24 mayo 2000
Reemplaza a Pío Cabanillas Alonso, que ha pasado a ser ministro-Portavoz del Gobierno Aznar
Tras el triunfo del PP, González Ferrari asume el cargo de Director General de RTVE y Alfredo Urdaci el de Director de Informativos
Hechos
En mayo de 2000 D. Javier González Ferrari nuevo Director General de RTVE. D. Alfredo Urdaci será el nuevo Director de Informativos.
Lecturas
Las elecciones generales de 2000 dieron la mayoría absoluta del PP en Congreso y Senado. Después de eso, el 24 de mayo, D. Javier González Ferrari fue designado nuevo Director General de RTVE por el Consejo de Administración en sustitución de D. Pío Cabanillas Alonso, que fue nombrado para ese cargo en noviembre de 1998 y que ahora abandona ese puesto para pasar a ser ministro en el Gobierno de D. José María Aznar.
D. Álvaro de la Riva nuevo Director de TVE, Dña. María Jesús Chao nueva Directora de RNE y D. Alfredo Urdaci Iriarte nuevo Director de Informativos que presentará él mismo en La 1, unos informativos considerados por la oposición como unos informativos afines al PP, mientras que al frente de La 2 Noticias los informativos serán dirigidos por D. Francisco Llorente Campos y presentados por D. Lorenzo Milá Mencos, en unos informativos considerados desde el PP como los informativos afines al PSOE.
El mandato del Sr. González Ferrari durará hasta julio de 2002, cuando abandonará RTVE para pasar al sector privado y será reemplazado por D. José Antonio Sánchez Domínguez.
11 Marzo 2000
Una gran asignatura pendiente
No resulta extraño, pues, que el mundo audiovisual español siga en el ojo del huracán, sin visos de alcanzar una situación estable y equilibrada. En el campo de la radiotelevisión pública, la falta de una alta autoridad viene agravada por la gubernamentalización de los directores generales, la impotencia de unos consejos de administración sometidos a dinámicas partidistas y el extravío de las misiones de servicio público. La legislatura acabó así con RTVE denunciada ante el Defensor del Pueblo, diezmada en sus consejeros y situada por debajo de toda sospecha política. Pero los tímidos pasos adelante dados por las cadenas autonómicas, como la incompatibilidad entre parlamentarios y consejeros de la radiotelevisión regional, no las distancian significativamente de esta situación.
Las repercusiones sobre los medios privados no son secundarias, ni política ni económicamente. Por una parte, porque el Gobierno sigue actuando preferentemente a golpe de decretos, frente a las propias recomendaciones del Consejo de Estado, y continúa reservándose el poder de adjudicar las licencias y concesiones contra toda lógica de imparcialidad. Una situación de notable inseguridad jurídica que retrasa el desarrollo del sector, especialmente cuando se pretende impulsar el crecimiento de la televisión y la radio digitales. Por otro lado, el mismo Ministerio de Fomento que se arroga todas esas funciones ha mostrado repetidamente su incapacidad para el control del sistema audiovisual: las estadísticas sobre el cumplimiento de las cuotas de origen de los programas se apoyan en estudios no verificables de misterioso origen; las normas anticoncentración se incumplen sistemáticamente, con continuas violaciones de los topes legales de acciones y hasta con duplicidades accionariales prohibidas en varias concesionarias; incluso la vigilancia de la regulación sobre cantidades y fórmulas publicitarias emitidas, más soportable en años de vacas gordas publicitarias, constituyen un auténtico albur, con sanciones ocasionales en donde caben todas las arbitrariedades y, por tanto, todas las suspicacias.
La Comisión Europea ha vuelto a reiterar en diciembre pasado, en sus directrices para el sector audiovisual en la era digital, la importancia del audiovisual como espacio público y como motor económico; pero también la exigencia de una radiotelevisión pública con misiones democratizadoras de la política y la cultura, y de unos organismos reguladores no dependientes del Gobierno. El compromiso público y rotundo con estos principios debería ser un faro importante de la reflexión y la decisión de cada elector. Nos jugamos en ello la calidad del espacio público de la democracia española, pero también, y en el mismo envite, una vía importante del crecimiento y del empleo.
Enrique Bustamante es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense.
13 Mayo 2000
Cal y arena
Los nombramientos de Javier González Ferrari como director general de la radiotelevisión pública, de Enrique Fernández Miranda como delegado del Gobierno para la Inmigración y de Jon Juaristi como director de la Biblioteca Nacional son los más significativos de los efectuados ayer por el Consejo de Ministros. Otro nombramiento con proyección popular es el del concejal de Madrid Juan Antonio Gómez-Angulo como nuevo secretario de Estado para el Deporte, que llega al cargo con la buena estrella de tener asegurado para un club de fútbol español el título de campeón de Europa.La sustitución de Pío Cabanillas al frente del Ente RTVE daba la oportunidad de lanzar una señal de su voluntad de cambio en un organismo que concita críticas generalizadas por su sometimiento estricto al Gobierno. Nominalismos al margen, designar ministro portavoz al director de la televisión pública y sustituirle por su director de informativos amplía la sombra de parcialidad -como en el caso del juez que se pasa a la política- sobre sus ocupaciones previas. El Gobierno podía haber lanzado una señal de su voluntad de reforma consensuando el nombre del nuevo director general o, como mínimo, eligiendo a alguien menos marcado por su trayectoria inmediatamente anterior. González Ferrari es un profesional con larga experiencia en medios públicos y privados, pero su paso por la dirección de informativos de TVE no es el mejor aval de imparcialidad. Desde su nuevo cometido tendrá oportunidad de responder al clamor social por una televisión no sometida al Gobierno.
La necesidad de coordinar desde una Secretaría de Estado las competencias sobre extranjería y política de inmigración, diseminadas en varios ministerios, había sido reiteradamente invocada. La creación de una delegación para que se ocupe de esa tarea es un acierto. Su titular, Enrique Fernández Miranda, fue uno de los diputados más dogmáticos en la oposición, aunque ha tenido ocasión -como Federico Trillo- de moderar su perfil como vicepresidente del Congreso.
Un nombramiento más polémico es el de Julio Sánchez Fierro como subsecretario de Sanidad. Antiguo alto cargo de Trabajo, su nombre fue invocado en relación con las subvenciones recibidas por una empresa de formación de un cuñado suyo. Aunque desmintió cualquier ilegalidad, el fondo del asunto es muy similar al que provocó el cese de otro alto cargo y la dimisión posterior del ministro Pimentel.
Hasta aquí, la arena. La de cal, indicativa de que no todos los nombramientos pasan por la afiliación previa, es la designación de Jon Juaristi para dirigir la Biblioteca Nacional. El mejor escritor de entre los ensayistas españoles, como le definió recientemente Juan Pablo Fusi, es un profesor universitario de familia nacionalista y militancia juvenil izquierdista que se afilió al PSOE tras el atentado que costó la vida a dos socialistas en la Casa del Pueblo de Portugalete, en 1987. Dijo hacerlo en solidaridad con «aquellos a quienes los abertzales han convertido en los judíos de Euskadi». Su nombramiento es un reconocimiento a su trayectoria intelectual y cívica, y muestra que en el PP hay personas que saben que el mundo no acaba en la calle de Génova.