El juez Del Olmo ordena el secuestro de una edición de EL JUEVES por publicar una viñeta pornográfica machista de los Príncipes de Asturias

El fiscal general del Estado y el juez Del Olmo convirtieron ayer a la Monarquía española en noticia mundial al propiciar el secuestro de la revista El Jueves, que aparecía en su portada con un irreverente dibujo de los Príncipes Felipe y Letizia.

El dibujo, que había sido visto hasta ese momento por algunos miles de personas, pasó a ser portada de numerosas web fuera y dentro de España, con lo que a buen seguro, a estas horas, habrá sido contemplado por decenas de millones de ciudadanos. Ni el mayor enemigo de la Corona habría provocado el mismo efecto. El fiscal pidió la retirada de la página web de El Jueves, pero, ¿qué pasa con las páginas de medios de todo el mundo que han reproducido la caricatura?

EL MUNDO, que tuvo acceso a esa portada de la revista coincidiendo con su salida al mercado, había decidido no reproducirla para no divulgar su patente grosería. La decisión del juez de iniciar un procedimiento penal por un delito contra la Corona, a instancias de la Fiscalía, nos obliga ahora a hacerlo para que los lectores dispongan de un indispensable elemento de juicio.

Lo primero que hay que subrayar es que esta resolución supone un grave error porque consideramos que no hay tal delito contra la Corona. El juez argumenta que el dibujo es «claramente denigrante y objetivamente infamante», lo cual es un juicio estético o moral pero no legal. A nuestro entender, no existe injuria ni, por supuesto, calumnia porque se trata de un dibujo satírico en una revista de humor. La imagen es de mal gusto, zafia y puede molestar a muchos ciudadanos. Pero no es delito. Entra dentro de lo permisible en una sociedad donde la libertad de expresión es un valor fundamental.

Da la impresión de que el juez se ampara en el artículo 491.2 del Código Penal, que castiga con multa a quien «de cualquier forma pueda dañar el prestigio de la Corona». La redacción es tan ambigua como desafortunada y su aplicación literal obligaría a los jueces a actuar todos los días contra quienes critican a la Monarquía. Desde el punto de vista jurídico, puede haber en la intención del dibujante un animus iocandi o propósito de burlarse, pero no hay ningún insulto y, menos aún, ninguna imputación delictiva a los Príncipes, porque cualquier lector entiende que esa imagen es una caricatura, producto de la imaginación del autor.

Hace más de 30 años, en plena Transición, un juez decidió secuestrar el semanario Cambio 16 porque consideraba una falta grave de respeto una ilustración en la que Don Juan Carlos aparecía, evocando a Fred Astaire, sobre los rascacielos de Nueva York. Aquel fallo fue también un grave error que en nada favoreció la imagen de la Monarquía.

La Fiscalía reconoció ayer que la iniciativa de proceder contra El jueves había sido suya y que su único ánimo era hacer cumplir la ley. El juez que ha tomado la decisión de secuestrar y el propio fiscal -que podría haber preguntado antes a la Casa del Rey, pero no lo hizo- se han equivocado porque, aun aceptando el razonamiento de que no se puede dejar de exigir el cumplimiento de la ley por las repercusiones que pueda tener un fallo judicial, el daño a la imagen de la Monarquía ha sido tan elevado que habrían hecho mucho mejor en abstenerse. Los Príncipes Felipe y Letizia han sido las verdaderas víctimas de este episodio y por partida doble: primero, del mal gusto del dibujante y luego, del exceso de celo de un poder judicial, que ha convertido una publicación que había pasado desapercibida en centro de atención mundial.

A instancias del ministerio fiscal, el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ordenó ayer el secuestro cautelar de la revista satírica El Jueves por un supuesto delito de injurias a la Corona. El número secuestrado publica una viñeta con el dibujo de una caricatura de los príncipes de Asturias en la que se les representa en trance de mantener relaciones sexuales a cuenta de los supuestos beneficios derivados de la reciente decisión del Gobierno de entregar 2.500 euros a los padres de cada recién nacido en España. El principal objetivo de la viñeta era ironizar sobre la medida natalista del Gobierno, pero hacerlo mediante las figuras del príncipe heredero don Felipe y de su esposa doña Letizia ha sido considerado por el ministerio fiscal «claramente denigrante, objetivamente infamante y posiblemente delictivo».

En un sistema democrático como el español, el secuestro de publicaciones es una decisión reservada a los jueces que sólo debe adoptarse cuando hay constancia de que se han vulnerado derechos fundamentales que no pueden repararse por otro medio. De ahí su carácter excepcional, pues lo contrario sería poner en entredicho el ejercicio de derechos -los de libertad de expresión e información- que el Tribunal Constitucional considera prevalentes y fundamento del régimen de opinión pública que son las democracias modernas. Es lógico, pues, que se cuenten con los dedos de la mano los secuestros judiciales de publicaciones en la actual democracia española y que haya que retroceder a sus años iniciales, cuando el poder judicial tenía fuertes resabios de autoritarismo franquista, para encontrar los casos más numerosos.

La representación que hace la revista El Jueves de los príncipes de Asturias es zafia y grosera, pero es difícil admitir que tenga la intencionalidad injuriosa que el artículo 490 del Código Penal atribuye al delito de injurias cometido contra el Príncipe heredero de la Corona «en el ejercicio de su función o con motivo u ocasión de éstas». No es aventurado prever que, una vez pasada la conmoción del momento, el ministerio fiscal y el juez reconsiderarán su decisión y levantarán el secuestro. Hoy día no es sostenible que la utilización satírica de personajes reales, como de otros públicos representantes de altas instituciones, deba caer bajo la férula del Código Penal. Cosa distinta es criticarla, rechazarla y denunciarla cuando cae en el mal gusto, la exageración o la inconveniencia, como sucede en este caso.

El secuestro de publicaciones en la época de Internet y de las nuevas tecnologías es, además, perfectamente inútil y contraproducente para los fines que pretende: amparar supuestos derechos vulnerados. ¿Cómo impedir la cascada de reproducciones de la viñeta secuestrada en papel en los incontrolados y variados soportes informáticos hoy existentes? La decisión judicial contribuye a lo contrario de lo que dice pretender: da publicidad y facilita la circulación de la caricatura. Sienta un precedente pésimo e inútil. Lo mejor es que quede sin efecto.

Seguramente se les ha ido la mano a los de EL JUEVES con la viñeta donde aparecen los Príncipes de Asturias mirando hacia Soria. Como también se le ha ido la mano al juez que ha ordenado el embargo del número así, de sopetón, dando alas al debate sobre la libertad de expresión. Embargar siempre ha sido una palabra muy fea.
Pero la cosa merece conocer algunos detalles para no banalizar el caso y quedarnos tan solo en la epidermis del asunto.

Conozco a los de El Jueves de toda la vida. Son un referente, una luz en mitad del patio de corrección política que todo lo oscurece. Así que, de entrada un respeto. Resulta que, según me cuentan, los del «Tomate» en Tele 5, ponen la portada famosa más de media hora en los monitores que quedan detrás de la mesa y celebran que ya se puede hacer humor sobre la monarquía. Lo dicen, como siempre, interesadamente, porque a ellos ya les han dado un par de collejas, en alguna de sus aproximaciones rapaces a la monarquía.

El impacto de la tele ya lo sabemos. Alguien se escandaliza en Madrid, hace un par de llamadas y salta el incendio mediático que todo lo aumenta y lo mezcla. (Perdón por mezclar el «Tomate» y El Jueves). Los de El Jueves llevan muchos años haciendo humor sobre la monarquía. Con clase, incisivos y desacomplejados. Incluso tienen un libro recopilatorio: «Tocando los borbones» y nadie se ha muerto por ello. El mundo sigue girando sobre su órbita. ¿Que ahora han resbalado? Bueno, vale, de acuerdo. Resbala el que se mueve. El que se calla y se auto-censura, nunca tiene ningún problema. Y de esos hay un montón repartidos por todos lo medios con la espalda deformada de tanta reverencia.

Las viñetas tienen sentido en el marco de una publicación de humor. En su mundo, con su trayectoria, sus lectores y una barrera que se llama «comprar» la revista. Si lo sacas de ahí y lo amplificas, el riesgo se multiplica innecesariamente.

En nuestro programa hemos hecho humor de la monarquía y seguiremos haciéndolo. ¿Por qué no? Somos cómicos, la monarquía ha sido un invento del ser humano y, por tanto, está sometida al bisturí de la broma.

Hoy he recordado una frase de Jose Corbacho: «Prefiero pedir perdón, antes que pedir permiso».

O se está con la libertad de expresión o se está contra la libertad de expresión. Si se está con la libertad de expresión hay que hacerlo con todas sus consecuencias. Las veladuras y las medias tintas, en este caso, cuartean la verdad. La libertad de expresión es el cimiento sobre el que reposa el entero edificio de la democracia pluralista. Si se fragiliza la libertad de expresión, la construcción democrática terminará derrumbándose.

He dedicado mi vida entera a la defensa de la libertad de expresión, desde el más pequeño puesto periodístico hasta la dirección de grandes medios de comunicación social. Lo hice también desde la presidencia de las Asociaciones de la Prensa de España y de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Periodistas. Incluso, cuando un juez cerró el diario Egin entre el jolgorio general, escribí uno de los artículos más serios de mi vida defendiendo el derecho a la libertad de expresión del diario proetarra y censurando severamente al juez que tomó la decisión.

Naturalmente que estoy en contra, como he declarado en varias emisoras de radio, del secuestro de la revista El Jueves pero no por la razones aducidas por algunos de que, con esa medida judicial, se ha agrandado lo que se quería censurar y se ha hecho daño a la Corona. El problema no es si la decisión del juez beneficia o perjudica a la Monarquía. El problema es de fondo: la libertad de expresión ampara a El Jueves y su secuestro fractura el principio más básico de la democracia pluralista.

¿Quiere decir eso que el periodista es un ciudadano impune? Claro que no. Los profesionales del periodismo estamos sujetos a la ley como cualquier otra persona. Si el fiscal o el juez creyeron en su día que determinados artículos o fotografías de Egin eran constitutivos de delito deberían haber procedido contra sus autores no contra el diario. Un periódico como tal no delinque. Si el juez o el fiscal consideraron que alguna caricatura o determinado texto de El Jueves infringían el Código Penal debieron proceder sólo contra sus autores y responsables, amparados éstos por el sistema de garantías procesales del Estado de Derecho. Lo que no debieron hacer es secuestrar la revista con grave fractura de la libertad de expresión y del derecho a la información que tienen los ciudadanos que compran esa publicación

Tengo, por desgracia, larga experiencia profesional, y también personal, de cierres y secuestros y sé lo que se siente ante el atropello, desde que en 1957 el dictador ordenó el secuestro, primero, y el cierre, después, de la revista Círculo que yo dirigía, pasando por el diario ABC secuestrado por Franco el 21 de julio de 1966, día en que publiqué el artículo La Monarquía de todos, para terminar en octubre de 1975 con el secuestro de la revista Blanco y Negro, de la que era director.

No estoy de acuerdo, en fin, con lo que ha publicado El Jueves. Pero lucharé como he hecho toda mi vida para defender el derecho de los periodistas que hacen esa revista a publicar lo que consideren conveniente. Y como ni ellos ni yo ni ningún periodista somos ciudadanos impunes, que la ley descargue su peso sobre nosotros, si cometemos un delito, no sobre el medio en el que trabajamos. El se-cuestro o el cierre de una publicación atenta gravemente contra la libertad de expresión.

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A raíz de la decisión del juez Del Olmo de secuestrar la edición del semanario El Jueves se ha abierto un debate en torno a la viñeta de los príncipes de Asturias. Nadie me ha pedido que tercie en él, pero libre y responsablemente quiero hacerlo.

Toda decisión judicial merece respeto. Pero los jueces son humanos y, por tanto, se equivocan. Cometen errores que a veces provocan daños irreparables, como los podemos ocasionar todos aquellos que tomamos decisiones que afectan a terceros. Pero no es ésta la derivada del debate que quiero abordar. En lo que a la vertiente judicial se refiere, sólo deseo que quien ha iniciado el procedimiento lo acabe cuanto antes y de la mejor manera posible.

Sí quisiera complementar lo que se ha dicho sobre este asunto desde una óptica distinta. Antes quiero recordar algo que me parece importante: milito en un partido que nació en la Segunda República; en el que uno de sus dirigentes más conocidos, Carrasco i Formiguera, participó en el pacto de San Sebastián para apoyar el advenimiento de la República cuando todavía reinaba el abuelo del actual monarca. Unió Democràtica fue fiel a la República de 1936 a 1939 y quien conozca la historia – no quien sucumba a una determinada memoria histórica- sabrá que pagó un alto precio por su fidelidad a las instituciones republicanas. Fue víctima de unos y de los otros. Unió, sin ser un partido monárquico, hace años que aceptó el principio de accidentalidad en la forma de Estado. Tuve el honor de aprenderlo muy bien de nuestro maestro Miquel Coll i Alentorn.

A esta presentación de credenciales partidarias le añado algo más personal: llevo más de la mitad de mi joven vida al servicio de las instituciones. He tenido el privilegio de hacerlo a escala local, catalana, española y europea, y he procurado mantener siempre un profundo sentido institucional, gobernara quien gobernara. El respeto al sistema institucional constitucionalmente establecido forma parte de mi acervo político. Sin ser monárquico, respeto y valoro la decisiva aportación de la Corona a nuestro sistema democrático.

Es a partir de estos supuestos que quiero entrar en el núcleo central de mi breve reflexión. La viñeta de El Jueves sobre los Príncipes ha sido básicamente analizada a partir del contenido de la imagen del acto sexual. Para algunos constituye una caricatura soez y un burdo y grotesco dibujo; para otros, una chistosa evocación de algo de lo que no se escapa ni la monarquía. En cambio son pocas las referencias al texto de la viñeta. Y es ahí, a mi juicio, donde radica la cuestión principal.

‘Esto va a ser lo más parecido a trabajar que he hecho en mi vida’, reza la letra de la cuestionada portada de la revista. No es la primera ocasión en la que se intenta presentar a los titulares de la institución monárquica como personas que no trabajan o cuyo trabajo no sirve para nada. O que, en el mejor de los casos, el coste para el erario de esta institución no tiene ninguna justificación. Esta tesis coincide con la que algún partido republicano viene propagando al denunciar la presunta opacidad de las cuentas públicas de la jefatura del Estado y la supuesta injustificabilidad de éstas. Desde luego, si de demagogia se trata, hay terreno para recorrer, como lo tendrían los gastos de cualquier misión parlamentaria integrada, también, por diputados republicanos. Pero si de lo que se trata es de conservar el respeto al sentido institucional, me rebelo ante el contenido de la viñeta de El Jueves y ante las intenciones políticas de presentar a la Corona como parasitaria del sistema constitucional.

Puede defenderse la república como alternativa a la monarquía, y no sólo lo entenderé, sino que en algunos razonamientos podrán encontrar asiento mis opiniones. Sin embargo, cuando se trata demagógicamente de las funciones y del coste de la monarquía en España, debiera hablarse también de lo que supone, en ese sentido, la jefatura del Estado republicano de algunos estados de nuestro entorno. Pero más allá del coste, soy testimonio directo del valor añadido que la monarquía tiene para la sociedad española. Y no hablo sólo de su aportación al proceso de transición y consolidación de la democracia o a la discreta, pero continua, aportación al equilibrio y estabilidad democráticos. Me refiero ahora al valor de la Corona como el activo principal de la política internacional española. El Rey y el Príncipe son referentes fundamentales en la proyección del conjunto español en el mundo. Nadie más que ellos ha contribuido a abrir las puertas de la defensa de nuestros intereses allí donde ha sido necesario, y éste es el objetivo de toda política exterior.

He podido comprobar, tanto en América Latina, como en Estados Unidos, en África, en Asia y en el continente europeo, cómo nuestra jefatura del Estado es útil e imprescindible para la defensa de nuestros intereses económicos y políticos. ¿Que eso tiene un coste? Claro que sí. ¿O es que no lo tienen incluso aquellos que sin aportar prestigio ni eficacia en la defensa del país engrosan también el debe de las cuentas públicas del Estado?

Si el secuestro de la revista El Jueves por la caricatura de los príncipes de Asturias ha puesto en tela de juicio la procedencia de esta medida judicial en la era de las nuevas tecnologías de la comunicación, las opiniones del senador y secretario primero de la Cámara alta, Iñaki Anasagasti, sobre el rey Juan Carlos y su familia han puesto en evidencia la inutilidad -su desfase, en definitiva- del sistema de protección a la Corona diseñado en torno al delito de injurias en el Código Penal. El ministerio fiscal no se ha sentido concernido por esas opiniones, que por su carácter directo, claro, contundente y personal sobre el Rey y su familia podrían ser susceptibles de ser perseguidas judicialmente quizá con igual fundamento que la distorsionada y caricaturizada imagen de don Felipe y doña Letizia en la viñeta de El Jueves.

La fiscalía ha actuado correctamente al no tomar ninguna iniciativa contra el senador, pero ello le coloca en una posición contradictoria respecto a la que mantiene contra El Jueves. Ahora puede resultar incluso discriminatoria y difícilmente sostenible, por pura coherencia ante la justicia. Habrá que esperar, no obstante, a que el fiscal se aclare ante el requerimiento del juez sobre si mantiene la acusación o la retira, una vez que se ha tomado declaración a los autores de la viñeta presuntamente injuriosa contra los Príncipes.

Las manifestaciones de Anasagasti sobre el Rey y su familia, por más que hayan aparecido en su página personal de Internet, son impropias de un político responsable que, además, tiene un cargo institucional. Y en lo que se refiere a la persona de don Juan Carlos son manifiestamente injustas. Que a estas alturas un político como Anasagasti, de la misma generación de don Juan Carlos, es decir, la que protagonizó la transición, siga presentando como una tacha original irredimible e imprescriptible su designación por Franco resulta verdaderamente descorazonador. Anasagasti sabe, y debería explicarlo a las generaciones actuales, que ese origen quedó limpio y ampliamente superado por una legitimidad de ejercicio democrático impecable que se puso de manifiesto especialmente la noche de la intentona golpista del 23-F, como recordarán siempre los españoles. Ningún político, entre los muchos que pasaron del franquismo a la democracia, ha podido dar lecciones a don Juan Carlos en este terreno.

Pero aunque sean injustas, opiniones como las de Anasagasti deben poder expresarse, sin otro reproche que el político y social, como el que ya han recibido por parte de la mayoría de fuerzas políticas y foros sociales, y sin otro descrédito que el propio de quien las emite. Lo mismo cabe decir de la viñeta de El Jueves, cuyo carácter inconveniente y soez ha sido ampliamente resaltado. Ojalá todas las críticas que se hagan sobre la Corona sean como las que provienen del mundo de la sátira, incluso la descarada y atrevida de esta publicación.