PNV y Eusko Alkartasuna acuerdan presentarse en coalición en las elecciones municipales de 1999 tras años de enfrentamiento

LOS PARTIDOS nacionalistas vascos sellaron ayer su compromiso de unidad con la aprobación de una ambigua declaración conjunta sobre la violencia. El intento del PNV y EA de conseguir que sus nuevos socios de Euskal Herritarrok se distancien de las prácticas violentas se ha saldado con un texto decepcionante, por más que Arzalluz lo considere como un primer paso suficiente. Desde la firma de Lizarra son los partidos nacionalistas democráticos los que se pliegan a los planteamientos de los otros, aceptando su punto de vista sobre casi todo. Ahora, también sobre la violencia.Muchas personas dieron por supuesto que, una vez acordada la tregua, los nacionalistas intentarían reconducir Lizarra hacia cauces compatibles con la legalidad. La declaración de ayer más bien indica que son ETA y EH los que están sacando al PNV y EA del marco institucional. Cada frase de la declaración admite una interpretación que justifica los métodos coactivos: los ejercidos por ETA para llegar a Lizarra y los que se practican ahora para perseguir y acallar a los disidentes. Es cierto que el punto tercero recoge una apuesta por que el proceso «se realice en unas condiciones de ausencia permanente de todas las expresiones de violencia». Pero, lejos de cualquier autocrítica, el texto está plagado de reproches al Gobierno por su inmovilismo y a «la clase política y mediática» que siembra crispación en lugar de rendirse a las evidencias proclamadas en Lizarra.

Ibarretxe y Egibar ya habían reducido al mínimo su nivel de exigencia hacia EH: visto que Otegi no se comprometía a atajar la violencia encapuchada, que al menos la condenara. Pues ni eso. «A nadie se le oculta que este proceso que hemos iniciado no se va a desarrollar sin dificultades». Como si se tratase de iniciar ahora, tras más de veinte elecciones, un proceso de transición a la democracia. Condicionar el «respeto de los derechos individuales y colectivos» al logro de unos objetivos de partido no es democrático, y hablar a estas alturas de «violencias de distinto signo» es un sarcasmo. Que el brazo político de ETA finja creer que el mundo se inaugura ahora, cuando ellos deciden hacer política, podría entenderse. Que lo asuman quienes llevan 20 años gobernando es incomprensible.

La extremada comprensión del PNV y EA hacia los de Otegi contrasta con su exigencia para quienes no comparten su fe. No basta con considerar errónea la política penitenciaria de Mayor Oreja. Hay que demostrar que vulnera la ley -lo que es falso- para equipararla con la delincuencia de los encapuchados. La severa admonición a los empresarios nacionalistas que se atrevieron a exponer su preocupación indica que la intolerancia es contagiosa. La esperanza de que los portavoces nacionalistas matizaran al menos lo que habían firmado también quedó defraudada. Están orgullosos. La forma de superar el principio de no contradicción -gobernar con el estatuto y considerarlo superado- consiste en elevar el tono y culpar de todo al «linchamiento mediático contra el nacionalismo».

No sólo no ha habido condena de las amenazas y agresiones que se siguen produciendo contra jueces, fiscales, periodistas y concejales del PP, sino que se ofrece comprensión. El principal argumento para las concesiones de Lizarra fue que eran imprescindibles para que EH entrase en las instituciones e hiciera en ellas su rodaje democrático. Pero para que tal cosa ocurra sería preciso que los demócratas defendieran sus propios puntos de vista, y no que convalidaran todo lo que los otros hagan. ¿Dónde queda el compromiso de Ibarretxe de no aceptar el apoyo parlamentario de EH si no condenaba claramente la violencia?