La Hemeroteca del Buitre

Utilizar la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para colar cambios normativos de gran calado es un comportamiento tramposo, un fraude de ley que desoye las advertencias que en su día hizo el Tribunal Constitucional. Se burla la prohibición de incluir materia legislativa en los Presupuestos mediante el expediente de la Ley de Acompañamiento, convertida en un cajón de sastre en el que cabe todo aquello que se quiera aprobar con el menor debate posible. Si además se hace mediante enmiendas presentadas en el último momento en el Senado, donde el Gobierno tiene mayoría absoluta, se desvirtúa gravemente la lógica parlamentaria, que atribuye al Congreso el papel principal en la tramitación de los proyectos de ley.

En la práctica, el Gobierno puede incluir en una sola ley (la de Acompañamiento) múltiples derogaciones o modificaciones de leyes, o normas nuevas, relativas a cualquier sector, sin que los diputados del Congreso hayan tenido la oportunidad de participar previamente en su estudio, debate y enmienda. Sólo participan en el debate a posteriori de las enmiendas aprobadas en el Senado. Se trata de algo más que el famoso rodillo de la mayoría; es una alteración de hecho del procedimiento establecido por la Constitución. Con este mecanismo ha creado y modificado tasas, tributos y tarifas, entre otras cosas. Y, algo que no es casual, ha elegido esta vía, también, para meter por sorpresa, sin debate previo, una normativa que incide y condiciona el panorama audiovisual, adelantando parte del contenido de una posible futura ley (anunciada por Piqué) por la que se prohíbe a las empresas participar simultáneamente en cadenas nacionales, autonómicas y locales de televisión.

Al margen de las consideraciones que cabría hacer sobre la receptividad del Gobierno a las presiones de quienes se consideran mal pagados por su apoyo pasado a Aznar, la iniciativa incide en la pasión intervencionista de un partido que se proclama liberal; el Gobierno, que participa en el campo audiovisual (mediante las cadenas públicas financiadas por publicidad y con cargo al presupuesto, y con su incidencia en algunas privadas que intentó financiar con el cajón sin fondo de las empresas públicas privatizadas), se comporta como juez y parte: modifica unilateralmente las reglas a medida que el mercado va configurando un panorama diferente al previsto desde el poder.

Es un sarcasmo justificar ese intervencionismo partidista en nombre del principio pluralista. La Constitución exige la pluralidad en los medios públicos, que es donde menos la hay. En la práctica, además, la iniciativa tiene todo el aire de una ley ad hoc: contra dos grupos de comunicación que han invertido en televisiones locales, mientras que en nada afecta, por ejemplo, a Berlusconi, ese campeón del pluralismo en España y monopolista público y privado en Italia que se ve así beneficiado indirectamente. Es significativo que esta nueva vuelta de tuerca coincida con la eliminación, también por la vía de la Ley de Acompañamiento, de la cláusula que limitaba al 49% el porcentaje máximo de participación de un grupo en una televisión privada, otra regla de juego modificada en el transcurso del partido para adaptarla a las necesidades ventajistas del momento.

Esta prohibición pronto deberá ser rectificada. La ley audiovisual anunciada por Piqué será una buena oportunidad para que el Gobierno corrija el camino emprendido. Con debate parlamentario y con la obligada consulta a operadores y consumidores: sin oscurantismos. De nada sirve, ni es realista, la técnica de Procusto, que cortaba las piernas de los viajeros a los que asaltaba para adaptarlas al tamaño de la cama.

La decisión del Gobierno de regular determinados aspectos de la televisiónes locales, aprovechando para ello la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003, ha levantado una furiosa campaña de Prensa, orquestada principalmente por el diario ABC, que participa en el Grupo Correo – Prensa Española, propietaria de ONDA 6, que controla 30 emisoras de televisión local, esparcidas por gran parte del territorio nacional. También Sogecable, a través del diario EL PAÍS, con menos virulencia, se ha unido a la campaña y no lo han hecho los restantes grupos titulares de cadenas de televisión locales, por carecer de periódico para hacerlo.

Lo que se pretende por el Gobierno, hasta que sea aprobada la futura Ley del Audiovisual, es regular el desmadre en que se están convirtiendo las televisiones locales y evitar que con el pretexto de una supuesta alegalidad se esté conculcando tanto la Ley de Regulación de la Televisión Privada de 3 de mayo de 1988, como la Ley de 22 de diciembre de 1995, de Televisión Local por Ondas Terrestres. Se quiere impedir que una sociedad concesionaria de una televisión de las llamadas generalistas pueda ser titular, directa o indirectamente, de una o varias televisiones locales y se quiere impedir también que las televisiones locales emitan o formen parte de una cadena de televisión. Lo que ABC, el Grupo Correo-Prensa Española y parece que también el Gobierno olvidan es que ambas prohibiciones ya están recogidas en leyes actualmente vigentes y que sólo la dejadez gubernamental ha permitido que cinco grupos controlen actualmente 220 televisiones locales y según las declaraciones a ABC del ministr Sr. Piqué, lo que pretende el Gobierno del PP es dar carta de naturaleza a esos grupos, convirtiéndolos en compañías sólidas. Sólidamente ilegales.

Los grupos mencionados son lo siguientes:

• – Grupo Correo – Prensa Española, 30 emisoras.
• – Sogecable [Grupo PRISA] – 67 emisoras.
• – Grupo Telefónica, Canal 4 Castilla y León (12 canales)
• – Grupo Canal 47, 43 emisoras
• – UNE (TELECINCO), 66 emisoras.

El art. 19 de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Regulación de la Televisión Privada establece que ‘ninguna persona física o jurídica podrá ser titular, directa o indirectamente de acciones en más de una sociedad concesionaria o que represente más del 49 por ciento de su capital”. La Ley no distingue entre televisiones privadas, autonómicas o locales y donde la ley no distingue, no se puede distinguir. Esto significa que una sociedad que es concesionaria de una televisión privada, no puede, directa o indirectamente, participar en una televisión local. Así de claro.

El art. 7 de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres, promulgada cuando el PSOE estaba en el Gobierno, ya prohibía que las televisiones locales emitan o formen parte de una cadena local, explicando dicho artículo que ‘se entenderá que forman parte de una cadena aquella televisiones en las que exista una unidad de decisión’ y ‘se entenderá que emiten en cadena aquellas televisiones locales que emitan la misma programación más del 25 por ciento del tiempo total de emisión semanal, aunque sea en horario diferente”.

Vemos pues que el llamado ‘televisazo’ (como dice el ABC) o ‘golpe de mano contra el sector televisivo’, (como lo define el Presidente de TELECINCO), no es más que un recordatorio de la legalidad vigente. Parece más lógico que el Gobierno del PP hubiera obligado a cumplir esta legislación y abortado en su momento situaciones ilegales y así hubiese evitado hecho consumados y posteriores desgarros de vestiduras por los afectados, que se han amparado en la pasividad y tolerancia del Gobierno y en esa llamada ‘alegalidad’ que no es tal, ya que hemos visto que existen una leyes que no se han cumplido.

Otra cosa es que desde 1995, el Gobierno del PP no se haya molestado en desarrollar – como le obligaba la Disposición Transitoria única – la Ley de Televisión Local por Ondas Terrestres y haya permitido: por una parte, que se produzcan concentraciones o cadenas de televisiones locales y por otra, que se instalen auténticos ‘chiringuitos’, carentes de gestión empresarial solvencia y programación, que se limitan a ocupar parte del saturado espacio radioeléctrico, para el día de mañana lucrarse con su cesión.

Es claro, que el Gobierno del PP – con tardanza – quiere impedir que una cadena de televisiones locales – en la actualidad existen cinco – se convierta en una nueva cadena generalista de televisión privada, fuera del marco que para su concesión exige la Ley aplicable, incumpliendo la prohibición de que una sociedad concesionaria participe en más de una televisión privada y monopolizando la información en un amplio sector geográfico.

Hay que tener en cuenta, que una cadena de televisión local, formada por un gran número de emisoras y respaldada por un grupo económico importante, realiza una competencia desleal y prácticamente asfixia a las televisiones locales, que cumplen la legalidad vigente y no emiten en cadena.

La Ley, cuando reguló las televisiones locales, pretendió que cumplieron una finalidad específica, principalmente acercar al ciudadano la información de su entorno más cotidiano, pero no convertir las televisiones locales en una nueva cadena nacional o generalista, cosa que sucede en la actualidad al emitir en cadena, ya que estos grupos pueden exhibir películas cinematográficas, acontecimientos deportivos, informativos, series, etcétera, que están económicamente fuera del alcance de las televisiones locales existentes al amparo de la Ley de 3 de mayo de 1988.

No es válido el argumento empleado en un editorial de ABC, de que en España existen 900 televisiones locales y que disponer de 30 emisoras no supone una posición de dominio. Dejando aparte que legalmente – antes y en el futuro – no se puede participar en 30 emisoras de televisión local, de esas 900 (no creemos que sean tantas), posiblemente el 80 por ciento sean esos que hemos llamado ‘chiringuitos’ y que no haya más de 150 televisiones locales con una estructura empresarial sólida, propiedad de empresas solventes y que su programación contenga algo más que concursos llamando a teléfonos con el prefijo 906 y programas de videncia. Por consiguiente, controlar 30 emisoras de televisión local (caso del Grupo Correo-Prensa Española) o 67 (caso Sogecable), o 12 canales (Grupo Telefónica) o 43 emisoras (Grupo Canal 47) o 66 de UNE (TELECINCO) constituye o puede constituir una posición de dominio, con los riesgos de manipulación que esto conlleva.

Precisamente por ello, la mayoría de las llamadas democracias occidentales establecen limitaciones a la concentración de los medios audiovisuales, para evitar los grupos de presión.

Lo que tampoco se puede hacer es lo que pretende Sogecable, vender las 67 emisoras de LOCALIA al Grupo Moll. Si ser propietario de una cadena de televisiones locales es contrario a la legislación vigente, esta venta sería nula de pleno derecho.

Por último, se está pretendiendo – con una evidente intención de confundir a la opinión pública – incluir en un mismo paquete la regulación de las televisiones locales y la fusión de las plataformas digitales, cuando es claro que son cosas completamente distintas.

En conclusiones si Correo-Prensa Española, Sogecable, Telefónica, el Grupo Canal 47 y UNE (TELECINCO), interpretado a su antojo la legalidad vigente, se metieron en una aventura peligrosa o cuanto menos arriesgada, ya saben lo que tienen que hacer: cumplir la Ley, desinvirtiendo en el plazo que marque la ley de Acompañamiento y no pretende manipular a la opinión pública, presentándose como víctimas de un supuesto ‘televisazo’ (expresión por otra parte nada original), para presionar al Gobierno del PP a que una vez más cambie de criterio.

1. Que el Gobierno no tiene por qué llevar a la Ley de Acompañamiento modificación alguna de la normativa sobre televisión locales, sino desarrollar la ley existente sobre este tema, mediante la publicación del correspondiente Decreto.
2. Que lo procedente no es que Sogecable y Correo-Prensa Española desinviertan en la cadenas de televisión local o en CANAL PLUS, o en TELECINCO o en NET TV en las que ahora participan, sino solamente que deshagan estas cadenas locales por ser contrarias a la Ley.

Ricardo Pombo

Josep Piqué anunció ayer las líneas maestras de la reforma de la Ley de Televisión Privada, que entrará en vigor en enero próximo.De entrada, hay que valorar muy positivamente las medidas esbozadas por Piqué porque contribuirán a una mayor competencia en el sector de la televisión en abierto. La primera de las iniciativas que se plantea el Gobierno es la prohibición a las cadenas nacionales de participar en emisoras locales o autonómicas. Ello obligará a Polanco a tener que optar entre su participación en CANAL PLUS y la de LOCALIA, su empresa de televisiones locales. El Grupo Correo también tendrá que desprenderse de sus 30 emisoras locales para mantener su 25% en TELECINCO. El criterio que va a adoptar el Gobierno es el que ya existe en EEUU, donde a los propietarios de cadenas nacionales sólo se les permite poseer contadísimas locales. Piqué explicó también que la ley seguirá impidiendo de forma expresa la participación simultánea en dos cadenas de ámbito nacional. Ello es muy importante porque obligaría a Telefónica a vender su paquete de control en ANTENA 3 si se procede a la fusión de Vía Digital con Canal Satélite. La reforma legal que prepara el Gobierno serviría así para paliar algunas de las consecuencias negativas de dicha fusión, dado que limitaría la concentración de poder de Telefónica y PRISA y permitiría a otras empresas competir en el negocio de la televisión en abierto. Hace algunas semanas, se llegó a filtrar la noticia de que el Gobierno iba a cambiar la ley para que Telefónica no tuviera que desprenderse de ANTENA 3. No sólo no ha sido así sino que el Gobierno va a endurecer la ley para fomentar la competencia, una buena noticia para quienes defienden un modelo plural en los medios de comunicación.La reforma anunciada por Piqué es además coherente con el propio programa electoral del PP y con la trayectoria política de Aznar.

Entre los efectos colaterales de la rendición de Aznar ante Polanco, no es el menor la cornada financiera propinada al Grupo Correo-Prensa Española, obligado a renunciar a su participación del 25% en Telecinco, que incluye la gestión, o a la red de televisiones locales que, a menor escala que Polanco, había ido creando en los últimos años. Conviene recalcar que ese grupo tiene en estos momentos la adjudicación oficial de una televisión local-regional, ONDA 6, y la adjudicación nacional de ese 25% de TELECINCO, una doble legalidad que el texto de la rendición gubernamental ante Sogecable convierte en ilegal. Raro sería que una fechoría contra la pluralidad, contra la competencia y contra los consumidores (es decir, exactamente lo contrario de lo que ha dicho Aznar) no tuviera efectos letales contra las empresas corrientes. El de la práctica liquidación de las empresas de televisión por cable es el primero. El descalabro financiero del Grupo Correo-Prensa Española es el segundo. Habrá muchos más, porque lo que ha hecho el Gobierno es volar la santabárbara de la flota mediática, y, aparte del transatlántico de Polanco, aquí no se van a salvar ni las chalupas. Hasta los barquitos se llaman Titanic.

Pero la gran trampa que en Telecinco le ha tendido el Gobierno al Grupo Correo-Prensa Española va más allá de la obligatoria desinversión. Ya sería bastante triste tener que desinvertir en el momento peor de la economía en general y del sector de telecomunicaciones en particular. Todavía peor es lo que está sucediendo con los rumores, vehementes rumores habría que decir, acerca del desembarco de Berlusconi en TELECINCO o la toma de la mayoría por Mediaset, que ya tiene el 40% de la cadena y que podría hacerse con el 51% dentro de la nueva ley en materia de accionariado que rige en las empresas de televisión. No hay más que ver los telediarios de esa cadena, que parecen redactados en la SER, para entender que el Gobierno de Aznar vería con muy buenos ojos la entrada o, por mejor decir, la vuelta de Berlusconi a Telecinco con mando informativo en plaza. Si Lara se hace por fin con ANTENA 3 TV y Maurizio Carlotti, uno de los artífices del éxito de TELECINCO junto a Paolo Vasile, acaba mandando en esa cadena, la berlusconización de nuestras televisiones privadas sería total. Una de tantas paradojas del otoño del aznarismo, que es el invierno de nuestro descontento liberal. Pero nada si se compara con el descontento vasco: si venden ahora su 25% les van a dar muy poco dinero, porque están obligados a vender.Y, si no venden, se pueden encontrar con que Berlusconi ha comprado en Italia la mayoría y su 25% valdrá aproximadamente nada.

Hagan lo que hagan, mal. Y, si no hacen nada, peor. Menuda alternativa.

El poder siempre se ha caracterizado por su pretensión de gobernar sobre las palabras hasta el punto de alterar su significado.Pero hacía tiempo que no existía tanta distancia entre la retórica de un dirigente y la percepción de la mayoría de sus propios seguidores como la que se estableció ayer cuando Aznar aseguró en Corfú que la fusión digital se había basado en tres criterios: «que exista la mayor pluralidad posible, que exista el mayor beneficio para los consumidores y que haya la máxima competencia».

Cuando lo que se acaba de autorizar es, tal y como advirtió Alvarez Cascos en el Consejo de Ministros del viernes, ni más ni menos que «la creación de un monopolio» en un sector tan determinante para la sociología de un país como la televisión de pago, cuando la consecuencia inmediata será la desaparición de la única alternativa existente a Canal Satélite, cuando los decisivos derechos sobre el fútbol y el cine continúan cautivos no sólo para el satélite sino también para el cable y cuando al cabo de tres años de cinturón de castidad -en forma de intervencionista control de precios-, nada impedirá a Polanco y sus socios forrarse a voluntad manejando la oferta y la demanda, las palabras de Aznar podrían parecer incluso un sarcasmo.

No es la primera vez que un Gobierno hace exactamente lo contrario de lo que prometió a sus electores, pero hay pocos precedentes de un giro copernicano tan embarullado y confuso, urdido a base de ingredientes contradictorios entre sí. Tras la decisión del viernes, resulta obvio que la prohibición de participar al mismo tiempo en canales nacionales y en emisoras locales o autonómicas, incluida de tapadillo en la Ley de Acompañamiento, tenía como objetivo paliar el inaudito favor realizado al Grupo Prisa en el mercado de la televisión de pago, impidiéndole seguir creciendo en el de la televisión en abierto. Toda medida que limite la concentración del poder de informar nos parecerá siempre positiva -y así lo hemos hecho constar en este caso- pero los modos empleados por el Gobierno no son de recibo.

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De lo dicho a lo hecho

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No sólo porque la Ley de Acompañamiento no debe ser el cajón de sastre en el que se camuflen iniciativas de tanta envergadura, sustrayéndolas al debate que merecería un proyecto de ley específico, sino también porque hasta muy pocos días antes el ministro Piqué se había hartado de sugerir que la ley de televisión se cambiaría exactamente en sentido contrario de lo que se ha hecho. Empleando palabras quizá demasiado rotundas, el director de ABC denunciaba ayer, con motivo, el súbito perjuicio que se ha causado al Grupo Correo-Prensa Española que durante años ha venido desarrollando con continuidad un proyecto empresarial en la televisión en abierto.

No es una cuestión de más o menos intervencionismo, de mayores o menores límites -si por nosotros fuera quien alcanzara una determinada cuota de mercado en un medio no debería poder estar en otro- sino de seguridad jurídica… y política. En efecto, en este caso todo indica que para maquillar la rendición -el presidente y sus dos vicepresidentes sabrán por qué- a Polanco se ha propinado un estacazo a un tercero que pasaba por allí.

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Asignatura pendiente

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Si tenemos en cuenta que el pasado jueves era nuestro periódico el que pedía «amparo» a los poderes del Estado ante la coacción publicitaria que venimos padeciendo para intentar cambiar nuestra línea informativa y editorial, habrá que reconocer que algo muy grave está sucediendo en España en relación con el derecho a la información de los ciudadanos y la libertad de empresa informativa y que mucho tiene que ver en ello, por activa o por pasiva, la incomprensible deriva adoptada por el Gobierno en esta materia.

Incomprensible para los votantes del PP, incomprensible para los profesionales del sector y a veces incomprensible para los propios ministros que comparecen en público dando la penosa sensación de no saberse para nada la asignatura.

¿En qué ha quedado, por cierto, la privatización de medios de comunicación públicos que propugnaba el PP en su programa? ¿Qué ha sido de la promesa de ampliar el espectro de empresas informativas? ¿Para qué están sirviendo las inviables licencias de televisión y radio digital? ¿Dónde están aquellas promesas de la supeditación de la televisión de pago, especialmente en el deporte, al interés general?

Es precisamente en nombre de ese interés general que de forma tan poco convincente invocó ayer Aznar por lo que urge que todos estos hechos -empezando por los vetos y destituciones, las censuras y autocensuras que conforman el orden del día- sean debatidos en el Parlamento tan pronto como el calendario de la Cámara lo permita. Ya está bien de intrigas, maniobras, camarillas y salidas por la tangente. Que el Gobierno explique de una vez y de una manera articulada y clara cuáles son sus planes para proteger la libertad y el pluralismo -si es que los tiene- y que cada grupo se retrate a continuación. En apenas quince meses viviremos dos elecciones decisivas y los ciudadanos tienen derecho a saber qué les ofrece cada quién en una materia tan trascendental.