que se irán depositando en el fondo del oceáno.

Esta hipótesis sería la que menores daños ecológicos podría provocar a largo plazo, pero la magnitud de la catástrofe es ya considerable porque el petróleo derramado -unas 17.000 toneladas- forma ya en la superficie una gigantesca lengua de 150 kilómetros de largo por diez kilómetros de ancho, que, por la fuerza de los vientos, puede acabar en las costas de Galicia. Cerca de 200 kilómetros de litoral se han visto ya afectados por esta marea negra. Los perjuicios económicos para miles de familias que subsisten de la pesca y el marisco van a ser considerables. Los daños ecológicos serán enormes, porque, aunque las autoridades lograran que esa enorme lengua no tocara las costas españolas, los bancos de pesca y la fauna de esa zona atlántica se verán irremediablemente dañados.

¿Había otra alternativa mejor que arrastrar al buque hacia alta mar? ¿Era factible el trasvase de ese petróleo a otro barco? La polémica sigue abierta, pero lo que sí resulta evidente es que este caso ha puesto al descubierto las insuficientes medidas internacionales de seguridad del transporte de crudo y productos tóxicos. Es un disparate que este transporte pueda ser realizado por empresas con banderas de conveniencia, cuyo único interés es ganar un dinero fácil sin medir los enormes riesgos medioambientales de su avaricia.

El naufragio del Prestige se ha convertido en un naufragio de mayores dimensiones. Las situaciones críticas son las que ponen a prueba el valor y el carácter de las personas y de los equipos gobernantes. En el caso del Gobierno del PP, la marea de fuel que se abate sobre la costa gallega ha actuado como revelador de su forma de hacer y entender la política, pero también de la distancia enorme que le separa de los ciudadanos. La huelga general de junio mostró la existencia de un divorcio entre la sociedad española y el Ejecutivo, pero la catástrofe medioambiental ha ampliado la brecha. El fulgor del congreso del PP en enero ha dado paso a la angustia de un partido que ha invertido su buena estrella: todo lo que toca se le vuelve ahora en contra.

Una nebulosa envuelve todavía el conjunto de decisiones, indecisiones y ocultaciones que han jalonado el enorme vertido de líquido contaminante. La ristra de preguntas que no han obtenido todavía respuesta es interminable. Ahora estamos ante un Chernóbil español, pero hace escasos días no estaba permitido hablar de marea negra para evitar el alarmismo. Las Fuerzas Armadas están por fin movilizadas y a pie de obra, pero no hace ni una semana que se daba por bueno y suficiente todo lo que se había hecho. Tampoco era necesario convocar un gabinete de crisis, pero ayer se reunió en Moncloa una comisión del Consejo de Ministros, que es lo que más se le parece. El Gobierno ha ido rectificando y corrigiendo sus propias palabras y decisiones sin cesar y sólo ha mantenido el tipo a la hora de exculparse, a costa de los medios de comunicación que no controla y de la oposición, a los que ha acusado de deslealtad y de mercadear con el dolor ajeno.

El pasado jueves, tres semanas después del accidente, el debate sobre la catástrofe llegó al fin a una comisión del Congreso (¿por qué no en un pleno?). No fue el presidente del Gobierno quien asumió la responsabilidad de dar explicaciones a los representantes de los ciudadanos, sino el vicepresidente Rajoy, quien se esforzó por oponer datos a la imagen de ineficiencia, descoordinación y falta de medios que había ido extendiéndose con la misma velocidad que la mancha. Sólo quedó clara su encomiable rapidez a la hora de arbitrar las ayudas económicas a los damnificados, aunque no pudo evitar presentarlo como si fueran de su bolsillo.

Hizo bien Zapatero en asumir personalmente la interpelación al Gobierno. Muchas de sus propuestas han sido adoptadas posteriormente por el Ejecutivo, aunque sin reconocer sus errores en ningún caso. Pero si el Gobierno ha ido a remolque de la oposición, es difícil evitar la peligrosa sensación, extendida sobre todo en Galicia, de que todos los políticos han ido a remolque de la gente y de que ha sido la sociedad la que ha ido por delante de todos, empezando por el Estado, el gran ausente de Galicia en el momento más grave de la catástrofe.

El Prestige constituye una durísima interpelación respecto a las contradicciones y problemas de la llamada sociedad de riesgo. Los ciudadanos han vivido la sensación de que los gobiernos a los que pagan sus impuestos no son capaces de protegerles de determinados peligros, en especial de los que conciernen a la conservación del medio natural. El Prestige ha encendido todas las alarmas: los controles de la circulación marítima en Europa no funcionan, el Estado carece de mecanismos de prevención y de recursos suficientes ante catástrofes de este tipo y la acción gubernamental tiene una lentitud burocrática que los voluntarios han puesto en evidencia. No se trata de una catástrofe natural inesperada sobre la que el hombre carece de control. Es un daño hecho por personas concretas, sometidas a legislaciones internacionales, en el que han intervenido decisiones políticas, como es el caso del errático rumbo del barco. El acuerdo de la UE de cerrar antes de 2004 el paso a los puertos europeos a los barcos monocasco cargados con crudo pesado y sustancias similares es tan lógico como tardío.

Accidentes de este tipo ya habían ocurrido antes, luego cabía esperar planes, medios, alternativas. Pero ello incide en el núcleo de la acción política: las prioridades del Gobierno y los efectos de una ideología que se jacta de reducir el volumen y la capacidad de acción del Estado. El PP ha tenido seis años para resolver los déficit que evidenció el desastre del Mar Egeo. Ahí están los resultados. En la sociedad de riesgo el Estado no puede renunciar a dar los servicios básicos que la protección de la ciudadanía requiere. Ya se han visto los efectos de controlar el déficit a base de reducir las inversiones de las que depende el desarrollo futuro; ahora comprobamos que nada es tan despilfarrador como recortar o poner en manos privadas servicios de los que dependen cuestiones tan básicas como el patrimonio natural de la nación y el trabajo de los ciudadanos.

El Partido Popular tiene una larga lista donde escoger si piensa pedir dimisiones por la pesadilla del Prestige: el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, que se fue de caza cuando le tocaba ponerse al frente de la crisis; el ministro de Fomento, Álvarez-Cascos, que se ha dedicado a la práctica del esquí y de la caza luego de tomar la catastrófica decisión de desviar el buque mar adentro; el de Medio Ambiente, Jaume Matas, ocupado en su campaña electoral en Mallorca y en su asueto en Doñana, y un largo etcétera, en el que están los responsables de que la protección civil no actuara, de que el Ejército no se desplegara y, finalmente, de que el Ejecutivo no gobernara ni asumiera la coordinación de la limpieza y de la protección. Mientras la costa gallega nos envía imágenes más propias de una plaga bíblica, al partido que gobierna (¿?) este país sólo se le ocurre montar una charanga en el Parlamento al grito de «dimita, señor Caldera».

El portavoz socialista cometió una chapuza al esgrimir unos documentos amputados sobre el rumbo que tomó el barco hasta su hundimiento. Pudo incluso manipular esos papeles para acorralar al Gobierno. Pero, en el peor de los casos, esta acusación no pasa de ser una anécdota censurable en una larga secuencia de ocultaciones, tergiversaciones y mentiras de fondo que ha acumulado el Gobierno, dentro y fuera del Parlamento, para eludir sus responsabilidades en torno a «la mayor catástrofe ecológica de la historia de España». Una cosa es que no se pueda acusar al Gobierno de la vía de crudo abierta el 13 de noviembre en el Prestige, pero otra distinta es que no deba responder ante los ciudadanos de los montones de desastres que se han acumulado desde entonces hasta hoy mismo.

En su intento de desviar la atención, el PP pretende convertir al diputado Caldera en el responsable de la marea negra que cada día se espesa en la costa gallega. Para conseguirlo, no ha dudado en invertir el carácter del Parlamento, hasta convertir la sesión de control al Gobierno en sesión de control a la oposición. Su grupo parlamentario ha organizado una bronca propia de hooligans en día de derrota y se ha ausentado del hemiciclo cada vez que tomaba la palabra el diputado socialista. La dignidad y la función del Congreso como órgano de control han quedado gravemente dañadas por un Gobierno que definitivamente se resiste a rendir cuentas de sus actos a los representantes de la soberanía popular.

Ha pasado más de un mes desde el accidente del Prestige. Los marineros de dos localidades están en huelga de hambre en protesta por la falta de medios para combatir la marea negra. El chapapote que llega a la Costa da Morte es más espeso y amenazante que nunca. Y al Ejecutivo sólo se le ocurre pedir la dimisión de Caldera. ¿Tanto es lo que tiene que ocultar? En una única cosa tiene razón el PP, y es en que alguien debe dimitir por el desastre de Galicia. Para esclarecer las responsabilidades políticas por todo lo ocurrido es imprescindible que el Pleno del Congreso dedique una sesión monográfica a analizar esta crisis y que salga de ella una comisión de investigación que elucide todas las responsabilidades.