Tamayazo: Fracasa la querella del PSOE con la que el partido solicitaba el encarcelamiento de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez Laguna a los que considera ‘tránsfugas’ comprados

¿Puede operar un sistema democrático si, una vez conocidos unos resultados electorales, hay personas con enormes medios económicos que deciden invertir la cantidad que sea necesaria en corregirlos y si todos los partidos no rechazan esa inversión como inaceptable?

Este es el interrogante al que la sociedad española en su conjunto tiene que dar respuesta. La responsabilidad del PSOE es obvia y sin una reacción ejemplar por parte de su dirección, por muy dolorosa que sea, no va a poder dirigirse a los ciudadanos con credibilidad. Pero el problema que tiene la dirección socialista no debe de hacernos perder de vista el problema general, que es mucho más importante.

¿Es admisible que se pueda comprar el Gobierno de la Comunidad de Madrid? ¿Es admisible que algún partido pueda dar por buena, por acción u omisión, esa compra? ¿Es admisible que se les diga a los ciudadanos que, puesto que no han votado bien el 25 de mayo, tienen que volver a hacerlo en otoño? Repetir las elecciones, ¿no es una manera de dar por buena la compra?

Esto es lo que está en juego. El ataque que supone al sistema político español la compra de los dos diputados autonómicos socialistas es el peor de los que puedan imaginarse. Mucho peor que el terrorismo. Si esta compra acaba siendo dada por buena, no habrá forma de evitar la repetición o la amenaza de repetición, que políticamente es lo mismo, de prácticas de este tipo en el futuro. Montesquieu decía que la libertad es la sensación que cada uno tiene de su propia seguridad. No la seguridad, sino la sensación de seguridad. Pues lo mismo ocurre con la democracia. La sensación del ciudadano de que es mediante su voto como se constituye el Gobierno es lo que hace que la democracia sea posible. Si los ciudadanos no tenemos esa sensación, el fundamento del sistema democrático se viene abajo.

Y es así, porque se trata de una amenaza frente a la cual ninguna sociedad puede defenderse, si no es con la actuación solidaria de todos los partidos políticos. Es imposible hacer listas de miles de personas completamente incorruptibles. Únicamente si se deja claro que ninguna operación de esa naturaleza será aceptada por ningún partido y que, en consecuencia, no podrá surtir efectos en ningún caso podremos cortar de raíz el problema. Si así no se hace, el problema podrá reaparecer en cualquier momento y reaparecerá cuando la ocasión lo requiera.

Si la inversión de la compra de los dos diputados autonómicos socialistas es rentable, ¿qué es lo que podrá impedir que se vuelva a repetir cuando sea necesario; esto es, cuando el volumen del negocio sea lo suficientemente atractivo?

Un desafío de esta naturaleza al Estado democrático exige una respuesta única e inequívoca por el conjunto de los partidos políticos. Es un problema que ha surgido en el seno del Partido Socialista, pero no es un problema del Partido Socialista. Es un problema para el Partido Socialista, pero no exclusivamente suyo. Nos afecta a todos. El PSOE pagará sin duda muy caro el error cometido. Pero si los dos parlamentarios autonómicos siguen manteniéndose en sus escaños, lo acabaremos pagando todos.

La competición en todos los sistemas políticos democráticos es muy fuerte y el juego no siempre es todo lo limpio que debería ser. Pero hay límites. No se puede aceptar una conducta que ponga en cuestión el sentido de pertenencia de todos los partidos al mismo sistema político. Sin dicho sentido de pertenencia ninguna democracia puede operar de manera estable. Esto es lo que la compra de Madrid pone en cuestión. Darla por buena supone romper la solidaridad invisible pero indispensable para que una democracia funcione.

A lo largo de los últimos días, los socialistas hemos sufrido una traición y hemos tenido que afrontar un asalto a la democracia de tan serias proporciones como carente de precedentes. Hemos pedido disculpas por lo primero. Pero estamos obligados a reaccionar enérgicamente contra lo segundo: este golpe antidemocrático tiene como objetivo la conculcación del derecho de participación política de todos los ciudadanos: de los que nos han votado y de los que no nos han votado. Vamos a dar la batalla para que su voluntad plasmada en las urnas el 25-M no sea hurtada por el comportamiento inaceptable de unos pocos desvergonzados. Los valores que defendemos tienen que ver, por eso, con la dignidad del voto y la limpieza del juego democrático. Pero también con evitar la subordinación de la política a intereses económicos.

Llevamos años denunciando que el precio de la vivienda es prohibitivo para una entera generación de españoles, especialmente en Madrid. Todo el mundo sabía que una política crucial de nuestro programa de gobierno en la CAM iba a ser abaratar el precio de la vivienda y poner coto a la especulación. Ésa es la razón exacta por la que ciertas tramas inmobiliarias de envergadura se han movilizado hasta poner en jaque las reglas del juego democrático: se ha tratado de impedir que a un Gobierno de la derecha que les favorece le suceda un Gobierno de izquierda que les imponga un freno. Quieren perjudicar el interés general del abaratamiento del suelo para favorecer las expectativas de beneficios de unos pocos, estrechamente relacionados con el mantenimiento artificialmente inflado del precio final de la vivienda. Es para conseguirlo que quieren que siga, sin más, gobernando la derecha. Esto es gravísimo. Hay que interrogarse por qué y qué podemos hacer para parar este golpe y restablecer la decencia.

Innegablemente, tenemos nuestra cota de responsabilidad en lo ocurrido. Los socialistas hemos pedido reiteradamente disculpas a la ciudadanía por la inclusión de dos corruptos que han traicionado sin escrúpulos al PSOE y a todo lo que representa: va a ser duro superar la sensación de bochorno que sucedió al asombro y la perplejidad sincera que se reflejaba en la expresión de Rafael Simancas al conocer la felonía. Dos diputados socialistas mantienen una estrecha relación con dos constructores militantes del PP con causas penales abiertas y con expectativas de beneficios millonarios si sigue gobernando la derecha. El día de la fechoría, estos constructores se van a ver al secretario general del PP de Madrid a la calle de Génova y mantienen una entrevista con él por el espacio de dos horas y media. A lo largo del escándalo, hemos oído el argumento de que «todo el mundo sabe» que hay tramas de corrupción que tocan a los partidos, y redes inmobiliarias que contaminan la política para intentar arrodillarla. ¿Alguien puede sostener que esto lo sabe todo el mundo? No. No todo el mundo sabe «lo que todo el mundo sabe». Cientos de miles de socialistas ni lo damos por hecho ni lo aceptamos. Y añado: quienes se jactan de saberlo no deberían practicar un doble rasero infamante, exigir depuraciones y cazas de brujas al PSOE, incluso cuando éste resulta víctima de la corrupción, sin que se plantee esa exigencia en todos los espacios públicos, cualquiera que sea su gobierno o el partido que esté al frente. No es aceptable que, en conversaciones privadas entre los iniciados, se asuma con naturalidad que muchas instituciones acojan tramas de corrupción escalofriantes opacadas al debate público, focalizando siempre los eslabones más cutres de la cadena, pero obviando las redes que blindan tales manejos mafiosos.

Que todo esto siga siendo así, sin que despierte una reacción contundente de la ciudadanía, no tiene otra explicación que la constatación de un triste hecho: no es totalmente cierto que «los ciudadanos no perdonan la corrupción». Lo que sí sabemos los socialistas es que nuestro electorado no la perdona, y estamos orgullosos de ello. Pero resulta difícil sostener que, a la luz de la experiencia, todo el electorado condene con la misma energía los comportamientos corruptos. El GIL ha ganado elecciones encaramado en impresionantes tramas de corrupción. Escándalos gravísimos perpetrados bajo gobiernos del PP o partidos nacionalistas no han derivado en asunción de responsabilidad ni han tenido, en apariencia, coste electoral respecto del concreto segmento de nuestra sociedad que transige esas conductas, se beneficia de ellas o es simplemente su cómplice. Pongamos que hablamos de Madrid… O por ejemplo, de Canarias, en donde Dimas Martín, corrupto multirreincidente, condenado por cohecho por el Tribunal Supremo, se calza el 25-M el Cabildo de Lanzarote y pacta decisivamente con CC y con el PP en Canarias y en Madrid. Seamos serios: esto no es «inexplicable». Es una dolorosa expresión -pero sólo una más- de cuántas voluntades se pueden comprar cuando se ejerce el poder en estrecha connivencia con tramas empresariales que mueven miles de millones urbanizando playas o montes; o de cómo se puede silenciar lo que no se quiere que se sepa al tiempo que se airean las mentiras que a esas tramas interesan. Esto sacude los cimientos de la igualdad ante la ley y del Estado de derecho, erosionando sin escrúpulos el más precioso fundamento de una sociedad democrática: la conciencia moral y cívica de la ciudadanía.

Una amenaza tan siniestra -tristemente, tan real- es lo bastante seria como para abordar una reflexión de alcance. Necesitamos compromisos de firmeza democrática que cierren todas las puertas a la compra de voluntades o, aún peor, de cargos públicos, reedición inaceptable de la simonía de prelaturas de la Edad Media. Incluso si fuera verdad que no se puede revocar el acta del tránsfuga o traidor -algo que muchos discutimos-, siempre será posible un pacto político y ético que garantice la limpieza de nuestras reglas de juego para evitar que los felones se salgan con la suya. Para que ningún atropello ni interés particular pueda socavar, como se hace, el prestigio de las instituciones representativas y los derechos de participación de la ciudadanía. De todos hay que exigir las mismas actitudes de firmeza democrática que imposibiliten que poderes económicos opacos puedan torcer la voluntad de las urnas.

Al PSOE le corresponde liderar la salida de esta crisis. Pero ésta no sólo afecta a nuestro partido, sino a todo el sistema democrático. Es exigible al PP y al resto de los partidos un compromiso de igual fuerza a la hora de impedir la subordinación de la política a intereses espurios y a tramas de dinero negro. A todos nos concierne evitar gobiernos sustentados en altísimas cuotas de influencia en medios de comunicación, una descomunal propaganda y una desmedida financiación ilegal para las campañas electorales, frente a los que resulta cada vez más inviable la alternancia democrática y cada vez más impune abortar aquellos cambios políticos que comporten amenazas para intereses bastardos que nada tienen que ver con el interés general. A esto, a evitar la berlusconización de la democracia española, es a lo que nos convoca un compromiso urgente de calidad democrática entre los partidos y la sociedad española, que frene la degradación y el debilitamiento de la confianza cívica de la ciudadanía activa en la dignidad de lo público.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no admite la querella por corrupción en la Asamblea de Madrid. Ni cree que haya que investigar. Y: el fiscal de la Audiencia Nacional reclama que se ponga en libertad al genocida y torturador de argentinos Cavallo. Y: el fiscal del Estado retiene al fiscal contra la corrupción en el caso de las mafias de la construcción y los tránsfugas. Hay que saber algo más, dice, y lo que ha resuelto el Tribunal Superior de Madrid: no ha lugar. Acatemos, pues. El imperio de la ley no admite vacilaciones. Yo, por mi parte, llevo desde 1936 bombardeado, desde 1939 acatando a mis bombarderos, y así sigo.

Además, tampoco soy socialista. Me fueron simpáticos y compadres cuando, sin dejar de acatar el Imperio de Franco, me dediqué a la clandestinidad: una de mis partes estaba dentro de la ley, mientras la otra conspiraba. Pero ya los socialistas van a estar fuera. Berlusconi llamó «capo» y «nazi» a un diputado socialista: alemán, que es a los que hace más daño esa comparación. Más o menos lo que le llamó la Aguirre a Simancas: Goebbels, le dijo, al hombre más tímido, pacifista y bueno de ese partido. Aunque hay muy buena gente, según otros: la Sáez (la de la firma Tamayo & Sáez) acaba de decir que ella está con Zapatero, que es una lumbrera. Parece, en todo caso, que los socialistas son «turistas de la democracia» (Berlusconi). ¿Qué democracia? La forma de gobernar del que obtiene el poder por la vía de la propaganda, lo ejerce mediante interpretación de leyes que existen y crea las nuevas para poder evitar a los terroristas y a los comunistas; naturalmente, a los socialistas que pueden terminar dando alcaldía a los que en Navarra son legales después de todas las leyes, pero inquietantes.

Por tontos: ya se ve lo que han hecho en Madrid, culpa sólo de ellos. Para eso está el imperio de la ley. Franco lo utilizó. Ahora, si se juzgara a Cavallo, ¿habría que hacerlo con los asesinos y enterradores cuyas víctimas se están descubriendo en fosas comunes cada día? Como las víctimas de Cavallo, los muertos eran rojos, muchos socialistas: y Franco, como estos fiscales españoles, defendía la democracia. Y los socialistas tendrán que pasar a la clandestinidad. Bueno, ya están casi en ella.

La inadmisión a trámite de la querella presentada por el PSOE ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la supuesta trama inmobiliaria que podría estar tras la defección de dos diputados suyos en la Asamblea de Madrid no significa que los hechos denunciados no merezcan una investigación en toda regla. El Tribunal ha considerado que no tiene suficiente consistencia penal la sucesión de llamadas telefónicas, reservas hoteleras, relaciones profesionales y contactos políticos presuntamente sincronizados con la actuación de los dos diputados desertores. Pero hay algunas cosas claras, como son la acumulación perversa de casualidades, la alarma social que han provocado las sospechas de colusión entre la política y los negocios inmobiliarios y la indiscutible tergiversación de los resultados electorales, que exigen algún tipo de investigación, sea judicial, sea parlamentaria, o ambas. No tendría sentido que la sociedad española contemplara satisfecha este tipo de comportamientos y que el partido del Gobierno se limitara a regocijarse con el percance político sufrido por sus adversarios, sin percibir la gravedad del accidente que ha sufrido la democracia ni actuar para repararlo.

Llama la atención que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya rechazado una investigación que, en cambio, considera apropiada si la lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción, a la que remite el escrito de la querella y el resto de la documentación. Se habría ganado tiempo y sobre todo se habría avanzado en conocer la verdad si, como señala el magistrado discrepante con la resolución, el tribunal hubiera llamado a declarar a los querellados para indagar si los hechos eran meras casualidades o tenían una motivación económica o de otro tipo.

Seguramente el PSOE se precipitó en llevar al ámbito de la justicia unos hechos en los que la relación de causa a efecto entre la presunta trama de los querellados y la deserción de los diputados Tamayo y Sáez aparecía como una hipótesis fundada, pero insuficiente para sustentar un delito de cohecho. Procesalmente, habría sido más correcto presentar una mera denuncia, dejando a los jueces la responsabilidad de investigarla, puesto que una querella exige, por definición, la aportación de claros indicios delictivos para admitirla a trámite. Sin esos indicios, cuya ausencia se hace patente en la falta de concreción sobre el pago o precio económico que habría mediado en la actuación de los dos diputados tránsfugas, y sin el cual no hay delito de cohecho, era más que probable la inadmisión a trámite de la querella.

Pero ese delito, en forma de pago contante y sonante o mediante trasacciones más sofisticadas, no podrá descartarse mientras no se desentrañe el significado de las relaciones político-profesionales de los querellados y de los contactos mantenidos entre ellos en las vísperas de la espantada de Tamayo y Sáez. El Tribunal de Justicia de Madrid ha echado la pelota de la investigación en el tejado de la Fiscalía Anticorrupción. Sería un nuevo y descomunal escándalo que el fiscal del Estado, Jesús Cardenal, persistiera en bloquearla.

Un ciudadano oscuro y joven tomaba café en París cuando se luchaba contra el atroz aguacero de Hitler en los frentes de Europa. Una francesa le recriminó su falta de compromiso: «¡Debía estar usted en el frente, joven!». El chico se excusó: «Señora, es que soy chileno». Según el relato que Jorge Edwards hace de esa anécdota, la señora miró al joven de cerca y le preguntó: «¿Y eso es grave?».

Durante años comprometerse era como vivir, fueras o no chileno. Es más, hubo un tiempo en que ser chileno y comprometido te ponía en un serio compromiso… sobre todo en Chile. En España, por ejemplo, a los que ejercían su compromiso -político, para qué andar con subterfugios- se les llamaba progresistas, e iban a la cárcel y ahí recibían estas otras etiquetas: comunistas, revolucionarios, agitadores o incluso caballeretes. Un ministro de Franco que aún da guerra explicó a la prensa extranjera que Julián Grimau, comunista, había sido ejecutado porque era «un caballerete» que quería traer la subversión a España. Había un progresista de Logroño que gritaba en los bares «¡Viva la República!», y cuando los seguidores del ministro de Franco iban a apresarle añadía: «¡De Chile!». Se salvaba así el hombre de un verdadero compromiso.

Ahora esto de progresistas y conservadores -es decir, reaccionarios- ya no se usa sino para jueces y fiscales, o para situar, por ejemplo, al rector de la Complutense: «Berzosa, un progresista», como si ése fuera un color de la piel. Pero no se dice, pongamos por caso, hablando de fútbol: «El progresista Luis Enrique dribla al conservador Fernando Hierro», aunque se extirpa como un peligro público al fiscal Bermejo, ¡que es progresista!, o no se dice, en la literatura, «el progresista Juan Marsé efectúa un retrato del conservador Baltasar Porcel», pero se alerta al personal, desde el Gobierno, sobre los peligros que entraña el fiscal Villarejo, que entre sus cualidades deleznables alberga la de ser ¡tío de progresista!

Hubieran querido, por ejemplo, que Bermejo fuera como aquel chileno tranquilo y clandestino que tomaba café muy lejos de la guerra. Hubiera sido grave, a lo mejor, pero hubiera conservado su puesto.