Acusan al vicepresidente de la CNMV, Luis Ramallo, de no haber actuado con contundencia ante los primeros indicios de irregularidades en Gescartera

Los indicios de la grave situación de Gescartera en 1999, y de las irregularidades que su dueño, Antonio Camacho, había cometido para ocultarla, llevaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a preparar con todo detalle la intervención de la sociedad, de la que han desaparecido 18.000 millones de pesetas de unos 2.000 clientes. Convocada de urgencia una reunión del consejo, el 16 de abril, tres de sus miembros (Pilar Valiente, Luis Ramallo y José María Roldán), argumentaron que no había pruebas de que faltase dinero, lo que hizo abortar la intervención, según las fuentes consultadas.

Los equipos técnicos y legales de la CNMV prepararon todos los mecanismos para intervenir Gescartera en abril de 1999, una prueba de que el organismo regulador estuvo más cerca de actuar contra la sociedad de Antonio Camacho de lo que hasta ahora se conocía.

En este sentido, la reunión del consejo de la CNMV, convocada de urgencia para el 16 de abril de 1999, adquiere toda su relevancia. Para ese día no sólo estaba terminado el informe sobre la sociedad que había preparado el entonces director general de Supervisión, David Vives, en el que describía todas las irregularidades que había descubierto en los tres meses en que había investigado Gescartera. Según fuentes cercanas a la Comisión, la contundencia del informe de Vives y las irregularidades que describía hicieron que se pusieran en marcha los mecanismos necesarios para poder llevar adelante la intervención en cuanto la aprobase el consejo.

Pero el consejo no la aprobó. En la reunión del 16 de abril, un grupo de consejeros, entre los que se encontraban Pilar Valiente, el vicepresidente y ex diputado del Partido Popular Luis Ramallo, y José María Roldán, creyeron que no existían pruebas suficientes para avalar la medida. Sus argumentos se basaron en que, a pesar de que el informe de Vives detallaba lo que parecían graves irregularidades, en ningún momento se aportaban pruebas como para afirmar con certeza que faltaba dinero en Gescartera, según las fuentes consultadas.

División en el consejo

Vista la división en el consejo, el entonces presidente de la CNMV, Juan Fernández-Armesto, optó por una solución de consenso, que consistió en ‘reforzar’ la vigilancia sobre Gescartera y abrir expediente, según reconoce el organismo. De hecho, el expediente por irregularidades en la contabilidad y por poner en riesgo los fondos se sumaba a otro abierto 10 días antes por obstrucción a la inspección. Esa circunstancia, más el informe de Vives, fue considerado suficiente para intervenir, aunque, ante la falta de unanimidad, se pasó al escalón inferior y se decidió abrir expediente por falta grave.

Esto no impidió, en los meses siguientes, que Antonio Camacho entregase documentos bancarios falsos (aceptados como válidos) para tapar un agujero de 4.000 millones de pesetas, ni que el descontrol en la sociedad se acelerase, hasta el día de su intervención, en junio de este año, cuando ya faltaban 18.000 millones de pesetas.

La división en el seno del consejo de la Comisión Nacional de Valores de aquel día ya se había repetido en ocasiones anteriores a propósito de la publicación o no de las multas impuestas por falta grave, ya que la ley permite ambas alternativas. De hecho, lo mismo sucedió un año después, en julio de 2000, cuando el consejo sancionó a Gescartera con diez millones por falta grave, pero no hizo pública la multa.

Preparación

La preparación técnica y legal de la intervensión se inició tras el informe firmado por David Vives, entonces director general de Supervisión, y realizado por su equipo, que durante tres meses, desde diciembre de 1998, había estado investigando a Camacho y Gescartera. Esta investigación culminó en una reunión el 30 de marzo de 1999 en la sede de la CNMV en Madrid, en la que se enfrentaron violentamente, según relato de los testigos, los dos equipos: Vives al frente de siete inspectores, y Camacho, con varios de sus asesores.

También asistió a la cita un representante del Arzobispado de Valladolid, por entonces el mayor cliente de Gescartera, y que tenía invertidos en la sociedad unos 1.000 millones de pesetas. Tras aquella tensa reunión, el Arzobispado, por consejo del delegado de Gescartera en Castilla y León, Javier Valenzuela, retiró su dinero.

En la cita del 16 de abril de 1999, Vives descubrió, entre otras irregularidades, que Camacho confeccionaba los extractos bancarios que entregaba a sus clientes.

Tras la decisión del consejo en contra de la intervención, el expediente se alargó durante casi año y medio, y acabó con una multa de diez millones (siete a Gescartera, dos para Antonio Camacho y otro para el apoderado, José María Ruiz de la Serna), por ‘resistencia a la inspección’.

Son incontables las veces que EL PAÍS ha publicado que el criterio del vicepresidente de la CNMV Luis Ramallo era no publicar las sanciones impuestas por la CNMV. Esa afirmación es falsa de toda falsedad. Lo que siempre he mantenido es mi criterio contrario a que se publique la apertura de expedientes sancionadores a personas físicas, porque eso para mí ya constituye una sanción. Se produce un daño difícil de reparar a personas que luego pueden ser declaradas inocentes. Por citar sólo tres casos, ahí está el daño gratuito que se hizo al señor Fuste, ex presidente de Endesa, y al señor Palomo, de la misma sociedad, e igualmente el daño gratuito que se hizo al presidente de Zeltia. Se publicó la apertura de expediente sancionador a dichas personas y luego se les declaró exentos de responsabilidad. El daño ya estaba hecho. Como las actas de los consejos de la CNMV son secretas, seguramente EL PAÍS hace su afirmación basado en una filtración interesada. Le ruego que, como periódico serio que dice ser, respete la verdad. Luis Ramallo nunca fue opuesto al criterio del resto de los consejeros de la CNMV en cuanto a la publicidad de las sanciones.