Agresión al Consejero Pedro Alberto Cruz, del Gobierno de Murcia

La agresión al consejero de Cultura de la Comunidad de Murcia, Pedro Alberto Cruz, ha sido enérgicamente condenada por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Aun así, el Partido Popular no se da por satisfecho y está tratando de establecer una relación directa entre las críticas que le han dirigido los socialistas murcianos y la brutal paliza al consejero. Además, los populares acusan de pasividad maliciosa al Ministerio del Interior y exigen la dimisión del delegado del Gobierno en la Comunidad. La dirección nacional del PP no solo no ha puesto límite a estas graves acusaciones, sino que las ha avalado y, en ocasiones, amplificado.

Resulta sencillamente temerario que, antes siquiera de que la investigación recogiera los primeros datos sobre la agresión al consejero, el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, asignase sin asomo de duda las responsabilidades. Para ello, utilizó un razonamiento que resulta peligroso en boca de cualquier ciudadano, pero mucho más si ejerce una responsabilidad institucional. Valcárcel aseguró que, puesto que la izquierda es solo una, el partido socialista es culpable con independencia de quiénes sean los agresores.

Probablemente el presidente murciano no es consciente de la tormenta que ha desatado cuando, en contra de una norma básica del Estado de derecho que se ha comprometido a respetar y a hacer que se respete, señala una responsabilidad colectiva para un delito. Y, por su parte, la dirección nacional de los populares parece dar por bueno ese atropello en la medida en que sirve para transmitir la imagen de que, además de cometer errores, el Gobierno del partido socialista contemporiza o, incluso, alienta la violencia.

El consejero Pedro Alberto Cruz tiene derecho a que se investigue hasta sus últimas consecuencias y se haga justicia sobre su caso, como también los ciudadanos que confían en el funcionamiento del Estado. Pero quienes están poniendo en entredicho ese derecho no son ni las fuerzas de seguridad ni el sistema judicial, sino el mismo Ejecutivo regional del que el consejero Cruz forma parte, puesto que pretende tratarlo como un asunto definitivamente esclarecido y sentenciado, con el único propósito de estigmatizar a los adversarios políticos y cobrarse de este modo unos inmediatos réditos electorales.

En un Estado de derecho, corresponde a los tribunales investigar delitos tan graves como la agresión a un cargo público, determinar las responsabilidades y condenar a los autores. Desde ayer hay un detenido por su presunta participación en los hechos. En cuanto a la tarea de los presidentes autonómicos, hay algo que en ningún caso deberían hacer: exacerbar los ánimos propagando acusaciones mientras la justicia trabaja. Eso es, exactamente, lo que está haciendo Ramón Luis Valcárcel y, en su estela, la dirección nacional del Partido Popular.

EL RECURSO a la violencia debería estar erradicado de una sociedad democrática y tolerante como la española, donde existen la libertad y los cauces legales suficientes para dirimir los conflictos sin apelar a la fuerza o la coacción. No es esto lo que ha sucedido en Murcia en las últimas semanas, en las que la legítima -y en cierto modo ejemplar- decisión del Gobierno regional de proceder a una serie de medidas de austeridad respecto a los funcionarios ha sido acogida con una escalada de contestación y de violencia.

Esa escalada culminó el pasado sábado con la brutal agresión a Pedro Alberto Cruz, consejero de Cultura, que fue golpeado con un puño de acero a las puertas de su domicilio. Ayer la Policía detuvo a un ultra de extrema izquierda, al que se le acusa de ser el autor material de la agresión contra Cruz.

Todo empezó el pasado 22 de diciembre con una manifestación contra el Gobierno de Murcia que acabó en un intento de agresión a un senador del PP y el secretario del Consejo de Presidencia. Ese día comenzó una espiral de protestas ante la sede del Ejecutivo y de la Asamblea, que fueron acompañadas de actos de intimidación, amenazas e insultos contra los consejeros y sus familiares, y en los que intervinieron cargos socialistas y líderes sindicales.

Lo primero que hay que reprochar es la tardanza en reaccionar del delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, que calificó de «incidente mínimo» ese intento de agresión y mantuvo una actitud pasiva hasta que Pedro Alberto Cruz fue brutalmente agredido hace cuatro días. Debería dimitir por esa incapacidad para cortar la escalada de violencia.

Pero como ya dijimos en el caso de atentado de la congresista de Arizona, los únicos responsables de la agresión contra el consejero son los autores materiales: el ultra de izquierdas detenido ayer y sus cómplices. No cabe señalar al PSOE -ni a ninguna otra organización política o sindical- como instigador directo del ataque concreto contra Pedro Alberto Cruz, aunque sí contribuyó al clima que propició dicha agresión.

Se impone una reflexión sobre la génesis de estos actos violentos, que son todavía una excepción en la sociedad española pero que podrían empezar a proliferar si las fuerzas políticas no hacen un esfuerzo para erradicar esas actitudes de agresividad e intolerancia.

No es exagerado decir que la sociedad española está perdiendo los valores de centralidad y moderación que caracterizaron la Transición, mientras pequeños sectores de extrema izquierda y de extrema derecha van ganando adeptos en el contexto de una crisis económica que ha dejado indefensas a millones de personas. Ello es especialmente perceptible en el seno de la izquierda, donde el desmoronamiento de la socialdemocracia ha favorecido el rebrote de un sector radical y antisistema que no desdeña el uso de la violencia. Pero también en la derecha parece renacer un sector fanatizado, muy en línea con el autoritarismo del franquismo.

Lo cierto es que estamos asistiendo en nuestro país a un deterioro de la credibilidad de los dos grandes partidos, cuyos mensajes son acogidos con escepticismo mientras afloran peligrosas tendencias centrífugas. Éste es el caldo de cultivo de esas actitudes violentas, xenófobas y fanáticas.

El antídoto contra esta enfermedad pasa, en primer lugar, por una tolerancia cero de los partidos no ya sólo ante los actos de violencia sino, sobre todo, contra la creación de situaciones de confrontación extrema y de denigración del adversario hasta transformarlo en enemigo. Esto no puede tener cabida en la política y debería conllevar un compromiso del PSOE y del PP de no estimular dinámicas de acoso que luego acaban en estallidos incontrolados de odio y venganza.