Batalla por el Estatuto de Valencia: Los valencianistas logran que la denominación sea ‘Comunidad Valenciana’ en lugar del término ‘País Valenciano’ defendido por los catalanistas

Hoy, a las cinco, gran parte del pueblo valenciano acudirá a la manifestación para reivindicar a nuestro derecho a usar el nombre tradicional de nuestra comunidad (Reino de Valenciana), nuestra bandera (la senyera coronada) y una de las dos lenguas usadas por el pueblo valenciano (la valenciana).

Es absurdo tener que salir a la calle a pedir lo que es nuestro, lo que generación tras generación ha sido patrimonio del pueblo valenciano. Pero las cosas son así.

La fuerte presión que, con toda clase de medios económicos han hecho los sucesores de Prat de la Riba y su gran Cataluña, la manipulación constante de la historia; la propaganda especialmente dirigida a los jóvenes y niños presentándoles una historia que jamás existió nos han conducido a esto. A situaciones tan grotescas como que la paella valenciana figure en la gastronomía popular catalana, que nuestra cerámica sea catalana, que nuestro Miguelete sea un magnífico ejemplar del gótico catalán, Sorolla un pintor catalán y una serie de imbecilidades sin cuento que algunos seres incautos en nombre de una falsa progresía, creen a pie juntillas.

Quiero hoy recordar cómo, desde los años 60 se ha martilleado el oído de los valencianos pretendiendo que asumieran la denominación ‘país valenciano’ para nuestro Reino y, lo han hecho con tanta intensidad – e invirtiendo tanto dinero – que en el resto de España han llegado a creer que esa nuestro auténtico nombre.

Hay un artículo de Fuster que, tratando de llevar el agua a su molino, pone boca arriba las cartas del expansionismo catalanista, del Imperialismo de los que pretenden absorber el Reino, el nuestro, jamás podría ser sometido a un principado (el suyo). Solución: cambiarnos el nombre. Y se quedan tan anchos. Y algunos pican y les siguen el juego.

Y Fuster lo dice con toda claridad. Sin recatarse lo más mínimo:

Puede ser, si bien no es mi punto de vista, que el ideal fuera adoptar, no ya la forma ‘Cataluña gran, sino sencillamente Cataluña para nuestras tierras. Ahora bien, esta aspiración debe aplazarse sine die. Podemos preparar las condiciones materiales y morales para que un día sea ya factible. Y por eso, en ciertos momentos, había que recomendar una esmerada cautela en el uso de la palabra Cataluña. Tendríamos que hacer los mayores esfuerzos para reservarle en el futuro aquella amplitud integral. Es por esta razón por la que conviene utilizar sistemáticamente la denominación “el Principado” para referirse a la Cataluña estricta: Principado o, si se quiere, Cataluña estricta justamente. Al fin y al cabo, en todo este problema del restablecimiento de una terminología colectiva apropiada, la victoria sobre los anacronismos prejuicios ha de ser ganada a fuerza de reiterar las fórmulas escogidas y precedentes y a fuerza de acostumbrarnos y acostumbrar a los otros a utilizarlas de una manera metódica. No nos hemos de engañar: se trata de una cuestión de rutinas.

Más apta que la forma de Gran Cataluña – sigue escribiendo Fuster – o Cataluña es la de Paísos de Lengua Catalana. Y mejor todavía, la de Paísos Catalans, que tanto se ha extendido en los últimos diez años.

Países Catalanes. Y después, Principado, País Valenciano, Islas Baleares, Rosellón, Andorra.

Es posible que haya puristas que, en nombre de la historia y en nombre de sus añoranzas personales, miren con disgusto alguna de estas denominaciones. ¿Por qué Islas y no Reino de Mallorca? ¿Por qué País Valenciano y no Reino de Valencia? ¿Por qué Rosellón, si el Rosellón verdadero no es sino una parte de la Cataluña francesa? ¿Y por qué mantener Principado cuando dejamos de lado los ‘reinos de las otras regiones’. No puede entretenerme en justificar una por una estas soluciones.

Y ‘Questió de noms’ termina con estas palabras.

No somos pocos los catalanes que nos lo hemos propuesto y marchamos y en esta línea. De la voluntad de todos los catalanes dependerá que este comienzo de reconstrucción auténtica, puede ser el más ambicioso que registra nuestra historia como pueblo, y también el más desarmado por los medios con que cuenta llegue a desplegarse en todas las generosas posibilidades que contiene. Confiemos que estemos a la altura de las necesidades y que sabremos hacernos responsables.

Y, después de leer esto, habrá quien siga negando que no hay “nada de catalanismo” escondido tras la denominación ‘País Valenciano’…

Y aseguran que no hay intentos de manipulación catalanista en ese emperramiento en denominar nuestra comunidad ‘país valenciano’.

Y seguirán insistiendo en que nuestra lengua es el catalán y no el valenciano.

Y se reirán de los más entrañables sentimientos del pueblo.

Los valencianos estamos ya hartos de tantas manipulaciones de los falsos progresistas.

Hartos de que pretendan borrarnos del mapa de un plumazo.

Hartos de que ignoren nuestra historia y nuestros sentimientos.

Hartos de que se nos insulte groseramente.

Hartos de que se nos acuse de violentos, cerrando los ojos al terrorismo de Terra Lliure que, metralleta y bombas en mano, se dedica a defender esa entelequia llamada paisos catalans.

Hartos de que en Madrid no sepan ver que la creación de los paisos catalans es la destrucción de nuestra Constitución que los prohíbe expresamente. De esa Constitución cuyo tercer aniversario acabamos de celebrar todos los españoles.

Hartos, hartos, hartos.

A algún ministro le he oído decir que es más peligrosa cierta política cultural seguida por algún sector catalán – de cara a la unidad de España, claro está – que las metralletas de ETA. Pero  no hacen nada por evitarlo.

Por todo ello, una vez más, el pueblo valenciano saldrá hoy a la calle, para que el grito de nuestro silencio llegue a toda España.

Es la última oportunidad. Ya no tendremos otra.

Hoy nos jugamos el continuar siendo Reino de Valencia o convertirnos para siempre en el país valenciano.

Es la tercera manifestación. La tercera, la última y la decisiva.

Por todo ello ¡TOTS A UNA VEU, GERMANS, VINGAU!

María Consuelo Reyna

No va a ser posible la paz. El esfuerzo de miles de valencianos de distingas ideologías y clases sociales por recuperar la concordia para el País Valenciano no va a ser posible y, al final, tal como reflejan las votaciones de la comisión constitucional, este pueblo se dividirá en dos bloques, casi cincuenta por ciento, donde unos aparecen como vencedores y otros como vencidos. Si la sensatez no acaba imponiéndose entre los promotores de la ruptura, y los pactos una y otra vez firmados y rubricados no saltan por encima de veleidades cambiantes, la autonomía será imposible, la paz social inalcanzable y en esta tierra se hará verdad aquello de las dos valencias.

La reciente historia de España es abundante en pactos, consensos y concertaciones entre clases sociales, izquierda y derecha, obreros y patrones, militares y civiles, para hacer posible la convivencia y la democracia en un país acusado mil veces de ser ingobernable y de estar dividido en dos bandos: las dos Españas, los vencedores y los vencidos. Desde hace años hay un esfuerzo común, generalizado, rodeado de concesiones por todas partes, para avanzar por ese camino que el Rey mencionaba en su discurso de Navidad. Y en el País Valenciano, en el Reino de Valencia, los hombres y mujeres que viven y trabajan en estas tierras no pueden quedarse ahora fuera de esta concordia sólo porque la ‘mitad’ de sus gentes quieran obligar a la ‘otra mitad’ a aceptar sus designios, sin atenerse a concesiones ya cuerdos ‘ya firmados’ que harían posible el retorno de la convivencia y la discusión desde el principio de los problemas básicos que nos afectan. Y resulta todavía menos admisible que algunos se alegren de que esta ‘guerra’ continúe, porque ello nos iguala a las tribus salvajes.

Cuando se iniciaba hace años el proceso autonómico, ‘alguien’ encontró las armas necesarias para distraer la oferta electoral de las opciones propias de una democracia y una sociedad ‘normal’. La alternativa programática derecha-izquierda quedó oculta en el País Valenciano por una batalla sin fin sobre la simbología y cultura. Eso dividió a esta tierra en dos bandos irreconciliables, a veces con los mismos intereses del partido, que atizaron todo tipo de enfrentamientos como una adecuada cortina de humo hundiendo las ilusiones colectivas por la autonomía y dejando en escuálidas docenas aquellos cientos de miles de manifestaciones que el 9 de octubre de 1977 apostaron por que el País Valenciano tuviera una autonomía al mismo nivel, dignidad y transferencias que otras nacionalidades o regiones españolas.

Hace unos meses la paz se vislumbró como posible. Los pactos autonómicos en Madrid y el estatuto de Benicassim, firmados por los representantes de los tres partidos políticos mayoritarios, sellaban el inicio de un acuerdo que, con rebajas de todos, podría haber conducido el proceso autonómico valenciano a un punto final satisfactorio para la mayoría. La crispación hubiera terminado y el pueblo valenciano tendría la oportunidad se plantearse ahora sus problemas reales y optar entre las alternativas de los distintos programas políticos. Pero no ha sido así. Ayer, en Madrid, los representantes de la mitad de los valencianos (UCD y AP) votaban contra las opciones ya consensuadas de la otra mitad (PSOE y PCE) y la paz, lamentablemente, ya no será posible.

AL estatuto de autonomía valenciano le queda u nlargo camino sembrado de espinas muy bien colocadas estratégicamente.

La comisión constitucional ya ha dejado el anteproyecto dictaminado al gusto del diputado Abril Martorell. Y en el pleno, si antes n ose celebran elecciones legislativas anticipadas, saldrá el mismo resultado. Sin embargo, para la aprobación final hacen falta 176 votos que UCD no tiene; el PSOE votará en contra de este texto. A partir de aquí el País Valenciano, o el Reino de Valenccia, se quedan sin autonomía y la historia se repite fatalmente.

Hoy habrá personas que brindarán con champán por el éxito de su propuesta política. Otras valorarán lo ocurrido ayer como el fracaso de una estrategia política. Para nosotros, este puede ser el fin de una comunidad y la destrucción de un proyecto histórico. Quedan por pasar muchos trámites antes de que el estatuto valenciano esté resuelto o eliminado. A partir de entonces será la historia quien juzgue las responsabilidades. Pero la importancia que a nivel de Estado tiene lo ocurrido ayer en las Cortes con esa pírrica y débil victoria de los hombres de Abril Martorell, los efectos negativos que este hecho va a tener sobre el Gobierno y la convivencia en el País Valenciano, hacen suponer que alguien recapacitará marginado su ambición y los valencianos sabremos respetarnos por encima de todas las provocaciones.

EL DESACUERDO de centristas y socialistas, en la Comisión Constitucional del Congreso, a propósito del Estatuto valenciano, pone en graves aprietos la concertación autonómica rubricada el 31 de julio de 1981 por Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González. Aquellos pactos fueron presentados ante la opinión pública como política de Estado, y el presidente del Gobierno los ha incorporado, en lugar destacado, al escaso bagaje de éxitos de su gestión durante los últimos diez meses.Los acuerdos, que incluían el anteproyecto de la LOAPA, fueron firmados sólo por el jefe del poder ejecutivo y el secretario general del PSOE. Los nacionalistas vascos y catalanes ni siquiera fueron invitados a las negociaciones, mientras que Alianza Popular y el PCE, presentes en las discusiones, fueron forzados a hacer mutis por el foro antes de que cayera el telón para dejar libre el escenario, como receptores únicos de la gloria y de los aplausos, a Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González. Quedaba así claramente establecido que la concertación autonómica era asunto de dos y que centristas y socialistas, abrumadoramente mayoritarios en las Cortes Generales, se disponían a imponer en estas cuestiones su voluntad al resto de las fuerzas políticas.

Esa estrategia tropezaba, sin embargo, con el serio obstáculo de que UCD y PSOE no disponían de la mayoría electoral indiscutible en el resto de España, en las dos comunidades autónomas ya en funcionamiento. Los acuerdos Gobierno-PSOE, especialmente el anteproyecto de la LOAPA, fueron contemplados, en consecuencia, con enorme recelo en Cataluña y el País Vasco, cuyas instituciones de autogobierno están presididas y dominadas por fuerzas nacionalistas. Porque, en efecto, los Estatutos de Sau y de Guernica, pactos de carácter político e histórico refrendados en las urnas por los ciudadanos de ambas comunidades y aprobados casi por unanimidad por las Cortes Generales, no pueden, en estricto derecho, ser modificados sin una negociación con las instituciones de autogobierno de esos territorios y sin nuevas consultas populares. Así como la Constitución sólo puede ser reformada mediante los procedimientos fijados en su articulado; así, los Estatutos catalán y vasco establecen también en su propio texto los mecanismos de reforma, que exigen -salvo alteraciones menores- la celebración de un nuevo referéndum. A este respecto, la insistencia del Gobierno y del PSOE en que la LOAPA no recorta las competencias de Cataluña y el País Vasco sólo resultará creíble cuando se sienten a negociar formalmente con la Generalidad y el Gobierno de Vitoria y cuando los Parlamentos catalán y vasco acepten esa interpretación.

Ahora bien, los pactos de julio ofrecían, junto a esos aspectos criticables, una dimensión rotundamente positiva, que era la decisión conjunta del Gobierno y del PSOE de concertar sus estrategias a fin de no transformar el campo minado de las autonomías aún pendientes en terreno de juego para maniobras irresponsables y argucias electoralistas. En julio de 1981, centristas y socialistas eran mayoritarios en toda España, con excepción del País Vasco y Cataluña. Aunque las elecciones al Parlamento gallego han desplazado en favor de Alianza Popular el anterior predominio de UCD en esa comunidad, y los comicios parciales al Senado mostraron el hundimiento centrista en Sevilla y Almería, esas alteraciones del voto se han producido en territorios que disponen ya de estatutos de autonomía. De otro lado, en julio de 1981 todavía se podía especular con el argumento de que Leopoldo Calvo Sotelo representaba al Gobierno pero no a UCD. El decreto de reunificación de las dos presidencias en noviembre pasado ha puesto fin, sin embargo, a esa débil ficción.

Las desavenencias de UCD y PSOE sobre el Estatuto valenciano revelan la fragilidad de unos acuerdos cuyo único aspecto positivo era, precisamente, acabar con las pendencias entre centristas y socialistas a propósito de las autonomías pendientes. Porque sería el colmo de la insensatez que los pactos de julio fueran incumplidos a la hora de establecer el cese de hostilidades entre UCD y PSOE allí donde son mayoritarios, pero fueron aplicados, en cambio, a las instituciones de autogobierno en que centristas y socialistas son minoritarios. El encontronazo entre Fernando Abril y Alfonso Guerra ha evocado sus célebres agarradas durante las Cortes constituyentes, más parecidas a los combates de lucha libre en el viejo campo del Gas madrileño, donde los contendientes simulaban en el cuadrilátero odios y cóleras para impresionar a los espectadores que a un honesto debate político. En esta ocasión, sin embargo, los recíprocos ataques, cuya pobreza de ingenio y exceso de sal gruesa los reducen a un simple torneo de improperios entre colegiales maleducados, ofrecen la novedad de que el presidente de la UCD valenciana no es ya el número dos del Gobierno.

Tanto Fernando Abril como Alfonso Guerra han utilizado la polémica sobre el Estatuto valenciano para hurgar en los problemas internos del partido rival. Según el vicepresidente del PSOE, lo que Fernando Abril pretende en realidad es cortarle la hierba bajo los pies al presidente del Gobierno y torpedear los pactos de julio. En verdad resulta casi superrealista que Fernando Abril, enconado adversario de los acuerdos con Fraga en cuestiones de política nacional, forme una piña con Alianza Popular para imponer, por una mayoría tan escasa en la Comisión como insostenible en el Pleno, sus criterios respecto al Estatuto valenciano. A su vez, el presidente de UCD en Valencia fija como causa secreta del acuerdo las luchas internas dentro del PSOE y la incapacidad de la dirección socialista para imponer la disciplina a la corriente nacionalista valenciana.

El contenido emocional y el carácter simbólico de las cuestiones debatidas se prestan a una mala solución racional de la disputa. En cualquier caso, la búsqueda de una denominación oficial neutra -como comunidad autónoma valenciana- y la aceptación del uso indistinto de las expresiones Reino de Valencia y País Valenciano para menciones que no sean administrativas tal vez permitieran un arreglo sin vencedores ni vencidos. Tampoco parece imposible un arreglo sensato para distinguir las banderas valenciana y catalana -ambas cuatribarradas- sin herir los sentimientos de nadie. En lo que respecta al idioma, lo único seguro es que la política no debe prevalecer sobre la lingüística. A nadie se le ocurre llamar lengua argentina o lengua mexicana a las variantes del castellano en esos países. Y nadie en su sano juicio pone en duda que las hablas de Cataluña, Valencia y Baleares son variantes de un romance que se diferencia estructuralmente de otros herederos del latín, como son el castellano y el gallego. Pretender que existe una lengua valenciana tan diferente a la lengua catalana como de la lengua castellana es un simple dislate.

La política está obligada a mediar en los conflictos, pero no puede transformar variantes de una misma lengua en lenguas diferentes. En cualquier caso, los firmantes de los pactos de julio tienen la palabra. Porque, dada la situación, sólo Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González pueden zanjar satisfactoriamente este asunto.

A las 20,35 del miércoles, 28 de abril de 1982, se aprobó  en el Congreso el Estatuto de la Comunidad Valenciana. Tímidos aplausos acogieron el resultado de la votación. No hubo entusiasmo. El consenso jamás puede despertar ni alegrías ni entusiasmos, porque responde a la fórmula de compromiso para hacer posible aquello que es necesario.

Nuestro histórico Reino de llama ahora, oficialmente, Comunidad Valenciana. No me gusta, pero lo prefiero a País Valenciano, denominación que estuvo a punto de salir ayer ‘gracias’ a la presentación de la enmienda de Coalición Democrática. Algún día habrá que contar esa historia.

La actuación del PCE más valdría olvidarla. Fue mezquina y en ocasiones insultante. El PCE se encuentra acorralado y está haciendo demagogia para ver si saca los votos de la izquierda folklórica y marginal que tenemos por estas tierras. El PCE un partido internacionalista, se nos ha convertido en ultranacionalista. Como un PSPV cualquiera. Daba lástima oír a Palomares, natural de Albacete, defendiendo en nombre de los jóvenes la denominación País Valenciano.

El PSOE y la UCD, con mayor o menor brillantez, cumplieron con su papel.

A resaltar: la minoría catalana se abstuvo. Buena señal.

Nadie estuvo especialmente brillante. Nadie estuvo especialmente emotivo. Era, creo, un mal trago que era necesario pasar. Pasado está.

Tenemos ya nuestra bandera. Y tenemos un nombre oficial. Comunidad Valenciana, y un nombre en el corazón que todos los votos del mundo no podrán borrar jamás, Reino de Valencia.

Y si a nosotros, ciudadanos de a pie, se nos hace acatar este estatuto, espero que los partidos lo acaten también.

Es cierto que, a partir de este momento, tenemos las bases para construir nuestra Comunidad Valenciana. Y l ovamos a hacer. Es mucho lo que tenemos que construir. Y lo vamos a hacer.

Pero antes hay que poner punto final a una serie de equívocos que, en cuanto el Estatuto esté aprobado en el Senado, no habrá excusas válida para prolongarlos.

Basta de actos oficiales sobre la lengua catalana.

Fuera la cuatribarrada de todos organismos oficiales y de las sedes de los partidos parlamentarios. Los otros, ni cuentan. Allá ellos.

Cambió de nombre del Consell que deja de ser del País Valenciano.

Cambio de las siglas de partido que lleven la denominación pv que ya es prácticamente antiestaturia.

Giro total a la política cultural que el PSOE y el PCE están llevando a cabo allí donde tienen el poder.

Respeto total en los libros que editen los organismos oficiales – Ayuntamiento, Diputaciones, etc. – hacia el idioma valenciano.

Cambio de nombre de la plaza del País Valenciano (o que se lo ponga lo de «antiguo» delante).

Cambio de nombre de la avenida del Antiguo Reino (y que e le ponga lo de «histórico» delante).

Colocación de la senyera en todos los organismos oficiales.

Y cuando todos estos equívocos estén deshechos, creeremos en la sinceridad de todos los partidos.

EL PLENO del Congreso, al aprobar ayer una nueva versión del Estatuto de la Comunidad. Valenciana, con los votos en contra el PCE y la abstención de la minoría catalana, ha enmendado el descalabro que significó para la puesta en marcha de las instituciones de autogobierno en ese territorio el rechazo del anterior proyecto por la Cámara Baja el pasado 9 de marzo. Las tres cuestiones litigiosas de orden fundamentalmente simbólico, a las que el Gobierno trató previamente de dar una respuesta unilateral y que provocaron su derrota parlamentaria, han sido resueltas mediante fórmulas de compromiso que no contentan del todo a nadie pero que tampoco disgustan por completo a los discrepantes. Tanto la denominación «Reino de Valencia», defendida por UCD y Alianza Popular, como la expresión «País Valenciano», propugnada por los socialdernócratas de Fernández-Ordoñez, los socialistas y los comunistas, son recogidas en el texto del Estatuto de Benicasim. Sin embargo, sólo la neutra fórmula transaccional de Comunidad Valenciana adquiere caracter oficial a efectos políticos y administrativos. La bandera cuatribarrada de la nueva comunidad se distinguirá de la enseña propia de Cataluña mediante elementos diferenciadores que molestan a un amplio sector de la izquierda pero que tampoco son los postulados por la derecha. En cuanto a la denominación del idioma efectivamente hablado -junto al catellano- en la mayoría del nuevo territorio autónomo, la incorrecta definición de lengua valenciana, pretendidamente independiente de la lengua catalana, es sustituida por otra formulación susceptible de ser interpretada, con buena voluntad, de manera menos ofensiva para los linguistas. La mención al valenciano, en efecto, deja las puertas abiertas para defender que ese término designa simplemente una variante de la lengua común que se habla en las tres provincias valencianas, en Cataluña, en las Baleares y en el Rosellón francés. En cualquier caso, las aberraciones que la política y la ideología pueden engendrar a la hora de describir sesgadamente la realidad tendrán en adelante uno de sus mejores ejemplos en esta insensata polémica sobre las lenguas, que ha pretendido romper en dos o en tres un único idioma por necesidades exclusivamente electoralistas y en abierta pugna con los dictámenes y las opiniones de científicos y linguistas.Resultaba evidente que sólo la rectificación por parte de UCD de sus posiciones iniciales permitiría alcanzar una solución negocida que, pese a la indefinición característica de tales fórmulas, sirviera para dar una salida honorable al envenenado conflicto. Tras la escisión de los parlamentarios socialdemócratas, y dadas las reticencias de las minorías catalana y vasca ante el anteproyecto de UCD, no hubiera sido fácil que el Congreso hubiera aprobado, por la mayoría absoluta que el artículo 81 de la Constitución exige, la versión de marzo del Estatuto valenciano. Pero el problema no se reducía sólo y ni siquiera fundamentalmente al juego de las mayorías absolutas en la Cámara Baja. Porque, de añadidura, las elecciones generales de 1979 dieron la victoria, en el futuro territorio autónomo, a los adversarios del primitivo proyecto de Estatuto y no a sus promotores. En las provincias de Valencia y de Alicante, el PSOE fue el partido mas votado (36,72% y 39,46% respectivamente), seguido de UCD (33,87% y 37,55%), PCE (13,50% y 11,22%) y Alianza Popular (4,37% y 5,23%). Sólo en Castellón, cuya población representa aproximadamente la octava parte del censo global de las tres provincias, los centristas superaron a los socialistas. A mayor abundamiento, Alianza Popular, mucho mas inflexible que UCD en la defensa de los tres polémicos símbolos de la denominación, la bandera y el idioma, no logró ni un solo escaño en el Congreso en los comicios de 1979. Así pues, resultaba incongruente con la voluntad popular expresada en los sufragios la pretensión combinada de UCD y el grupo de Fraga de imponer en un territorio de mayoría electoral de izquierda el texto de un Estatuto que no sólo contrariaba las aspiraciones de los socialistas sino que además tomaba prestadas, en aspectos litigiosos de caracter simbólico, las posiciones de un partido extraparlamentario dentro de la comunidad valenciana.

Afortunadamente, la inicial obcecación de los centristas, probablemente animada por motivaciones tácticas y electoralistas ha dejado paso a una postura mas flexible, inteligente y realista que ha permitido, finalmente, llegar a un acuerdo sensato con la oposición parlamentaria. El fantasma de los Países Catalanes, intimidatoria e irracionalmente esgrimido por la derecha valenciana para apoyar su programa y combatir a sus adversarios, ha sido de nuevo encerrado en el arcón de los demonios familiares, al que la abstención de la minoría catalana en la votación de ayer puede conceder absurdamente, sin embargo, una superficial plausibilidad. De esta forma, la vajilla inutilmente destrozada en la discusión de comienzos de marzo en el Congreso sobre el Estatuto de Valencia se incorpora al inutil inventario de las numerosas tormentas en vasos de agua y de las abundantes riñas entre centristas y socialistas que animaron innecesariamente el período de la transición. Sin embargo, lo importante es que el acuerdo sobre el Estatuto valenciano ha sido finalmente suscrito. Una vez resueltos esos problemas, y tras el posterior paso por el Senado, la Comunidad Valenciana tendrá que enfrentarse con la tarea de poner en funcionamiento sus instituciones de autogobierno. Aplazadas las elecciones al Parlamento valenciano hasta 1983, al igual que en el resto de las comunidades establecidas según el procedimiento del artículo 143 de la Constitución, el equilibrio de fuerzas dentro del nuevo territorio autónomo podría hacer surgir, aquí también, las tensiones anteriormente aparecidas en Cantabria y Asturias. A las fuerzas democráticas corresponde demostrar, sin embargo, que las autonomías no son, fuera de Cataluña y el País Vasco, un tinglado al servicio de los intereses de la clase política o un escenario regional en el que los grandes partidos nacionales se limitan a realizar ensayos generales o confrontaciones electorales parciales con la vista puesta exclusivamente en la conservación o la conquista de la mayoría parlamentaria y del Poder Ejecutivo del Estado sino plataformas que poseen un valor intrínseco y que se justifican por las mejores prestaciones que la Administración puede dar a los ciudadanos.