El ministro de Interior Barrionuevo (PSOE) demanda al director del diario EL PAÍS, Juan Luis Cebrián por vincularle a los GAL

EL MINISTRO del Interior acaba de demandar por la vía civil, y amparándose en la ley de Protección al Honor y la Intimidad, al director de EL PAIS y a la empresa editora del diario. Pretende la demanda que este periódico ha dañado ilegítimamente la imagen y el prestigio del ministro, sobre todo con ocasión de las informaciones sobre el asesinato del líder nacionalista vasco Santiago Brouard. Ni en el fondo de la cuestión -que sea ilegítimo criticar la imagen y la actividad de un ministro democrático que a nuestro juicio hace mal su trabajo- ni en la forma -que una ley destinada a proteger la intimidad de las personas se utilice para tratar de emboscar las responsabilidades políticas- podemos estar de acuerdo.Una demanda de este género, desde el poder político contra un medio de comunicación, es una agresión directa a la libertad de expresión. Si quien la hace es nada menos que el ministro de quien dependen la policía y la Guardia Civil -que Barrionuevo escogió en su día como símbolo del orden público socialista-, la actitud es doblemente insólita. Es éste el primer ministro de la democracia, que sepamos, que lleva a los tribunales a un periódico sin utilizar los servicios del fiscal del Estado por informaciones y críticas sobre su gestión. Pero la suposición de que estaríamos ante una actitud particular del señor Barrionuevo frente a los abusos de un diario es verdaderamente cándida. Nunca hemos dicho nada que afecte personalmente al señor Barrionuevo fuera del desempeño del ejercicio de sus cargos políticos. Es claro el porqué: el señor Barrionuevo no merece personalmente la más mínima atención de la opinión pública. Y lo mismo que este diario ha elogiado y elogia su reciente dureza contra los mandos militares de la policía que se le insubordinaron, seguirá criticando y critica su solidaridad con los policías procesados por el homicidio del grapo Martín Luna; su peinado abusivo del barrio del Pilar de Madrid; el mantenimiento de un connotado represor de la izquierda democrática como jefe de los servicios antiterroristas, y la fracasada política policial de todo su departamento. Pero a la postre, lo único que interesa de todo esto es quién asesinó a Santiago Brouard y por qué. Y también por qué el fiscal Valerio quería investigar a los servicios españoles de inteligencia en relación con el caso. Preguntas que para nada afectan al honor del señor Barrionuevo, sino a la credibilidad del Gobierno de Felipe González.

El ministro José Barrionuevo presentó hoy su demanda contra el diario EL PAÍS, que goza atizándole desde hace mucho tiempo varapalos sin fin. (Ser de izquierdas estéticas requiere golpear siempre al policía, no lo ovlide, joven). Y Juan Luis Cebrián, reaccionó por EFE con irrititación supina. Pulso al canto: ‘La permanencia de Barrionuevo en el Gobierno es una ofensa a todos los que creyeron en el cambio socialista, contestó Juan Luis Cebrián. Vaya machada, y ahora qué, o echamos a Barrionuevo o atacas a la tortilla.

Juan Luis Cebrián, que me saludó amistosamente el otro día en La Fille du Regiment, se ha pasado, creo yo, estruendosamente en su campaña anti-Barrionuevo, y ahora puede tener problemas. Son cosas de la vida. No se puede ser tan rojo, tan rojo, en temas de Policía, para encubrir, quizá, otro tipo de aplausos indebidos. O sí se puede, pero entonces hay que correr riesgos y a lo mejor pierde uno. Son cosas de este dpeorte. Que gane el bueno. Ja, ja.

Juan Tomás de Salas

Estamos en favor de la libertad de expresión, sin la cual el ejercicio del periodismo y el derecho de los ciudadanos a la información resultan imposibles. Ciertamente el diario gubernamental ha tomado parte a favor del ala más radicalizada en las divisiones internas del Gobierno. Frente al sector más moderado ha defendido al sector que fomenta el entendimiento nacional con los comunistas e internacional con la Unión Soviética. Ciertamente, el diario gubernamental mantiene una hostilidad obsesiva contra el ministro Barrionuevo, que se ha opuesto a esa línea y consiguió reformar la reforma que puso en la calle a once mil presuntos delincuentes. Pero siendo todo esto así, ABC defenderá siempre el derecho del diario gubernamental al ejercicio de la libertad de información y considera lamentable que se trate de coaccionar ese derecho con la demanda interpuesta por un ministro; es decir, por el poder político.

Acataremos la sentencia que dicten los jueces, pero en este caso estaremos al lado del periódico al que se trata de limitar. O se está con la libertad de expresión o se está contra la libertad de expresión. Y si se está con la libertad de expresión, debe ser con todas las consecuencias. Sin mordazas de ningún tipo y sin otro límite que las leyes que respeten el artículo 20 de la Constitución.

Porque se opuso al intento de desmilitarizar la Guardia Civil; porque rechazó las propuestas revolucionarias para transformar la Policía; porque terminó con los entierros semiclandestinos de militares y guardias civiles asesinados en las provincias vasas; porque le echó redaños a la situación y acudió a los entierros; porque evitó la ealtación de los etarras muertos por la Guardia Civil; porque permitió a ésta defenderse con sus armas de los ataques terroristas; porque denunció que la reforma de la Justicia, la despenalización de la droga blanda y la puesta de presos en la calle eran las causas de la alarmante inseguridad ciudadana; porque se mantuvo y se mantiene leal al presidente del Gobierno, mientras otros altos cargos murmuran, hacen chistes de la Moncloa o intrigan; porque ha hecho una auténtica política socialista rechazada en muchos aspectos por la oposición, pero en la que hay que reconocer valor y coherencia; porque desde un Ministerio clave se ha convertido en dique contra el proceso revolucionario que la izquierda radical del PSOE y el resto de la ultraizquierda quieren desencadenar en España para temrinar con el orden social reinante y el sistema constituciona, por eso se ataca a Barrionuevo. La portada de ABC que reproducimos arriba anticipó lo que iba a pasar. Nuestro periódico se ha pronunciado sobre la demanda del ministro contra el diario gubernamental. Ahí se equivocó Barrionuevo. Un particular puede y debe querellarse contra un periódico que estima le ha lesionado. Un ministro puede, pero no debe. Tiene todos los medios de comunicación a su alcance para rectificar al órgano que le lesionó. La demanda judicial de un ministro tiene siempre algo de coacción del poder político y eso constituye un ataque a la libertad de expresión. En la reyerta interna que divide al Gobierno, el diario gubernamental ha movilizado a algunos de los ministros – como Ledesma – a que declaren como testigos del propio periódico gubernamental. Por otra parte, y gracias a los secretos que su gubernamentalismo le permite conocer, ese periódico ha desenmascarado el espionaje del que era víctima el partido de Fraga. Esta maniobra está encaminada a aislar a Barrionuevo y situarle entre dos fuegos. Pero al margen de las reyertas internas del Gobierno y sus órganos periodísticos, la oposición no debe caer en la trampa de lesionar a Barrionuevo. Lo que se esá jugando hoy en el seno del PSOE es la continuidad de la moderación que representan hombres como Felipe González, Barrionuevo o Boyer frente a la radicalización o la que aspiran los sectores del PSOE más trufados por elementos comunistas.

La sentencia que desestima la demanda interpuesta por el ministro del Interior contra el director y la empresa editora de EL PAÍS constituye una victoria de la libertad de prensa frente a los intentos del poder político de restringir el ejercicio de los derechos a la información y a la opinión. La decisión del magistrado González Aparicio -cuya modélica forma de conducir el proceso contrasta con la actuación del ministerio fiscal- puede contribuir decisivamente a clarificar los equívocos -inocentes en algunos casos, maliciosos en otros- suscitados por la entrada en vigor de la ley orgánica de Protección al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.Aunque esta norma fue promulgada para dar cumplimiento al mandato constitucional que ampara a los ciudadanos frente a las intromisiones en su vida privada, una práctica viciosa -a la que no son ajenos algunos asesores jurídicos, entre otros los de José Barrionuevo- ha conducido a resultados tan absurdos como que un ministro socialista haya utilizado esa ley para pedir una cuantiosa indemnización económica a un periódico o que presuntos delincuentes y personas procesadas invoquen su articulado para reclamar, también, pingües sumas a los medios de comunicación. Los efectos perversos de la ley, cuyo espíritu (la protección de la intimidad frente a los excesos de la Prensa) ha sido burlado en ocasiones por leguleyos deseosos de complacer a sus clientes, alcanzaron también a dos diputados socialistas, llevados ante los tribunales para responder de supuestas infracciones contra el honor de terceros. Los parlamentarios, en vez de modificar esa norma para delimitar inequívocamente su alcance, optaron por escapar de su ámbito de aplicación, mediante una ley orgánica, auténtico monumento al corporativismo parlamentario, que amplía los beneficios de la inviolabilidad e inmunidad parlamentarias desde la esfera penal al ámbito civil.

La sentencia del magistrado González Aparicio confirma que los textos de EL PAÍS en que se basaba la demanda desestimada «se dirigían de forma clara y explícita al ministro del Interior o al Sr. Barrionuevo como titular del departamento, y no a la persona del actor, aunque algunas veces se mencione su nombre dentro de un contexto más amplio referido al mismo como ministro y responsable máximo de los servicios de Seguridad Nacional». La peregrina idea de que los editoriales o las informaciones de EL PAÍS sobre la política de orden público del Gobierno socialista pudieran haber estado animados por «un obsesivo afán difamatorio» contra el ciudadano José Barrionuevo habría movido a la sonrisa, de no hallarse al servicio de una estrategia de intimidación a la libertad de expresión. Porque la situación procesal creada por Barrionuevo con su demanda contra EL PAÍS, acusado entre otras cosas de «atentar contra los pilares de nuestro sistema democrático» y de tener una «desorbitada afición por el libelo», desempeñaba la función latente de intentar amordazar las informaciones y las críticas de este periódico sobre la política y el funcionamiento del Ministerio del Interior.

La acción judicial apuntaba también a desprestigiar y a desautorizar las noticias y las opiniones de este periódico. Al afirmar que la línea informativa y editorial de EL PAÍS sobre asuntos de orden público está dictada por una «incontenible animosidad contra la persona del señor Barrionuevo» y un «premeditado y obsesivo afán difamatario» dictado por «la arbitrariedad más pura», el ministro del Interior intentaba descalificar cualquier crítica a su gestión o cualquier noticia molesta para su política, endosadas a una siniestra conjura contra su persona. El intento ha fracasado.

Es importante señalar que el juez, al admitir la excepción de incompetencia alegada por la defensa de EL PAÍS, confirma que la ley de protección del derecho al honor no puede ser esgrimida cuando los hechos justificadores de la demanda -en este caso, la línea informativa y editorial de un periódico, supuestamente orientada a la difamación del titular de la cartera de Interior- pudieran ser constitutivos de delito. La sentencia señala que si unos supuestos ataques al honor estuviesen tipificados como delitos, «su protección habrá de realizarse a través de los procedimientos y jurisdicción penal por tener carácter preferente sobre los de orden civil». Pero en el caso de la demanda interpuesta por Barrionuevo esa preferencia de la jurisdicción penal era, además, «de derecho necesario y no dispositivo», ya que el objeto de una eventual acción judicial no sería un delito privado sino un delito perseguible de oficio. Insiste la sentencia en que el presunto ofendido por un delito perseguible de oficio «no puede elegir una u otra vía procesal para solicitar la protección de su derecho al honor, sino que, con arreglo a la disposición orgánica, ha de acudir necesariamente al orden preferente de la jurisdicción penal». La decisión del juez encaja por completo con las alegaciones de los abogados de EL PAÍS, con la técnica jurídica más elemental y con el propio sentido común. Puede uno preguntarse qué clase de asesores legales tiene el Gobierno, y dentro de éste el Ministerio del Interior.

Queda clausurado, así, un episodio puesto en marcha por un Gobierno hipersensible ante las críticas y por la irrefrenable tendencia de cualquier poder a cercenar, hipotecar o condicionar la libertad de prensa. No creemos, sin embargo, que el error cometido por el ministro del Interior con su demanda contra EL PAÍS sea una excepción en su carrera ni resulte comparable con otras equivocaciones, mucho más graves y cargadas de consecuencias, de su departamento. José Barrionuevo puede tranquilizarse, en cambio, sobre su futuro político. Al parecer, nada hay que garantice con mayor eficacia la continuidad en este Gobierno que las críticas de la sociedad dirigidas contra la deficiente gestión de uno de sus miembros. La crisis ayer abierta por Felipe González no debe preocupar a un ministro que ha batido todas las marcas de rechazo por los órganos de opinión pública que no se alinean con la oposición conservadora al Gobierno socialista.

El procurador Granados Weil, tras acreditar la representación de José Barrionuevo, Peña, manifiesta al Juzgado de Primera Instancia: «Que mediante el presente escrito formulo demanda contra Promotora de Informaciones, SA, compañía editora del diario EL PAÍS, y contra el director de este periódico, Juan Luis Cebrián, ( … ), acogiéndome a lo establecido en la ley orgánica de 5 de mayo de 1982 y en la ley de 26 de diciembre de 1978, por haber vulnerado dicho diario el honor de mi mandante, cuya tutela, de acuerdo con lo establecido en las leyes citadas y en los artículo 18.1, 20.4 y 53.2 de la Constitución ( … )».Más adelante expresa la posición de su representado con la prensa: «ha considerado siempre que la actitud vigilante y severamente crítica de los medios de comunicación y, en particular, de la Prensa no sólo es necesaria, sino un valor a defender ( … )».

«Uno entre todos los diarios, sin embargo, destacó desde el comienzo por una especial dedicación a la persona de mi mandante, respecto del que ha sostenido imputaciones y formulado críticas que se salen por completo de lo normal y que, desde luego, han sobrepasado con creces los límites lícitos de la libertad de Prensa hasta quebrantar su honor ( … )».

«Las críticas del diario EL PAÍS, han sido, en efecto, desorbitadas y excesivas, en el fondo -en cuanto que se imputan al señor Barrionuevo y al departamento y servicios que dirige desmesuras de todo punto irreales- y en la forma -ya que las expresiones utilizadas son muchas veces inusitadamente graves e hirientes y, sobre todo, innecesarias para hacer efectiva la crítica que se quería formular-, lo que, en suma, revela un ánimo de agraviar fácilmente constatable».

«Todo ello lo ha soportado con paciencia mi mandante, por más que lo consideraba lesivo de sus derechos constitucionales, y se ha resistido a ejercer acción alguna contra EL PAÍS, pensando, tal vez, que esa particular dedicación a su persona, a la que EL PAÍS considera poco menos que como fuente de los males más varios, sería pasajera y fruto del capricho del director del medio o de algún redactor empecinado. Sin embargo, la enjundia de las agresiones no ha disminuido con el tiempo, y recientemente ha superado sus propios e inadmisibles límites con ocasión de la información ( … ) sobre lo que se ha dado en denominar el caso Brouard. ( … ) Se ha ofrecido la imagen de un ministro directa y personalmente interesado en que no se investigue un asesinato, sembrando de paso la gravísima sospecha de que no se sabe qué suerte de aparato parapolicial, pero oficialmente protegido («dos latinoamericanos a sueldo»), son los responsables de tamaño crimen».

«Así pues, en desarrollo de su incontenible animosidad contra la persona del señor Barrionuevo, EL PAÍS, obsesionado por agredirle y tal vez herido en su sentimiento de prepotencia, como medio de información escrita más relevante de España, por el nulo eco en medios gubernamentales de su desorbitada afición por el libelo cuando a mi mandante se refiere, decidió elevar aún algunos grados su punto de mira y no dudó, para difamar al ministro, en dirigir sus armas contra los pilares mismos del sistema democrático ( … )».

Base fáctica de la demanda

«Las pretensiones que en esta demanda van a deducirse tienen como base fáctica exclusivamente las informaciones del diario EL PAÍS sobre el caso Brouard. ( … ). «Si centramos la acción en el citado caso es, por una parte, porque ofrece base sobrada para nuestras pretensiones, y por otra, porque es un verdadero supuesto límite en el que es particularmente pertinente que, por la vía judicial, como está indicado en nuestro sistema constitucional, se muestre a un periódico en qué medida está mal utilizada una libertad como la de Prensa, rebasando con mucho los límites de su lícito ejercicio, y también que se le hagan ver los daños que de su actitud se derivan para la convivencia en paz de una sociedad democrática».

«No obstante basarse la acción que seguimos exclusivamente en las ‘informaciones’ dadas por EL PAÍS sobre el caso Brouard, creemos que será de utilidad, para facilitar el más exacto encuadramiento del premeditado y obsesivo afán difamatorio del periódico, utilizar algunos indicadores previos que pueden ilustrar cómo las «informaciones» sobre el indicado caso se insertan en una recalcitrante línea editorial basada en una anirnosidad inexplicable (si es que no se justificaba en el capricho personal del señor director del medio o de algún redactor influyente que, desconociendo que a los ministros los nombra y cesa el presidente del Gobierno, aspira vanamente a un cese, siempre posible y natural en un cargo como el de ministro, del señor Barrionuevo, justificado en la contundente razón de no agradar su persona a los responsables de tan poderoso medio de difusión), cuyas características son, desde luego, la arbitrariedad más pura y ( … ) el deseo evidente de lesionar su honor ( … )».

La demanda incluye, a continuación, una serie de supuestos que pretenden demostrar esta afirmación sobre el comportamiento de este periódico con respecto al ministro en sus informaciones:

A) Descalificiones genéricas y menosprecios.- «Lo que el ministro del Interior dice o escribe oficialmente contiene siempre construcciones o refleja una literatura parvularia en cuanto al estilo; rudimentaridad estilística que sólo se abandona para utilizar los giros semánticos de la época de la dictadura». Las informaciones de EL PAÍS» ( … ) subrayan la ignorancia del ministro y lo descalifican de manera rotunda para dirigir un departamento tan decisivo para la convivencia en paz y la salvaguarda de la democracia».

B) Incumplimiento de las obligaciones del cargo.- «Las alusiones a un ministro despreciativo de las libertades se encuentran en múltiples ocasiones en los editoriales, según se verá más adelante. Pero existe una técnica particular de conculcación de las libertades -la más genérica, global y opresiva- que consiste en emplear, reviviéndolos, los métodos policiales de la dictadura ( … )».

C) Vulneración de las reglas del Estado de derecho.- «( … ) la escalada verbal de EL PAÍS subió un peldaño inás en 1984, cuando empezó a difundir la especie, casi siempre de forma larvada, pero comprensible paria el lector, a quien el niensaje se le ofrece ya deglutido, de que la violencia de ETA se responde por el ministro del Interior por una violencia de la misma especie, inconstitucional y marginal respecto de los usos obligados en un Estado de derecho».

«Los comentarios, muy repetidos, sobre la dialéctica de asesinatos que protagonizan ETA y GAL empiezan a insinuar que el Gobierno, y el ministerio en particular, han abandonado la vía política para combatir a ETA y fomentan una violencia paralela ( … )».

El ‘caso Brouard’

«( … ) cuando las informaciones de EL PAÍS suben de tono es en el momento en que empieza a insinuar complacencia del Gobierno en la utilización de medios terroristas para combatir a los terroristas; poco a poco va trazando una información lo suficientemente articulada, aunque sin imputaciones directas, como para sugerir al lector una participación oficial en dichas prácticas».

«Para mayor ilustración, acompañamos a esta demanda, en el supuesto de las informaciones sobre el caso Brouard, ejemplares completos de EL PAÍS. Es trascendente esta circunstarcia para probar no sólo la gran dedicación que el periódico ha prestado al tema, sino también para hacer notar el lugar de privilegio que se concedió a estas informaciones.( … )».

«En el editorial» del 12 de enero de 1984 «el periódico insiste en su opinión, mezcla turbiamente -aunque sin imputaciones directas- a ETA, GAL y la «desazón policial» por la línea de investigación emprendida por el fiscal Valerio, lo que ya insinúa bastante acerca de lo mucho que, supuestamente, tendría que ocultar en este asesinato. En fin, que, por otra parte, la cerrazón a aceptar una investigación sobre la policía es también una actitud propia del ministro del Interior, señor Barrionuevo, en una cuestión que el editorial trata de dejar clara ( … )».

«El círculo, en este instante, de lo que la información sugiere y pretende mostrar como cierto a la opinión pública está definitivamente cerrado y queda integrado por los siguientes elementos esenciales: a) es probable que los «servicios de inteligencia», policiales o parapoliciales, tuvieran relación, bien directamente, bien a través de los GAL, «grupo criminal al que se ha vinculado en algunas ocasiones con medios gubernamentales», con el asesinato del señor Brouard; b) el fiscal Valerio intentó investigar estas conexiones y su ensayo provocó una reacción de los servicios de inteligencia y policiales; c) comunicado por éstos al señor Barrionuevo tal circunstancia, y dado que, según el periódico, este ministro no acepta que «sus subordinados están obligados, como el resto de los ciudadanos, a responder a las preguntas que el instructor del sumarlo les formule», ordenó al fiscal general que retirara al fiscal Valerio del caso, lo que aquél hizo efectivamente; d) con lo cual queda, en fin, expresamente publicado que existe un interés del señor ministro en que no se investigue el caso Brouard, al menos en los indicados aspectos de la supuesta conexión de la policía con tan deplorable asunto».

«Se comprende por todo ello que mi mandante vuelva a escribir al periódico una carta, que éste inserta el mismo día 13, en la que protesta de nuevo: ‘Señor director: ningún servicio policial o de inteligencia, como se dice en la información de referencia, me ha presentado protesta alguna sobre las investigaciones seguidas por el asesinato de Santiago Brouard. Vuelvo a insistirle que no se ha transmitido por parte de este ministerio al fiscal general del Estado ninguna indicación, observación, instrucción ni protesta por las citadas investigaciones».

«( … ) Todas las informaciones las apoya el periódico en ‘fuentes jurídicas solventes’ y las mantiene sin desmayo, pese a los desmenti

dos de las autoridades implicadas. Creyendo, tal vez, que ha encontrado la vena definitiva de información contra mi mandante, se obceca en la noticia, no la contrasta como debiera y difunde una información que quebranta el honor de mi representado y, desde luego, conmueve los cimientos mismos de las instituciones democráticas cuya solidez, así como la honestidad de las personas que las sirven, queda gravemente en entredicho»Repercusiones

«Esto último no son, obviamente conclusiones de parte. Las extraería cualquier lector de los mensajes de EL PAÍS. Para probarlo bastará con repasar, muy sumariamente, cómo recoge el resto de la Prensa, especialmente la del País Vasco -territorio en el que, por razones obvias, se propicia un deterioro mayor del máximo responsable de la seguridad pública y en el que la difamación cala de modo inmediato-, las noticias difundidas por EL PAÍS».

«( … ) La interpretación de toda la Prensa de lo que EL PAÍS quiere decir y dice cuando afirmó que ‘las instrucciones de Barrionuevo al fiscal general del Estado desen cadenaron el relevo de Emilio Valerio’ es unánime y clara ( … )».

«EL PAÍS no desaprovecha ocasión para agredir de nuevo a mi mandante y mantener abiertas sus tesis sobre la conexión de los servicios que él dirige en el asesinato (documento número 28); pero, sin embargo, va corrigiendo, poco a poco, sus informaciones iniciales aun manteniendo su núcleo esencial (consistente, en todo caso, en dejar bien sentada la tacha de la incomodidad de los servicios policiales por las peticiones del fiscal y la «ayuda» del ministro Barrionuevo para aliviarles de la presión de una investigación judicial)».

«( … ) El colmo del desatino informativo, que ahora ya muestra más inequívocamente que nunca, además de una osadía y soberbia sin límites, una consciente y dolo sa intención de difamar a mi mandante, es un editorial, publicado el día 20 de enero, bajo el aparatoso título de ¿Quién miente?».

«El editorial no tiene desperdicio: arranca insultando, sin más trámites, al señor Barrionuevo por esforzarse en desmentir al periódico; construye luego una tesis informativa que no es la que el periódico venía sosteniendo ( … ); opina que no ha sido EL PAÍS quien ha construido el malévolo artificio de la conexión del asesinato de Brouard con los servicios policiales; resta todo crédito a las notas de protesta del ministro, y, en fin en un ejercicio realmente insólito, termina por llamar mentiroso a mi mandante (concluye, en efecto, el editorial diciendo que «alguien ha mentido en este asunto, y, desde luego, no ha sido EL PAÍS». Dado que la alternativa que se ofrece es que ha sido el periódico o el ministro quien ha mentido, la respuesta al interrogante no precisa ingenio para ser hallada)».

EL PAÍS «( … ) sostuvo primero que Barrionuevo ordenó el cese del fiscal y, más tarde, que lo que hizo es comunicar unos oficios judiciales al ministro de Justicia (lo cual, por cierto, seguía siendo falso)».

«( … ) EL PAÍS se cree con derecho a difamar, y la respuesta del difamado no es el resorte mínimo disponible para atajar la malevolencia de tan poderoso medio, sino un «desahogo epistolar», por lo que se ve intolerable a esto le llama EL PAÍS «la grafomanía histriónica» del ministro».

«(…) El periódico es consciente de la enorme falsedad que había supuesto imputar a mi mandante intervenir directamente para impedir la investigación de un asesinato y para proteger a unos servicios oficiales supuestamente implicados en el mismo. Pero, no obstante, nunca despejó EL PAÍS la duda por él sembrada sobre estas conexiones. La difamación se hubiera producido en todo caso porque la agresión al honor de mi mandante no se lava con arrepentimientos o con desmentidos propios, lo mismo que un asesinato no se exculpa dando el pésame a los familiares de la víctima».

Conclusiones

«( … ) Los ataques de EL PAÍS contra mi mandante se iniciaron con su mandato. Por lo normal, rebasan los límites de la honesta y necesaria crítica periodista y revelan una inexplicable persecución personal y deseo de difamar ( … )».

«( … ) No obstante ser consciente de la falsedad de lo que publica, vuelve a insistir en sus primitivas tesis de cuando en cuando, con lo que perdura en el público lector la imagen -por otra parte, difundida, siguiendo a EL PAÍS, por el resto de los medios de comunicación- de una oscura conexión Barrionuevo-servicios oficiales de información-violencia antiterrorista-asesinato de Brouard».

«No puede imaginarse supuesto de difamación más intolerable jurídicamente que difundir todo lo anterior en relación con una persona que, como ocurre con mi mandante, es el máximo responsable de los servicios de seguridad pública y de la gararitía de las libertades de un Estado de derecho cuyas exigencias, en el sentir de EL PAÍS, margina para combatir a los terroristas con los medios de los terroristas y obstaculizar, acto seguido, cualquier investigación judicial sobre los hechos».

«No sólo la persona de mi mandante, sino el imperio de la ley y el Derecho ( … ) exigen que se repare el daño y se condene a EL PAÍS».

«La acción que se sigue en este proceso es la regulada en la ley orgánica 1/82, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen». ( … ) «La jurisdicción competente es la del orden civil, correspondiendo la competencia al Juzgado de Primera Instancia». ( … ) «La legitimación de mi mandante deriva de ser titular de un derecho fundamental, el derecho al honor que proclama el artículo 18 de la Constitución ( … ) que ha sido lesionado gravemente por las informaciones de EL PAÍS».

«La legitimación pasiva de Promotora de Informaciones, SA (PRISA), resulta de ser imputable a EL PAÍS, periódico del que dicha compañía es propietaria y editora, la vulneración ilegítima en el honor de mi mandante; la de don Juan Luis Cebrián, de la circunstancia de ser el director».

«La responsabilidad civil del editor y el director por actos y omisiones causadas por el periódico es solidaria, según el artículo 65.2 de la ley 14/66, de 18 de marzo» (la ley Fraga de prensa).

«Es la protección civil que la ley orgánica 1/82, de 5 de mayo, proporciona la que reclamamos en este proceso, renunciando expresamente a seguir cualquier otra acción penal. Creemos que es el ilícito civil que, de acuerdo con la Constitución, diseña la ley citada lo que se ha producido en este caso. De haberse producido algún ilícito penal, sería de los perseguibles a instancias del agraviado, y expresamente, según lo dicho, renunciamos a esa vía».

El dinero es agradable

«En los tiempos modernos se’ha aceptado de modo definitivo el principio de la reparación del perjuicio moral, pues aunque los derechos de la personalidad no se acomoden a una estimación pecuniaria, por lo que el dinero no puede aquí cumplir su función de equivalencia como en materia de reparación del daño material, la víctima del perjuicio moral padece dolores, y la reparación sirve para restablecer el equilibrio roto (pretium doloris), pudiendo, gracias al dinero, según sus gustos y temperamento, procurarse sensaciones agradables, que vendrán a contrapesar las dolorosas o desagradables, o más bien revistiendo la reparación acordada al lesionado, la forma de una reparación satisfactoria puesta a cargo del responsable del perjuicio moral, en vez del equivalente del sufrimiento moral».

«Después de la exposición hecha, que viene siendo ya excesivamente larga, por lo que pedimos disculpas al juzgado al que tenemos el honor de dirigimos, aunque necesaria para resolver en justicia este asunto, nos queda tan sólo entrar en fase de conclusiones ( … )».

A) «Las informaciones dadas por EL PAÍS se refieren nominatim a don José Barrionuevo Peña, ( … ) de manera que la identificación del agredido no ofrece la menor duda ( … )».

B) «Las imputaciones son gravísimas. Se le adjudica de modo directo una intervención destinada a evitar el esclarecimiento de un asesinato, quitando de enmedio a un fiscal molesto que pretende investigar a unas fuerzas policiales de las que, unas veces larvadamente y otras de forma expresa, se insinúa que algo tienen que ver con el crimen. Por demás, toda esta imputación de hechos está cargada de valoraciones en las que se utilizan los calificativos más gruesos e intolerables (en los hechos de esta demanda han quedado expuestos), concluyendo por llamar, sin más vueltas, mentiroso a mi mandante. También en esta cuestión -digamos que menor en el contexto de la gravedad de este caso-, EL PAÍS rebasa una exigencia impuesta, tanto en nuestra jurisprudencia como en todos los sistemas comparados, a la crítica periodística a los políticos: el principio de continencia en las expresiones utilizadas, que viene demandada no sólo por respeto a las personas, sino a los cargos que ocupan o a las instituciones que representan».

C) «La información dada por EL PAÍS se produce en un contexto de críticas personales reiteradas, penosas y de desusado calibre para con un ministro al que se persigue, a saber por qué, maniáticamente. Cuando tal crítica sube de tono hasta convertirse en difamación pura, el afán difamatorio se contrapone al rigor que a la Prensa es exigible ( … )».

D) «La noticia publicada, que imputaba a mi mandante una intervención directa en el cese del fiscal (y daba a entender, como tenemos dicho, aun al menos inteligente, que para proteger a la policía de su oscura conexión con un crimen), era falsa (…)».

Las reparaciones debidas

«Las medidas que procede adoptar y reclamamos son las siguientes»:

A) «En primer lugar, la declaración misma de que EL PAÍS ha cometido una intromisión ilegítima en el honor del señor Barrionuevo y lo ha difamado».

B) «La condena, por otra parte, a publicar en primera página del periódico la parte dispositiva y los considerandos de la sentencia, como medio de reparación ( … )».

C) «Una indemnización cuantiosa por el daño moral sufrido».»( … ) La indemnización (muy alta en todo caso, porque es una reparación moral a un ministro en activo lo que está en juego y una agresión frontal a las instituciones de un Estado de derecho que la indemnización debe servir para castigar y enderezar) debe establecerse, sin embargo, en ejecución de sentencia para ofrecer al juzgador entonces una más precisa concreción de las bases que, de acuerdo con el artículo 9.3 de la ley 1/82, han de servir para fijarla».

«Dichas bases son: La condición personal del lesionado y el cargo de ministro del Gobierno que ocupa, teniendo en cuenta el atentado contra las instituciones que representa; la circunstancia de ser EL PAÍS el diario de mayor circulación y más influyente de España; la enorme cantidad de páginas y espacio dedicado a las informaciones; la reiteración de la misma información, con el agravamiento consiguiente de la lesión; el eco o acogida de la noticia en los demás medios de difusión; y los eventuales beneficios adicionales que al periódico haya podido reportarle la publicación de la noticia (beneficios que no necesariamente tienen que ser económicos, sino también los verificables en el orden de las influencias y los favores personales)».