Atentado de Lockerbie: un terroristas libio, Abdelbaset al-Megrahi, asesina 270 personas en un avión en un crimen promovido por el dictador Gadafi

LA VOLADURA de un avión de la Pan American cuando sobrevolaba la localidad escocesa de Lockerbie en 1988 (270 muertos) y de uno de la compañía francesa UTA sobre Níger en 1989 (171 muertos) desencadenó una de las mayores investigaciones policiales de la historia. Pronto se llegó a la conclusión, con el apoyo de pruebas que parecen concluyentes, de que en ambos casos los ejecutores directos de los sabotajes habían sido funcionarios del Gobierno libio. Lo que es más, ello apuntaba a que el Ejecutivo de Trípoli habría sido el instigador de sendos atentados. Tribunales de Estados Unidos y de Escocia solicitaron a Libla que les entregaran a dos sospechosos para que fueran juzgados; y un tribunal francés pidió interrogar a otros cuatro libios en relación con el desastre de Níger.Empezó entonces un tira y afloja por la posesión de los acusados. El tira, justificado en que los tribunales libios no tienen la independencia o la voluntad de juzgar a los reos con garantías jurídicas suficientes; el afloja, en que su enjuiciamiento en Occidente tendría por resultado la incriminación del Estado libio como responsable directo del terrorismo.

Gaddafi ha opuesto todas las trabas jurídicas y políticas posibles para demorar y, en última instancia, impedir la entrega de los presuntos terroristas a Occidente. Desde negar su existencia misma hasta invocar el sólido argumento de que ningún país entrega a sus nacionales o de que Libia no tiene tratados de extradición; desde cubrir de alabanzas a su viejo enemigo, el presidente Bush, hasta amenazar sutilmente con represalias a los extranjeros que viven en Libia.

Ante esta actitud, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, los tres países más afectados por los dos desastres aéreos, que son además miembros permanentes del Consejo de Seguridad, han recurrido a una acción que era impensable antes de la crisis’del Golfo: la imposición por la ONU de sanciones contra Libia si no entrega a los presuntos culpables a la acción ae la justicia. Gaddafi se embarcó entonces en toda suerte de maniobras dilatorias: ofrecer laentrega de los acusados al secretario general de la ONU; pedir y conseguir de la Liga Árabe su apoyo contra las resoluciones; proponer entregar a ésta a, los reos; pedir que el juicio tuviera lugar en un «país neutral», extraña incongruencia jurídica. La última, demandar al Tribunal Internacional de La Haya -cuya competencia en la materia es cuando menos dudosa- que determine dónde ha de celebrarse el juicio e impida, que Washington y Londres sancionen a Trípoli antes de la resolución de la corte.

Sea cual sea el resultado de esta última maniobra dilatoria de Libia, el Consejo de Seguridad debe seguir adelante y aplicar las sanciones si no son entregados los acusados. La relajación de las W-fisiones internacionales entre las grandes potencias, el nuevo papel de la ONU como protagonista efectivo en cuestiones de derechos humanos, su repentina energía en la aplicación ejecutiva de sus mandatos y el horror que produce la plaga del terrorismo permiten una nueva dinámica que, pese a las dificultades propias de la política mundial, va configurando un orden internacional más justo, por limitado que sea. Si se demuestra que los acusados son culpables, debe recaer sobre ellos el peso de la ley. Y si se demuestra que el Gobierno de Trípoli es reo de instigación del crimen, debe tener el castigo político que merece.

Es cierto que castigar a Libia y abstenerse de hacerlo en el caso de otra de las instancias de terrorismo de Estado -Siria- constituye un caso de doble rasero con el que se justifica la incredulidad con la que la opinión pública considera el nuevo orden. Pero ello no hace a Libia menos culpable y menos merecedora de castigo; sólo demuestra que hay presuntos criminales que por sus amistades o por su utilidad coyuntural escapan de la pena a la que se habrían hecho acreedores.

CON LA entrega por Gaddafi a la ONU de los dos sospechosos libios del atentado de Lockerbie -270 muertos como consecuencia de la explosión sobre Escocia del vuelo 103 de Pan Am entre Londres y Nueva York, el 21 de diciembre de 1988- se inicia el último capítulo de una tragedia que conmovió al mundo. Para Libia, el gesto supone el final de las sanciones de la ONU que desde 1992 pesaban sobre el régimen de Gaddafi. Para los familiares de las víctimas, la esperanza, a estas alturas más simbólica que real, de que se acabe haciendo justicia sobre un hecho que ha permanecido una década apresado en la inextricable maraña de las relaciones entre Gobiernos enemigos.El juicio sin precedentes que se desarrollará en Holanda -tres jueces escoceses se sentarán en una base abandonada de EE UU cerca de Utrecht, que se convertirá temporalmente en suelo británico- es la conclusión de ocho años de negociaciones; desde que en 1991, y tras 12.000 interrogatorios de investigadores estadounidenses y británicos (países a los que pertenecía la mayoría de las víctimas), Washington y Londres acusaran formalmente de la matanza a dos libios pertenecientes a los servicios secretos. Trípoli se negó a la extradición primero y exigió después un terreno neutral. Estadounidenses y británicos han abdicado de su sostenida exigencia de un juicio en su territorio.

El compromiso materializado ayer con la entrega de los sospechosos es un tardío triunfo de la diplomacia. Pero sobre todo, en el caso libio, es fruto de la necesidad. Las cosas han cambiado mucho desde los años ochenta, cuando Trípoli abanderaba cualquier causa antiimperialista. Gaddafi dirige un país de cinco millones de personas al que las sanciones de la ONU -reforzadas en 1993, y que van del embargo aéreo al de armamento, pasando por la congelación de activos financieros y la subexplotación petrolífera- han costado casi tres billones de pesetas, según las estimaciones conservadoras del Banco Mundial. El desplome de los ingresos por petróleo ha hecho el resto para poner fin al drama, aunque sea con 11 años de retraso.

El vuelo 103 de la Pan Am estalló el 21 de diciembre de 1988, cuando sobrevolaba la localidad escocesa de Lockerbie, causando la muerte de los 259 pasajeros y tripulantes -entre ellos, una española- y 11 personas más en tierra. Once años después se ha abierto, en un tribunal especial en los Países Bajos, el juicio contra los dos principales acusados de asesinato y conspiración para asesinar: Abdel Baset al Megrahi y Al Amín Jalifa Fahima, dos libios que niegan toda autoría o participación en los hechos, a la vez que desde Trípoli el presidente Gaddafi se ha desentendido de lo ocurrido.Llegar a la apertura de la vista en Camp Zeit, una antigua base estadounidense en los Países Bajos, ha costado años de sanciones contra Libia, hasta que el coronel Gaddafi decidió finalmente entregar a los dos acusados a la justicia escocesa. Fruto de las negociaciones, y para evitar la imagen de sometimiento a Estados Unidos, el juicio se celebra con jueces y fiscales escoceses y de acuerdo con el derecho de Escocia, que en virtud del principio de la «defensa especial» permite a los acusados trasladar la acusación hacia terceros. Los abogados de la defensa han aprovechado de inmediato esta posibilidad al señalar a dos grupos palestinos -el Frente Popular Palestino de Liberación Comando General, que lo niega, y el oscuro Frente de Lucha Popular Palestino- como los autores de este crimen. Es justamente hacia grupos terroristas palestinos hacia quienes se dirigió en primer lugar la investigación de los servicios de espionaje estadounidenses y británicos, antes de girar a principios de los noventa hacia la pista libia, obligando a Gaddafi a entregar a los acusados y a tener una posición relativamente cooperadora en su intento de romper el aislamiento frente a Europa y EE UU al que se vio sometido por el atentado de Lockerbie.

El juicio debería servir para hacer justicia, pero en él se va a confrontar la diferencia entre la información que proporcionan los servicios de espionaje y las pruebas que se han demostrado en el juicio, aunque la acusación dispone del testimonio de un desertor de los servicios secretos libios. De momento, la vista se ha centrado en una descripción de la explosión en vuelo de una maleta, con la consiguiente tragedia, y de una rocambolesca trama que empieza en enero de 1985 y termina en ese fatídico 21 de diciembre, tres años después, con episodios en Suiza, Malta, Libia y otros lugares, en una realidad que supera a muchas ficciones. Sólo que por serlo resulta mucho más cruel.

Han tenido que transcurrir doce años desde que un avión de Pan Am estallara sobre Escocia en su ruta de Londres a Nueva York antes de que un tribunal neutral condenara a cadena perpetua a un agente de los servicios secretos libios, y absolviera a otro, por colocar la bomba que acabó con la vida de 270 personas en Lockerbie. El veredicto unánime de los tres jueces escoceses en Camp Zeist -una antigua base estadounidense en Holanda, convertida temporalmente en territorio escocés a efectos de un proceso según la ley escocesa- aliviará la angustia de los familiares de las víctimas, que han convivido tanto tiempo con una pesadilla irresuelta, pero no liquida definitivamente el caso.

Estados Unidos, de donde procedía la mayoría de los muertos, quiere que Trípoli acepte su responsabilidad por el acto terrorista e indemnice a los deudos de los fallecidos, y la representación legal de éstos anuncia que proseguirá su multimillonario pleito civil contra el Gobierno libio. La Casa Blanca considera que el veredicto no es suficiente para levantar definitivamente las sanciones económicas que el Consejo de Seguridad impuso al régimen de Gaddafi en 1992. El juicio del caso Lockerbie ha sido posible después de muchos años de esfuerzos de la diplomacia internacional, canalizados sobre todo a través de la ONU. Gaddafi sólo se avino a entregar a sus dos hombres, tras diez años de negativas, después de pactar que el proceso se concentraría exclusivamente en el papel de ambos acusados, dejando de lado al Gobierno libio. El Consejo de Seguridad premió su gesto con la suspensión temporal de las sanciones, aunque Washington mantuviera las suyas propias.

El autócrata libio ha iniciado recientemente un viraje desde sus posiciones maximalistas anteriores, como predicador de la revolución universal y financiador de grupos dinamiteros. Gaddafi solemnizó en septiembre pasado la nueva actitud con el anuncio de una nueva era de cooperación con sus antiguos enemigos, incluyendo EE UU, y la promesa de dejar de destinar parte de los diez mil millones de dólares anuales de su petróleo a mantener guerrillas. Es natural que Libia quiera poner fin al castigo internacional y al aislamiento. Pero una cosa es que el Gobierno de Gaddafi, que recurrirá la sentencia y niega su implicación en los hechos, no haya sido acusado formalmente en Holanda y otra muy distinta que pretenda transformar un trato político en una realidad judicial. Eso atenta contra el sentido común y ofende la inteligencia. Por eso Washington y Londres buscan que Trípoli mantenga abierta su cooperación sobre el caso Pan Am 103 antes de propiciar la liquidación de las sanciones.

Libia acaba de reconocer formalmente, después de 15 años y mediante una carta al Consejo de Seguridad de la ONU, su responsabilidad por la voladura de un avión de pasajeros sobre Lockerbie, en 1988, que causó 270 víctimas. El hecho es alentador al menos en dos aspectos cruciales. El primero es que los familiares de los muertos recibirán finalmente una compensación en cuanto se hayan transferido a un fondo especial los 2.700 millones de dólares acordados con Gaddafi. El segundo, que un ejercicio diplomático perseverante puede conseguir que incluso regímenes como el libio, histórico patrocinador de redes terroristas en medio mundo, se avengan a reinsertarse entre quienes respetan el derecho internacional.

Trípoli promete solemne y enfáticamente en su carta a la ONU cooperar sin reservas y en todos los terrenos en la lucha antiterrorista a escala global. Gaddafi, que se ha asegurado de que la asunción de culpabilidad del Estado libio no le acarreará persecución judicial, parece haber entendido que tras el derrocamiento de Sadam Husein sus posibilidades de supervivencia política radican en un entendimiento con Occidente y EE UU en particular. El dictador libio, 35 años de poder irrestricto, aislado durante mucho tiempo entre sus propios pares árabes, intenta en vano desde hace años regresar con alguna respetabilidad al escenario internacional.

El Consejo de Seguridad se dispone ahora a levantar las sanciones a Trípoli impuestas en 1992, tras la evidencia de su implicación en el asesinato masivo sobre los cielos de Escocia. Anulación meramente simbólica, puesto que aquéllas fueron suspendidas hace cuatro años, después de que Gaddafi entregara para ser juzgados por la atrocidad a dos agentes de sus servicios secretos reclamados por EE UU y Gran Bretaña. Pero antes habrá de vencerse la resistencia francesa, miembro permanente del Consejo, a dar el visto bueno al acuerdo. París ha insinuado en voz muy baja que estaría dispuesto al veto si Libia no aumenta la compensación entregada en su día a las familias de las víctimas de un avión de UTA destruido en 1989 sobre Níger, y por el que los tribunales franceses condenaron en ausencia a seis libios.

La vuelta al redil no es el único objetivo de Gaddafi. Washington mantiene todavía sus propias represalias, y el acuerdo sobre el fatídico vuelo 103 de Pan Am establece que la mitad del dinero no se dembolsará si Bush no levanta en ocho meses un castigo que incluye la permanencia libia en la lista de regímenes que patrocinan actividades terroristas y, sobre todo, la prohibición de importar su petróleo en EE UU. El antiguo revolucionario va a esforzarse sin duda en los tiempos venideros para convencer a la Casa Blanca de que es un hombre reformado.