5 julio 2012
Es una iniciativa de Rosa Díez y su abogado Andrés Herzog
UPyD demanda ante la Audiencia Nacional a todos los consejeros de Bankia de PP, PSOE e Izquierda Unida encabezados por Rato y Moral Santín
Hechos
El 5.07.2012 el juez de la Audiencia Nacional Sr. Andreu admitió una querella presentada por el partido de Unión Progreso y Democracia contra 33 consejeros de Bankia.
Lecturas
Los 33 ex consejeros de Bankia a instancias de UPyD y sus líderes, Dña. Rosa Díez y D. Andrés Herzog son:
Rodrigo Rato Figaredo (exministro de Economia en el Gobierno de Aznar), José Luis Olivas (expresidente de Bancaja, expresidente interino de la Comunidad Valenciana por el PP), Francisco Verdú (consejero delegado de Bankia fichado por Rato de Banca March), José Manuel Fernández Norniella (expresidente del Consejo Superior de Cámaras), Carmen Cavero(Exresponsable de la gestora del Banco Santander y directora de desarrollo del banco de inversión Morgan Stanley), Arturo Fernández (presidente de la patronal madrileña), Alberto Ibañez (senior advisor de Royal Bank of Scotland (RBS) en España y expresidente de Citi en España y consejero de Salomon Brothers. Es vocal de Colonial), Javier López Madrid (consejero a propuesta de la CEIM, trabaja en el grupo Villar Mir), Juan Llopart (consejero independiente y consejero también de NH Hoteles y SOS, y exmiembro del consejo del Banco Santander), Araceli Mora (Consejera independiente, catedrática de Economía Financiera y profesora de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Valencia),José Antonio Moral Santín (vinculado a IU), Francisco Juan Ros (consejero delegado del Ros Casares, y miembro de la patronal valenciana), José Manuel Serra (consejero de Bancaja, también figura como independiente. Fue secretario de Estado de Industria y Energía durante el Gobierno de José María Aznar),Atilano Soto (consejero de Caja Segovia) y Antonio Tirado (consejero de Bancaja a propuesta del PP y exalcalde de Castellón por el PSOE).
Entre los consejeros de Banco Financiero y de Ahorro (BFA) están además de Rodrigo Rato y José Manuel Fernández Norniella, que compartían consejos, Francisco Pons (expresidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, vinculado al PP), Ángel Acebes (exministro de Justicia con Aznar y ex secretario general del PP), Francisco Baquero (CC OO),Pedro Bedía (CC OO), Luis Blasco (consejero independiente vinculado al PP),Rafael Ferrando Giner (presidente de la patronal autonómica de la Comunidad Valenciana Cierval y actual vicepresidente de Bancaja), José Rafael García-Fuster (exconcejal del Ayuntamiento de Valencia y senador territorial de la Comunidad Valenciana por el PP), Jorge Gómez Moreno (consejero en representación de los socialistas de Madrid PSM-PSOE), Agustín González González, Mercedes de la Merced (Ex concejal del Ayuntamiento de Madrid por el PP), Jesús Pedroche (PP, expresidente de la Asamblea de Madrid), Remigio Pellicer (empresario del mueble y vicepresidente del Instituto Tecnológico del Mueble, consejero de Bancaja a propuesta del PSOE), José María de la Riva (consejero en representación de los socialistas de Madrid PSM-PSOE), Estanislao Rodríguez Ponga (exsecretario de Estado de Hacienda con Aznar), Mercedes Rojo-Izquierdo (ex asesora técnica del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid), Ricardo Romero de Tejada (ex secretario general del PP de Madrid), Juan Manuel Suárez del Toro (consejero en representación de Caja Insular de Canarias),y Ángel Villanueva Pareja(secretario del consejo de Bancaja, organizó la Asociación de Impositores para competir en la asamblea de la caja valenciana con la representación de la Unión de Consumidores, que el Gobierno autonómico del PP consideraba afín a los socialistas).
05 Julio 2012
Proceso a Bankia para investigar todo un sistema
LA AUDIENCIA NACIONAL va a investigar la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 por si hay hechos constitutivos de delito en la operación. Indagará en la gestión de Rodrigo Rato, presidente de la entidad en ese momento, y de otros 32 consejeros de Bankia y de su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA). Entre ellos, políticos del PP, del PSOE y de IU, sindicalistas de UGT y CCOO, empresarios y destacados representantes de la sociedad civil.
Por eso, con la admisión a trámite de la querella presentada por UPyD y respaldada por Anticorrupción, el juez Fernando Andreu abre un proceso que pone en la picota una parte del sistema financiero que surgió en la España de la beautiful people de los años ochenta y quedó herido de muerte en el estallido de la burbuja inmobiliaria, en los comienzos de la crisis. Es un juicio al sistema formado por unas cajas de ahorros dominadas por los políticos regionales, que camparon a sus anchas en los consejos de administración gestionando como si el dinero no fuera de nadie y repartiendo favores a diestro y siniestro. No se puede generalizar, pero que sólo queden dos de las 45 cajas de ahorros que había en España en enero de 2010 indica hasta qué punto esas entidades necesitaban una reconversión total.
Por eso no sorprende la amplitud de la investigación penal emprendida por el juez Andreu que, por ejemplo, pide información sobre los créditos concedidos a los partidos en los últimos cinco años por las siete cajas de ahorros que se fusionaron en Bankia o solicita todas las actas de los consejos en los que se fijaron las retribuciones de sus miembros. Parece como si con esta investigación penal se quisiera subsanar el tremendo error de no haber consentido la política a través de una comisión parlamentaria. El proceso lo determinará, pero es posible que algunos de los hechos que son motivo de la querella no constituyan delito, y por lo tanto no tengan castigo penal, pero sí impliquen responsabilidades políticas que merecerían ser depuradas. Es significativo también que el juez pida una ingente documentación al Banco de España, a la CNMV y al Frob y llame a declarar como testigos a los responsables de esas instituciones por entonces.
La querella se centra en si «los consejeros de Bankia y de BFA distorsionaron las cuentas a fin de dar la impresión de que su situación patrimonial era mejor que la realmente existente», según el auto. Es decir, si Rato y sus colaboradores montaron un gran engaño para «ganarse la confianza de los inversores en la salida a Bolsa y obtener financiación del mercado». El juez destaca que «se denuncia la grosera infracción de los deberes de transparencia, fidelidad y lealtad» y, por ello, imputa a los 33 implicados los posibles delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
UPyD ha rendido un servicio a la democracia al presentar esta querella y es loable el propósito de Anticorrupción y de la Audiencia de esclarecer los hechos. Ayer se inició una andadura, larga y procelosa, que puede ayudar a la sociedad a descubrir lo sucedido y eventualmente obligar a quien haya vulnerado la ley a pagar por ello.