El caso Gescartera se lleva por delante a Pilar Valiente, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

El caso Gescartera desplazó ayer del primer plano de la actualidad a la crisis internacional provocada por los atentados en EEUU. A primera hora de la mañana, Pilar Valiente hacía pública su dimisión al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y, minutos después de las siete de la tarde, la juez Teresa Palacios decretaba prisión incondicional contra Pilar Giménez-Reyna. Dos decisiones, una política y otra judicial, que elevan la tensión entre el Gobierno y la oposición, que pidió también -con apenas fundamento- la dimisión de Rodrigo Rato.

Invocando argumentos similares a los que ayer defendíamos en estas páginas, Pilar Valiente justificó su renuncia por el daño que ha sufrido la CNMV en estas últimas semanas, un desgaste que hacía inviable su continuidad al frente de una institución que tiene que estar por encima de toda sospecha. La dimisión es una muestra de dignidad personal y política de una profesional que tiene una notoria trayectoria de servicio público y que -hay que subrayarlo- sacó a la luz el escándalo con su decisión de intervenir Gescartera.

Es evidente que la CNMV ha cometido graves errores y que Pilar Valiente es, primero como vocal y luego como presidenta, corresponsable de esos fallos. La CNMV fue extraordinariamente complaciente con Camacho al descubrir, en abril de 1999, que la contabilidad de Gescartera estaba manipulada y, en junio de 2000, al autorizar la conversión en agencia de valores el mismo día que se sancionaba a la firma por varias faltas graves.

Pero Pilar Valiente no es la única ni la principal responsable. Su predecesor, Juan Fernández-Armesto, tiene bastante más culpa que ella. Y Juan Jesús Roldán, ayer promovido a presidente en funciones de la CNMV, también debería dimitir, ya que es partícipe de los mismos errores.

Las responsabilidades de Pilar Giménez-Reyna, que anoche ingresó en prisión tras ser acusada por el fiscal de estafa, apropiación indebida y falsedad documental, son de otra naturaleza. La presidenta de Gescartera es un eslabón clave de la trama, ya que, como queda acreditado en su dietario, era la conexión entre Antonio Camacho y su hermano Enrique, que, siendo director general de Tributos, les asesoraba sobre cómo defraudar a Hacienda.

Dada la cuantía y la gravedad de los indicios que existen contra Pilar Giménez-Reyna, que se niega a colaborar con la Justicia en el rastreo del dinero desaparecido, la juez actuó ayer correctamente al decretar su ingreso en prisión sin fianza.

Horas antes, la presidenta de Gescartera se había negado a declarar también ante la comisión parlamentaria de investigación, amparándose en sus derechos constitucionales. Antonio Camacho adoptó la misma táctica. No se les puede reprochar que eludieran el riesgo de autoincriminarse, aunque el PSOE tiene toda la razón cuando ayer denunció que su comparecencia había sido prematura. El comienzo de los trabajos de la comisión no ha podido ser más decepcionante, en un clima de enfrentamiento entre el PP y la oposición que hará muy difícil el esclarecimiento de las responsabilidades políticas que se derivan de los fallos de la CNMV y del nombramiento de Enrique Giménez-Reyna.

La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) presentó su dimisión ayer, poco después de que el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, reafirmase su confianza en ella y la elogiase como funcionaria que ha prestado servicios importantes. Si el vicepresidente se refería al papel de Valiente en la responsabilidad de la ya ex presidenta de la CNMV en el desdichado asunto de la supuesta amnistía fiscal de los gobiernos del PSOE, no cabe sino considerar tal reconocimiento como un sarcasmo, dado que la realidad demostró que era una operación montada al servicio del PP.

La dimisión de Pilar Valiente no puede interpretarse a estas alturas como un gesto de responsabilidad institucional debido a un acoso externo, sino como el resultado inevitable de las abrumadoras evidencias de su incapacidad de gestión y, lo que es peor, de los fundados indicios de connivencia y tráfico de influencias en torno a la agencia de valores Gescartera.

El auto de prisión contra la presidenta de esta sociedad, Pilar Giménez-Reyna, y la dimisión de Pilar Valiente al frente de la CNMV cubren parte de las responsabilidades penales e institucionales abiertas por este escándalo financiero. Pero en ningún caso cancelan las responsabilidades políticas. Desde la oposición y en beneficio propio, el PP extremó los rigores en la aplicación del principio de la responsabilidad política, según la cual los altos cargos de la Administración estaban obligados a dimitir por causa de los errores o faltas cometidos por sus subordinados. No parece que desde el Gobierno esté dispuesto a aplicarse la medicina con idéntico rigor. Por el contrario, se muestra decidido a cortar cualquier elevación de responsabilidades hacia quienes nombraron a los dimisionarios Enrique Giménez-Reyna y Pilar Valiente.

Y, sin embargo, el desarrollo del caso Gescartera está desvelando como mínimo severos fallos en la vigilancia de los ya dimisionarios. Fue el Ministerio de Economía quien nombró a Pilar Valiente a pesar de que sus méritos profesionales eran cuando menos dudosos, de que su designación alimentaba la sospecha de un pago por los servicios prestados y de que su perfil político estaba muy alejado de las cualidades de imparcialidad, equilibrio y calificación técnica que exige el cargo. Pero, sobre todo, porque el ministro de Economía es quien con su política de nombramientos de consejeros hostiles al anterior presidente de la CNMV, Fernández Armesto -como el de la propia Pilar Valiente o el del inefable Luis Ramallo-, contribuyó a sembrar el enfrentamiento en el seno de la Comisión y facilitó la impunidad de casos como el de Gescartera.

Si la dimisión de Pilar Valiente ha llegado tarde y mal -porque ha paralizado durante los últimos dos meses el trabajo de la CNMV y ha reducido el prestigio de la institución casi a cero-, cabe esperar que a partir de ahora avancen con nitidez las dos vías de investigación abiertas: la penal, a cargo de la Audiencia Nacional, y la política, que lleva a cabo la Comisión Parlamentaria. Siempre que los diputados del PP estén dispuestos a dedicarse a su trabajo. Esto es, a depurar las responsabilidades políticas del caso. Parece demasiado costoso para el erario público organizar una comisión de esta naturaleza para averiguar si el Grupo PRISA invirtió en Radiotrónica. Al diputado del PP que parecía tan interesado en el asunto le hubiera bastado con consultar la memoria pública de PRISA correspondiente al año 2000, que por otra parte está depositada en los archivos también públicos de la CNMV.

En el Parlamento ya no será posible eludir la investigación del papel que han jugado los departamentos económicos en el caso. Porque la negligencia demostrada por los equipos políticos de la CNMV en el control de Gescartera, así como su insólita elevación al rango de agencia de valores a pesar de los antecedentes de los gestores de la sociedad, es extensible a quien aprobó finalmente los trámites.

Cobra singular importancia la personalidad de quien sustituya a Pilar Valiente al frente de la CNMV, cuya principal misión será recomponer su legitimidad. Su perfil será un test para conocer si el Gobierno ha aprendido la lección de que no puede politizar ad nauseam la acción de los organismos reguladores, ni limitar su autonomía. Antes que en la CNMV, ello ocurrió en la Comisión Nacional de la Electricidad. Y otra pregunta: ¿tendrá en el futuro inmediato Pilar Valiente otro cargo de naturaleza política como pago de sus silencios y fidelidades?

La dimisión de Pilar Valiente como presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), forzada por la marea de acontecimientos que abonan las sospechas de su participación activa en el tráfico de influencias montado en el caso Gescartera, ha tenido al menos el efecto de aguijonear al Gobierno y obligarle a buscar sucesor con rapidez. Blas Calzada, nombrado ayer nuevo presidente de la CNMV por el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Economía, tiene a su favor un perfil político mesurado, un demostrado equilibrio intelectual y un conocimiento indudable del mercado de valores, dada su amplia experiencia profesional al frente del Servicio de Estudios de la Bolsa de Madrid. Pero estas cualidades evidentes pueden resultar insuficientes si el consejo de la CNMV, el órgano político que es el corazón y el cerebro del órgano regulador del mercado de valores, no trabaja en consonancia con el nuevo presidente y se reproducen las guerras intestinas y la contaminación política de los mandatos anteriores. Porque Calzada tiene por delante una tarea hercúlea: recuperar el prestigio de la CNMV y restituir la credibilidad de los inversores en la institución, hoy profundamente cuestionada. Mucha suerte y esfuerzo va a necesitar Calzada para conseguirlo.

Pilar Valiente, ex presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) forzada a dimitir por su oscura relación con Gescartera, se ha sentido agraviada en su honor e intimidad por la filtración de su declaración de bienes y derechos patrimoniales. El honor tiene un componente subjetivo difícilmente evaluable, pero es un hecho cierto que esa declaración, a la que están obligados los altos cargos, tiene carácter reservado por ley, y que tal reserva ha sido vulnerada en el caso de la declaración de Pilar Valiente tras pasar por la comisión de investigación de Gescartera en el Congreso.

Pilar Valiente tiene motivos para pedir amparo por lo sucedido al presidente de la comisión, Luis Mardones. Y ello al margen de que, gracias a la indiscreción de algún diputado, los ciudadanos hayan podido conocer, no sin perplejidad, cómo un patrimonio compuesto por cinco pisos, cuatros automóviles -uno de ellos de lujo-, una motocicleta y una finca rústica apenas alcanza un valor de 25 millones de pesetas en régimen de bienes gananciales. Este hecho -es decir, los peculiares criterios de tasación con que pueden hacerse declaraciones patrimoniales sin posibilidad de ser contrastadas por nadie- puede ser un argumento para exigir que sean públicas y de libre acceso, aunque haya que regular el procedimiento para consultarlas.

El otro gran registro de altos cargos, el de actividades, sí tiene carácter público. Y aunque es evidente que el de bienes y derechos patrimoniales es más delicado, la naturaleza de la función pública exigiría también en este caso el máximo grado de transparencia y de control social. Sin embargo, mientras la declaración patrimonial sea reservada, hay que respetar ese carácter. Y quienes más obligados están a ello son las personas que tienen a su cargo velar por su confidencialidad y quienes la conocen en el ejercicio de otra función, como es el caso de los miembros de una comisión parlamentaria de investigación.

Es cierto que la declaración de bienes de la ex presidenta de la CNMV, como la de Luis Ramallo y la de Enrique Giménez-Reyna, llegó con un injustificable retraso a la comisión, sin tiempo apenas de ser analizada por su miembros. Ese hecho, entre otros, explica que la oposición considere falsamente cerrada la comisión de Gescartera y que intente mantener vivo el asunto en otras instancias parlamentarias; pero ello no justifica que Mardones se desentienda de la filtración producida. En sus manos no estaba impedir que alguien revelara datos o documentos reservados. Ha sucedido muchas veces en el pasado, sin importar el carácter, cerrado o abierto, de la comisión. Pero sí entra dentro de sus funciones llamar la atención sobre la infracción cometida y dar alguna explicación a la persona perjudicada.

La experiencia de esta comisión, y de otras anteriores, aconseja modificar su reglamentación. No sólo para evitar privilegios en las comparecencias (Rato y Montoro), sino para reforzar las garantías de las personas que declaran sin estar acusadas de delitos y asegurar la confidencialidad de los datos reservados.