Caso GAL: El Fiscal General del Estado Javier Moscoso (PSOE) respalda la libertad provisional de los policías Amedo y Domínguez, principales acusados

LO MENOS que puede decirse de la orden dada por el fiscal del Estado a su subordinado presente en el proceso de no oponerse a la libertad provisional de los policías Amedo y Domínguez es que representa un paso atrás en la vacilante actuación del ministerio público en el sumario sobre los crímenes de los GAL. Si la iniciativa hubiera partido del fiscal que está personado en la causa o de su superior jerárquíco en el tribunal al que está asignado, la decisión habría sido acordada en el marco profesional que les es propio. Pero tal y como se ha producido, merece todas las sospechas acerca de las presiones gubernamentales que se hayan hecho al efecto por encima de cualquier consideración de carácter legal.Que se sepa, no existe ningún dato nuevo que invalide las razones que llevaron al tribunal a confirmar el auto de prisión dictado por el juez en el momento de concluir su labor investigadora. Salvo que se estime que tienen valor procesal las cartas en las que se vuelven atrás los tres mercenarios portugueses de los GAL que identificaron a Amedo y Domínguez como sus jefes ante los jueces, cartas que han salido a la luz pública precisamente en el momento en que la Audiencia está a punto de tomar una decisión sobre el procesamiento de los policías. Todavía no existe ninguna certeza sobre la autenticidad de dichas misivas, ni se ha procedido a ninguna valoración judicial sobre su contenido. Por eso, la precipitación con que ha actuado el fiscal general del Estado revela un interés concreto en favor de los funcionarios implicados, interés que desborda el estricto marco legal del caso.

Javier Moscoso ha justificado su actuación diciendo que quiere asumir personalmente la responsabilidad en un asunto tan controvertido y en que la prisión preventiva debe acordarse siempre con criterios restrictivos. Sin embargo, no es sólo ahora cuando el caso Amedo es controvertido: lo viene siendo desde sus comienzos, y ello no fue óbice para que el fiscal del Estado confiara hasta ahora en la capacidad profesional del fiscal encargado del caso. Incluso en su día hizo gala ante las cámaras de televisión de no haberle dado jamás instrucciones. Algo ha debido de suceder entonces para que sea el propio Moscoso el que asuma ahora el protagonismo del ministerio público en el caso Amedo y modifique tan ostentosamente su opinión y anterior proceder.

En cuanto a los criterios restrictivos con que debe acordarse la prisión preventiva, el fiscal del Estado tiene toda la razón. Pero el propio ministerio fiscal viene oponiéndose, con buen criterio, a la libertad provisional de los integrantes de bandas terroristas que son acusados de delitos como los que son imputados a Amedo y Domínguez, y a los que corresponden altas penas de prisión. Por lo demás, la propia bondad de la doctrina expuesta por el fiscal del Estado no impide que en estos momentos existan en las prisiones españolas 13.000 reclusos preventivos, la mayor parte de ellos con cargos de menor entidad que los que se imputan a Amedo y Domínguez.

Esta irrupción de Moscoso en el tema Amedo es esclarecedora respecto del destino de dicho proceso si hubiera correspondido al ministerio fiscal su investigación. E ilustra así sobre los propósitos del Gobierno en su intento de que sean los fiscales quienes asuman las tareas de instrucción que, en averiguación del delito, corresponden hoy felizmente a los jueces.

En el prólogo a su reciente libro ‘Terrorismo, política y derecho’ el profesor Diego López Garrido sostiene la desalentadora tesis de que las medidas dictadas en las democracias occidentales para combatir el terrorismo ‘ha empezado a contanimar al resto del conjunto normativo con unos rasgos antijurídicos que le acercan a la razón de Estado». Para este legrado de las Cortes Generales, tal ‘consolidación del derecho de emergencia’ y su ‘vocación expansiva’ están poniendo en riesgo nada menos que las conquistas básicas del Estado liberal perfilado durante el siglo XIX.

Siendo grave la perversión de las garantías jurídicas – por ese camino deseaa continuar avanzando González – mucho más lo es aún la vampirización de las conductas políticas por parte del utilitarismo moral, hasta ahora sólo característico de los terroristas. Así, apenas recuperados de los hechos que la justicia ha considerado probados en el ‘caso Nani’ – un delincuente común al que ‘se hace desaparecer’, aplicándole la ley Antiterrorista con el consentimiento expreso del gabinete del ministro del Interior – topamos ahora con la inconcebible actitud del fiscal general del Estado, a mi entender incursa en el tipo de comportamiento que el Casares en su página 677 define como ‘prevaricación’.

Javier Moscoso ha ‘faltado a sabiendas a la obligación del cargo que desempeña’ porque a él, más que a nadie corresponde procurar que delitos como los que, en base a múltiples testimonios y evidencias se atribuyen a Amedo y Domínguez, sean castigados y porque sólo un ataque temporal de incapacidad mental justificaría de otra manera la importancia que ha otorgado a las tres ‘cartas portuguesas’.

Pese a nuestros limitados medios de investigación, DIARIO16 ha vuelto a proporcionar una pista decisiva para esclarecer también este episodio. Interróguese concienzudamente al letrado Gracio Ribeiro y se terminará sabiendo quién fue el ‘español anónimo’ que le encargó el trabajo.

Pero al margen incluso de que las cartas no hayan sido escritas espontáneamente por sus firmantes, proporcionarles relevancia alguna en el contexto del sumario supone nada menos que contemplar la hipótesis de que los mismos días y en los mismos restauranes y hoteles en los que Amedo y Domínguez pagaban las facturas de diferentes personas, otros dos españoles de similares rasgos físicos pagaban en la mesa de al lado y en la habitación de al lado consumiciones equivalentes, efectuadas por los mercenarios portugueses. Al no haber rectificado estos su versión de los hechos – sólo se han echado atrás en la identificación – y existir además pruebas materiales, tales como los recibos de la tarjeta Visa, la delirante coincidencia debería continuar después en forma de dos coches que hacen la misma ruta, el mismo día, por la misma carretera, desde Portugal hasta el País Vasco, para desembocar simultaneamente en las inmediaciones de la Comsiaria de Bilbao. Todo esto es imposible que se lo crea Javier Moscoso.

Si la sala de la Audiencia Nacional cede esta semana a su insólita presión, la credibilidad de la democracia española alcanzará entre amplias zonas del a ciudadanía vasca sus cotas más bajas desde el comienzo de la transición

Pedro J. Ramírez