29 septiembre 1988
El diario ABC publica las ‘cartas portuguesas’ de mercenarios de los GAL detenidos en ese país absolviendo de culpa a Amedo y Domínguez
Hechos
En septiembre de 1988 el periódico ABC publicó las ‘cartas portuguesas’.
Lecturas
El caso GAL ha dado un nuevo giro con la publicación por ABC, el 15 de septiembre, de las denominadas «cartas portuguesas», documentos atribuidos a tres delincuentes portugueses relacionados con los GAL —Rogelio Fernando Carvalho da Silva, António Jorge Ferreira Cisneros Ferreira y Mário Correia da Cunha— cuyas anteriores declaraciones habían contribuido a situar bajo sospecha al subcomisario José Amedo y al inspector Michel Domínguez. Los tres habían relacionado a los policías españoles con el reclutamiento de mercenarios para acciones de los GAL; ahora, en las cartas divulgadas por ABC en una información de Alfredo Semprún Guillem y Jesús María Zuloaga López, se retractaban y aseguraban que aquellas acusaciones habían sido realizadas por presión de Txema Montero [José María Montero Zabala], abogado y dirigente de Herri Batasuna, quien supuestamente les habría prometido favorecer su libertad si implicaban a miembros de las fuerzas de seguridad españolas. La revelación proporcionaba a la defensa de Amedo y Domínguez un argumento formidable: si quienes les habían acusado confesaban ahora haber mentido por indicación de un dirigente de HB, toda la investigación podía aparecer contaminada desde su origen. Pero inmediatamente surgió el problema decisivo: ¿eran espontáneas y fiables aquellas cartas o constituían una nueva maniobra dentro de un sumario en el que cada testigo parecía sometido a presiones contradictorias? La Audiencia Nacional terminaría rechazando que los documentos tuvieran suficiente valor probatorio para justificar la puesta en libertad de los dos policías.
El episodio ha convertido además el sumario judicial en una auténtica guerra entre periódicos. Diario 16, con su jefe de investigación Melchor Miralles Sangro a la cabeza, llevaba meses publicando informaciones destinadas a demostrar la participación de Amedo en la guerra sucia contra ETA y había establecido contactos con la acusación vinculada a Herri Batasuna; la proximidad personal de Miralles con Txema Montero proporcionaba a sus adversarios un argumento para cuestionar el origen de algunas de sus informaciones. ABC, por el contrario, adoptó una posición mucho más escéptica ante las acusaciones contra los policías y dio máxima relevancia a las cartas que parecían exculparlos. Semprún y Zuloaga representaban además un periodismo inequívocamente enfrentado a ETA, circunstancia que ayuda a explicar la enorme desconfianza con la que contemplaban cualquier acusación contra miembros de la lucha antiterrorista procedente del entorno de HB. Pero las «cartas portuguesas» tampoco han conseguido cerrar el caso: su autenticidad material no resolvía la cuestión de cómo, por qué y bajo qué circunstancias habían sido redactadas. Garzón terminaría desplazándose a Portugal para investigar precisamente su origen, mientras la Audiencia Nacional rechazaba utilizarlas como fundamento suficiente para liberar a Amedo y Domínguez. El caso GAL ya no enfrenta solamente a policías, mercenarios, abogados y jueces: enfrenta también a dos formas de entender el periodismo y la lucha contra ETA.
29 Septiembre 1988
Cartas boca abajo
AL CONSIDERAR que las cartas de los tres delincuentes portugueses en las que se exculpaba a los policías Amedo y Domínguez no tienen ningún valor probatorio, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, que acordó ayer denegar la libertad provisional solicitada para esos policías en base a tales cartas, reconcilia el sentido común con el sentido jurídico. Al desestimar la petición de la defensa, a despecho de las presiones que rodean el caso (incluida la insólita intervención del fiscal general), el tribunal demuestra la independencia del poder judicial, pieza básica del ordenamiento democrático. Al rehuir la tentación de escurrir el bulto mediante el fácil expediente de remitir una resolución definitiva a la realización de la comisión rogatoria de autentificación de las cartas portuguesas, los juzgadores han demostrado valentía moral y sentido de la responsabilidad. En conjunto, es el Estado de derecho el que sale fortalecido, y con él la credibilidad del sistema de libertades.A lo largo de varios meses, los ciudadanos han ido conociendo los indicios que relacionaban a José Amedo y Michel Domínguez con la organización de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), grupo de mercenarios responsables de la muerte de 24 personas. Esos indicios fueron sistematizados por el juez Garzón en un sumarlo de gran solidez y coherencia, según fue reconocido unánimemente, incluso por el fiscal general. Esos mismos ciudadanos no acababan de entender que la aparición de tres cartas con idéntica redacción y firmadas por tres de los mercenarios inculpados en el caso y actualmente en prisión pudieran bastar para demoler ese sólido edificio sumarial. El reconocimiento de Amedo y Domínguez por esas tres personas era una pieza, pero no sustancial, del sumarlo, que contiene, como indica el auto de la Sala Tercera de la Audiencia Nacional, «otra serie de testimonios, documentos y pruebas diferentes» que constituyen un cuerpo coherente de «datos objetivos». El tribunal considera que esas cartas, única base argumentativa de la petición de libertad provisional, «carecen de autenticidad y valor probatorio de clase alguna, ni siquiera indiciaria», por lo que no tienen «virtualidad jurídica» para debilitar la fuerza de las manifestaciones y reconocimientos realizados anteriormente por los tres detenidos portugueses.
Pero el auto supone además un importante acto de afirmación de la independencia de los jueces respecto al Ejecutivo, cuya larga mano se había manifestado con estruendo estos días. Al ordenar -amparándose en la trascendencia social del asunto- al fiscal encargado del caso que se abstuviera de oponerse a la petición de los defensores de Amedo y Domínguez, el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, irrumpió en el procedimiento como un batería de rock duro en la capilla Sixtina. El estruendo se dobló de estupor cuando Moscoso aportó, como única explicación de su actitud, el argunento de que las razones que le habían llevado a ella eran «complejas». No hacía falta ser un lince para interpretar que eran razones de peso, pero inconfesables. Ahora bien, el más seguro criterio de legitimidad de una acción humana es que su fundamento pueda hacerse público. Y viceversa. La política de los arcana imperii, prolongada hoy en la moral de la razón de Estado, empiedra lo peor de la historia de la humanidad.
Pero, precisamente por ello, el auto de ayer cobra el valor de símbolo del Estado de derecho en cuanto negación de esa moral. Los jueces que han firmado el texto -entre los que no figura el presidente de la Sala Tercera, Juan Manuel Orbe, que por segunda vez en dos meses hubo de ser sustituido en momentos particularmente delicados del procedimiento por haber alegado enfermedad- han actuado con independencia de presiones visibles o invisibles. Al resolver en el sentido que lo han hecho, y en base a la argumentación utilizada (renunciando a la vía fácil del aplazamiento por criterios formalistas), han demostrado el valor y coherencia moral que han faltado a otros, y han dejado abierto el camino hacia el esclarecimiento total de los hechos, imposible sin un juicio público en el que, con las debidas garantías jurídicas para los encausados, todos los aspectos de la siniestra trama puedan ser desvelados: puestas boca arriba las cartas que permanecen boca abajo. Todas las cartas.
El Análisis
Investigar a quienes combaten a ETA
El caso Amedo plantea una de las pruebas más incómodas para un Estado que lleva años soportando los asesinatos de ETA: ¿puede investigarse a quienes combaten al terrorismo sin hacerle el juego a los terroristas? Para periodistas como Zuloaga o Semprún, marcadamente enfrentados a ETA y conscientes de lo que significa vivir bajo su amenaza, debía resultar especialmente difícil contemplar cómo Herri Batasuna aparecía como acusación contra policías dedicados a la lucha antiterrorista; y la relación entre Txema Montero y algunos de los periodistas que investigaban el caso ofrecía motivos legítimos para extremar la cautela. Pero cautela no puede significar cerrar los ojos. Las «cartas portuguesas» pueden justificar que se investigue si los mercenarios fueron presionados para acusar a Amedo; no bastan para borrar los demás indicios que el sumario va acumulando contra él. La Audiencia Nacional ha considerado que esos documentos no tienen fuerza suficiente para modificar su situación procesal, y ése es el dato fundamental. Una democracia no puede aceptar la falsa elección entre ETA o la guerra sucia: precisamente porque ETA asesina, el Estado necesita demostrar que quienes la combaten lo hacen dentro de la ley. Si Amedo es víctima de una operación de HB, la investigación deberá demostrarlo y absolverle; pero si policías españoles contrataron mercenarios para secuestrar, colocar bombas o matar al otro lado de la frontera, denunciarlo no significará ayudar a ETA, sino impedir que ETA consiga que el Estado termine pareciéndose a aquello que combate. Y conforme aumenta el número de testimonios, documentos y conexiones que rodean al subcomisario, resulta cada vez más difícil explicar todo el caso únicamente como una conspiración batasuna.
J. F. Lamata