Dimisión del ministro de Agricultura, Vicente Albero, tras reconocer una dejación fiscal de su patrimonio, gestionado por De la Concha

Dos semanas después del debate sobre el estado de la nación, el presidente del Gobierno y el país en general se enfrentan a una situación crítica. González tiene sobre la mesa las dimisiones de dos ministros -la de Albero se sumó ayer a la de Asunción- y pueden sumarse las de tres diputados, incluido el presidente de su grupo parlamentario. Pero tiene que afrontar, sobre todo, la desconfianza ciudadana hacia su Gobierno en medio de un proceso de desestabilización que se proyecta negativamente sobre las expectativas económicas. El nerviosismo se ha apoderado de la sociedad. Hay que hacerle frente.a las dificultades de la crisis y el paro se han sumado los escándalos de determinados casos de corrupción y los deseos evidentes de sectores interesados en desalojar al PSOE del poder a cualquier precio. Por eso, en medio del griterío, es inaplazable devolver la iniciativa a las instituciones. La comparecencia del presidente ante el Pleno del Congreso el próximo miércoles ofrece a Felipe González la posibilidad de plantear la cuestión de confianza. Es algo necesario.

Que en menos de una semana dimitan dos ministros de un Gobierno – en un clima de alarma social sin precedentes por asuntos relacionados con la corrupción política y administrativa o por irregularidades fiscales – es un hecho que debe mover a una urgente y profunda reflexión sobre el ‘sálvese quien pueda’ que ha atacado como un virus incontrolado a la clase política dirigente. Que sea ‘vox populi’ que González aceptara las dimisiones de otros tres ex ministros que hoy tienen importantes responsabilidades en el Parlamento o el Partido Socialista es una evidencia del toque de rebato que ha sonado en el PSOE ante el acelerado desprestigio que está sufriendo ante la opinión pública por asuntos que van desde la financiación irregular hasta las responsabilidades políticas en el ejercicio de los cargos públicos. Que el responsable máximo de todos esos nombramientos permanezca indeciso y agazapado; sometido a apoyos venales por parte de fuerzas políticas interesadas en su supervivencia e intentado sortear las presiones para una comparecencia parlamentaria que finalmente no ha podido demorar es un espectáculo bochornoso que no tiene antecedentes en ningún país democrático.

Por menos de lo que le ha estallado a González entre las manos han dimitido primeros ministros o Gobiernos enteros en Italia, Francia, Japón, Grecia. Por asuntos menores a los de Filesa, Ceres, Time Export, Juan Guerra, Mariano Rubio, han renunciado personajes de la política, la Administración y la diplomacia mundial. Por responsabilidad política y dignidad personal ha comparecido públicamente  para dar explicaciones el presidente de Estado Unidos o han abandonado voluntariamente sus cargos presidentes de países suramericanos.

El silencio de González no hace más que alentar las sospechas de que es su conocimiento puntual de todo lo que queda en el telar y no de su descorrupciones y corruptos. Su aferramiento al Poder ‘para no hacer el juego a la derecha’ es una ridícula excusa que pretende encubrir sus deseos de perpetuidad. Su espúrea connivencia para formar artíficiales mayorías aritméticas no puede ocultar su falta de cabal entendimiento de la alternancia como una de las características vitales de la democracia.

Hace tiempo que el Titanic socialista hace agua; los roedores abandonan el barco que parecía inhundible. El ‘gran comunicados’, el poster electoral embaucador, el único socialista, según sus propios partidarios, capaz de ganar unas elecciones, ya no es creible. Pero, en medio de la división interna de su partido, del descubrimiento diario de casos de prevaricación, cohecho, malversación, fraudes, falsedades y corruptelas, ante el acoso de las fuerzas de la oposición y de todos los medios de comunicación, González contempla impávido la descomposición de su Gobierno. No se atreve a presentar la cuestión de confianza, lo que le legitimaría ante el Parlamento; impide con sus maniobras la moción de censura, lo que propiciaría un relevo democrático; no dimite, lo que le honraría ante los ciudadanos. González es hoy un lastre para la libertad; una rémora para la democracia; un obstáculo para la pacífica convivencia.

A YER, el ministro de Agricultura, Vicente Albero, presentó su dimisión. Lo hizo al darse cuenta de que se había descubierto que él también tuvo una cuenta de dinero negro en Ibercorp. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo: que ha dimitido cuando ya no le ha quedado más remedio. La Comisión del Mercado de Valores investiga si especuló con acciones del sector agroalimentario cuando era director del ramo en Agricultura. En todo caso, defraudó al Fisco. O sea, que lo suyo es otro gravísimo escándalo. Otro más. Otro de los muchos, de los muchísimos que jalonan en los últimos tiempos la vida diaria del país.

Ya no es posible considerarlos aisladamente. Los hay que, examinados en sí mismos, hubieran podido tomarse por secundarios. Por ejemplo, que el actual gobernador del Banco de España tuviera una cuenta en el muy atareado despacho de De la Concha y compañía. Si el conocimiento de la existencia de esa cuenta ha cobrado trascendencia no es porque haya en ella nada de ilegal -nadie ha pretendido que lo hubiera, por más protestas que haga en sentido contrario el aludido-, sino porque revela que, en un momento determinado, todo el staff de mando del Banco de España tenía rentables negocios con los promotores de Ibercorp: los tenía el gobernador, los tenía el subgobernador y los tenía, así fueran de otro género, el jefe del Servicio de Estudios, cargo que Luis Angel Rojo ostentaba a la sazón. El Banco de España, en esas condiciones, no podía ser una entidad neutral e independiente. Y no lo fue. Mariano Rubio pudo ser el contacto principal con De la Concha, pero el hecho es que la cúpula en pleno del Banco de España tenía intereses en él. Ese es el escándalo mayúsculo, que ayer desembocó en la detención de los propios Rubio y De la Concha por orden del fiscal.

Es algo semejante a lo que venimos sosteniendo en relación al Ministerio del Interior. ¿Que Roldán hizo esto y aquello? Sin duda. Y probablemente más. Pero está igual de claro que, como el propio Roldán dice y varios miembros de la comisión parlamentaria han subrayado, lo suyo no fueron tropelías aisladas. Hubo otros altos cargos de ese departamento que se lucraron a cuenta de los fondos reservados y de comisiones espurias. El «caso Roldán» es de hecho, el «caso Ministerio del Interior».

Los dos pilares de la corrupción

No se trata, no, de casos aislados. En la práctica, el análisis de la corrupción bajo el periodo felipista revela que ésta ha tenido dos líneas vertebrales, a las que, de un modo o de otro, aparecen vinculados todos los escándalos que han ido estallando después. La primera asomó a la luz al destaparse la trama de Filesa. La segunda emergió al saberse del «asunto Ibercorp». En ambos casos, dados a conocer por EL MUNDO, González decidió que había un solo culpable: el periódico que los denunciaba. Si hace dos años, cuando descubrimos la trama de Ibercorp, él hubiera promovido lo que prometió Solchaga -una investigación a fondo-, se habría ahorrado buena parte de lo que ahora se le cae encima. Para empezar, no hubiera mantenido a un gobernador del Banco emisor corrupto y no hubiera nombrado a un ministro de Agricultura corrupto.

Estamos ante la manifestación natural -y hasta cierto punto inevitable- de lo que ha generado la dodécada felipista. Buscando su propia protección, el felipismo ha ido neutralizando todos y cada uno de los mecanismos que la Constitución previó para que el Ejecutivo no pudiera desmandarse y obrar a su antojo: el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, los medios públicos de comunicación… A lo que estamos asistiendo es a los efectos producidos por el descontrol que González buscó celosamente. La corrupción no es una excrecencia del felipismo, sino la manifestación de su propia esencia.

Y ahora se esconde. Hace una semana que en este país el desaparecido más preocupante no es Roldán, sino el jefe del Gobierno. La grey, dejada de la mano de «Dios», se ha dispersado. Y, en ese escenario caótico, surge un Rodríguez Ibarra que sugiere malévolo que González no dice nada… porque probablemente no tiene nada que decir. Y aparece un consternado Belloch que constata que España no ha pasado por ningún trago peor desde el 23-F. Y hasta viene un Garzón que convoca a González a capitanear la lucha contra la corrupción («Aunque sea lo último que haga», dice fúnebre), como quien pide a Atila que encabece el combate contra los hunos. Entretanto, se anuncia que algunos -Solchaga, Corcuera, Barrionuevo- están prestos a materializar de una vez la dimisión con la que tanto han mareado durante semanas. Pero eso, que hubiera podido tener algún efecto lenitivo en su día, ahora ya no tiene valor alguno. Es como tratar de apuntalar un edificio que ya ha comenzado a derrumbarse.

Ni siquiera tiene mucho sentido, a estas alturas, el forcejeo que la oposición ha librado en las últimas horas para obligar a González a «comparecer», o sea, a dar la cara en el Congreso. Nada de lo que diga puede alterar el diagnóstico fatal. Claro que representa un desprecio al Parlamento que haya decidido presentarse ante la Prensa antes que ante los representantes de la soberanía popular. Pero, ¿importa realmente ya, un desprecio más o menos?

Lo único que tiene importancia es que -sea ante la Prensa, sea ante el Parlamento, sea lisa y llanamente ante el Rey- González presente ya su definitiva e irrevocable renuncia al cargo. Porque un hombre cuyos continuos y gravísimos errores han quedado hasta tal punto en evidencia no puede seguir ni un momento más al frente del país.

La alternativa de emergencia

El peligro, vistos los antecedentes personales, es que trate de hacer una nueva pirueta y mantenerse en el cargo a costa de lo que sea. Y es un grave peligro porque «lo que sea», en este caso, afecta de modo muy directo a la salud de la democracia española. Ahí sus compañeros de partido, sus hasta ahora aliados de Convergència i Unió y el resto de la clase política han de ser firmes. La egolatría de un hombre no puede hipotecar el porvenir de todo un pueblo. El lehendakari Ardanza advirtió ayer al PSOE del «serio riesgo» que corre de encaminarse a «una especie de suicidio colectivo» y recomendó a González que sea «valiente». Conviene que otros se aseguren de que no tenga más remedio que serlo.

Ya solamente quedan dos salidas. La primera es que el propio González disuelva las Cámaras y convoque elecciones generales, sometiéndose al veredicto popular. La otra -preferible por muchos conceptos- es que presente su dimisión y deje que el PSOE designe un Gobierno de personalidades que no estén sujetas a sospecha de corrupción, encargándolo de gestionar el periodo de transición que conduzca a las elecciones generales, a celebrar después del verano.

En todo caso, conviene insistir en que, por aguda que sea la crisis actual -que lo es, ciertamente-, estamos ante el derrumbamiento de un Gobierno, no ante una crisis del sistema. Por fortuna para todos, la Constitución prevé emergencias como ésta. Son doce años de un modo de gobernar los que se vienen abajo y, dada la falta de práctica en la alternancia que tenemos, eso puede parecer más grave que lo que realmente es. La democracia, sin embargo, puede asumir una situación como ésa sin sufrir ningún daño. Incluso puede aprovecharse de ella para reforzarse.

El PSOE ha cubierto una época. Una de las muchas que está llamado a vivir. La experiencia felipista -que no socialista- ha terminado en un fiasco. Ahora lo que se necesita es que todas las fuerzas políticas colaboren en la más rápida y limpia resolución de la crisis.

Por la vía de las urnas, que no sólo es la mejor, sino la única aceptable.