Agentes turcos logran apresar en Kenia a Abdullah Öcalan, líder kurdo como jefe del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK)

La rocambolesca detención del dirigente terrorista kurdo Abdalá Ocalan debe servir para exigir a Turquía no sólo un proceso justo, sino garantías de que se respetará su vida. Al mismo tiempo, esa detención puede motivar presiones diplomáticas a ese mismo país en favor de una autonomía política para los kurdos. No se entendería que la comunidad internacional presionara a Serbia para que devuelva un régimen de autogobierno a los kosovares y abandonara a su eterna mala suerte a ese pueblo desgraciado que es el kurdo.Hay aún muchos puntos oscuros en esta detención. Realmente, no se sabe lo que ocurrió en Kenia tras la salida de Ocalan de la Embajada de Grecia en Nairobi, que le negó el refugio, para dirigirse al aeropuerto, supuestamente con destino a Holanda. El dirigente del PKK (Partido de los Trabajadores Kurdos) cayó en una trama bien urdida. El tiempo dirá si ha habido alguna connivencia griega en esta detención, en lo que sería una apuesta estratégica por unas mejores relaciones entre Atenas y Ankara. El Gobierno de Costas Simitis lo niega, pero ni siquiera ha convencido en su propio país. Sería grave que un país de la Unión Europea entregara a un detenido, incluso a un terrorista como Ocalan, a un país como Turquía, que deja mucho que desear como Estado de derecho y en el que está vigente la pena de muerte.

Repartidos en seis países, pero principalmente en Turquía e Irak, los 26 millones de kurdos forman el mayor pueblo sin Estado del planeta. Las resistencias de la comunidad internacional a reconocer un Estado kurdo es proporcional al potencial desestabilizador de esa hipótesis. Pero los kurdos han de poder disfrutar de derechos básicos, en vez de seguir viviendo, al menos en seis provincias del sureste de Turquía, en estado de excepción permanente desde 1987, en una zona en la que el Ejército turco ha vaciado unos 3.000 pueblos en el marco de una política que en otras partes se llama limpieza étnica.

La detención de Ocalan supone un éxito de gran magnitud para el Gobierno turco y favorecerá, sin duda, las posibilidades en las elecciones anticipadas de abril del actual primer ministro, Bulent Ecevit, emocionado ayer al anunciar la noticia de la captura del líder del PKK. Esta detención llega menos de un año después de la de Semdim Sakik, antiguo número dos de Ocalan, y tras importantes victorias del Ejército en su lucha con las guerrillas kurdas. Ahora que Turquía está ganando la partida militar, debe abordar con urgencia la política. Un juicio sin garantías, en un país donde la cultura de la tortura está extendida, no serviría a la causa de la paz. Menos aún una condena a muerte en un Estado que pretende entrar en una Unión Europea que ha desterrado esta práctica. La reticencia de varios jueces y gobiernos occidentales a entregar a Ocalan a Turquía se basaba en la existencia de la pena de muerte y la falta de garantías jurídicas en caso de extradición.

Tres ser expulsado de Siria por presiones turcas, Ocalan -que había permanecido durante años refugiado en Damasco- ha vagado durante los últimos cuatro meses por varios países. Turquía, probablemente con el apoyo de diversos servicios secretos de otros países, ha conseguido apresar a quien considera responsable de miles de muertes (incluida la de un turista español víctima de un atentado terrorista en 1994). Comprender el problema kurdo, y pedir que se aborde con determinación, no equivale a disculpar el terrorismo salvaje e indiscriminado practicado por Ocalan y los suyos. Tampoco parece la respuesta adecuada para granjearse simpatías y apoyo a su causa el asalto y la toma de rehenes en embajadas, consulados (principalmente griegos) o instituciones internacionales en varias ciudades de Europa, como las llevadas ayer a cabo por manifestantes kurdos. Harían bien en escuchar los llamamientos a la calma de sus líderes más moderados. La detención de Ocalan supone un alivio para muchos, pero ha generado un problema de seguridad en Europa, con riesgo de reacciones terroristas.

En este contexto cobra una nueva dimensión la decisión de los nacionalistas vascos de ofrecer la sede del Parlamento de Vitoria para la reunión en julio de la autodenominada Asamblea Kurda en el Exilio. Evidentemente, tal gesto constituye ante todo una provocación al Gobierno de Aznar, a la que no es fácil dejar de contestar si se quiere evitar una escalada; pero requiere una respuesta que no haga el juego a quienes buscan el enfrentamiento institucional. No lo tiene fácil el Gobierno, porque la salida en teoría menos arriesgada, el recurso a los tribunales, es de dudosa viabilidad. En principio, los recursos de inconstitucionalidad se refieren a normas legales, no a actos políticos, y no es tan evidente que el Constitucional vaya a aceptar la existencia de un conflicto de competencias.

La noticia de la detención de Abdulá Ocalan, líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), recorrió ayer como un escalofrío las espaldas de miles de kurdos en todo el mundo, desencadenando la ocupación de casi 30 sedes diplomáticas griegas, manifestaciones de protesta y la inmolación de cuatro personas, una de las cuales ha muerto.

No está claro el papel desempeñado por Grecia y por Kenia en la operación, pero sí existen serios indicios de que el régimen turco -aliado estratégico de la OTAN- ha capturado a su pieza más codiciada gracias a la colaboración de los servicios secretos norteamericanos e israelíes.

Acaba así el dramático peregrinaje de Ocalan: ahora se enfrenta a las temibles condiciones de detención de un país reiteradamente acusado de violar los derechos humanos, que practica con pericia la tortura y que castiga con la muerte el delito de atentar contra la integridad del país.

Probablemente el Gobierno turco no se atreva a ejecutar a Ocalan. Pero para derrotarlo bastará con mantenerlo confinado en una celda bajo la amenaza de que cualquier día se le puede aplicar la pena capital.

La detención de Ocalan supone un punto de inflexión en el drama del pueblo kurdo, cuya historia se ha escrito con sangre desde que en 1923 se firmaron los acuerdos de Lausana. El reparto de la zona dejó el Kurdistán dividido principalmente en cuatro países (Siria, Turquía, Irán e Irak). Hoy casi 30 millones de personas están desprovistas de los más elementales derechos como pueblo.

«Espero que la captura de Ocalan sea una solución al problema», afirma el primer ministro turco, Bulent Ecevit, entrevistado por este periódico. Sólo la ceguera política puede hacer pensar que matando al perro se va a acabar la rabia que los kurdos han acumulado en 80 años de revueltas duramente reprimidas. Sólo en los años de actividad armada del PKK han muerto 30.000 personas: guerrilleros kurdos, militares turcos y civiles.

La comunidad internacional nunca se ha tomado gran interés por este conflicto. La Realpolitik se ha impuesto, exacerbando la desesperación kurda. En este contexto, queda patente la frivolidad del Parlamento vasco que, con su invitación unilateral al exilio kurdo, sólo puede verse enredado en una compleja madeja de tensiones internacionales y, tal vez, en una espiral de violencia.

Cobra fuerza, sin embargo, la necesidad de celebrar una conferencia internacional con los cuatro países afectados para promover una autonomía kurda. Si no les ofrece un futuro, se corre el riesgo de que caigan en una desesperación tan peligrosa como lo fue en tiempos la de los palestinos.

La sentencia de muerte contra Abdalá Ocalan no ha sorprendido. El tribunal turco de Seguridad del Estado ha considerado culpable de alta traición al jefe de la guerrilla kurda, a quien responsabiliza de la muerte de cerca de 30.000 personas a lo largo de catorce años de insurrección. El fallo ha echado a la calle a miles de kurdos en varias ciudades europeas, y suscitado la protesta de los Gobiernos de la UE -Alemania teme que peligre la convivencia en su propio territorio- y de las organizaciones pro derechos humanos, que critican la parcialidad del proceso. Muchos turcos, en contrapartida, muestran su alborozo por la imposición de la pena capital a quien consideran su mayor enemigo. La condena tiene aún un largo recorrido legal. Deberá ser confirmada por una instancia de apelación, aprobada por el Parlamento turco y ratificada por el jefe del Estado. Ocalan no es muy querido por los diputados turcos. Dos de los tres jefes de partido que forman la coalición gobernante de Bulent Ecevit se han pronunciado por la ejecución, que, en cualquier caso, no puede llevarse a cabo sin haber escuchado antes al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ocalan, de 51 años, es, con toda propiedad, el jefe de una organización – el Partido de los Trabajadores del Kurdistán- que practica el asesinato, el terrorismo y la extorsión. Pero ésta es sólo una de las caras de la moneda. La otra es que desde 1923, el año de su nacimiento como república, Turquía ha ignorado las reivindicaciones de su minoría kurda, al menos diez millones de personas, a las que niega derechos elementales y contra las que sigue lanzando en el suroeste del país a un ejército que destruye aldeas, expulsa a inocentes y encarcela arbitrariamente.

Por eso sería un grave error que Ankara, que no ha ejecutado a nadie desde 1984, aplicara la pena capital a Ocalan. El líder kurdo, detenido novelescamente en Kenia en febrero por agentes secretos de su país, ha dicho durante el juicio que si se le perdona la vida pedirá a sus incondicionales que abandonen las armas y cooperen en la construcción de un Estado más tolerante. El Gobierno debe tomarle la palabra. La violación de los derechos humanos ha socavado la ambición turca de incorporarse a la UE. Ahora tiene la ocasión histórica de ejercer la magnanimidad y poner los cimientos de la reconciliación con los kurdos.