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Los únicos precedentes eran la huelga forzada por el caso de El Papus y la Huelga General del 14 de Diciembre de 1988

Una huelga del sistema de reparto deja a Madrid sin periódicos el día 10 de diciembre de 1991

HECHOS

Una huelga de repartidores dejó a Madrid sin periódico el día 10 de diciembre de 1991.

11 Diciembre 1991

Una capital sin periodicos

EL PAÍS (Director: Joaquín Estefanía)

POR PRIMERA vez desde 1988 -y en esa ocasión debido a una huelga general- , los ciudadanos de la capital de España y de toda la Comunidad de Madrid se levantaron ayer sin encontrar su periódico en el quiosco. Vieron defraudado su contrato de confianza con la información escrita, un flujo permanente en el que se fundamenta su credibilidad hacia un producto que constituye un pilar básico del sistema democrático.

La imposibilidad de adquirir el periódico en el quiosco supuso que el ciudadano se vio hurtado de las informaciones, los análisis y las interpretaciones sobre asuntos de actualidad de enorme significación para su vida cotidiana futura, como el inicio de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Europea en la ciudad holandesa de Maastricht o la preocupante evolución de la coyuntura política en la antigua Unión Soviética.

Un periódico se debe antes que nada y por encima de todo -de todos los poderes, políticos, financieros o sindicales- a sus lectores. La ausencia, impuesta, de la relación cotidiana con buena parte de ellos supone una grave mutilación de su función: un periódico es un producto de papel impreso, pero es, sobre todo, un instrumento para comunicarse con sus suscriptores y lectores y comunicar a éstos entre sí.

Las únicas ocasiones en que anteriormente este diario faltó a la cita con sus lectores se debieron a dos huelgas generales: la convocada en torno a la reforma del sistema de las pensiones, en 1985, y la del 14 de diciembre de 1988. Se trataba en ambas coyunturas de situaciones políticas que desbordaron ampliamen-te la problemática del sector de la prensa y de sus subsectores.

Ahora, el asunto resulta más preocupante desde el punto de vista de quienes, desde estas páginas, tratamos de prestar diariamente un servicio al lector: la causa próxima de la huelga radica en un conflicto en el subsector de la distribución y reparto de periódicos revistas. Algunas distribuidoras han iniciado en los últimos meses un intento de racionalizar el mercado y sus instrumentos: no tiene ningún sentido que las rutas de reparto a los quioscos establecidas por éstas se doblen, tripliquen o cuadrupliquen en lo que constituye un despilfarro inútil de esfuerzos, de energía y de recursos de todo tipo. Por esta razón han iniciado los primeros pasos hacia su reagrupamiento (distribuir simultáneamente distintos títulos independientemente de la empresa que los produzca), con el fin de obtener el mismo servicio -e incluso de mejorarlo- con los mismos esfuerzos. Es decir, con el objetivo de aproximarse a los mejores esquemas comerciales vigentes en países próximos.

Coincidentemente con estos intentos de modernización en un subsector anclado en el pasado, el minifundismo y las pérdidas de eficacia, los ruteros -personal que realiza el reparto de los paquetes de periódicos desde las rotativas hasta los quioscos, en parte autónomo y en parte fijo de las distribuidoras- solicitaron conversaciones para iniciar la negociación de un convenio de ámbito regional. Pese al compromiso de las distribuidoras de que durante un periodo de tres meses para la negociación de ese convenio no se produciría ninguna reestructuración que afectase al nivel de empleo existente, y pese a que las primeras conversaciones no habían cristalizado siquiera en el inicio de la discusión de la plataforma de convenio propiamente dicha, la representación laboral -con el apoyo de Comisiones Obreras y de UGT- tramitó y puso en marcha una huelga de ruteros el pasado lunes.

Si bien el desarrollo de esa huelga se limitó inicialmente al ámbito previsto -los quioscos y otros puntos de venta de la Comunidad de Madrid-, luego los desbordó afectando a las suscripciones de los medios ,mediante la utilización de piquetes, que se arrogaron además. ¡lícitamente el derecho de inspección del cargamento de las furgonetas de reparto de los diarios. De esta forma lo que en principio era una huelga legal ha devenido en un verdadero chantaje.

EL PAN ha confiado hasta el último momento en que el buen sentido de los negociadores y la profesionalidad de todos los agentes implicados en la distribución se impondrían a otras consideraciones. No ha sido así y la huelga -con sus derivaciones coactivas, en absoluto menospreciables- ha acabado laminando los derechos de otras partes interesadas: los del lector. En el caso de este periódico el desenlace es, si cabe, más lamentable. Todas las reivindicaciones económicas solicitadas por los ruteros a nivel regional están de sobra satisfechas en el convenio que los repartidores del diario tienen suscrito con su distribuidora.

No es retórica: la plataforma del convenio regional a la que aspira el colectivo de repartidores del subsector supone un nivel de conquistas inferior al del convenio ya vigente entre los repartidores de EL PAIS y la compañía filial de PRISA que tiene contratada su distribución. Conviene que el lector sepa que los ruteros que reparten nuestro periódico en Madrid obtienen por término medio rendimientos superiores a los seis millones de pesetas anuales. Nos parece que por muchas y muy importantes reivindicaciones que se quieran hacer, acudir a la huelga y dejar sin prensa a Madrid en estas circunstancias resulta del todo excesivo y una interpretación abusiva del propio derecho constitucional a la huelga.

El contrato de continuidad establecido entre este periódico y sus lectores se ha visto afectado por una conjunción de factores externos en la que, seguramente, intervienen solidaridades mal entendidas e intereses ajenos y en todo caso nada motivados por el derecho a la recepción de información (como consagra el artículo 20 de la Constitución). Anulada y engañada su esperanza de que el buen tino se impusiera por sí mismo y por la vía del diálogo, este periódico declara su firme voluntad de llegar a todos los lectores. Y, en consecuencia, de arbitrar todos los medios legales a su alcance para lograrlo, con respeto al derecho de huelga de quienes decidan ejercerlo y de la legalidad vigente en su conjunto. Aspira, asimismo, aque todos respeten los medios propios de la convivencia pacífica, la resolución de los conflictos por la vía de la negociación y la letra y el espíritu del ordenamiento jurídico que caracteriza a un Estado de derecho.

Ésta es una huelga, desde nuestro punto de vista, injusta e injustificada. Genera un daño a intereses fundamentales de la población y afecta seriamente a la libertad de informar. En ningún caso podemos demostrar comprensión ni solidaridad alguna contra quienes se amparan en banderas respetables para hacer el juego a una protesta sin sentido, de la que amenazan derivarse males mayores para la libertad de expresión en nuestro país y para el entendimiento del papel de los sindicatos y del recurso a la huelga en una sociedad de nuestro nivel de desarrollo.

11 Diciembre 1991

Martes negro para el derecho a la información

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez Codina)

En el momento de redactar estas líneas, proseguían las conversaciones para determinar si se mantenía o desconvocaba para hoy la huelga de distribuidores de prensa de Madrid. Si la huelga cesa, se habrá limitado el perjuicio causado a los medios de comunicación y al público, pero no se eliminará la frustración que cualquier amante de la libertad de expresión debió sentir ante el espectáculo de este «martes negro» en el que los quioscos de la capital estuvieron desabastecidos. Esperamos que el conflicto entre los trabajadores y la patronal de la distribución se encauce a partir de ahora por la vía de la mutua transigencia. Pero la escasa sensibilidad demostrada por los sindicatos ante el derecho a la información de los madrileños debe obligar a las empresas periodísticas a asumir en el futuro las responsabilidades que se derivan de su función social. Creemos sinceramente que el sector de la información no ha dado la talla en este envite. La Asociación de Editores (AEDE) no se reunió hasta ayer, cuando los hechos ya se habían consumado, aprobando un comunicado tan testimonial como nada operativo. Más allá de una mentalidad estrictamente mercantilista, las empresas periodísticas deben ser conscientes de que para ellas el derecho a la información es un derecho y también un deber, y que únicamente después de agotar todas las vías humanamente a su alcance puede ser legítimo abdicar del cumplimiento de su cita diaria con los lectores. El derecho a la huelga de unos pocos, por respetable que resulte, no puede sofocar uno de los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos y a cuyo servicio estamos vinculados los periódicos.

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