El abogado Ignacio Peláez (defensor en el ‘caso Gürtel’) presenta una querella por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón por espiarle mientras hablaba con su cliente

No es una metáfora: el ataque judicial desencadenado contra Garzón se está produciendo por tierra, mar y aire. La Sala Segunda del Tribunal Supremo admitió ayer a trámite otra querella -la tercera- contra el juez central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por supuestas escuchas ilegales a abogados de la trama Gürtel de los que Garzón tenía fundadas sospechas de que actuaban como correos de sus clientes recluidos en la cárcel. Esta tercera querella se acumula a las otras dos que tramita la misma sala por el intento de abrir una causa penal al franquismo a instancias de familiares de víctimas de la Guerra Civil que yacen todavía en fosas comunes y por haber dirigido un curso en Nueva York patrocinado por el Banco Santander.

Las tres querellas buscan, cada cual desde su particular perspectiva, acabar con la carrera de Garzón, expulsarle de la judicatura y poner un colofón infamante a 23 años de servicio a la justicia y a los ciudadanos en ámbitos tan difíciles como la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia económica. Pero la tercera y por ahora última querella apunta a un objetivo concreto: anular y dejar sin efecto la instrucción sumarial del caso Gürtel, un designio que vienen persiguiendo los dirigentes del PP, en concreto su responsable para asuntos de la justicia Federico Trillo-Figueroa, prácticamente desde que Garzón comenzó a tramitar las diligencias sobre dicho asunto.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo señala, según una fórmula estereotipada, que «las hipótesis incriminatorias planteadas por el querellante no parecen hasta tal punto absurdas y carentes de sentido que hayan de ser desestimadas». Sin embargo, el ministerio fiscal las juzga algo más grave que absurdas y carentes de sentido y llega a considerar la querella como un fraude de ley que busca dejar sin efecto todo lo investigado hasta ahora sobre la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, de acuerdo con una común estrategia defensiva de los 65 implicados en la causa. Se da la circunstancia de que al abogado del caso Gürtel que ha interpuesto la querella no se le ha intervenido ninguna comunicación carcelaria por la sencilla razón de que su cliente nunca ha estado preso.

Prescindir de la opinión informada del ministerio fiscal en según que casos es algo habitual del Tribunal Supremo. Pero da la casualidad de que esto es lo que ha sucedido precisamente en las tres querellas presentadas contra Garzón. En todas ellas se ha hecho caso omiso de su informe contrario a la admisión, con el añadido de que, en relación con las escuchas, Garzón cuenta con el aval del actual juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Madrid, que ha defendido en un auto motivado la legalidad de las intervenciones carcelarias ordenadas. Así, pues, «las hipótesis incriminatorias» del querellante son más absurdas y carentes de sentido de lo que presume el Supremo. Y el empeño del Supremo por desembarazarse de Garzón, evidente.

Al juez Garzón no sólo han querido revocarle sus resoluciones por la vía de los recursos, que es la normal en el sistema judicial. Los afectados y agraviados por sus decisiones quieren también anularlo como juez y meterlo en la cárcel, recurriendo, si es preciso, a la vía oblicua de la querella penal. La personación de Francisco Correa en la querella por supuestas escuchas ilegales a abogados de la trama Gürtel, aceptada con una liberalidad pasmosa por el instructor del Tribunal Supremo, retrata bien lo rocambolesco de la situación: al jefe de la trama delictiva se le ofrece en bandeja la posibilidad de sentar en el banquillo al juez que lo investigó.

Los tres asuntos en los que se ha puesto en entredicho la instrucción de Garzón -la causa contra el franquismo, las conferencias en Nueva York con el patrocinio del Banco Santander y el control de las comunicaciones carcelarias de abogados del caso Gürtel con sus clientes- han tenido o pueden tener una solución ajustada en derecho dentro del procedimiento. Pero quienes tienen interés directo o indirecto en ellos han querido aprovecharlos para saldar cuentas -personales, ideológicas o meramente litigiosas-, con el juez. De ahí la utilización descarada de la doble vía: la del recurso y la querella.

La buena disposición encontrada en la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha facilitado la tarea. El ministerio fiscal ha sido actor privilegiado, de acuerdo con su función, en los tres asuntos cuestionados. Incluso ha sido el inductor de la resolución de Garzón sobre el control de las comunicaciones carcelarias de abogados de la trama Gürtel sospechosos de delito. Como conocedor a fondo de la instrucción de Garzón se ha opuesto a las querellas y ha negado que su actuación, por más jurídicamente controvertida que pueda ser, sea prevaricadora. Ninguna consideración han merecido sus informes. Sorprende la sordera que aqueja a la Sala Segunda del Tribunal Supremo cuando se trata de oír lo que dice el ministerio fiscal sobre la actuación de Garzón.

Incluso la personación de Correa en la querella sobre las presuntas escuchas ilegales a abogados de la trama Gürtel ha sido aceptada por el instructor del Supremo antes de resolver el recurso del fiscal contra la admisión a trámite de esa querella. Mientras tanto, los abogados de Correa y de los otros implicados en la trama agotan la vía de los recursos en su intento de cuestionar a Garzón y de anular sus investigaciones. Desde determinados sectores siempre se ha insistido en que los delincuentes gozan en España de excesivas garantías. En adelante podrán citar como ejemplo el de los implicados en la trama Gürtel. El sistema penal no sólo les garantiza el derecho de defensa; les da opción a intentar meter en la cárcel al juez que descubrió sus delitos. ¿Qué diríamos si se dieran esas facilidades a atracadores de bancos? ¿Se las merecen atracadores de fondos públicos como son los delincuentes de la trama Gürtel?

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido, aunque todavía no ha entrado en la fase de redacción, la resolución por la que declara nulas, por dos votos frente a uno, todas las escuchas ordenadas por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a abogados de la trama Gürtel sospechosos de actuar como cómplices de sus clientes mientras los visitaban en la cárcel como defensores. Esta decisión corrige la que el mismo tribunal había votado la víspera y que hacía una excepción con una de las escuchas: la que recoge una conversación entre Pablo Crespo, número dos de la trama, con su abogado, imputado también en la causa. En la conversación, Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, admite la financiación irregular de ese partido en el ejercicio de 1999.

Mientras no se conozcan los argumentos de la resolución es difícil medir su alcance. Parece claro que los dos jueces que conforman la mayoría decisoria aceptan en esta causa la excepcionalidad de que alguno de los abogados está imputado. Pero seguramente también han querido evitar la tesis de que la intervención de las comunicaciones entre abogado y cliente pueden extenderse ante cualquier indicio de delito, y no sólo a casos de terrorismo.

Más allá de los efectos procesales, lo determinante es en qué afectará la nulidad de las escuchas al sumario entero. Es fácil aventurar que la estrategia defensiva del casi centenar de imputados, y tras ellos el PP, será procurar que la nulidad se extienda al conjunto de las pruebas para que, si fuera posible, quede impune uno de los mayores casos de corrupción política de los últimos tiempos.

La nulidad de las escuchas implica que han sido expulsadas del sumario y que deben ser tenidas como no existentes. Pero en el sumario hay cientos de pruebas recabadas antes de las grabaciones anuladas, y también después, totalmente independientes de éstas. Suficientes, en cualquier caso, para asegurar que el mayor escándalo de corrupción política en muchos años no quede impune, algo que la sociedad española no podría entender.

Tampoco las cautelas procesales pueden borrar la realidad. Hace 20 años la anulación del caso Naseiro no pudo impedir que se escuchara decir a un tal Zaplana, del PP alicantino, que tenía que «ganar mucho dinero» porque le hacía falta «mucho dinero para vivir». Y no es anecdótico tampoco que la nulidad de las escuchas haya sido un asunto controvertido y alejado de la unanimidad. Tres de los cinco jueces competentes en las distintas fases del caso las han considerado válidas, aunque se haya impuesto la opinión de los dos que han tenido la última palabra. Lo que hace más disparatado el caso es que haya derivado en una querella contra Garzón admitida a trámite por el Tribunal Supremo, con el estrambote de la personación como «ofendido» del jefe de la banda corrupta.