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La sentencia acredita que se crearon sociedades como Filesa o Time Export con el objetivo de recaudar para el PSOE por encima de los límites de la ley las donaciones de empresas y bancos

Sentencia del ‘caso Filesa’: El Tribunal Supremo acredita que hubo financiación ilegal del PSOE condenando a Sala y a Navarro

HECHOS

El 28.10.1997 se hizo pública la sentencia del ‘caso Filesa’ por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo formada por los jueces D. José Augusto de Vega (presidente y ponente), D. Ramón Montero y D. Luis Román Puerta.

La sentencia del Supremo acredita que se crearon sociedades como Filesa o Time Export con el objetivo de recaudar para el PSOE por encima de los límites de la ley las donaciones de empresas y bancos, entre ellas las campañas electorales del año 1989 (Europeas y Generales).

La captación de dinero ilegal se produjo con D. Felipe González como Secretario General, aunque en aquel momento su dedicación a labores del partido era escasa por compatibilizar el cargo con el de presidente del Gobierno. Más responsabilidad política directa correspondería, por tanto, a quienes controlaban el partido, el llamado ‘aparato guerrista’ que encabezaban D. Alfonso Guerra como Vicesecretario, D. José María Benegas ‘Txiki’ como Secretario de Organización y, principalmente, D. Guillermo Galeote, que era el Secretario de Finanzas en el momento en el que se produjo la captación de dinero y que dimitió de todos sus cargos en abril de 1993 y se retiró de la vida pública ante el escándalo.

Durante la instrucción, no obstante, quedaron al margen de cualquier tipo de responsabilidad penal, quedando esta circunscrita a sus subordinados y a los gestores de las sociedades captadoras del dinero.

PROTAGONISTAS DEL JUICIO

EL JUEZ:

ramon_montero_augusto_vega El juez progresista D. José Augusto de la Vega presidió aquel juicio y fue ponente de la sentencia. A su derecha se sitúa el juez D. Ramón Montero, también progresista que falleció poco después de aquel juicio. El tercer juez fue el conservador D. Luis Román Puerta.

ACUSADOS Y SENTENCIAS:

filesa_carlos_navarro  D. Carlos Navarro (diputado PSOE) – Condenado a 11 años de cárcel por Delito fiscal, asociación ilícita y falsedad documental.

filesa_jose_maria_sala D. Josep María Sala (Senador del PSC-PSOE) condenado a 3 años de cárcel

filesa_flores D. Alberto Flores (Gestor de Filesa)- Condenado a 10 años de cárcel

filesa_luis_olivero D. Luis Olivero (Gestor de Filesa) – Condenado a 10 años de cárcel

filesa_molledo_aida Dña. Aída Álvarez (Coordinadora de Finanas del PSOE) y su marido D. M. Molledo – Condenados a 2 años y 4 meses de cárcel cada uno.

filesa_eugenio D. Eugenio Marín y D. Juan Molina, condenados a 6 meses de cárcel cada uno.   

29 Octubre 1997

Fuertes condenas y tardías excusas

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

El Tribunal Supremo ha condenado a fuertes penas de prisión a seis de los responsables del entramado Filesa, que la sentencia considera un montaje empresarial destinado a captar ilegalmente fondos para la financiación del PSOE. Son condenas altas, más de lo esperado: entre tres y once años para los cuatro principales implicados, condenados por asociación ilícita, falsedad en documento y delito fiscal. Dos antiguos directivos de importantes empresas que hicieron donaciones encubiertas al PSOE a través del entramado Filesa son condenados por apropiación indebida. La dirección del PSOE, por boca de su secretario general, Joaquín Almunia -qué tuvo reflejos para dar la cara apenas conocida la sentencia-, pidió ayer públicamente disculpas a la opinión pública.Ésta da por probado que Filesa era lo que parecía a simple vista y estaba acreditado por multitud de facturas y otras evidencias conocidas a través de la prensa desde poco después del estallido del escándalo, en 1991. Un tinglado montado para encubrir donaciones de entidades bancarias y otras importantes empresas a fin de financiar, en particular, las campañas electorales de las elecciones europeas y legislativas de 1989. La sentencia considera no acreditado que existieran contrapartidas a tales donaciones. Es verosímil que no las hubiera; que esas empresas accedieran a ayudar económicamente al PSOE simplemente para estar en buenas relaciones con un partido que llevaba siete años gobernando; para que les debiera un favor.

Dar dinero a un partido no es en sí mismo un delito. Lo es recibirlo sin respetar la legislación electoral y sobre financiación de partidos. La sentencia considera probado que los principales acusados cometieron un delito de asociación ilícita porque el entramado que crearon tenía por objeto burlar las condiciones establecidas por la legislación en relación con la financiación privada de los partidos. La ley de 1987 establece una serie de requisitos y limitaciones que se intentaron burlar mediante el artificio de los supuestos informes realizados por Filesa. Por su parte, la Ley de Régimen Electoral fija unas limitaciones en los gastos electorales y considera delito electoral el falseamiento de las cuentas correspondientes a dichos gastos. Para el Tribunal Supremo, incluso si la financia ción irregular no fuera delito, lo habría en este caso en cuanto que los cuatro acusados se concertaron para conculcar esa norma electoral. Los otros delitos -falsedad en documento mercantil y fiscal- serían consecuencia de recorrido de ese delito primordial. En cuanto al de apropiación indebida por el que se condena a sendos ex directivos de Enasa y Cepsa, el Tribunal lo identifica en este caso con el concepto de administración desleal de un patrimonio ajeno.

Que la Ejecutiva Federal del PSOE pidiera excusas era lo mínimo que cabía esperar. Los socialistas han negado la evidencia hasta el último momento; unos, como Sala, con más aplomo que otros, como Galeote. El argumento de que la renuncia por parte de este último, ex responsable de finanzas, cubrió la exigencia de asunción de responsabilidades políticas es muy discutible. Los principales dirigentes del PSOE en 1989 alegaron en su momento que las responsabilidades políticas sólo podrían ser el resultado’ en su caso, de la existencia de una condena de los tribunales, algo que esperaban no se produjera porque la financiación había sido totalmente legal. Seis años después, ya hay condena penal, pero ni González ni Guerra forman parte de la dirección socialista. Es evidente que el escándalo Filesa forma parte de los motivos que determinaron su relevo, pero sigue sin haber una justificación o petición de disculpas por parte de quienes encabezaban el PSOE en la época de Filesa.

Cuando saltó Filesa, la opinión pública desconocía que el PP -entre otros- utilizaba sistemas similares para financiarse: casos Naseiro, Cañellas, Zamora, etcétera, cuyos responsables apenas si han recibido benévolas amonestaciones. Pero los dirigentes del PP sí lo sabían, lo que no les impidió encabezar la manifestación e incluso presentarse como acusación particular en Filesa. Supremo ejemplo de hipocresía. Pero tiene razón el PSOE al admitir que la falta de transparencia de los demás «no nos disculpa».

29 Octubre 1997

Una mentira paticorta

ABC (DIrector: Francisco Giménez Alemán)

En un momento de apuro, poco propicio para la reflexión, Felipe González dictó la lapidaria sentencia de que las responsabilidades políticas sólo son exigibles cuando se han depurado las responsabilidades penales. Pues bien, al proverbial paso tan lento como inexorable de la Justicia, ayer llegó por fin la hora de determinar las responsabilidades penales por la trama Filesa, seis largos años más tarde de que los medios informativos desvelasen la maquinación.

La numantina ferocidad con la que el PSOE se aplicó a la defensa de una averiada honradez – de la que había pretendido hacer poco menos que un signo histórico de identidad corporativa – no bastó para paralizar los engranajes de la justicia.

Es el momento de recordar aquel informe del Tribunal de Cuentas – decidido por el voto de ‘calidad’ de Adolfo Carretero – según el cual ‘no constataba la exigencia de relaciones de financiación entre el PSOE y las empresas privadas’; o la votación del Congreso, decidida por la escueta mayoría socialista, asumiendo aquel informe; o el acoso despiadado de que hiceron objeto al instructor Barbero, tundido a palos e infamias y desamparado por el Consejo General ante las agresiones de Rodríguez Ibarra, quien llegó a compararlo con los terrristas etarras;  la taumatúrgica exclusión de 32 de los imputados, por la mágica virtud, más tele-psíquica que jurídica de Enrique Bacigalupo.

Con independencia de la fundamentación y de la discusión inevitable sobre la benignidad o severidad de las penas, la sentencia provocará en la opinión pública un sentimiento de escéptica desesperanza ante la relativa irrelevancia política de los condenados. El sorprendente sesgo introducido en la causa por la Sala Segunda del Supremo, al anular el escrito nuclear de las acusaciones, presagiaba una resolución condenatoria en la que el peso de la ley se descargarse sobre las cabezas de la comparsería. Como ha sido.

Pero a las gentes del común, a los profanos, exentos del deber de conocer los vericuetos del proceso penal, no dejarán de extrañarles que un diputado, un senador, el administrador de una empresa fantasma, su delegado en Madrid y una antigua administradora de Finanzas del PSOE fuesen capaces de poner un pie tan descomunal ingeniería de asociación ilícita y falsedades mercantiles y fiscales, sin el conocimiento siquiera de sus inmediatos superiores jerárquicos en la organización que se lucraba de sus industriosas habilidades delictivas. Si las responsabilidades penales se han acantonado en modestos niveles subalternos, los ciudadanos van a aplicar una interpretación más expansiva de la responsabilidad política.

En cualquier caso, la sentencia marca un hito favorable en la buena senda del Estado de Derecho y ahuyenta el temor de la impunidad consentida. En los anales de Guerra y González no figurará como uno de sus días más gloriosos aquel de septiembre en el que, bajo la solemnidad de la promesa ante un Tribunal, ambos aseguraron desconocer la existencia misma de Filesa.

29 Octubre 1997

Filesa y PSOE, hechos probados

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

Lo dice la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por un magistrado -José Augusto de Vega- que nadie podría presentar como hostil al PSOE: «HECHOS PROBADOS: A mediados de 1987 se inició lo que después iba a ser un conglomerado de sociedades cuyo fin primordial era… la creación de fondos económicos necesarios para hacer frente a los gastos originados por el Partido Socialista Obrero Español por las campañas electorales, elecciones generales y europeas, del año 1989, con lo cual… se soslayaban los límites cuantitativos establecidos al respecto por la legislación vigente».

La sentencia hecha pública ayer por el Tribunal Supremo no deja lugar a dudas: lo de Filesa, Malesa y Time Export fue una trama destinada a financiar ilegalmente al PSOE sacando fuertes sumas de dinero a bancos y grandes empresas a cambio de informes inexistentes. Que es exactamente lo que EL MUNDO denunció en mayo de 1991. Que es exactamente lo que nos valió ser tildados de «difamadores» y de «amarillos» hasta el aburrimiento.

El 25 de marzo de 1993, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, el entonces secretario general del PSOE, Felipe González, afirmó con referencia a este caso: «Independientemente de las responsabilidades que existan, si existen, desde el punto de vista judicial, el partido asumirá las suyas, y los responsables serán responsables políticamente, más allá de la calificación jurídica». Pues bien: ha llegado el momento de cumplir lo prometido. Carlos Navarro, que en el momento de los hechos enjuiciados era secretario de Finanzas del grupo parlamentario socialista, ha merecido una fuerte condena en tanto que «responsable desde el punto de vista judicial». Josep Maria Sala también ha sido condenado. El Supremo ha dejado claro que, gracias a Filesa, el PSOE jugó con trampa en las elecciones de 1989. Se presentó a ellas con cientos de millones escondidos en la manga. Pero Almunia, en vez de asumir la culpa de los «responsables políticamente, más allá de la calificación jurídica», como prometió González, optó ayer por seguir la pauta de su antecesor, echando la culpa a los demás. Se limitó a pedir unas disculpas genéricas y a arremeter contra la sentencia.

Desde la lógica y la razón, no ocultamos que la sentencia del caso Filesa no nos parece plenamente satisfactoria. Ni mucho menos. Tampoco al Tribunal, a juzgar por el texto de la sentencia. Todos sabemos que Sala, Navarro, Oliveró y los otros no montaron esta trama por su cuenta: de ser así, los responsables de Finanzas del PSOE se habrían extrañado de que una empresa ignota se dedicara a cubrir buena parte de sus gastos electorales. De idéntico modo, todos sabemos que los bancos y empresas que pagaron a Filesa lo hicieron a cambio de favores que el Gobierno de González les concedió: nadie -y menos en esos ámbitos- regala nada. Pero -unas veces por fallos de la instrucción que emprendió el zaherido Marino Barbero, otras porque los delitos han prescrito, otras por imperdonables errores de la acusación- el castigo penal ha tenido estos límites.

Ha quedado a salvo, de todos modos, lo esencial: la demostración judicial de que el PSOE se financió ilegalmente a través de Filesa. Sin vuelta de hoja.

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