Caos en Reinosa: Trabajadores secuestran al Consejero Enrique Antolín (PSE-PSOE) y se enfrentan violentamente a la Guardia Civil

Lo ocurrido en Reinosa no son incidentes. Son hechos muy graves cuyo conocimiento mantiene a la opinión sensible del país en un estado en el que se entremezclan el estupor y la indignación. En Reinosa, los trabajadores de Forjas y aceros han retenido contra su voluntad obviamente, y esto es delito de secuestro, al presidente de la empresa. Bien, pues la interpretación más amplia de los derechos y reivindicaciones laborales no permitirá jamás la comisión de un delito a los trabajadores en un Estado de Derecho.

Ahí queda, pues, el primer hecho grave y ahí están sus responsabilidades. Pero sigamos. La Guardia Civil consigue liberal al retenido e inmediatamente, alzados violentamente contra los Guardias Civiles, consiguen los trabajadores retener – ¿por qué no utilizar el verbo reducir? – a diez de éstos, de los que han herido gravemente a tres: con la intención, se informa, de canjear guardias civiles por trabajadores detenidos para que prestaran declaración.  Bien, y ¿cómo calificar este increíble segundo acto en el que son retenidos, heridos, acallados, sometidos, quienes son fuerzas al servicio de la ley, para procurar su cumplimiento, para defender a las víctimas de un secuestro anterior? ¿Qué es esto, rebelión, revuelta, sublevación?

Porque, sea su calificativo penal el que fuere, lo único que es inadmisible es que se diga, nada menos que desde la responsabilidad del Gobierno Civil de Cantabria que es necesario recomponer la situación ‘a través del diálogo’. Tanto como es igualmente asombroso que las primeras manifestaciones del director general de la Guardia Civil sólo se hayan dedicada a insistir – dato obvio – en la no utilización de armas de fuego por los guardias civiles. ¿Acaso, desde tan alta autoridad, no hay más que decir cuando un grupo o masa de personas agrede e hiere a los guardias civiles y les impide violentamente el cumplimiento de su deber?

Si hace no muchos días hemos podido escribir que Europa quedó atónica ante la presencia autorizada de un terrorista en un Parlamento autonómico, hoy podemos decir que la inmensa mayoría de los españoles que creen y confían en el Estado de Derecho, en la vigencia de la ley y en la protección de las fuerzas policiales y encargadas del orden público, que España casi entera, digámoslo así, ha quedado atónica ante los sucesos de Reinosa.

Si por consideraciones de la naturaleza que fueren – laborales, sindicales o de pragmatismo político – los sucesos de Reinosa no tienen las obligadas consecuencias que se deben esperar de la vulneración de las leyes, cosa será de preguntarse ¿quién manda en España? ¿Impera la legalidad o prevalecen sobre ella los disparates demagógicos con los que ha intentado justificar las violencias de Reinosa, don Marcelino Camacho.

Por dura que resulte una reconversión industrial o una situación laboral tan deteriorada como la española no es admisible intentar resolverla por la acción directa de la violencia ilegal. Si se admite el delito contra los empresarios y la sublevación contra los policías, la más antidemocrática, anticonstitucional inseguridad cubrirá con su temible sombra a todos los ciudadanos. Un Gobierno consciente de su responsabilidad no puede permitirlo. Nos parece muy grave que se confundan dos planos: el político o económico, propio de una sociedad democrática, y el de las incursiones en el terreno del Código Penal. Peligroso precedente.

Los incidentes producidos ayer en la localidad cántabra de Reinosa, con el balance de más de medio centenar de heridos, ponen de relieve la pervivencia de residuos de atavismo más propios de la España galdosiana que de un país integrado en las instituciones europeas y que se apresta a entrar en el siglo XXI. Las imágenes de unos trabajadores que, para defender sus puestos de trabajo, primero secuestran a los directivos de su empresa y luego reducen y desarman a una decena de guardias civiles, parecen extraídas de una película de época. Pero son cruelmente reales.Tan desastroso resultado es consecuencia de dos factores. La irresponsabilidad de un comité sindical que juega con fuego al embarcar a los trabajadores en una aventura descabellada, consistente en tratar de defender sus propios derechos a costa de los de los demás, y la incompetencia profesional de los responsables del orden, incapaces de prever las consecuencias de su intervención en el conflicto y sumisos hasta la rendición, y frente a toda la espeluznante retórica que rodea a la historia de la Benemérita.

El intento de conseguir notoriedad secuestrando a una persona que acababa de ser nombrada para un cargo público -Enrique Antolín, nuevo consejero de Obras Públicas del Gobierno vasco- descalifica a los dirigentes sindicales que tuvieron tan descabellada idea. Una idea pueril, antidemocrática y contradictoria con los intereses de los trabajadores, en nombre de los cuales pretendían actuar. Las direcciones de los sindicatos implicados en la acción están obligadas a condenar dichas prácticas, lindantes con el sindicalismo mafioso o el más trasnochado libertarismo.

Pero las circunstancias del caso indican la existencia de una pavorosa improvisación por parte de las autoridades responsables de garantizar el respeto a los derechos ciudadanos y el orden público. Que una decena de agentes puedan ser aislados en un callejón, violentamente hostigados hasta agotar los medios disuasorios, y desarmados y reducidos por una multitud encolerizada, revela desconocimiento del terreno, inadecuación de los recursos empleados y ausencia de una planificación racional. Tal como se produjeron los acontecimientos, con armas abandonadas en la vía pública y en una situación de enorme tensión emocional, puede considerarse providencial que no se produjeran daños irreparables. Los responsables de la seguridad en Cantabria y el Ministerio del Interior están obligados a explicar los motivos que determinaron tan increíble espectáculo y a depurar las responsabilidades. Pero, a estas alturas de los tiempos, esto es sólo un deseo teórico. La calle de este país hierve desde hace meses ante la impávida mirada de la autoridad competente, convencida ésta de que hace frente a una conspiración malévola y no a los errores de su propia, dramática, ridícula, ingenua ineptitud.