Dimite el director de LA GACETA DEL NORTE, Antonio Petit, ante el intento de la UCD vasca de Marcelino Oreja de someterle

Tal vez el nacionalismo vasco sea la mayor amenaza, el peligro más grave que se cierne sobre el actual régimen político español.

En su seno se ha criado el terrorismo de ETA, que es, por su puesto, un tremendo factor de desestabilización. Pero es que, aunque ETA no existiera, sería muy difícil que arraigue un sistema de autonomías cuando en una de las principales regiones ejerce el poder un partido como el PNV, que no ve la autonomía como un fin en sí, sino como medio para alcanzar la meta independentista que constantemente se adivina como su objetivo fundamental.

Para comprender el separatismo bizcaitarra no es menester siquiera analizar la historia de estos últimos cinco años.

Don Salvador de Madariaga, aquel gran liberal que tan profundamente caló en el tema vasco, escribía en los años sesenta, es decir, antes de que la experiencia actual hubiera tenido lugar: “Aún diré que entre estos tales que en su fuero interno han repudiado a España  la consideran como extraña a ellos, los más peligrosos no son quizá los que a borbotones lo proclaman, sino los que lo disimulan por temor a provocar una reacción del instinto de conservación del ser de España, que se expresaría casi seguramente en una dictadura militar. Subsiste, pues, aquí y se dibuja con perfil siniestro un designio de utilizar el autonomismo como campo de cultivo del separatismo, que es la justificación más formidable del unitarismo centralizador contra el que unos y otros seguimos luchando”.

Desde que en el año 79 la nación otorgó el Estatuto de Autonomía, el PNV ha repetido sin cesar que el Estatuto no es sino un mínimo; que hay que darle una interpretación extensiva. Se ha usado de ETA como chantaje permanente, advirtiendo que la única manera de terminar con el terrorismo es la ampliación de las cotas autonómicas y, si se han condenado los crímenes del terrorismo, es lo cierto que se ha negado una colaboración verdadera para tratar de erradicarlo, al tiempo que, en muchas ocasiones, se ha expresado sincera simpatía y comprensión hacia los asesinos.

Y, mientras tanto, la monarquía democrática concedía al País Vasco, su Estatuto de Autonomía, su Parlamento, su Gobierno, sus conciertos económicos, su policía autónoma. Cosas que el País Vasco jamás había tenido si exceptuamos los conciertos y que los jelkides probablemente ni habían soñado alcanzar.

Pero la altanería y la siembra en el pueblo vasco de sentimientos de frustración y odio contra el Gobierno de la Nación han sido las normas constantes. “Seguiremos negociando y luchando”; ha declarado el señor Garaicoechea, “Pero si llega el caso este Gobierno sabrá dirigir este pueblo para que lo que no ha conseguido por la negociación lo tome, porque es suyo”.

Tampoco era necesario llegar a la experiencia actual para conocer amenazas de este tipo. Por ejemplo, poco antes de la guerra civil, uno de los más famosos escritores peneuvistas que en ella perdió la vida, don Esteban Urquiaga ‘Lauaxeta’, declaraba: “Cuando seamos la inmensa mayoría y nos sintamos con fuerza suficiente, nos lanzaremos sin vacilación a una guerra contra el Estado español. Yo tengo que defender mi nacionalidad por todos los medios. Todos son lícitos para lograr la independencia: desde colocar una bomba hasta desencadenar una guerra”.

La reforma del Estatuto

Hace unos días, el portavoz del Gobierno Vasco, señor Echenique, expresaba la idea de que su Gobierno debería iniciar la reforma del Estatuto de Autonomía si se considera que éste queda disminuido, como consecuencia de la política de Gobierno socialista.

Y el secretario del máximo organismo del PNV, señor Aspuru, declaraba que la política del PSOE sobre el Estatuto está irritando profundamente a la población vasca, o al menos a los votantes y simpatizantes del PNV. “Tendremos que pensar qué medidas y con qué medios vamos a contar para conseguir el fin que nos proponemos”, decía, si bien añadía que en todo caso se actuará dentro del marco político democrático.

Parece claro que la referencia al PSOE es más bien irrelevante. El Gobierno de la Nación podrá ser de UCD, del PSOE, de AP o del Partido Comunista. Es lo mismo. Siempre que haya un Gobierno que trate de mantener el fundamento de la Constitución, es decir ‘la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles’, tropezará con la agresividad del PNV, por la elemental razón de que la ideología de este partido es esencialmente contraria a aquel principio.

El pasado sábado, el presidente Arzalluz abundaba en esa dialéctica, indicando la conveniencia de denunciar el Estatuto.

No se han concretado aún las pretensiones del partido con respecto al nuevo texto autonomista, pero parece obvio que se tratará de levantar sensiblemente el listón.

La reforma constitucional

Precisamente estos días ha salido a los escaparates un libro interesante. Se titula: “España: por un Estado federal”. Está escrito por un colectivo de la Asociación Española de Administración Pública, es decir, por especialistas en estos temas: tiene un prólogo de don Alejandro Muñoz Alonso y un epílogo de don Jorge de Esteban.

La obra es una serie llamada de atención sobre la situación en que se encuentra nuestro Estado de las autonomías y el peligro grave de desintegración de esta realidad histórico – política que llamamos España.

Es falsa la idea de que la España de las autonomías sea un régimen intermedio entre un Estado unitario y un Estado federal. Por el contrario, va más allá de los límites de los federalismos modernos y queda el Estado sumido en un vago confederalismo, con un mero residuo de poderes que lo incapacitan en todos los órdenes para desarrollar una verdadera política nacional. El proceso secular de creación de la unidad española ha entrado así en una fase de desarrollo inverso, que puede terminar con ella.

La tan denostada LOAPA no sirve como solución, a juicio de estos autores. Hay que ir claramente a una revisión de la Constitución cuyos fines fundamentales serían, muy resumidamente, dotar al Estado y a las Cortes españolas de facultades de coordinación y ordenación de las actividades de los entes autonómicos; otorgarles la posibilidad de suspender los acuerdos comunitarios si atentan contra el interés nacional; garantizar una educación y una formación cultural mínima común a todos los españoles.

Conclusión

He ahí las dos posturas contrapuestas. Por un lado, la del nacionalismo vasco, separatista o criptoseparatista, que trata de llegar a nuevas cotas autonómicas. Por otro, la de los técnicos de la administración del Estado, que denuncian el peligro de su descomposición y proponen reforzarlo aun a costa de las atribuciones del os entes autonómicos.

Muchas veces las gentes liberales y escépticas de este país habían tomado a broma y considerado un lugar común las aprensiones de don Marcelino Menéndez y Pelayo: “España, evangelizadora de la mita del orbe; España, martillo de herejes, Luz de Trento, espada de rOma, cuna de Sna Ignacio; esa es nuestra grandeza y nuestra unidad; no tenemos otra. El día en que acabe de perderse, España volverá el cantonalismo de los Arévacos y de los Vectones, o de los reyes de Taifas”. A ver si ahora va a resultar que don Marcelino tenía razón.

Queda, sin embargo la tranquilidad de pensar que la reforma de la Constitución, si es que se produce, no alcanzará a su artículo 8, según el cual ‘Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional’.

Adolfo Careaga