Dimite el ministro de Sanidad, Julián García Valverde (PSOE), por el caso de corrupción ‘AVE’ durante su etapa al frente de RENFE

En la famosa cena de Alfonso Guerra con algunos compañeros de la FSM, el ex vicepresidente acusó a José Borrell de «querer ponerle un petardo en el trasero a García Valverde». Se refería Guerra a la decisión del ministro de Obras Públicas de que la Inspección de su Departamento investigara una compra de terrenos por parte de Renfe cuando el actual titular de Sanidad era presidente de la empresa pública. Cualquiera que haya sido la intervención de Borrell, lo cierto es que la mecha está encendida y el «trasero» de García Valverde corre serio peligro. La compra de aquellos terrenos supuso irregularidades financieras y especulativas que García Valverde avaló con su firma, y que forman parte del «paquete» de acusaciones de fraude fiscal que ha llevado a la detención de los responsables de la empresa con la que se realizó la operación. IU denunciará mañana a García Valverde por su implicación en el asunto.

LA participación del actual ministro de Sanidad, Julián García Valverde, en una irregular y multimillonaria operación de especulación de suelo, realizada cuando fue presidente de Renfe, puede ser considerada, a expensas de que se produzcan investigaciones complementarias, a partir de diversas hipótesis. ¿Tenía el hoy ministro conocimiento de la trama mafiosa en la que se involucró entonces, y que ha desembocado en la detención de los presuntos cabecillas del más importante entramado de fraude fiscal que haya sido detectado hasta hoy en España? ¿O, por el contrario, se dejó arrastrar a ello por el deseo de obtener por vía especulativa fondos con los que financiar la construcción del ramal ferroviario de Alcobendas, a favor del cual tantas y tan influyentes presiones había recibido? El hecho comprobado es que García Valverde avaló una operación netamente especulativa para la realización de la cual era imprescindible utilizar información privilegiada acerca del Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián de los Reyes, saltarse numerosos trámites exigibles por Ley y beneficiar a unas empresas instrumentales cuyos métodos turbios de acción eran patentes, puesto que en ellos se basaba el beneficio que él buscaba. Todo ello, se diría, en aplicación de la negra máxima -hacia la que Mercé Sala pareció mostrar ayer comprensión- según la cual la bondad del fin justifica la perversión de los medios. En el supuesto de que Julián García Valverde supiera en qué clase de cenagal estaba metido, ni siquiera valdría la pena hacer referencia a sus responsabilidades políticas: las penales bastarían para dejar zanjado el asunto. Eso es lo que habrá de clarificarse a partir de la denuncia judicial que Izquierda Unida, que ha seguido el asunto con encomiable tenacidad, va a interponer hoy. Pero es que, incluso aunque se demuestre que la verdad coincide con la hipótesis más favorable para el actual ministro de Sanidad -algo a lo que no contribuye el hecho de que el principal beneficiario de la operación, José Manuel Serrano Alberca, fuera el jefe directo de García Valverde cuando éste pasó por el Ministerio de Industria-, seguirían existiendo responsabilidades políticas abrumadoras, incompatibles con el desempeño, no ya de la función de ministro, sino de cualquier tarea que implique la utilización de fondos públicos, ante los que García Valverde ya ha evidenciado con cuánta irresponsable frivolidad se comporta. El Gobierno tiene que ser consciente de que mal puede justificar la persecución del fraude fiscal y la exigencia de transparencia en las relaciones de los ciudadanos con la Hacienda pública mientras en el propio Consejo de Ministros se siga sentando quien ha mostrado franca tolerancia -si es que no neta complicidad- con métodos financieros de tamaña irregularidad. El precedente de Filesa, cuyo fraude a Hacienda sigue sin respuesta oficial, demuestra que la tentación de la ley del embudo es fuerte. No debe caerse otra vez en ella.

EL ex presidente de Renfe y hoy ministro de Sanidad, Julián García Valverde, defiende su actuación en el «caso Renfe» con argumentos en los que se palpa, ya que no la lucidez, sí la sinceridad: él aceptó una operación especulativa porque así funcionan hoy las cosas; de no ser por actuaciones como ésta, Barcelona no tendría Villa Olímpica; más vale que especulen y ganen las empresas públicas que no la iniciativa privada («Eso sería reaccionario», llegó a decir, didáctico). Queda claro, en suma, que el ministro no entiende a cuento de qué se le critica y denuncia. No sólo él: tampoco lo entiende el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, para quien ésta fue «una operación correcta». Tendremos, entonces, que explicárselo. Habremos de empezar por hacerles ver que el mismo concepto de especulación es francamente deplorable. Que especulación equivale a ganancia fácil y rápida, sin producción de bienes, sin generar verdadera riqueza. Que ni siquiera lo más serio y estimulable del mundo empresarial es amigo de las prácticas especulativas. Y que aquellos sectores de la iniciativa privada que se introducen en las tierras movedizas de la especulación tienen, al menos, la justificación de arriesgar sus capitales propios y no juegan, como se ha jugado en este caso, con la ventaja de ser beneficiarios de una información privilegiada, nacida de la conchabanza entre instituciones públicas (que luego resultó ser falsa, para más inri; pero ésa es otra historia). Tendremos que explicarles también que la empresa pública tiene muy claras peculiaridades, nacidas de que utiliza caudales que son, en realidad, del conjunto de la sociedad. Que, precisamente por ello, no puede involucrarlos en operaciones de alto riesgo, efectuadas al margen de los trámites reglamentarios regulares y sobre las que fácilmente puede planear la sospecha de beneficiar a bolsillos improcedentes. Tanto más cuanto que, si de hacer una obra social se trataba -curiosa obra social, por cierto, de la que surgirían viviendas de precio astronómico-, podía haberse llevado a cabo por medios perfectamente regulares, comprando los terrenos en cuestión a precios de mercado o, aún mejor, haciéndose con ellos mediante expropiación. Explicado esto por nuestra parte -parece que hacía falta-, convendrá que el Gobierno explique ahora en qué filosofía basa su política, esto es, cual es su socialismo. Si cree que la especulación del suelo, el encarecimiento artificial de terrenos edificables, el reparto de enormes beneficios a intermediarios que no han hecho nada práctico -ni honorable- y la conspiración entre poderes públicos para beneficiarse de su posición de modo abusivo configuran un estilo de actuar «correcto», según insisten en decir García Valverde, Tomás de la Quadra y la hoy presidenta de Renfe, Mercé Sala. Si eso es lo que mejor responde a su modelo de actuación política, interesa que todos lo sepamos.

HOY cumple años la Constitución, y, el Valverde de los García que nos gobiernan lo celebra ignorando alguno de sus artículos y aferrándose al sillón. Aunque lo ha intentado, señalando que lo que en él criticamos en muchos es costumbre, a mi modo de ver, no ha conseguido reclutar una opinión parlamentaria capaz de exonerarle de las sospechas de irregularidad contraídas en su etapa de especulador, cuando era presidente de la RENFE. Aunque funcionó automáticamente el patriotismo de partido y un diputado que atiende a las siglas de G.G.A. intentó defenderle con mentiras retrospectivas ante la comisión parlamentaria que recibía sus explicaciones, lo cierto es que el ciudadano García Valverde -políticamente hablando, está liquidado. No pertenece a ninguna de las familias de la tribu; debe su encumbramiento a las leyes de la casualidad y ya no dispone de tiempo para practicar el reverterismo dejándose el espinazo hasta ser admitido en alguna de las capillas del socialismo en transición. Está sentenciado y su salida del Gobierno es sólo cuestión de tiempo. Está muy borrada la pizarra de Suresnes, pero todavía quedan algunos restos de tiza nevando el «cashmere» y la seda del otoño socialista español. Por eso sus camaradas de gabinete le defienden con la boca pequeña; también me parece significativo el bosque de espaldas que su caso encuentra entre la militancia menor del PSOE. Creo haber detectado un punto de ingenuidad política en Valverde. No se ha percatado de que con su teoría del especulador progresista, y, reaccionario el último que no recalifique y se quede con las plusvalías, está haciendo polvo el discurso de los «descamisados» que con tanto éxito viene pronunciando Alfonso Guerra en todas las campañas electorales. Por eso, y, algunas cosas más, creo que se quedará en su casa a partir de esta Navidad.

Habían transcurrido ya tres horas y media de una sesión parlamentaria cargada de alta tensión política. Uno tras otro, los diputados Camisón, Martínez Campillo, Andreu y el propio Sedó inquirían la identidad de quien había autorizado/ordenado/encomendado a Julián García Valverde internarse en el turbio ilícito de generar plusvalías, maquinando para alterar hasta en diez veces su valor el precio de unos terrenos, y operando a través de sociedades privadas intermedias de nula solvencia mercantil, en una batería de compraventas típicamente especulativas. El ministro y ex presidente de Renfe se había amparado en supuestas decisiones cuatripartitas que implicaban a Renfe; a los alcaldes de Alcobendas y de San Sebastián de los Reyes; a Joaquín Leguina y su consejero Eduardo Mangada, por el gobierno de la Comunidad de Madrid; y a José Barrionuevo, como ministro de Transportes. Pero, además de subrayar que «en todo momento, antes, durante y después de las operaciones de compra, las citadas Administraciones no sólo estuvieron informadas sino que aprobaron todo lo hecho», había aludido a «la celebración de contactos entre esas instancias y la Administración del Estado… al más alto nivel». Y ello, adobado con aseveraciones rotundas de que «esta operación no surge de la nada: surge de un acuerdo institucional (…), cuenta con el visto bueno y la participación de las instituciones implicadas (…), Renfe no es más que un instrumento ejecutor de la política gubernamental». Oyéndole, se diría que García Valverde había actuado en la estricta senda de la «obediencia debida»; instalado en una inadmisible burocracia cuartelera y obligado por los mecanismos inapelables de una maquinaria militar. Al fin, acuciado por el cerco de los diputados (alguno de ellos llegó a preguntar: «¿Obedecía usted al presidente Felipe González?»), se vio en la tesitura de admitir: «Esta operación inmobiliaria no responde a las instrucciones de nadie… sino al acuerdo entre la CAM, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, el Ministerio de Transportes y yo mismo, por Renfe G.) Pero, señorías, ino todos los acuerdos tienen que ser por escrito!». Con lo que su parapeto argumental caía por los suelos, al sustentarlo sobre el endeble soporte de «un acuerdo… escrito en el aire». En el transcurso del debate, a García Valverde se le habían imputado supuestos delictivos tan graves como estos: prevaricación, malversación de fondos públicos, maquinación para alterar el precio de las cosas, estafa, falsedad en documento público, delito fiscal, fraude y exacciones ilegales, desviación de fondos públicos, complicidad con terceros privados en el uso indebido de información privilegiada, generación artificial de plusvalías, complicidad en evasiones de capital y en fraude fiscal, ineficacia en la gestión pública, indemnizaciones improcedentes a arrendatarios/inquilinos ficticios… De lo expuesto por el ministro de Sanidad se desprendía toda una recua de irregularidades supuestamente delictivas, con la especulación como herramienta de trabajo, para unos resultados contables de tan calamitosa ineficacia que, al final, sólo se había conseguido el enriquecimiento torticero de unos brokers privados, y el gasto inútil de 1.350 millones de pesetas (exactamente, el 20 por ciento del presupuesto anual de Renfe) salidos de las arcas del erario. Con dos agravantes: que el fin argüido («dotar a la colectividad del servicio público de un ramal ferroviario de cercanías hasta Alcobendas y San Sebastián de los Reyes») todavía, a fecha de hoy, está en el etéreo capítulo de «asuntos pendientes». Y que, como Joaquín Leguina acaba de anunciar, «la Comunidad Autónoma de Madrid va a expropiar esos terrenos, pero no al desorbitado precio que Renfe pagó por ellos». Como declaró allí, en la sala de comisiones, el diputado del CDS Martínez Campillo: «Esto no es un juicio penal; pero sí es un juicio político. A la vista de los hechos, lo primero que hay que decir es que el acto en sí mismo es ilegal. Y toda la serie de irregularidades cometidas equivale a una cadena de corresponsabilidades políticas, tan claras y contundentes que nos hacen dudar de la voluntad del Grupo Socialista para poner en marcha una Comisión de Investigación». Sí, una vez más estamos ante la contradictoria dinámica del PSOE investigador versus el PSOE investigado, que hasta ahora jamás ha dado resultados eficaces y veraces. García Valverde pretendió que su «hora de explicaciones» no fuera un episodio estanco, sino que tuviese la más amplia megafonía, el más hondo calado político y la más dilatada duración. Y, para ello, solicitó -aunque sin conseguirlo- que Jordi García Candau transmitiese por TVE, «íntegra y en directo», la sesión parlamentaria. Por otra parte, no dudó en implicar en su episodio al mayor número de personas e instituciones. Hasta el punto que durante toda la secuencia explicativa planeó la sombra de «una autoridad superior del Estado, al más alto nivel», que hacía evocar a todos la imagen de un Felipe González «detrás, garantizando la luz verde a la operación». Y eso, después de dejar bien claro que, si procedió a recalentar especulativamente los precios de los terrenos, para obtener plusvalías por 15.000 millones, lo hizo porque los presupuestos que Carlos Solchaga le concedía «eran tan sólo de 3.000 millones, y el monto total de las obras ascendía a 18.000». Y, por si tal señalamiento no fuese suficiente, aún se arropó más: «Mi gestión al frente de Renfe no fue producto del azar. Como militante del PSOE, defiendo un proyecto político que persigue las mayores cotas de bienestar para toda la sociedad». Y, por último, planteó motu propio la erección de una Comisión de Investigación, como si quisiera ganar tiempo alargando el proceso; o como si estuviera bien persuadido de que su eventual naufragio político no sería en solitario: que si su paquebote volcaba, otros caerían al agua con él. García Valverde ha jugado hasta ahora la estrategia del calamar tintorero. Barrionuevo no ha dicho esta boca es mía. Leguina y Alfredo Conde (ex alcalde de San Sebastián de los Reyes y ex militante del PSOE) ya han reaccionado con hostilidad. Mercé Sala investiga las costuras de todas esas actividades, a instancias de Borrell. He sabido que Valverde, además de entrevistarse con Serra, tuvo de González el recado, o la noticia directa, de que «tu continuidad en el Gobierno dependerá de lo que salga en la comisión de investigación». Ahora bien, dado el alto bordo financiero de la operación; su interés social, que afectaba al «Plan Felipe», y el concurso directo de políticos socialistas municipales, autonómicos y del Gobierno de la nación, ¿podía González estar en la inopia? Poder, podía; pero deber, no debía. Es lógico preguntarse ¿cómo FG no ordenó a su ministro Barrionuevo que cesase al presidente de Renfe, en cuanto comenzaron las irregularidades especulativas?, ¿cómo FG no se informó del palmarés del «gestor» García Valverde, a la hora de seleccionarle y ascenderle al estatus de ministro? La congruencia de las responsabilidades enterizas de un presidente de Gobierno nos lleva a señalar en FG, cuanto menos, dos fases de negligencia: una, hasta mayo de 1990, in vigilando. Otra, desde marzo de 1991, in eligendo. A partir de este momento, si mantuviese a García Valverde en su Gobierno, incurriría en una tercera y más culposa: negligencia in sustinendo.

Julián García Valverde ha dimitido como ministro de Sanidad. La dimisión es consecuencia de la asunción de sus responsabilidades políticas -en el escándalo de las compraventas de terrenos por Renfe y sus filiales, cuando el ministro era presidente de la compañía ferroviaria.La decisión de García Valverde es un gesto positivo, al menos por tres razones. Personalmente, demuestra coherencia con la actitud de asumir sus responsabilidades en el control de la gestión de la compañía, de la que su petición- de crear una comisión parlamentaria de investigación fue un prólogo. Administrativamente, permite romper la parálisis que su ministerio -muy importante desde el punto de vista de los ciudadanos aunque quizá no lo sea tanto desde el de la influencia política- estaba registrando desde el mes de octubre. Políticamente, elimina un factor de turbulencia de la vida política, en buena parte bloqueada por esta cuestión.

Pero hay más. En este país, que parecía empezar a acostumbrarse a una rigidez extrema entre la realidad ciudadana y su dirección política, y en el que el verbo dimítir apenas se conjuga, el acto político de’ García Valverde constituye una noticia -esta vez sí puede utilizarse el vocablo- muy significativa. Es en todo caso el más relevante cese a petición propia de un político, para que con toda libertad se aclaren las responsabilidades en que podría haber incurrido, en un escándalo relacionado con la corrupción.

Importa menos ahora, y en todo caso correspon de a la justicia dilucidarlo, si esas responsabilidades se circunscribieron a la ignorancia, llegaron a la tolerancia o rozaron la connivencia con lo que irregularmente sucedía en su empresa. Simplemente conviene recordar, cuando tan propensos somos a calificar sucesiva o simultáneamente a los protagonistas de la vida pública como héroes o como villanos, la presunción de inocencia. En su nota de despedida, Valverde asegura que «si en la instrumentación de las compraventas se hubieran producido irregularidades, que quede claro que se han hecho sin mi conocimiento y con abuso de confianza».

Es decir, Valverde resalta que uno puede irse a su casa sin necesidad de haber robado. No es su honorabilidad personal lo que está en cuestión, sino su credibilidad política y la del propio Gobierno. Por ello cuesta entender el tiempo transcurrido entre que decidió renunciar a su cargo -las navidades- y el momento en que lo ha puesto en práctica. De entonces a hoy han proseguido las revelaciones sobre el escándalo; la actual dirección de Renfe ha presentado una denuncia al juez por la actuación de uno de sus principales asesores, y la oposición ha exigido la destitución del titular de Sanidad.

¿Por qué se han necesitado tantos días para instrumentar la decisión? Según la versión oficial, la dimisión de Valverde fue presentada el viernes y aceptada ayer por Felipe González. Pero también cabe pensar que hasta el último momento sus superiores no han visto clara la necesidad de que dejase el cargo, como parecen indicar las palabras de la ministra portavoz, al acabar la última reunión del Gabinete, al afirmar que «mientras el presidente no diga lo contrario, cualquier hipótesis de dimisión es descabellada». O eso constituía una mera reafirmación retórica de un hecho obvio (la competencia constitucional del presidente para destituir y nombrar ministros); o bien la tardanza en resolver el problema ha obedecido a una táctica de morosidad, discreta pero activamente reclamada por algunos sectores del partido socialista -aguantar el tirón, esperar las conclusiones de la comisión parlamentaria, aguardar a que capee el temporal-, típica de los estilos menos flexibles y renovadores de la cosa pública.

La dimisión de Valverde demuestra su voluntad de transparencia y de asunción de responsabilidades. Aunque en ella hay también un claroscuro: su tardanza. Por ahora es imposible saber si obedece únicamente al enorme envite que supone la primera dimisión de un ministro a causa de un escándalo o es síntoma preocupante de la resistencia del poder socialista a sanear su gestión y hacerla más transparente. Dicho de otra manera, la renuncia del titular de Sanidad ¿era sólo inevitable o también necesaria? De la respuesta a esta cuestión dependen muchas cosas para el futuro inmediato de este país.

EL ministro de Sanidad y Consumo, Julián García Valverde, dio a conocer ayer noche su dimisión del cargo a través de una significativa misiva al presidente del Gobierno, Felipe González, en la que justifica su decisión de abandonar el gabinete en razón de una «operación política» de la que, según él, ha sido víctima. ¿A quién denuncia Julián García Valverde? El fenómeno ha sido realmente tan clamoroso que no se requiere la más mínima dote de adivinación para saberlo: habla, en primer y principal lugar, de la actitud de varios de sus propios compañeros de Gobierno y partido. De ese sector que, desde hace varias semanas, lo ha tenido en el disparadero, facilitando que la oposición parlamentaria y los medios de comunicación pudiéramos -con toda razón, es verdad- acribillarlo. Alfonso Guerra lo dijo, apuntando contra José Borrell, y sabía de qué hablaba: ha habido un deseo claro de convertir a García Valverde en chivo expiatorio de las corrupciones gubernamentales, y a ese fin se ha contribuido con constantes filtraciones a la Prensa y con repetidas zancadillas procedentes de las propias filas socialistas. La denuncia presentada por Renfe contra el que fuera asesor de García Valverde en sus tiempos de máximo responsable de la compañía ferroviaria fue el rizo del rizo. La Administración socialista, que se denunciaba a sí misma ante los tribunales: la guerra interna no podía ser ya más abierta. Nada tiene de especial que, en esas condiciones, el ministro de Sanidad haya decidido tirar la toalla. El desenlace es sin duda merecido. Los errores acumulados por Julián García Valverde han sido excesivos, y no hace al caso que trate de exculparse apelando ahora a posibles «abusos de confianza», sobre todo cuando él mismo vuelve a remachar el clavo filosófico de su aberración reivindicando de nuevo las ya célebres «plusvalías socialistas». Pero también es cierto que Felipe González, aceptando la dimisión de Julián García Valverde, demuestra una inconsecuencia supina. Porque la actuación del hoy dimisionario ministro de Sanidad es casi un juego de niños comparada con la de otros responsables socialistas -recuérdese, muy especialmente, el caso Filesa- que no ha sido sellada con ninguna dimisión ni destitución. Hoy García Valverde, como ayer Pilar Miró, presta su cabeza de Bautista para acallar iras que apuntan mucho más lejos y mucho más alto: contra el propio presidente del Gobierno, para empezar, que ha tolerado que su partido se haya convertido en un nido de corrupción y carrerismo. La investigación sobre el escándalo de Renfe se verá facilitada por el apartamiento de García Valverde de sus responsabilidades gubernamentales. Pero su cese deja también; inevitablemente, un regusto amargo. Porque no era él sólo. Y, sobre todo, no era él el principal. Otros que tienen más culpa seguirán sentados en la mesa del Consejo de Ministros. Y, encima, rumiarán su éxito.

EL RELEVO de García Valverde al frente de Sanidad tiene un especial significado, dado el alcance que encierra la reforma sanitaria pendiente. José Antonio Griñán, el nuevo titular, toma las riendas cuando el rumbo del departamento estaba interferido por la situación políticamente anómala en la que se hallaba su antecesor. Pero también cuando los planes de reforma de la sanidad pública española se encuentran a la espera de que el Gobierno decida qué hacer con las principales tesis del informe Abril.

El impacto de este informe en la política sanitaria -como referente obligado, de la reforma anunciada, bien para rechazarlo, bien para aceptarlo- ha sido formidable desde su publicación parcial, en julio pasado. Los primeros y evidentes intentos de enterrarlo en algún cajón administrativo quedaron frustrados ante la política de misionero practicada por Fernando Abril Martorell, presentando su informe en todos los foros posibles. Ahora, con el nombramiento del nuevo ministro, se pone de manifiesto, una vez más, que no ha perdido un ápice de esta virtualidad. La primera lectura técnica que se ha hecho del recién nombrado titular de Sanidad ha girado casi exclusivamente en torno a su postura sobre el informe Abril. El apoyo matizado que le prestó en sus primeras declaraciones ya le valieron al nuevo ministro las críticas de los componentes más corporativos del sector. La huelga de la sanidad pública convocada, previamente al relevo ministerial, para el 30 de enero es su primera prueba.

El gran reto de la reforma del Sistema Nacional de Salud, (SNS), que ha ido pasando de mano en mano desde 1983 de un ministro de Sanidad a otro, llega prácticamente, incólume al actual. La diferencia está en que el cuarto y último. de ellos se enfrenta a este desafío en condiciones más precarias que sus antecesores: como se ha puesto en evidencia en otros sectores, las reformas estructurales son más difíciles de acometer según se estrechan los márgenes de iniciativa de los poderes públicos y acucia la necesidad. Con o sin informe Abril, el nuevo ministro deberá afrontar lo inevitable: la adopción de importantes decisiones que pongan fin a las graves dolencias que aquejan la sanidad pública española.

La sanidad pública es uno de esos sectores en crisis permanente en los que se ha echado en falta mayores dosis de iniciativa y valentía política por parte de los socialistas. No es concebible que, después de más de nueve años en el poder con mayoría absoluta, sigan sin alumbrar un modelo de sanidad estratégico con el que llegar al año 2000. El sucesor de Valverde se enfrenta a la misma pesada herencia que éste recibió cuando hace apenas 10 meses accedió al cargo que acaba de abandonar.