Felipe González entrega todos los poderes de Justicia e Interior a Juan Alberto Belloch desairando a Baltasar Garzón, de nuevo sin ministerio

SI EL objetivo del presidente del Gobierno era tranquilizar a la opinión pública, seguramente lo consiguió a medias con su rueda de prensa de ayer. Por una parte, resolvió con rapidez la crisis, de su Gabinete planteada por las dimisiones de dos ministros. Por otra, González descartó cualquier intención de dimitir, así como de convocar elecciones anticipadas. Esto elimina algunas incertidumbres. Pero si la crisis política está planteada en términos de opinión pública, cuya justificada alarma reconoció, sus explicaciones respecto a los escándalos que la han deteminado resultaron netamente insuficientes.El presidente dijo que no descarta plantear la cuestión de confianza, pero no la consideró necesaria por el momento. Es verdad que es al Gobierno al que corresponde esta iniciativa, pero no es cierto que para plantearla tenga que existir constancia de que no tiene suficientes apoyos parlamentarios. En la medida en que el Parlamento es un reflejo de la sociedad, la profundidad de la crisis política exige revalidar de manera pública el respaldo parlamentario del Gobierno. González aseguré contar con los nacionalistas catalanes, a la vez que negó ser un rehén de ellos. Pero el hecho de que ayer mismo se entrevistase con Pujol, hasta momentos antes de la rueda de prensa, evidencia el cáracter no incondicional, sometido a negociación permanente, de ese apoyo de Convergència i Unió. La sospecha de que es el propio Pujol quien se opone a oficializar su respaldo en, una eventual votación de confianza es manifiesta.

Felipe Gonzalez excluyó una remodelación a fondo de su Gobierno y cubrió con rapidez las bajas producidas. Luis Atienza, sucesor de Albero en Agricultura, no es persona de especial relieve político; antiguo consejero de Economía del Gobierno vasco, procede de Industria y se le considera próximo al titular de ese departamento. No es Atienza precisamente la respuesta a la solicitud de dentro y fuera del partido socialista de aprovechar la crisis para formar un Gobierno de entidad política suficiente para los duros tiempos que habrá de afrontar.

La opción de poner a Justicia e Interior bajo una dirección común es defendible y no es la primera vez que se maneja, aunque en esta circunstancia no parece fruto de un proyecto general de reforma de la Administración. González tendrá que argumentarla en su comparecencia parlamentaria del próximo miércoles. La elección de Juan Alberto Belloch para esa doble responsabilidad es una decisión a la vez arriesgada y valerosa. Arriesgada por tratarse de un independiente procedente de la judicatura y con escasa experiencia ministerial; valerosa porque se trata de una persona avalada por una biografía de defensa de los derechos humanos y el principio de legalidad, a quien se encomienda sanear un ministerio en grave crisis de credibilidad tras el escándalo Roldán y necesitado de una reforma -y depuración- en profundidad.

El presidente también dio cuenta de las dimisiones como parlamentarios de los ex ministros Corcuera y Solchaga. Con ellas se alejan del primer plano de la actividad política dos de los políticos más influyentes de la última década. La mayoría de los economistas serios reconocen un balance positivo de la gestión de Solchaga en Industria y Economía en el periodo 19821989, y mucho más discutible en la siguiente legislatura. El balance de la gestión de Corcuera se ve retrospectivamente emborronado por la actual crisis de ese departamento, revelada por el escándalo Roldán.

Gónzález adoptó un tono sereno, aun para referirse a estos colaboradores tan cercanos que se van del escenario político por responsabilidades políticas en la vigilancia de sus antiguos ministerios. En tono más grave, hablé del bochorno que dijo sentir y que comparten los ciudadanos ante los casos de personas que han aprovechado sus cargos políticos para enriquecerse. Pero se echó en falta una actitud más autocrítica respecto a las causas. Es algo que no puede obviar el próximo miércoles en el Parlamento.

LA INTEGRACIÓN de los ministerios de Interior y Justicia ha sido una idea cultivada durante estos años en los predios de la derecha. Martín Villa, ministro de la Gobernación y de Interior en el primer Gobierno de UCD, fue el primero que la puso en circulación. Alianza Popular la convirtió en la punta de lanza de su campaña contra la política penitenciaria y de seguridad ciudadana del primer Gobierno socialista, y posteriormente, el refundado Partido Popular la retomó desde la perspectiva del ahorro de gasto público. La propuesta de los populares fue trocear el Ministerio de Justicia y repartirlo entre área! institucionales y administrativas próximas: Asuntos Penitenciarios, a Interior; competencias de política judicial, al Consejo General del Poder Judicial; Registros y Notariado, a Administraciones Públicas.El que los socialistas se mostraran siempre reticentes a esa idea no ha sido obstáculo para que finalmente la hayan puesto en práctica, a su manera, con la designación del hasta ahora ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, como titular del nuevo superministerio de Justicia e Interior. La decisión ha sorprendido no porque sea rechazable en sí misma, sino por la perceptible precipitación con que se ha tomado. Justicia e Interior son dos departamentos con solera histórica que ocupan zonas político-institucionales básicas para el funcionamiento del Estado y que, en consonancia con ellas, realizan misiones diferenciadas en el marco de la acción del Gobierno.

En los sistemas democráticos es común que el titular de Justicia sea el valedor de las garantías jurídicas, el desarrollo de los derechos y libertades y la tutela judicial de los ciudadanos. Del mismo modo es normal que el titular de Interior tenga entre sus preocupaciones prioritarias la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y la eficacia antiterrorista.

Introducir cambios en esas áreas, con riesgo de romper el equilibrio interno del Gobierno en relación al binomio libertad-seguridad, exigía un cuidadoso estudio previo y motivaciones de mayor calado que las «necesidades políticas del momento» aducidas en el real decreto de la Presidencia del Gobierno que crea el nuevo superministerio. Que se ha empezado la casa por el tejado y que no se dispone de los planos de lo que han de ser los cimientos lo da a entender el propio real decreto cuando deja a su eventual y no especificado desarrollo la forma en que debe culminarse su reestructuración.

Recién designado para el cargo, Belloch ha justificado el nuevo modelo por su mayor coherencia con la transferencia de competencias de Justicia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a las comunidades autónomas. No son nuevos estos argumentos. Pero hasta ahora sólo se oían en sectores de la derecha. Los socialistas se oponían o hacían oídos sordos a los mismos. Que ahora procedan también del Gobierno socialista y aparezcan en una tribuna como el Boletín Oficial del Estado supone un giro que hubiera merecido, sin duda, una explicación mucho más detallada que la que se busca inútilmente en el escueto real decreto de la Presidencia del Gobierno.

Un compromiso ineludible del ministro Belloch debe ser llevar a buen término este giro y demostrar que la simbiosis de Justicia e Interior no supone ningún paso atrás en la protección de las garantías y derechos fundamentales. ¿Está realmente dispuesto el Gobierno a ceder sus competencias sobre política judicial, de las que tan celoso ha sido hasta ahora, al CGPJ? ¿Está dispuesto igualmente a transferir a las comunidades autónomas la gestión de los medios materiales y personales destinados a la Administración de justicia? Ios hechos demostrarán si es así realmente. Se verá si los argumentos esgrimidos han sido algo más que una forma de salir del paso. En definitiva, pronto se verá si se trata de que Belloch se haga cargo de dos ministerios o si hay un proyecto coherente para remodelar bajo una única dirección política dos de los símbolos básicos del Estado: el orden público y la Administración de justicia.