La Mesa del Congreso niega Grupo Parlamentario propio a Amaiur (herederos de Batasuna) pese a tener 5 diputados

La Mesa del Congreso debe decidir hoy si aplica el reglamento en términos estrictos o con la flexibilidad necesaria para que tanto Amaiur (siete diputados) como UPyD (cinco diputados) puedan formar grupo parlamentario pese a que les faltan algunos votos para alcanzar el mínimo requerido. El dilema es especialmente afilado en el caso de la coalición abertzale por razones formales, políticas y prácticas.

Formales: cuenta con más del 15% de votos en cada circunscripción del País Vasco, como exige el reglamento, pero no lo alcanza, por unas centésimas, en Navarra. Para intentar esquivar ese obstáculo, no tomó posesión su único diputado navarro a fin de constituir grupo con solo los seis diputados del País Vasco (en el que se integraría más adelante Navarra). Es evidente que se trata de un truco fácilmente calificable como fraude de ley, pero menos que la práctica tantas veces repetida (y avalada luego por los tribunales) de cesión temporal de diputados de otros partidos para constituir un grupo del que más tarde desaparecen esos tránsfugas provisionales. La fórmula de que un miembro de la propia coalición salga y entre parece más natural que esa otra.

También se han invocado razones políticas. El nuevo portavoz del PP, Alfonso Alonso, no ve razones para hacer una excepción con una coalición articulada en torno al antiguo brazo político de ETA y que todavía «tiene que demostrar su voluntad democrática». Esto es cierto, pero la cuestión es cómo se favorece esa evolución pendiente. La otra cara de la descentralización es la participación en las instituciones (y la política) comunes. Más bien habría que felicitarse de que los electos de la izquierda abertzale, tras años de no participación en el Parlamento una vez tomaban posesión, quieran ahora hacerlo, aunque duden si de manera permanente o no.

También se han invocado, en uno u otro sentido, cuestiones prácticas a considerar, como las subvenciones que perciben los grupos en cuanto tales, o la participación de los mismos en la comisión de secretos oficiales. Y sobre todo, que en caso de no reconocerse grupo propio a Amaiur y a UPyD, el Mixto tendría 23 diputados de nueve formaciones diferentes, lo que complicaría extraordinariamente su funcionamiento en los debates.

En conjunto hay más razones a favor de la flexibilidad que en contra, por más que la forma en que lo reclama Amaiur, como un derecho democrático inmanente, sea un reflejo de la mentalidad impositiva que sobrevive en ese mundo. También UPyD lo reclama como un derecho, pero en su caso apoyado en la realidad de la discriminación provocada por un sistema electoral que hace que cada escaño suyo cueste 228.000 votos, frente a los 65.000 que vale cada uno del PNV o los 58.000 de cada uno del PP. En el marco de la ley, caben interpretaciones flexibles que favorezcan la expresión del pluralismo político y el Constitucional ha respaldado algunas fórmulas ideadas para ello más artificiales que las que ahora se proponen.

Con independencia del sentido del informe de los servicios jurídicos de la Cámara, el PP, que tiene mayoría en la Mesa del Congreso, pudo haber dado luz verde a la petición de la coalición Amaiur de formar grupo parlamentario propio. Hizo lo contrario porque su política respecto a la izquierda abertzale sigue siendo la de la máxima dureza dentro de lo que la ley permita. La prueba de que se trataba de una decisión política es que sigue a la de Rajoy de excluir a Amaiur de la ronda de contactos previos a su investidura, porque «persigue objetivos que no contempla la Constitución».

El dilema era político, y el PP ha cometido un error que también lo es: primero, porque la renuncia de ETA al terrorismo ha dejado sin sentido la estrategia seguida para que la izquierda abertzale forzase esa retirada; segundo, porque favorece las posturas contrarias a la participación normalizada en las instituciones, tema sobre el que la coalición está dividida; tercero, porque es posible que el recurso que ayer presentó prospere (o que llegue hasta el Tribunal Constitucional convertido en una cuestión de derechos políticos conculcados), lo que colmaría las aspiraciones de los más radicales.

Un error, además, con dudosa fundamentación jurídica, porque (aparte de que, según Bono, había otro informe que avalaba la pretensión de Amaiur) el ahora conocido resulta contradictorio con numerosos antecedentes e incluso con la simultánea decisión de autorizar la estratagema de UPyD de integrar provisionalmente a un diputado de otro partido para alcanzar, no menos provisionalmente, el porcentaje de votos requerido por el reglamento para formar grupo propio. No se entiende por qué esa operación sería aceptable y la de formar grupo solo con los escaños obtenidos por Amaiur en Euskadi no lo sería. El informe apenas entra en el fondo de la cuestión, que podría simbolizarse en la paradoja de que el PNV, con cinco diputados en el País Vasco, pueda tener grupo, y Amaiur, con seis en esa comunidad, no.

Además, es poco inteligente. La historia está llena de ejemplos de partidos que sin ser en su origen democráticos se democratizaron en el ejercicio de la política parlamentaria. Por supuesto que a la izquierda abertzale actual, eje de Amaiur, le falta un largo camino para poder ser considerado un partido como los demás. Pero su evolución hacia la democracia es clara, y no se ve cuál sería la ventaja de ponerle trabas a su participación institucional, una vez que se ha producido el cese de la violencia.

Ni siquiera es cierto que al privarle de grupo se reduce el riesgo de una utilización demagógica de las instituciones para atacarlas. Son precisamente decisiones como la adoptada ahora lo que alimenta el discurso de quienes buscan, antes que nada, darse la razón retrospectiva sobre su rechazo de una democracia a la que acusan de seguir dominada por la «intransigencia española de siempre».