Indignados radicales afines al 15-M cercan el Parlament de Catalunya y obligan a los diputados a entrar escoltados

Los sectores más radicales del movimiento que nació el pasado 15 de mayo en toda España cruzaron el Rubicón democrático ayer en Barcelona. Después de poner cerco en la tarde y noche del martes al parque de la Ciutadella, donde se halla el Parlamento de Cataluña, grupos de manifestantes trataron de impedir ayer el acceso de los parlamentarios al hemiciclo para debatir los Presupuestos de la Generalitat para 2011, la ley de más calado que anualmente presenta un Gobierno. La Cámara legislativa catalana vivió su momento más tenso desde la restauración de la democracia. Nunca un pleno había transcurrido en estas circunstancias.

Con su actitud, los concentrados trataron de coaccionar a los representantes democráticamente elegidos por los ciudadanos de Cataluña y quisieron obstaculizar el cumplimiento de su labor parlamentaria. La triste guinda del pastel fue la llegada en helicóptero al Parlamento del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y algunos de los consejeros de su Gobierno.

Parte de los concentrados, los más radicales, no dudaron en recurrir al insulto o a la agresión pura y dura. Algunos diputados fueron zarandeados, muchos insultados y a unos pocos se les roció con pintura. La forma en que algunos parlamentarios tuvieron que romper el asedio fue bochornosa. Ayer se cruzó la frontera entre la legítima desobediencia civil y las reprobables actitudes violentas. La mayor parte de los concentrados se apercibieron de ello, pues en la asamblea celebrada por la tarde en Barcelona se criticó abiertamente y de forma mayoritaria a quienes participaron en agresiones y se reivindicó el carácter no violento del Movimiento del 15-M. Lo mismo sucedió en Madrid.

Entre los indignados hay de todo. También entre los políticos: los hay imputados, corruptos y, en una gran mayoría, gente que cumple con su deber con honestidad. Pero los movilizados deben tomar nota de ello y no reincidir en actitudes como la de ayer, que socavan su credibilidad y marcan una deriva abiertamente antidemocrática. Es cierto que con el paso de los días los grupos antisistema han acabado imponiendo su dinámica en el movimiento. Así, aunque la mayoría decidió en asamblea levantar la acampada en la plaza de Catalunya, los irreductibles prosiguen con su ocupación. La democracia representativa puede ser mejorable y algunas de las reivindicaciones de los indignados, de aplicarse, contribuirían a ello. Pero impedir el funcionamiento de sus instituciones, las únicas que representan legítimamente a la mayoría, es entrar en una peligrosa vía incivil.

Capítulo aparte merece la gestión de la seguridad por parte del consejero de Interior, Felip Puig. Desmesurado el pasado 27 de mayo con una carga desproporcionada en la plaza de Catalunya, tampoco supo dar ayer con la fórmula que requería dejar expedita la entrada al Parlamento catalán. Hizo lo que no debía el primer día y, en cambio, no hizo ayer lo que debía para asegurar el funcionamiento del Parlamento sin coacciones de ningún tipo.

A los ciudadanos, se llamen a sí mismos indignados o no, les asiste el derecho de mostrar su opinión también en público, y a manifestarse. Pero se sitúan al otro lado de la legalidad cuando impiden ejercer sus derechos a los demás; máxime si, como pasó ayer en Catalunya, tratan de evitar por la fuerza que el Parlament se reúna para cumplir con su obligación o se boicotea la tarea de los medios de comunicación. Para mayor paradoja, los hechos de la Ciutadella se produjeron justo el mismo día en que se cumplían 34 años de las elecciones del 15-J de 1977, las primeras democráticas tras casi 40 años de dictadura. El asedio de la Cámara es intolerable. Esa actitud no se corresponde con el lema `Democracia Real Ya¿ ni con lo que han defendido sus protagonistas.

El sistema democrático es mejorable, desde la ley electoral a cualquier otro aspecto, pero es intocable, y lo que hicieron ayer los concentrados en torno a la Ciutadella, que no solo trataron de cerrar el acceso sino que agredieron a varios diputados, no es intentar mejorar el sistema, sino atacarlo. Con esta actitud dan pábulo a quienes creen que el movimiento se les ha ido de las manos y ha caído en las de los provocadores, los antisistema que aprovechan cualquier circunstancia, como un acontecimiento deportivo, para incitar a las algaradas y a los disturbios. Asediar el Parlament es una acción antidemocrática que, además, pudo dar lugar a otros problemas de orden público de los que ellos serían los únicos responsables. En cualquier caso, hay que decir que el desastroso resultado de la operación limpieza de los Mossos del 27 de mayo en la plaza de Catalunya no puede justificar que ayer la Conselleria d’Interior careciera de un plan preventivo para proteger a los diputados menos aparatoso que el uso de helicópteros.

Con su actitud de ayer, los indignados también dan alas a quienes, desde el otro extremo, están reclamando la intervención policial, incluso sin tener en cuenta el fiasco de la plaza de Catalunya. Y no lo tienen en cuenta porque son defensores del cuanto peor mejor. Por eso no dudan en vincular los insultos al alcalde de Madrid y a su familia al movimiento contestatario. Si esa filosofía del deterioro de la situación política española es compartida por quienes están dirigiendo en estos momentos las protestas, ya pueden olvidarse de la solidaridad de la ciudadanía y de las simpatías que hasta ahora habían despertado.

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA comparte la base del malestar de la gente joven, sobre la que se cierne la incertidumbre de un futuro marcado por el desempleo y las dificultades para disponer de una vivienda, como también denuncia la tolerancia con la corrupción que tan a menudo nos escandaliza. Pero no se puede tratar a todos los políticos como si fueran ladrones y, por extensión, a quienes los han elegido como necios. El movimiento del 15-M debe terminar con las agresiones y decidir su futuro. O lo canaliza bien o caerá en manos de provocadores que solo les conducirán a la frustración y a la manipulación.

Los políticos

De la misma forma, los políticos catalanes -como los del resto de España- deben dar respuestas a lo que sucede. Tienen que encontrar vías para encauzar el caldo de cultivo que hace tan fuerte este movimiento ciudadano de apenas un mes de existencia. No pueden escudarse en el Parlament y en la legitimidad de su elección democrática, ni en los manifiestos errores que cometen los dirigentes del movimiento, para hacer oídos sordos a lo que ocurre en las plazas del país.

Ese ambiente de tensión externa no impidió que en el hemiciclo del Parlament las cosas se desarrollasen con normalidad, y el PP y el diputado Joan Laporta apoyasen a CiU en la votación más importante de lo que llevamos de legislatura, tal como estaba previsto. Tanto el proyecto de presupuestos para este año como su ley de acompañamiento superaron las enmiendas a la totalidad que había presentado la oposición. El partido de Alicia Sánchez-Camacho se pudo presentar así ante la Cámara autonómica catalana como una organización responsable que brinda su apoyo para ayudar a combatir la crisis que vive el país, como un grupo patriótico que no huye de sus responsabilidades.

Los acuerdos cerrados con CiU, que han permitido al PP el acceso a las alcaldías de Badalona y Castelldefels, además de participar en el reparto de poder en la potente Diputación de Barcelona, a cambio de la abstención de ayer, forman parte de la nueva etapa política que se inaugura en Catalunya. Mejor o peor, pero democrática.

Quien se otorga la razón de la fuerza y, desde el dominio del asfalto, insulta, escupe y violenta a los otros no es un demócrata. Si, además, esta violencia la ejerce contra los diputados del Parlament, entonces se retrata todavía más. Puede decorar sus insultos con lemas maravillosos, pero su cultura política arraiga en las actitudes clásicas del totalitarismo. Y como a lo largo de la historia la izquierda se ha nutrido de estas actitudes tanto como lo ha hecho la derecha, es indiferente que la intolerancia se practique desde uno u otro lado de la frontera ideológica. Despreciar a los diputados votados por más de tres millones de personas es un ejemplo de esta alma oscura que, bajo los eslóganes más vistosos, incuba el huevo de la serpiente. Es cierto que muchos de los indignados son gente cabal con propuestas, pero tantas como propuestas tienen otras personas que no ocupan plazas, ni desprecian la democracia. No por gritar se tiene más razón. Todo lo contrario, muchos de ellos han escogido el camino fácil, el del grito y la pancarta, en lugar de elaborar más seriamente su militancia cívica.

¿Tienen más razón los que insultan a los diputados, que los que militan en un partido político? ¿La manera de mejorar la democracia es violentando sus instituciones? ¿Y, sobre todo, son presentables todos los que se sublevan? Es evidente que no y que el movimiento cada día resulta más secuestrado por los antisistema clásicos, lo cual no es extraño, porque quien cree que es lícito romper el juego democrático acaba dominado por la ley de la jungla. Y la jungla es la que hoy ha boicoteado la actividad del Parlament.

Como además hemos proyectado un paternalismo acrítico hacia el movimiento, los hemos presentado como simpáticos hijos de Quico el Progre, los hemos mimado mediáticamente y hemos criminalizado a la policía hasta el delirio, entonces, ¿de qué nos sorprendemos? Durante todo este tiempo hemos confundido el Twitter con un programa electoral, hemos considerado que convertir una plaza pública en un camping era muy guay y hemos otorgado la razón política a la fuerza de una ocupación. Es decir, hemos cedido el debate a aquellos que hacían más ruido. Y por el camino de deslumbrarnos con un mayo del 68 casero, y revivir la nostalgia adolescente, hemos olvidado que la democracia no se impone en la calle, sino que se gana en las urnas.

Cuando las urnas son despreciadas y los representantes son violentados, entonces la ley de la calle se impone. ¿Para mejorar la democracia? No, para destruirla.

Una pintada en una pared próxima al Parlament de Catalunya proclamaba ayer por la mañana con una enorme soberbia: “Hoy la democracia está en la calle”. Es mentira. Pocas veces la democracia ha estado tan lejos de las calles de Barcelona como ayer por la mañana cuando la fuerza de unos miles de manifestantes violentó y secuestró la voluntad de centenares de miles de ciudadanos, representados por los parlamentarios elegidos libremente hace escasamente siete meses.

La historia lo demuestra con una contundencia irrefutable: los pobres, los débiles, las clases populares y las clases medias sólo cuentan con la democracia y el imperio de la ley; es su única defensa frente al abuso de los poderosos. La intimidación y la violencia siempre se ponen en marcha invocando los derechos de la mayoría, pero acaban al servicio de unos cuantos incontrolados que, consciente o inconscientemente, acaban beneficiando a los más privilegiados.

Algunos quizás esperarían unos apuntes más épicos, más rebeldes o más poéticos de la vergonzosa jornada que vivimos ayer en Barcelona. Pero sería pura literatura. La realidad es bien simple: un grupo de violentos abusó de su fuerza para imponerse a los más débiles, que ayer eran los parlamentarios, los periodistas y los millones de ciudadanos que seguramente están más indignados de lo que podríamos llegar a imaginar, pero que han decidido dotarse de un sistema de convivencia que durante unas horas se puso en jaque. La democracia puede ser aburrida y rutinaria, pero es democracia. Si a algunos no les gusta cómo van las cosas o no comulgan con los que mandan se pueden organizar y pedirnos el voto. Y nosotros decidiremos libremente si se lo damos. Así de sencillo.

En la puerta de la Ciutadella, por la parte de la calle Marquès de l’Argentera había unas macetas con albahacas y otra pintada que decía: “Del diamante no crece nada, del estiércol crecen las plantas”. Otra mentira. No hay nada que necesite más orden, más constancia y más esfuerzo que un huerto. El huerto es la definición de civilización. Pero sin todos estos atributos, del estiércol no sale nada más que peste e infecciones; el estiércol sólo es abono cuando se dosifica y se trabaja. De la indignación puede salir un jardín bien abonado, pero del caos de ayer sólo puede salir más mierda. Los poderosos con mayúsculas lo saben y por eso ayer se frotaban las manos. Cuando la razón, la palabra y el debate democrático son derrotados por la fuerza y la violencia, ellos salen ganando. Si la ley que se impone es la del más fuerte, ellos son los más fuertes de todos.

LAS ESCENAS que se produjeron ayer a las puertas del Parlamento catalán son inéditas en la historia de la democracia. Difícilmente alguien podía imaginarse que el presidente de la Generalitat tendría que acceder en helicóptero a la Cámara, asediada por una multitud violenta que llegó a agredir, insultar y lanzar objetos contra los diputados y que recibió con piedras y botellazos a los Mossos d’Esquadra.

Al mismo tiempo que se producían estos hechos, Cayo Lara, el líder de IU, era zarandeado y denostado cuando intentaba sumarse a un grupo de radicales que impidieron un desahucio en un barrio de Madrid.

Lo sucedido ayer en Barcelona es la culminación de una escalada de agitación en la calle que empezó en la Puerta del Sol hace un mes de forma pacífica y que está desembocando en un movimiento radical y antisistema que no respeta la propiedad ni las personas.

Esta deriva encontró su primer punto de apoyo en la decisión del ministro del Interior de no cumplir la resolución de la Junta Electoral Central, que estableció que la concentración de la Puerta del Sol era ilegal en pleno proceso electoral. Rubalcaba optó por lavarse las manos, tolerando lo que era una flagrante violación de la ley. Luego vinieron la protesta ante el Congreso, la manifestación violenta ante las Corts valencianas, los actos frente a los ayuntamientos, la intimidación a Gallardón en su propio domicilio y, por último, el asedio al Parlamento catalán.

El común denominador de todos estos hechos es la absoluta pasividad de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que tenían la orden de permanecer impasibles ante la escalada de la violencia, a la espera de que los jóvenes airados se cansaran y se fueran a su casa. Pero el cálculo de Rubalcaba, que filtró la semana pasada a su emisora de cabecera que simpatizaba con quienes protestaban, ha sido equivocado porque ha sucedido lo contrario: en la medida que él iba cediendo, los indignados ganaban terreno en la calle.

Todavía decía ayer Zapatero en el Congreso que no le preocupaban los movimientos de protesta. Pocas horas después, comenzaban las agresiones contra los diputados catalanes y Artur Mas comparecía en la sede parlamentaria para advertir que estaba dispuesto a recurrir al «uso legítimo de la fuerza», tras denunciar «el caos» producido por «profesionales de la violencia» que habían cruzado «la línea roja».

En el mismo sentido se había pronunciado José Bono, que afirmó a primera hora de la mañana que los manifestantes de Barcelona estaban cometiendo un delito tipificado en el Código Penal y que las Fuerzas de Seguridad tenían que intervenir sin dilación alguna. Las palabras de Bono son de sentido común porque, como él recordó, el Estado tiene en un régimen democrático el monopolio del uso de la violencia, lo que significa que está obligado a evitar que se cometan delitos y que un grupo violento se apodere de la calle.

Los graves acontecimientos de estos últimos días marcan un salto cualitativo y cuantitativo de la protesta. En Barcelona, hubo falta de previsión de la consejería de Interior, pero la espiral de violencia se ha producido por la absoluta inoperancia de un Ministerio del Interior que se ha negado a asumir sus obligaciones y que ha sido incapaz de coordinar la respuesta a las movilizaciones de los diferentes cuerpos de Seguridad del Estado. Veremos como actúa el próximo domingo, fecha en la que hay convocada una manifestación legal en Madrid que podría derivar en incidentes violentos si Rubalcaba mantiene la misma actitud.

El resultado de esa pasividad ahí está: un país en el que un reducido número de agitadores se ha hecho dueño de la calle bajo el pretexto de un descontento social, que es real. No es extraño en este contexto que, como informa hoy nuestro periódico, Goldman Sachs haya dado a sus clientes el consejo de vender todos los activos en España.

Si Zapatero y Rubalcaba no son capaces de imponer el orden en la calle y hacer que se respete la ley, lo mejor que pueden hacer es dar paso a otros que sepan cumplir con su deber.