Tres Guardias Civiles condenados por torturar al terrorista Kepa Urra

LA AUDIENCIA de Vizcaya ha considerado probado que el miembro de ETA Kepa Urra, detenido en enero de 1992, fue objeto de torturas. La sentencia condena a tres guardias civiles a sendas penas de más de cuatro años de prisión. Este delito se caracteriza por producirse sin testigos, y de ahí la dificultad de probarlo. El obstruccionismo corporativo agrava frecuentemente esa dificultad. De ahí que haya que felicitarse de que la justicia, tras casi seis años, haya sido capaz de culminar su indagación y resolver con todas las garantías un caso que alcanzó notable proyección a través de Amnistía Internacional y el Consejo de Europa.La intención de obtener mediante el suplicio una confesión o información es lo que diferencia la tortura de los malos tratos. La pretensión de que ese delito es disculpable en el caso de los terroristas está bastante extendida en algunos sectores de la población. Sin embargo, aceptar esa lógica significa imitar a los terroristas en su convicción de que el fin -su fin- justifica los medios más crueles empleados para alcanzarlo. Ningún sistema de convivencia podría salir indemne de esa suspensión desde el poder de los principios morales y jurídicos.

Pero si no bastasen los principios, existen también razones de eficacia. La experiencia confirma que tan importante como detener comandos es crear un cortafuegos que impida su reproducción generacional. Hay estudios empíricos que demuestran que hubo una época, a comienzos de la transición, en la que el balance entre detenciones y reclutamiento de nuevos activistas por mecanismos de identificación o solidaridad con los detenidos era favorable a las incorporaciones: de familiares, amigos, vecinos. Las evidencias de torturas impunes fueron un poderoso motor de esa dinámica. Los expertos aseguran que esa relación se ha invertido, de manera que las incorporaciones no compensan ya las detenciones. Citan entre los motivos de ese cambio el que la tortura haya dejado de ser habitual, aunque todavía se produzcan casos excepcionales, según denuncian las organizaciones humanitarias.

El esclarecimiento de los casos en que haya indicios serios de torturas no sólo no favorece la continuidad de ETA, sino que le corta una de las vías clásicas de reproducción. Motivo adicional para exigir de las autoridades firmeza en este terreno y no intentos de esquivar las condenas mediante indultos: lo de que no hay atajos en la lucha contra el terrorismo también es aplicable a la tortura.