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Gesto de 'los barones' socialistas de Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha en favor de la Concstitución

‘Declaración de Merida’: Los presidentes autonómicos del PSOE, Bono, Ibarra y Chaves contra el ‘trato favor’ a los nacionalistas

HECHOS

El 6.10.1998 D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra presidente de Extremadura, D. José Bono, presidente de Castilla la Mancha y D. Manuel Chaves presidente de la Junta de Andalucía.

DECLARACIÓN DE MÉRIDA:

«Reunidos los presidentes de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, afirman su lealtad a la Constitución Española y a los Estatutos de Autonomía en el vigésimo aniversario de la primera.En nuestra opinión, la Constitución ha servido para hacer de España un país más moderno y más justo, y un modelo de convivencia entre los españoles sólo enturbiado por el terrorismo de ETA. Con este marco hemos progresado como personas y como pueblos. Asimismo, hemos sido capaces de combinar el desarrollo de territorios como Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, secularmente abandonados, con la satisfacción de los legítimos deseos de los diferentes pueblos de España de conservar sus lenguas, culturas, derechos y sus particulares instituciones.

No estamos dispuestos a que nuestro silencio nos haga cómplices de procesos que marginen a nuestros territorios. Como presidentes de tres comunidades autónomas vamos a defender los intereses que representamos, que no son diferentes de los de España.

Con la inmensa mayoría de los españoles, y en representación de nuestros pueblos, nos congratulamos de la oferta de ETA, en forma de «tregua indefinida» en sus actividades criminales. Vemos la novedad del carácter «indefinido» de la tregua como un alivio y una esperanza, ante la cual los demócratas debemos reaccionar con serenidad, con firmeza y con unidad, afirmando nuestra permanente voluntad de una paz definitiva, de un cese total e incondicional de una violencia injustificable.

Apoyamos con firmeza al Gobierno de España para que dirija el proceso que conduce a la paz. Pero con la misma firmeza creemos que nada más puede negociarse al respecto; que la paz es una exigencia legítima de todos los ciudadanos que no deben suponer contrapartidas políticas. Por eso, no aceptamos la idea de conceder ventaja política alguna porque sería la peor amenaza para la convivencia. Legitimar la violencia en democracia nos depararía un futuro incierto ante nuevos brotes de actividad violenta. En consecuencia, exigimos de los demócratas, de derecha o de izquierda, nacionalistas o no, respeto a las reglas de juego que nos hemos dado, incluso para cambiarlas en el caso de que algunos deseen hacerlo.

La confusa declaración de separar las reivindicaciones políticas de algunos partidos nacionalistas de las conversaciones para el cese definitivo de la violencia terrorista debe convertirse en una firme posición, propia de cualquier demócrata que no puede aparecer ante la opinión pública mezclando sus aspiraciones con las de los que practican el terror. La Constitución misma, con su vocación incluyente y no excluyente, admite todas las posiciones que se expresen pacíficamente, comprendidas aquellas que contradigan su contenido; por eso nada explica la violencia cuando las aspiraciones pueden expresarse en paz.

Hoy, cuando se empezaba a superar el nacionalismo español de carácter excluyente, vemos con preocupación las posiciones nacionalistas que cuestionan la cohesión garantizada en la Constitución y niegan la soberanía de los españoles en su conjunto.

Como representantes autonómicos de más de diez millones de españoles, defendemos la cohesión social y la solidaridad territorial. La paz no es sólo el silencio de las armas; la paz es también la paz social, el equilibrio entre sus territorios y la garantía de igualdad de los derechos y oportunidades en cuestiones básicas (educación, bienestar social, etc.) para mantener así la cohesión entre los españoles, vivan donde vivan.

Dentro de la unidad política de España, en la que nuestra Constitución reconoce los hechos diferenciales, los sistemas particulares de financiación y las diferentes vías de acceso al autogobierno, no existe un derecho natural, ni previo ni posterior a la Constitución, que pueda ser invocado para justificar privilegios entre los territorios o desigualdad entre los españoles. En este sentido, todas las comunidades autónomas tienen el derecho a los niveles de autogobierno y competencias a que aspiren dentro de lo que la Constitución admite.

Estamos organizados políticamente como pueblos, y no sólo tenemos derecho a pronunciarnos como comunidades autónomas sobre la estructura de Estado, de todo el Estado, sino que tenemos el deber de hacerlo. Para poder reflexionar en conjunto, los presidentes de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura pedimos la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado y la comparecencia del presidente del Gobierno de España para debatir sobre estos importantes asuntos».

Juan Carlos Rodríguez Ibarra

José Bono

Manuel Chaves

11 Octubre 1998

Declaración oportuna

Javier Pérez Royo

Tras la Declaración de Barcelona y el «documento de trabajo» anejo a la misma, en el que los partidos nacionalistas reclamaban la organización confederal del Estado, tras la nueva reunión de tales partidos nacionalistas en Bilbao coincidiendo con la declaración de tregua de ETA y la firma del Documento de Estella, ¿hubiera podido entender alguien que el presidente de la comunidad autónoma con mayor población y que más influencia ha tenido en la construcción del Estado de las Autonomías hubiera permanecido en silencio? Un presidente de una comunidad autónoma accede a dicha condición como consecuencia de que figura como candidato en la lista de un partido político, pero, una vez elegido, es el presidente de todos los ciudadanos de dicha comunidad, tanto si le han votado como si no.En consecuencia, su actuación como presidente debe mantener una conexión con la política general que define el partido al que pertenece, pero no puede reducirse a ello. Como presidente tiene que hacer oír su voz cada vez que hay alguna circunstancia políticamente relevante que pueda afectar al conjunto de la comunidad que preside. La voz del partido no puede ser nunca una excusa para que el presidente no haga oír la suya. Resulta difícil pensar alguna circunstancia que justifique más una declaración de un presidente de una comunidad autónoma que la coyuntura en que nos encontramos respecto de la estructura del Estado. Es el tema central de la vida política en estos momentos y todo apunta a que va a continuar siéndolo en el futuro próximo y hasta es posible que no sólo en el próximo. No creo, en consecuencia, que se pueda formular ningún reproche a que el presidente de la Junta de Andalucía haya hecho oír su voz con la Declaración de Mérida. De hacérsele alguno, yo le haría el que ha tardado algo más de lo que debería haber tardado en hacer oír su voz. La reacción se debería haber producido inmediatamente después de que se hiciera pública la Declaración de Barcelona. No se debía haber dejado pasar tanto tiempo. Y debería haberse reaccionado inmediatamente desde Andalucía. Tal vez debería haberse convocado una sesión extraordinaria del Parlamento de Andalucía para que los distintos partidos hubieran tenido ocasión de fijar su posición respecto de la propuesta de reforma avanzada por los nacionalistas y, si hubiera sido posible, adoptar una resolución conjunta de defensa del modelo de estructura del Estado definida por la Constitución y los estatutos de autonomía. En todo caso, creo que desde Andalucía se debería tomar buena nota de lo que ha ocurrido en el inicio de este curso político y no bajar la guardia ante nuevas posibles iniciativas de revisión de la estructura del Estado. Andalucía tiene que reclamar su sitio en cualquier discusión en este terreno.

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