‘Caso Zamora’: Dimiten el diputado del PP José Manuel Peñalosa y el senador García Carnero, ambos investigados por posible corrupción

La renuncia a sus escaños de los dos parlamentarios populares implicados en el caso Zamora, relacionado con la financiación irregular del PP a través de donativos empresariales clandestinos, se ha producido varias semanas después de que el Supremo solicitara de las Cámaras la preceptiva autorización para su eventual procesamiento. ¿Cuáles han sido los verdaderos motivos de esa inesperada dimisión, que implica (salvo la aparición de un nuevo aforado) la devolución del sumario al Tribunal Superior de Castilla y León o a la Audiencia de Zamora? Los populares han cubierto de elogios al diputado Peñalosa y al senador García Carnero -supuestamente deseosos de acelerar la acción de la justicia- por su decisión de abandonar el escaño y el correlativo privilegio procesal del fuero parlamentario; según los socialistas, por el contrario, la renuncia ha sido forzada por la dirección del PP, alarmada ante algunas declaraciones testificales que comprometen directamente al presidente Aznar, para ganar tiempo en plena campaña electoral y para jugar la carta de encontrar un juez instructor menos competente, riguroso e independiente que el magistrado Martín Pallín. Los sumarios arrastrados hacia el Supremo por la fuerza de la gravedad del fuero parlamentario han provocado lamentables reacciones en algunos dirigentes de los partidos implicados por las actuaciones judiciales. El sobreseimiento del caso Naseiro a causa de la nulidad de las pruebas obtenidas mediante escuchas telefónicas fue precedido por las airadas denuncias de significados portavoces del PP -atrapado en un episodio flagrante de financiación ilegal en la Comunidad Valenciana- contra la politización partidista de la justicia. Dos sumarios instruidos y fallados también por el Supremo sentaron en el banquillo a parlamentarios socialistas: el diputado Navarro y el senador Sala, en el caso Filesa, y el diputado Barrionuevo, en el caso Marey. Las intemperantes y descalificadoras críticas lanzadas contra ambas sentencias condenatorias por los acusados y por destacados dirigentes del PSOE causaron un grave daño a la imagen de imparcialidad del Supremo. Parecida suerte corrió el alto tribunal a manos de HB tras la condena de los miembros de su Mesa Nacional.

Los riesgos de deslegitimación política de las instituciones judiciales siempre que las sentencias son desfavorables a los intereses de algún partido llevarían a recibir con alivio la renuncia al escaño y al correspondiente fuero procesal de los dos parlamentarios del PP. Por lo demás, el Supremo, encargado de unificar la jurisprudencia y de resolver los recursos de casación, no está técnicamente preparado para las diligencias sumariales que el privilegio procesal del fuero parlamentario exige. De añadidura, la concentración de la instrucción y del juicio oral en una sola instancia no sólo priva a los acusados de la posibilidad de recurrir ante un nivel superior sino que crea además los riesgos de nulidad por contaminación derivados de la intervención de algunos magistrados en varias actuaciones.

El Tribunal Constitucional ha reducido el ámbito de aplicación del suplicatorio (la previa autorización de las Cámaras) y del fuero procesal (residenciado en el Supremo) concedidos por el artículo 71 de la norma fundamental a los parlamentarios acusados de delitos: justificadas hace un siglo por las invasiones del Ejecutivo sobre el Legislativo, ambas instituciones son hoy privilegios de discutible fundamentación. Resulta improbable que el diputado Peñalosa y el senador García Carnero hayan renunciado a sus escaños en nombre de la igualdad de la ley. El caso Zamora huele a chamusquina: todo hace suponer que los dos parlamentarios del PP han emprendido una huida en pelo del Supremo para eludir una instrucción que estaba llegando al corazón de la organización del PP y al entorno del hoy presidente del Gobierno y entonces presidente de la Junta de Castilla y León. La forzada interrupción de las investigaciones sumariales del magistrado Martín Pallín, lograda mediante la renuncia de los dos imputados a su escaño y a su fuero procesal, permitirá ahora al PP replantear toda su estrategia jurídico-procesal para aplazar y minimizar los costes de un escándalo político-financiero de financiación irregular del partido que ha salpicado ya en el rostro al propio Aznar.

UNO DE los constructores acusados por la persona que destapó el caso Zamora de haber entregado dinero a Aznar para financiar su campaña a la presidencia de Castilla y León en 1987 ha reconocido ante el Tribunal Supremo la veracidad de esa acusación, rectificando lo que había negado anteriormente. La declaración deja en posición desairada al presidente del Gobierno y a su partido, que años después utilizaron los más hirientes epítetos contra los socialistas a cuenta de sus ilegales métodos de financiación y que les llevaron a cuestionar la legitimidad de la victoria socialista en 1989 por haber recibido financiación ilegal a través de Filesa.Cuando, hace dos años, surgieron las primeras noticias del caso, Aznar consideró «poco serio» que le preguntasen por el supuesto cheque que le habrían entregado en un hotel de Valladolid tres constructores de Zamora. El PP quitó importancia a la denuncia alegando la escasa credibilidad del empresario denunciante, procesado por estafa. El hecho de que un miembro del PP, ex alcalde de Zamora y luego presidente de la Diputación, Antolín Martín, otorgara credibilidad a esa denuncia, hasta el punto de trasladarla a la Fiscalía de la Audiencia Provincial, fue despachado por la dirección local del PP con el argumento de que actuaba «por despecho». Martín había caído en desgracia para entonces tras una serie de batallas internas de poder.

La explicación del despecho es, por cierto, la misma que recientemente dio el PP ante las denuncias de su ex presidente en Tenerife, Francisco de la Barreda, sobre actuaciones supuestamente irregulares que afectaban a dirigentes de su partido. El informe de la Comisión de Investigación del Parlamento canario constituida al efecto ha constatado la existencia de serias irregularidades, y la Fiscalía Anticorrupción acordó ayer investigar los hechos. Puede que haya un componente psicológico de despecho en el origen de éstas y otras denuncias de corrupción (como en el caso Filesa), pero ello no anula necesariamente su veracidad. En el asunto de Zamora, el constructor que ahora ratifica la denuncia inicial no es ya un testigo indirecto, sino una de las tres personas señaladas por la supuesta entrega del cheque a Aznar.

¿Donación o cohecho? La actual ley de financiación de partidos limita la cantidad que cada formación puede recibir de donaciones anónimas y prohíbe las que proceden de empresas que «realicen obras» para cualquier administración pública. Es cierto que esa ley se aprobó tres semanas después de que se celebraran las elecciones para las que se recaudó supuestamente este dinero. Pero parece difícil considerar como donación no finalista una entrega de dinero que, según lo declarado ante el Supremo, fue solicitada con la promesa de futuras adjudicaciones de obras. El declarante ha dicho también que su anterior negativa a reconocer los hechos la hizo a instancias de un diputado del PP que le ofreció más contratos de obras. Si hay o no delito es algo que dilucidará la justicia, pero los indicios que están aflorando ya no se pueden despachar con una gracieta. Lo único que resultaría poco serio es que Aznar no diera explicaciones.

EL SENADOR Dionisio García Carnero y el diputado José Manuel Peñalosa, ambos del Partido Popular, han renunciado a sus respectivos escaños después de ser llamados a declarar como imputados por el magistrado del Supremo que instruye el caso Zamora. Esto significa que el sumario vuelve a la jurisdicción ordinaria y quedan sin efecto los suplicatorios presentados a las Cámaras. Los denunciantes del asunto relacionaron a ambos parlamentarios con el cobro de comisiones a empresas constructoras por la adjudicación de obras de la Diputación de Zamora. El asunto, en sí mismo grave, adquirió dimensión nacional cuando uno de los acusadores declaró que, en 1987, José María Aznar, entonces candidato a la presidencia de Castilla y León, había recibido para su campaña tres millones de pesetas de otros tantos constructores de Zamora. El presidente lo ha negado enfáticamente y el PP ha amenazado con querellas contra quienes involucren a Aznar en el caso. El abogado del partido socialista, personado como acusación particular, considera que la renuncia a los escaños es sólo una maniobra destinada a amortiguar la repercusión pública del caso al sacarlo del Supremo. La sospecha es legítima, pero los imputados han hecho uso de un derecho legal. Elegir la vía judicial ordinaria significa disponer de la posibilidad de recurso en instancia superior, lo que no ocurre cuando juzga el Supremo. Por otra parte, y al margen de la motivación última, la iniciativa significa objetivamente renunciar a un privilegio. Sin embargo, la rectitud de intenciones hubiera resultado más creíble si los imputados hubieran renunciado a sus escaños en el momento en que se iniciaron las actuaciones, y no después de haber declarado que no pensaban renunciar al escaño. Este súbito cambio de humor da pie, cuando menos, a alguna sospecha. En teoría, la renuncia al fuero podría ser una forma de imponer el cambio de un instructor cuya actuación disgusta a los aforados. Desde el PP se ha dicho que el senador García Carnero ya intentó renunciar al privilegio parlamentario. Ello no es del todo exacto. Lo que pidió fue que su grupo votara a favor del suplicatorio para tener ocasión cuanto antes de demostrar su inocencia. Es más, su abogado, personado en el caso Filesa en nombre del PP, se opuso en su día a que el sumario pudiera ir a la jurisdicción ordinaria por renuncia de los parlamentarios implicados. En caso contrario, alegó, quedaría en manos de los inculpados determinar la competencia del tribunal juzgador.

Sea en el Supremo o en la Audiencia Provincial, lo importante es que los tribunales aclaren si el PP se financió con el cobro de comisiones ilegales, como afirman diversos testigos. En su respuesta parlamentaria del miércoles, Aznar no se limitó a negar cualquier relación con el caso. Añadió que las únicas tramas ilegales de financiación que conoce, «y sancionadas por sentencia firme», son las del PSOE: «Ustedes, sí; nosotros, no». Tampoco esto es exacto: el Supremo estableció en sentencia firme que el llamado caso Cañellas escondía una trama de financiación ilegal del PP por comisiones de obras. Que el delito hubiera prescrito no cambia la naturaleza de los hechos

El juez del caso Zamora, relacionado con la supuesta financiación ilegal del Partido Popular mediante el cobro de comisiones por la adjudicación de obras públicas, ha decidido su archivo a los cinco años de iniciada la investigación judicial. Hasta ahora ha habido casos, nada infrecuentes en la justicia española, de juicios que tardan cinco años en celebrarse; pero quizás sea la primera vez que la justicia se toma tanto tiempo para decidir el archivo de una causa.

El caso Zamora, como todos los que tienen que ver con prácticas corruptas en los aledaños del poder, no era fácil de investigar judicialmente. Pero lo extraño es que se le dé carpetazo tras varios años de una instrucción sumarial que ha acumulado más de 60.000 folios de diligencias y en la que han estado implicados 33 ex altos cargos del PP y empresarios zamoranos por presuntos delitos continuados de prevaricación, cohecho y usurpación de funciones en la adjudicación de obras y servicios en la Diputación Provincial de Zamora en la década de los ochenta.

El juez que ha tomado la decisión -el último de los varios encargados del caso en el transcurso del tiempo- ha negado validez a la inicial denuncia presentada en 1997 por el ex presidente de la Diputación de Zamora Antolín Martín, expulsado poco después del PP por desvelar las presuntas irregularidades. Esa denuncia adolecería de ‘un problema de credibilidad’, ya que estuvo movida por ‘el odio, la venganza y el revanchismo’ del denunciante contra las personas que le vencieron en las elecciones de 1996. Pero para este viaje, es decir, para establecer que una denuncia es infundada, no se necesitan normalmente cinco años de investigación sumarial y decenas de miles de folios de diligencias sumariales. Eso ya lo dijo la dirección del PP zamorano en el momento de presentarse la denuncia: que Martín actuaba así por venganza o resentimiento. Que cinco años después lo diga el juez es por lo menos redundante.

Pero la cuestión es que esa denuncia estuvo avalada desde el principio por el ministerio fiscal, llegó en un momento al Tribunal Supremo por afectar a un senador y a un diputado del PP, volvió de nuevo a los juzgados de Zamora tras la renuncia inmediata a sus escaños de los dos parlamentarios y dio lugar a interesantes testimonios como el del constructor que reconoció ante el Supremo haber entregado, junto con otros dos colegas, un cheque a José María Aznar para financiar su campaña a la presidencia de Castilla y León en 1987. El juez señala que no existen pruebas que avalen la denuncia y rechaza una fundamental aportada al proceso: las cintas magnetofónicas del denunciante con grabaciones que desvelaban la supuesta trama de adjudicación de obras. ¿No habría sido procesalmente más correcto que todo ello se hubiera dilucidado en un juicio contradictorio y en igualdad de condiciones entre el fiscal, la acusación particular y la defensa de los implicados? El archivo tardío del caso Zamora deja en el aire más dudas que las que resuelve, por más que el juez haya intentado, en un auto inusualmente prolijo de 264 páginas, justificar su decisión.