TVE acusa a TV3 de piratear su espacio radioeléctrico para poner en marcha un nuevo canal público catalán: el Canal 33

CON EL pirateo de una línea por TV-3 para su segundo canal, el 33, y con la contundente respuesta de RTVE interfiriendo por orden del Ministerio de Transportes esa misma línea, ha estallado en Cataluña la guerra de las ondas. La cuestión de fondo es la misma de siempre: los Gobiernos quieren multiplicar sus plataformas de comunicación, hasta tal punto que en poco tiempo habrá en Cataluña nada menos que cinco canales de titularidad pública. De esa enorme inflación de canales, y sobre todo de los nuevos, ningún nivel administrativo da una explicación satisfactoria. El anhelo de la población de disponer de pluralidad de opciones es aprovechado por unos y otros para convertir el espacio audiovisual en un patio de monipodio, camino de convertirse en un caos impracticable.En el terreno audiovisual, el Ejecutivo practica una política de poner paredes al viento: la ley de la televisión privada ha nacido obsoleta; la ley de Ordenación de las Telecomunicaciones no recoge la problemática real de un Estado autonómico muy complejo, y el plan técnico para regular los sistemas de transporte y difusión de las señales, bandas, canales y frecuencias, que se está elaborando, olvidará probablemente fenómenos tan peculiares e interesantes como la explosión de las televisiones locales.

Para aumentar la confusión del panorama, las televisiones públicas españolas funcionan prácticamente como las comerciales. La tan cacareada autofinanciación de TVE y la anunciada en el próximo presupuesto de TV-3 las obliga a seguir criterios puramente comerciales, en detrimento muchas veces de la calidad. La actual guerra de las ondas es una nueva demostración, hasta la náusea, de cómo la realidad se adelanta a la legislación: TV-3 empezó a emitir antes de la aprobación de la ley de Terceros Canales; las televisiones locales sobreviven en una situación de alegalidad; las radios libres, que existen y se las escucha, reclaman el mismo trato que muchas de sus homólogas europeas; las emisoras municipales, muchas de ellas subvencionadas, sufren constantes amenazas de cierre, cuando no son clausuradas.

TV-3 es una televisión peleona y se ha convertido en la criada respondona que intenta competir en Cataluña con la poderosísima TVE. Quemada por las trabas a que ha tenido que enfrentarse (aún emite con una frecuencia provisional), la Corporación Catalana de Radio y Televisión se ha decidido -con el beneplácito de Jordi Pujol- por la política de hechos consumados, creando un lío fenomenal al ocupar irregularmente una frecuencia reservada para las pruebas de la televisión privada.

Esta opción de la Generalitat por el pirateo repite el lamentable episodio de interferencia de líneas ocurrido cuando la polémica de la loto, y su camuflaje mediante la utilización del discurso patriótico para unos fines estrictamente comerciales y partidistas debiera producir sonrojo. Al mismo tiempo, el suceso está sirviendo como nueva excusa para reavivar, aunque sea por un asunto aparentemente menor, el fuego sagrado del enfrentamiento y el victimismo en el momento en que Jordi Pujol se mostraba más dialogante. No es extraño que ello coincida con las tajantes negativas de la Generalitat a algunos de los proyectos del alcalde Maragall más necesarios para el escenario de 1992.

En esta guerra de las ondas puede caer la parte más vulnerable: las televisiones locales. De hecho, ya ha sucedido con el cierre del Canal 08, una emisora privada sin afán de lucro. Y éste es un fenómeno comunicacional que se ha de respetar. Sólo en Cataluña funcionan unas 50 televisiones locales de manera regular, e irregularmente, otras 40. Es una lástima que sean éstas las que primero reciben las consecuencias de una guerra sucia entre administraciones.