El cierre del caso Kelly obliga a la BBC a pedir disculpas y a forzar la dimisión de sus directivos Gavin Davies y Greg Dyke

Tony Blair ha salido relativamente bien parado de la que se anticipaba como su semana trágica, tras seis años al timón del Reino Unido. En menos de 24 horas el líder laborista ha pasado de la agonía de una seria rebelión parlamentaria en sus propias filas al júbilo por las conclusiones judiciales sobre el caso Kelly.

El juez Hutton ha salvado la reputación de Blair, a quien exonera de responsabilidades en el suicidio del científico experto en armamento y de quien asegura que no mintió al Parlamento para forzar la guerra de Irak. El alto magistrado afirma que el Gobierno no manipuló el informe del espionaje sobre los arsenales de Sadam o persiguió fines turbios al permitir que el nombre del doctor Kelly saliera a la luz como confidente del periodista de la BBC Andrew Gilligan.

Por el contrario, vapulea a la cadena pública británica, cuyo presidente dimitió ayer mismo, al considerar infundadas sus acusaciones contra el primer ministro.

La BBC, con sus procedimientos informativos en la picota, es la perdedora de esta indagación judicial, que pone de relieve el ejemplar funcionamiento del sistema británico de contrapesos. Aunque cabe señalar que es más exigente con la televisión pública que con la fiabilidad de los informes de sus servicios secretos a la hora de declarar una guerra. El perfil futuro de la cadena pública se verá afectado por las conclusiones de Hutton en vísperas de la revisión parlamentaria de sus estatutos.

Presumiblemente, Blair, para quien el año pasado ha sido el más duro de su carrera política, valora mucho más las conclusiones judiciales que la revuelta laborista que a propósito de la reforma financiera de las universidades inglesas ha puesto su autoridad en entredicho y ha desembocado en una victoria por los pelos en los Comunes. El aumento de las tasas, pese a su trascendencia, es un asunto susceptible de negociación.

Las conclusiones de Hutton sobre el caso Kelly, sin embargo, caen dentro de otra categoría. No sólo porque la trágica muerte del reputado científico introdujera un rostro humano, el de una víctima, en el enfrentamiento de Blair con la mayoría de sus conciudadanos a propósito de Irak. Sino, sobre todo, porque esas conclusiones afectan a algo tan irrecuperable como el crédito político y la autoridad moral que el jefe laborista ha esgrimido desde el comienzo de su mandato como el patrimonio más preciado de su liderazgo.

Gilligan y la BBC, por el contrario, sí que sucumbieron a la tentación de elevar los grados de su información sobre Irak. El periodista estrella ya se había desacreditado durante la investigación al reconocer que algunas de las afirmaciones de su incendiario reportaje de finales de mayo eran erróneas, y otras, más producto de su interpretación que de las palabras de Kelly. Pero la venerada cadena, una de las señas de identidad británicas, no estuvo a la altura de las circunstancias. La investigación no sólo revela deficientes mecanismos de control de contenidos. Más grave es que sus responsables no actuaron con la imparcialidad e independencia que se le exige en Gran Bretaña a un servicio público pagado -casi 4.000 millones de euros anuales- con el canon de los televidentes.

El informe del juez Biran Hutton exonera al Gobierno británico y en especialmente a su primer ministro, Tony Blair, de cualquier tipo de responsabilidad en el suicidio del científico David Kelly. Asimismo afirma que las acusaciones lanzadas por un periodista de la BBC, Andrew Gilligan, de que se habían manipulado documentos para exagerar la amenaza iraquí y justificar la intervención de Gran Bretñaa en la guerra ‘eran del todo infundadas’. La respuesta de la BBC ha sido inmediata: su presidente, Gavyn Davies, ha presentado la dimisión. Caso cerrado.

Sin querer contradecir la pulcra investigación del prestigioso juez birántico, si parece necesario hacer una reflexión sobre el hecho innegable de que la información dada por la BBC, el que Iraq no disponía de armas de destrucción masiva capaces de actuar en un plazo de cuarenta y cinco minutos, era rigurosamente exacta. Esa alarmante afirmación, que ha resultado ser mentira, figuraba en un informe oficial y fue un factor decisivo en la toma de decisión de muchos diputados laboristas, que acabaron por apoyar la intervención militar.

Tal vez no lo negamos, el periodista se equivocó al acusar al Gobierno británico de manipulación intencionada sin el respaldo de una fuente. Pero el fondo de la noticia era absolutamente cierto: Iraq no representaba una amenaza inmediata para Gran Bretaña. Eso ha quedado meridianmente claro. Lástima que Hutton no haya ampliado su investigación al origen último de tan burda patraña.

El primer ministro británico, Tony Blair, aceptó ayer las excusas de la BBC, cadena pública de radio y televisión, y mostró partidario de pasar página. A la dimisión del presidente de la cadena, Gavin Davies, siguió ayer la del director general, Greg Dyke. El presidente en funciones, Richard Ryder, leyó un comunicado que no da lugar a dudas: “La BBC debe ahora seguir adelante tras la publicación del informe de lord Hutton, que ha destacad serios defectos en las formas y procedimientos de la corporación. En nombre de la BBC, no tengo dudas en pedir excusas sin reserva por nuestros errores, así como a las personas cuyas reputaciones se vieron afectadas por ellos”.

De este desgraciado incidente se puede extraer, como mínimo tres conclusiones. La primera es que el pueblo británico fue engañado sobre el peligro real que representaban las armas de destrucción masiva supuestamente en el poder de Saddam Hussein, pero que ese engaño no fue perpetrado deliberadamente por el Gobierno de Tony Blair. El segundo lugar, que la BBC fue culpable de, como mínimo, no contrastar adecuadamente su información. En tercer lugar, que tanto a la BBC como al Ejecutivo les interesa recomponer cuanto antes sus relaciones, caracterizadas históricamente por la independencia política y la profesionalidad periodística.

Desde un país como el nuestro, en el que, tanto en la esfera estatal como en la autonómica o la municipal, ninguna fuerza política está interesada seriamente en la independencia de los medios de comunicación de titularidad pública, resulta como mínimo arriesgado rasgarse las vestidura por los errores de la BBC. Bien caro los ha pagado.

La dimisión del presidente de la BBC, Gavyn Davies, a causa del informe del juez Hutton sobre la muerte del científico David Kelly, pone fin al pulso por la credibilidad mantenido durante meses por la cadena pública y el primer ministro británico. Ayer, el juez presentó sus conclusiones, exonerando a Blair y calificando de «infundadas» las acusaciones de la BBC al Gobierno.

El informe es un gran alivio para Blair, quien se enfrentaba a una semana crítica. Anteayer vio como buena parte de sus propios diputados votaba contra su reforma universitaria, aunque al final, pese a la exhibición de las fracturas del laborismo, logró que la Cámara de los Comunes aprobara por cinco votos su proyecto.Si esa fue una victoria agridulce, la de ayer es contundente.

La BBC puso todo su empeño desde el pasado mes de junio en asegurar que el Gabinete de Blair «exageró» informes secretos para justificar la guerra en Irak. La cadena dio toda credibilidad a la información difundida por su reportero Andrew Gilligan, quien basándose en una conversación con el experto en armamento David Kelly, aseguró que el Gobierno manipuló un informe de los servicios secretos para afirmar que Sadam podía usar sus armas de destrucción masiva en sólo 45 minutos.

Ahora, el juez concluye que no fue el Gobierno, sino la BBC quien exageró y manipuló. Y además, añade que no puede acusarse al Gobierno de responsabilidad en el suicidio posterior del atribulado científico. El informe de Hutton no altera el juicio general que merece la guerra de Irak, pero afecta al ejercicio de la responsabilidad periodística. La BBC lo ha visto claro y no sólo ha dimitido su presidente, sino que el director general ha pedido disculpas y ha reconocido que «algunas» imputaciones de Gilligan eran erróneas.

Se ha elogiado la independencia que mostró la BBC, como cadena pública, al plantar cara al Gobierno. Es cierto que la falta de ataduras es virtud básica del periodismo, pero si no va acompañada del máximo rigor en la elaboración de la información sólo puede conducir al descrédito. Si el caso Watergate marcó un hito en las relaciones entre el Poder y la Prensa, el caso Kelly es otro referente, pero de signo contrario. Han tenido que ser los jueces los que resuelvan un conflicto que enfrentaba a un Gobierno y al cuarto poder. Vista la resolución, la BBC no podía hacer otra cosa para recuperar su prestigio que asumir su responsabilidad, como tendría que haber obrado Blair de haberse producido un veredicto desfavorable.

Probablemente Gran Bretaña sea el único país en el mundo en el que las Comisiones Investigadoras que nombra el Gobierno sirvan para algo. En la mayoría de los países que conozco las autoridades nombran estas Comisiones para distraer a la opinión pública de algún problema candente que la tiene soliviantada y para aplazar hasta las calendas griegas su solución. La función de estas Comisiones suele ser diluir en el tiempo un tema espinoso que podría perjudicar al poder político y presentar sus conclusiones, generalmente gaseosas y oscurecidas por una jerga jurídica fuera del entendimiento del ciudadano común, cuando ya casi nadie se acuerda del asunto por el cual se nombraron.

En Gran Bretaña no suele ocurrir así por dos razones. La primera, porque quienes presiden e integran estas Comisiones son casi siempre personas de probada integridad, a las que el Gobierno no podría manipular aunque se lo propusiera, y, segundo, porque, aunque las nombre la autoridad, ellas gozan del respaldo de las fuerzas políticas tanto gubernamentales como de oposición y de una opinión pública que acata sus informes, convencida de que éstos resultan de un trabajo serio, independiente y ejecutado con buena fe.

Esta pequeña reflexión viene en relación con el fallo del juez lord Hutton, nombrado por el Gobierno británico para investigar la muerte del científico David Kelly, que se suicidó el 17 de julio del año pasado tras revelarse que él había sido la fuente de una información difundida por el periodista Andrew Gilligan de la BBC que provocó la mayor crisis que ha enfrentado el Gobierno de Tony Blair en lo que lleva de mandato. El juez ha exonerado al primer ministro Blair y a sus colaboradores de interferencia y manipulación en los informes de los servicios secretos sobre el tema de las armas químicas en Irak y censurado a la BBC por haber propalado informaciones «infundadas», sin que los organismos de control y verificación de la entidad funcionaran a fin de atajar a tiempo la difusión de informaciones inexactas o dudosas, capaces de perjudicar a instituciones y personas. Las conclusiones del juez Hutton han acarreado una cadena de renuncias en la BBC, entre las que figuran las de su presidente, Gavyn Davies, el director general, el jefe de los servicios informativos y, claro está, el periodista Andrew Gilligan. Aunque muchas personas discrepan del fallo del juez Hutton, éste ha sido, pues, rigurosamente acatado.

Me apena por la BBC, una empresa que, muy posiblemente, como servicio público de comunicaciones radiales y televisivas no tenga parangón en el mundo por su independencia frente a los poderes políticos, económicos y militares, su calidad profesional y artística y su inequívoco compromiso con la cultura, pero me alegro por el modélico sistema institucional británico que, a mi juicio, sale reforzado luego de esta prueba. Dicho esto, varias consideraciones se imponen en torno a las conclusiones del juez lord Hutton para poder juzgarlas con conocimiento de causa y a cabalidad.

La investigación, que duró cuatro meses, se llevó a cabo con una transparencia infrecuente, sobre todo cuando los servicios secretos y material reservado de inteligencia salen a relucir. Las sesiones en las que las 70 personas llamadas a declarar dieron su testimonio fueron públicas y buena parte de ellas televisadas. También la profusa documentación revisada se puso a disposición del público, a través del Internet. La enorme simpatía que había despertado el trágico caso del doctor David Kelly -un científico de muy alto nivel y hombre bien intencionado aunque ingenuo- no fue obstáculo para que, a la luz de los testimonios y documentos cotejados, se hiciera evidente que aquél se había excedido en sus iniciativas, convirtiéndose en informante de la prensa pese a que sus funciones en el Estado lo obligaban al más estricto secreto profesional, y, sobre todo, haciendo declaraciones contradictorias cuando se vio abrumado por el escándalo. Pero, sin duda, lo más importante que se hizo evidente a través de aquella minuciosa investigación del juez Hutton es que el Gobierno de Tony Blair utilizó, sí, para justificar su decisión de intervenir en Irak, unos informes de los servicios secretos, pero sin desnaturalizar ni «embellecer» su contenido, como alegaba la oposición. Esta conclusión ha salvado a un Gobierno al que muchos veían ya en caída libre, en un país en el que, no lo olvidemos, una gran mayoría de la opinión pública ha sido y sigue siendo contraria a la intervención armada en Irak. Pero para el ciudadano británico promedio todavía el fair play (el juego limpio) sigue siendo más importante que una victoria contra el adversario político.

Cuando uno examina en detalle las «distorsiones» de las que se ha hecho responsable el periodista Andrew Gilligam respecto de las declaraciones que le formuló el doctor Kelly y por las que Lord Hutton ha censurado con tanta dureza a la BBC, tiene ganas de reírse. Aquí, en el Perú, donde paso unos meses, me atrevería a decir que no hay un solo órgano de radio, diarios y televisión que -sin siquiera darse cuenta de que lo hace en la mayoría de los casos- no coloree, oriente y aproveche cada día las informaciones de que da cuenta de manera infinitamente más subjetiva y partidista que lo hizo en sus programas el periodista inglés. Y sin embargo a nadie sorprende ni escandaliza porque «informar» se ha convertido en el Perú -se diría que hay un consenso general al respecto- en otra manera de librar las batallas políticas y de desacreditar y pulverizar a los adversarios. Me atrevo a pensar que en buena parte de América Latina y del mundo esa degradación de la objetividad periodística es un hecho consumado y acaso irreversible.

¿No ocurre nada parecido en Gran Bretaña? Este país tiene, recordemos, un periodismo amarillo que goza de una gigantesca popularidad y que se las arregla cada día para ofrecer a las hordas de lectores un nuevo escándalo que hunde una reputación y sumerge en el fango de la chismografía, la frivolidad y el voyeurisme más ruines a artistas, empresarios, políticos, funcionarios, etcétera. ¿Cómo se compaginan ambas cosas? Se compaginan porque, junto a ese muladar periodístico que vive de la maledicencia, el morbo, la suciedad, en el Reino Unido hay todavía, por fortuna, unos órganos de prensa -minoritarios, eso sí- que mantienen los más elevados niveles de responsabilidad ética y profesionalismo. La BBC está entre ellos. Es difícil para quienno haya escuchado sus noticias y visto sus programas a lo largo de años hacerse una idea exacta de lo que quiero decir. Y la razón es muy simple: en todas partes, los servicios de comunicaciones públicos aunque en teoría pertenecen al Estado y están por lo tanto al servicio de toda la sociedad, en la práctica expresan y defienden los puntos de vista del Gobierno de turno. Lo que los diferencia a unos de otros son las precauciones y técnicas de que se valen para funcionar así guardando las apariencias de la independencia y la objetividad informativa.

La BBC no. Ha sido siempre una entidad que ha defendido celosamente su independencia de todos los poderes y manifestado en sus opiniones y puntos de vista el pluralismo de la sociedad británica. Sus esfuerzos por establecer una clara demarcación entre información y opinión han sentado un patrón que han tratado de imitar -sin mucho éxito la mayor parte de las veces- las radios y televisiones públicas del resto del mundo. Y eso le ha dado un prestigio ante la opinión pública que le ha garantizado esa independencia que los gobiernos difícilmente se hubieran atrevido a violentar, pues sabían que ello hubiera tenido para sus dirigentes nefastas consecuencias ante el electorado. Esta independencia le ha permitido, por otra parte, contar con el concurso de los mejores talentos -artistas, escritores, productores, cineastas, técnicos- que no vacilaban en colaborar con un ente público sabiendo que su trabajo no sería políticamente utilizado.

Siempre recuerdo un episodio que ocurrió con la BBC durante la guerra de las Malvinas, período que yo pasé en Inglaterra. Los informativos de la BBC, que yo veía mañana y tarde, informaban con lujo de detalles sobre la evolución del conflicto en sus vertientes política y militar, llevando el empeño de imparcialidad al extremo de dedicar el mismo tiempo de pantalla a los discursos de la primera ministra Margaret Thatcher que a los del general Galtieri. Esta simetría provocó una airada reacción de parlamentarios conservadores y laboristas, que, señalando que se trataba de una guerra en la que estaban muriendo soldados y marinos británicos, reclamaron a la BBC una actitud más patriótica. Se exigió que el presidente de la entidad diera explicaciones a la opinión pública por ese intolerable proceder periodístico. El presidente de la BBC apareció, venido como de otro siglo -estoy seguro que llevaba un monóculo-, y explicó que, antes de dar a conocer su parecer, revisaría personalmente las informaciones cuestionadas. Se encerró no sé cuántos días a visionar los noticiarios sobre la guerra. Emergió al fin, en una conferencia de prensa que fue breve y definitiva. El presidente felicitó a «sus» periodistas por el excelente trabajo realizado y los exhortó a seguir manteniendo esa línea de objetividad informativa, sin dejarse intimidar por chantajes patrioteros. Fin del asunto.

El fallo de Lord Hutton y el descalabro que ha causado en los servicios de informaciones de la BBC hay que leerlo contra el telón de fondo de casos como el que he recordado. Es bueno que se exija a una institución que pertenece a todos los británicos, pues todos ellos la pagan, y en la que todos los ciudadanos tienen depositada su confianza, unas normas de conducta ética y profesional irreprochables. El periodista Andrew Gilligan, muy dentro de lo que es en nuestros días una expansiva cultura que hace de la información un espectáculo entretenido antes que una fuente de conocimiento, se permitió retocar levemente unas declaraciones porque de este modo se apuntaba un scoop y se aseguraba más oyentes. Sus jefes, acaso contaminados también de aquella fiebre, dejaron pasar la leve trasgresión a la ética profesional, esperando que, sin duda, nada ocurriría: ¿acaso, alrededor de ellos, los periódicos más leídos del Reino Unido no se tomaban a diario libertades infinitamente más grandes con la verdad y la objetividad? Esa es la gota que hubiera podido horadar la piedra y marcar el principio del fin de lo que ha hecho de la BBC la emblemática institución que es.

Gracias, señor juez, por ir contra la corriente más impetuosa de nuestro tiempo y empeñarse en exigir que el periodismo no imite a la ficción, y sea, como el buen fútbol, una estimulante exhibición de destreza, juego limpio y decencia.