EL CONFIDENCIAL asegura que el PSOE tiene unas ‘cloacas’ formadas por Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Jacobo Teijelo y Patricia López para frenar investigaciones contra el partido

El PSOE lleva meses diseñando en secreto una campaña de desinformación y acciones judiciales contra magistrados, fiscales y medios de comunicación para tratar de diluir las investigaciones contra Begoña Gómez y Koldo/Ábalos, forjar nuevos vínculos con sus socios independentistas y recuperar la iniciativa para el resto de legislatura, según han confirmado a El Confidencial fuentes implicadas en la operación.

Ferraz planea lanzar la campaña de forma inminente, coincidiendo con el inicio del curso político y agravamiento de su debilidad parlamentaria. El secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, supervisa los preparativos con la ayuda de una fontanera del PSOE, María Leire Díez Castro, muy conocida en los círculos socialistas de la capital y en las federaciones de Euskadi y Cantabria, detallan las mismas fuentes.

Díez, periodista de formación, ha ocupado puestos de confianza en grandes empresas públicas con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Fue jefa de Comunicación de Enusa (2018-2021) y directora Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos (2022-febrero 2024). Entre 2011 y 2014, también fue teniente de alcalde socialista del municipio cántabro de Vega de Pas, aunque vive en Portugalete (Vizcaya).

El paso de esta asesora por las empresas públicas fue discreto, pero es conocida por su perfil ultra en las redes sociales, que usa para atacar e insultar a partidos de la oposición, medios críticos con la gestión del Gobierno y, en general, a cualquiera que desafíe los intereses de Moncloa. Tras su salida de Correos trabaja para el PSOE, aunque no ocupa ningún puesto en su organigrama.

La operación de Ferraz consiste en difundir de forma escalonada, con la ayuda de medios y opinadores afines, supuestos datos comprometedores de miembros de la judicatura y profesionales de la comunicación para tratar de desacreditarlos y, posteriormente, tratar de judicializar esas noticias para montar causas que amplifiquen las supuestas revelaciones y contrarresten las causas que ya perjudican a los socialistas.

Un imputado por la Audiencia Nacional

Para ello, la ayudante de Santos Cerdán ha mantenido numerosas reuniones en los últimos meses, tanto en Madrid como en Andalucía, con imputados y procesados en casos de corrupción a los que ha pedido documentos, audios o cualquier otro material que contenga información perjudicial para los profesionales y sectores que el Gobierno ha puesto en su punto de mira. A cambio, la enviada de Ferraz ha prometido a estos cooperadores que el Gobierno, a través del Ministerio Público, aliviará sus respectivos problemas con la Justicia. Algunos ya han estado en prisión y todavía afrontan procesos judiciales que pueden devolverlos a la cárcel.

En esas conversaciones ha tenido un protagonismo especial un empresario que en la actualidad está siendo investigado por la Audiencia Nacional por fraude en subvenciones públicas y blanqueo de capitales y que se encuentra al borde del banquillo. Este hombre de negocios ha colaborado de forma activa con el partido del Gobierno, proporcionándole información teóricamente sensible. También ha ejercido de intermediario entre Ferraz y otros empresarios dispuestos a sumarse a la estrategia de Moncloa.

Estas gestiones han permitido a la cúpula del PSOE acceder a centenares de archivos que fueron intervenidos en 2017 al comisario José Manuel Villarejo y que supuestamente contienen información inédita sobre magistrados, fiscales, policías y periodistas, entre otros. Ferraz lleva meses analizando esos documentos para tratar de localizar los datos más llamativos y fijar un calendario de difusión.

Cerdán lo niega: «No sé dónde trabaja»

Cerdán ha negado a El Confidencial que el PSOE haya hecho ningún tipo de movimiento para conseguir material del caso Villarejo con la intención de usarlo contra rivales del Gobierno y ha asegurado que Díez Castro solo es «una militante del partido». «La conozco desde hace años y sé que está haciendo algún trabajo periodístico. Trabajó en Correos y ahora no sé dónde trabaja», afirma el número 3 de la formación. Por su parte, Díez Castro desmiente que haya participado en una operación de propaganda y rechaza categóricamente tener algún tipo de vinculación profesional con el PSOE.

La campaña no solo pretende diluir las noticias sobre los casos que afectan al PSOE y poner en aprietos a sus críticos, sino también apuntalar la idea de que existe una trama de partidos, sectores del Poder Judicial y medios de comunicación que están conspirando para apear a Sánchez del poder con prácticas clandestinas o directamente ilegales. La introducción de Villarejo en ese presunto complot pretende reforzar ese mensaje.

El propio Sánchez estableció los ejes de esta estrategia el pasado 24 de abril cuando anunció que se tomaba cinco días de reflexión por la apertura de las diligencias contra su mujer y atribuyó las pesquisas a una «máquina de fango» que pretende hacerlo «desfallecer en lo político y en lo personal». Dos días después, se produjo un ensayo general de esta operación. Medios próximos al Gobierno difundieron simultáneamente una grabación de Villarejo, de agosto del año 2014, en la que el propio policía contaba al entonces secretario de Estado de Seguridad de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, que el padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez Serrano, había regentado saunas gay en Madrid.

Denuncia instrumental

El audio circula al menos desde 2022, aunque El Mundo ya reveló en 2020 que las saunas habían sido utilizadas por Villarejo, con la aquiescencia del suegro de Sánchez, en un operativo contra ETA. Con todo, el PSOE recuperó la cinta para generar la impresión de que la causa contra Begoña Gómez se enmarcaba en una suerte de trama parapolicial contra Moncloa.

A los tres días de la publicación del audio, el PSOE filtró que pediría en la Audiencia Nacional que se interrogara al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, a Francisco Martínez y a Villarejo por investigar ilegalmente al suegro de Sánchez. Ferraz aportó la grabación del comisario.

La denuncia fue usada por el Gobierno para levantar una cortina de humo sobre las informaciones que afectaban a Begoña Gómez en uno de los momentos más críticos de la historia reciente del PSOE, pero tuvo poco recorrido. El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, desestimó la petición dos semanas después, el 16 de mayo, porque no apreció indicios de que existiera algún tipo de investigación ilegal sobre la familia política de Sánchez, más allá de los comentarios del policía.

Reconstruir puentes con Junts

Ferraz recurrió el auto alegando que la cinta demostraba que el Ejecutivo de Rajoy buscó «desprestigiar con fines partidistas» al líder de su formación. Pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó el primer dictamen e insistió en que «no hay indicios de haberse encargado una investigación oficial policial irregular, lo que descarta la concurrencia de alguna decisión administrativa arbitraria que pudiera integrar un delito de prevaricación».

El plan del PSOE también como objetivo reconstruir sus puentes con Junts tras el pacto PSC-ERC en el Parlament. A cambio de su apoyo en la investidura de Sánchez, Ferraz prometió al partido de Carles Puigdemont impulsar cuatro comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados. Una de ellas se centra en la supuesta guerra judicial contra los políticos o ‘lawfare’ y, una segunda, en la llamada operación Cataluña contra el independentismo. La campaña de desinformación permitiría llenar de contenido ambas comisiones y extender sus sesiones hasta el último día de legislatura.

Uno de los antiguos dueños de Banca Privada de Andorra (BPA), Higini Cierco, ha pagado al menos 300.000 euros a P.L.L. [Patricia López Lucero], una periodista involucrada en la operación de propaganda del PSOE contra jueces, fiscales y periodistas. Parte de ese dinero ha terminado en cuentas del empresario J.P.D. [Javier Pérez Dolset], otra pieza clave en la campaña de Ferraz, según ha averiguado El Confidencial. El PSOE acaba de convocar al banquero a la comisión de investigación del Congreso de la operación Catalunya para que declare como supuesta víctima de la llamada policía patriótica del Gobierno de Mariano Rajoy.

Cierco ha confirmado los pagos en conversación telefónica con este diario. Los 300.000 euros salieron en varias transferencias, entre 2022 y 2023, de una cuenta a su nombre en la entidad Morabanc y llegó a un depósito de CaixaBank en el que figura como única titular P.L.L. [Patricia López] Posteriormente, la periodista, que desde 2021 dirige un medio de comunicación, trasvasó 100.000 euros a la cuenta de una sociedad mercantil administrada por J.P.D. [Pérez Dolset], que está siendo investigado en estos momentos en la Audiencia Nacional por fraude en las subvenciones públicas y blanqueo de capitales.

El accionista de BPA asegura que las entregas de dinero responden a un contrato con P.L.L. por el que esta se comprometió a entregarle pruebas de que la intervención de la entidad en 2015 fue el resultado de una operación del PP por negarse a proporcionarle información sobre los depósitos que escondía la familia Pujol. Investigaciones en Andorra han revelado que BPA fue usado por políticos mexicanos, la red de Gao Ping y el régimen chavista, entre otros grupos, para desviar fondos. Pero Cierco mantiene que el banco cayó por orden de Rajoy.

“Lo que necesitamos es probar por todos los medios que sufrimos un atropello monstruoso por algo en lo que no teníamos nada que ver [operación Catalunya] y queremos dejar claro que somos inocentes”, afirma el banquero, que reclama una indemnización millonaria a Andorra y España, en este último caso, por la intervención de la filial de BPA Banco Madrid. El banquero encuadra sus pagos a P.L.L. [Patricia López] en esa estrategia de defensa. “Supuestamente ella nos podía proporcionar las pruebas para demostrar que eso ocurrió. Pero la verdad es que no lo hizo y la relación terminó. Lo dejamos correr”.

Cierco niega que los 300.000 euros tuvieran otra finalidad y desconoce qué hizo luego la periodista con los fondos. En 2022, coincidiendo precisamente con el inicio de los pagos a P.L.L. [Patricia López], el PSOE incluyó al banquero en la lista de comparecientes de la comisión de investigación de la Operación Catalunya para relatar su experiencia como supuesta víctima del Gobierno del PP. Sin embargo, el adelanto de las elecciones generales frustró su intervención.

El PSOE ha reactivado ahora la comisión de la Operación Catalunya para tratar de desgastar al Partido Popular y volver a tender puentes con Junts, tras el cisma provocado por la investidura de Illa. El empresario J.P.D., que ha colaborado con Ferraz en la obtención de información sensible y que afirmó en un audio que el máximo responsable de esta campaña era el “gran jefe”, en referencia a Pedro Sánchez, comenzó a elaborar en diciembre de 2023 una lista de posibles comparecientes en la comisión de investigación de la Operación Cataluña.

Ese primer boceto, al que ha tenido acceso este diario, mencionaba unos 80 nombres, entre ellos, el de Cierco. Sin embargo, el PSOE y sus socios independentistas han apostado por empezar con solo una veintena de declaraciones. El banquero de BPA ha conseguido mantenerse en el listado y tendrá la oportunidad de denunciar su caso en el Congreso. Los interrogatorios arrancan este martes con el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el comisario ya retirado Eugenio Pino. El turno de Cierco llegará en los próximos días.

Para recopilar datos sensibles, J.P.D. ha prometido en los últimos meses a empresarios, abogados e investigados en diferentes casos de corrupción que podrían llevarse una parte de la indemnización que reclama BPA en Andorra y España si aportaban pruebas que permitieran demostrar que la intervención de la entidad fue irregular o que el PSOE está siendo víctima de un complot del PP con jueces, medios de comunicación y acusaciones populares como Manos Limpias.

La periodista y directora de un diario digital P.L.L. también ha colaborado intensamente con Santos Cerdán en el diseño de la operación de propaganda de Ferraz contra jueces, fiscales, periodistas y dirigentes de la oposición. El objetivo no es solo desprestigiar a los profesionales y sectores que Moncloa ha colocado en su punto de mira, sino crear también nuevos escándalos que permitan levantar una cortina de humo sobre las tramas de corrupción que acorralan a Sánchez, como las investigaciones contra su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Azagra, y las diligencias sobre José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre, que ya salpican al propio presidente del Gobierno.

La ayuda de P.L.L. ha llegado en momentos clave para la historia reciente del partido. El pasado 26 de abril, dos días después de que Sánchez decidiera tomarse cinco días de reflexión por la apertura de la investigación contra su mujer, Cerdán contactó con tres medios próximos a Moncloa para pasarles un audio que supuestamente demostraba que el secretario general del PSOE llevaba 10 años soportando una cacería contra su familia. En la grabación, captada en agosto de 2014, se oía al comisario José Manuel Villarejo contándole a Francisco Martínez que el padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez Serrano, había regentado saunas gay en Madrid.

El objetivo del PSOE era enmarcar las pesquisas del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid sobre Begoña Gómez en una supuesta guerra sucia del PP contra Sánchez. El audio fue publicado en los tres medios con una diferencia de segundos. Después, el PSOE anunció que pediría en la Audiencia Nacional que se interrogara al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, a Martínez y a Villarejo por investigar ilegalmente al suegro de Sánchez.

Mensajes enviados por la propia P.L.L. a su entorno revelan que esta periodista participó en la selección y el análisis del audio distribuido por Ferraz en aquellos días de zozobra interna y que supo con antelación el nombre de los diarios que iban a publicar el contenido. Fuentes del PSOE confirman que P.L.L. [Patricia López Lucero] lleva meses trabajando para el partido junto a otros miembros de las cloacas, como la fontanera de cabecera de Cerdán, la exdirectiva de Correos Leire Díez Castro.

Emisarios del PSOE se han reunido con exdirigentes del Partido Popular investigados en causas judiciales para ofrecerles entrar en la amnistía o rebajar sus respectivas acusaciones a cambio de información sensible sobre la formación de Alberto Núñez Feijóo. Los encuentros comenzaron en otoño de 2023 y se prolongaron al menos hasta el pasado septiembre, cuando El Confidencial desveló que Ferraz había diseñado una operación de propaganda contra jueces, fiscales, periodistas y dirigentes de partidos de la oposición.

Según han explicado a El Confidencial fuentes implicadas en la campaña del PSOE, entre los contactados figuran el exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, que este mismo martes fue condenado por corrupción a 10 años y 5 meses de cárcel; el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, investigado en varias piezas del caso Lezo; el exsecretario de Estado de Seguridad de la etapa de Mariano Rajoy Francisco Martínez, acusado en la operación Kitchen; y altos cargos de la Policía Nacional durante los últimos gobiernos del PP.

El acercamiento del PSOE a estos exresponsables del PP fue supervisado por el secretario de Organización de Ferraz, Santos Cerdán, y contó con la participación activa de varias personas de su máxima confianza, como su fontanera de cabecera, la exdirectiva de Correos y militante del partido Leire Díez Castro; la periodista y directora de un medio digital P.L.L. [Patricia López], y un empresario investigado en la Audiencia Nacional por fraude a las subvenciones públicas y blanqueo de capitales [Javier Pérez Dolset].

En algunas fases de la negociación también participaron representantes de Junts per Catalunya, especialmente en los meses en los que el partido de Carles Puigdemont y el PSOE estaban negociando el texto definitivo de la ley de amnistía, entre finales de 2023 y comienzos de 2024. Ambas formaciones contemplaron que exresponsables del PP pudieran beneficiarse de la medida de gracia a cambio de que proporcionaran datos comprometedores de su antiguo partido para la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Cataluña, incluida en el acuerdo de Junts y PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.

Las conversaciones llegaron a generar un intercambio de documentos. PSOE y Junts trasladaron a los investigados en Kitchen, por ejemplo, que era factible modificar el artículo 1, punto 1, letra e) de la ley de amnistía para recoger explícitamente su situación.

En concreto, según la propuesta, a la que ha tenido acceso El Confidencial, el borrador inicial de la ley de amnistía planteaba que el perdón abarcara “las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales o administrativas dirigidas a dificultar o impedir la realización de los actos determinantes de responsabilidad penal o administrativa comprendidos en este artículo o para conseguir fines distintos a los previstos en el ordenamiento jurídico aunque hayan sido realizadas por los órganos superiores o directivos o toleradas por estos, cualquiera que sea su calificación jurídica, salvo en los casos de enriquecimiento personal”.

PSOE y Junts ofrecieron al exsecretario de Estado de Seguridad y los mandos policiales del PP varias alternativas. Una era incluir los supuestos de acciones “dirigidas o inducidas por los órganos superiores o directivos de la Administración General del Estado”. Otra posibilidad era reescribir el artículo para abarcar expresamente a los “miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado” que hubieran empleado “recursos públicos o ejercido potestades públicas para dificultar o impedir la realización de los actos” del procés.

Finalmente, no se produjo un acuerdo. Pesó la desconfianza de los exdirigentes del PP, que no veían ninguna relación entre sus casos y los supuestos que habían motivado la aprobación de la amnistía, así como la resistencia de algunos sectores de Junts a favorecer a investigados en casos de corrupción y el caso Kitchen.

La versión definitiva de ese punto de la norma contempla únicamente “las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir la realización de los actos determinantes de responsabilidad penal o administrativa comprendidos en este artículo” y solo se ha aplicado a los agentes de la Policía y la Guardia Civil que intervinieron en Cataluña el 1-O o en movilizaciones relacionadas.

Con todo, los miembros de las cloacas del PSOE siguieron en contacto con los cargos del PP hasta hace semanas. Después de enero, Ferraz ya no ofreció la amnistía, sino usar al Ministerio Público para aliviar la acusación que afrontaba cada uno de ellos en sus respectivos procesos penales. A cambio, tenían que ratificar la autenticidad de audios y documentos perjudiciales para el PP o facilitar nueva información sobre el origen de los casos de corrupción que afectan al PSOE en Andalucía, como los ERE, o sobre la implicación de Génova en la operación Cataluña contra el independentismo, entre otros escándalos.

Bajo el liderazgo de Cerdán, la exdirectiva de Correos Leire Díez Castro, la periodista P.L.L. [Patricia López] y el empresario J.P.D. [Javier Pérez Dolset] trasladaron el ofrecimiento a los dirigentes del PP en encuentros que no habían trascendido hasta ahora. Ferraz necesitaba de llenar de contenido la comisión de investigación sobre la operación Cataluña, reactivada por el PSOE esta misma semana, y levantar urgentemente una cortina de humo sobre las diligencias contra Begoña Gómez y la trama de José Luis Ábalos. Sin embargo, la publicación el pasado 16 de septiembre de esta operación en El Confidencial frustró este movimiento.

Como desveló este diario este martes, P.L.L. recibió entre 2022 y 2023 transferencias por valor de 300.000 euros de uno de los accionistas de Banca Privada de Andorra (BPA), Higini Cierco, por supuestos servicios de asesoría de comunicación. De los 300.000 euros, al menos 100.000 fueron posteriormente transferidos por P.L.L. al empresario J.P.D.

El PSOE ha utilizado a un excomisario de la Policía Nacional procesado en la Audiencia Nacional, Marcelino Martín-Blas, para colar en el Congreso de los Diputados dosieres de Ferraz contra líderes políticos, medios de comunicación, jueces y fiscales. El funcionario entregó los documentos en la Cámara Baja tras comparecer el pasado 12 de noviembre, a petición del PSOE y los partidos independentistas, en la Comisión de Investigación sobre la supuesta operación Cataluña.

Los metadatos de los archivos entregados por Martín-Blas, a los que ha tenido acceso El Confidencial, revelan que su verdadero autor es Javier Pérez Dolset, un empresario investigado por fraude de subvenciones y blanqueo de capitales que forma parte de las cloacas del PSOE, una célula de desinformación liderada por el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, que tiene la misión de involucrar a sus rivales en nuevos escándalos y neutralizar los que ya afectan a Moncloa.

La mayoría de los documentos entregados en el Congreso no guarda relación con la supuesta operación Cataluña del Ejecutivo de Mariano Rajoy contra el independentismo y proceden de espionajes del comisario José Manuel Villarejo, pero el PSOE y sus socios los han usado para ampliar el foco de la Comisión y tratar de convertirla en una causa general sobre algunos de los profesionales y sectores que el Gobierno de Pedro Sánchez ha colocado en su punto de mira.

En concreto, los archivos de Martín-Blas contienen información y audios presuntamente comprometedores de antiguos dirigentes del Partido Popular; el fiscal anticorrupción José Grinda; agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía; el consejero de Atresmedia Mauricio Casals; los jueces Fernando Andreu y Manuel Marchena; el exmagistrado Manuel García-Castellón y diferentes periodistas, entre otras personas.

Como adelantó El Confidencial en septiembre, la comparecencia de Martín-Blas también fue utilizada por el PSOE para intentar sembrar dudas sobre la honorabilidad del juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y principal quebradero de cabeza de Sánchez en estos momentos.

Hacia el final de la declaración y en una escena casi cómica por la evidente teatralización, el excomisario procesado en la Audiencia Nacional deslizó que la cúpula policial de Rajoy se acercó a un exviceministro del régimen de Venezuela, Nervis Villalobos, para conseguir información sobre Podemos. Martín-Blas recordó que un juez metió luego en prisión al exdirigente chavista por un presunto caso de corrupción y blanqueo de capitales. Villalobos quedó en libertad a los 16 meses y logró que el Tribunal Constitucional dictaminara que la medida había vulnerado sus derechos.

El portavoz del PSOE en la Comisión de Investigación, Manuel Arribas, se hizo el sorprendido. «¿Quién era el fiscal del caso Villalobos? ¿Va a aportar esa documentación, verdad?«, inquirió el diputado socialista. «Sí, sí, está entregada ya», contestó Martín-Blas. El fiscal del caso fue José Grinda, responsable de las investigaciones sobre la trama de comisiones y donaciones ilegales de la antigua Convergencia Democrática de Catalunya, absorbida hoy de facto por Junts per Catalunya, apoyo clave del Gobierno de Sánchez.

El diputado del PSOE preguntó a continuación por el nombre del juez que acordó el ingreso en prisión del exviceministro chavista. «Por resolución del juez número 41, señor Pintado, me parece que es», dijo el comisario. «¡Perdone!», saltó Arribas. «Creo que es importante lo que acaba usted de comentar. ¿Se refiere usted al juez Peinado?». «Bueno, el titular del 41. Es que no sé si es Peinado o Pintado», contestó Martín-Blas. «Sí, el señor Peinado. Podemos asegurarlo», remachó el diputado socialista.

Los dosieres de las cloacas de Ferraz que aportó el excomisario incluyen el recurso de amparo de Villalobos contra la decisión del juez Peinado. El PSOE y sus socios decidieron convocar de nuevo a Martín-Blas una semana después, el 19 de noviembre, y modificaron la lista de comparecientes de la Comisión de Investigación de la operación Cataluña para incluir al exviceministro del régimen bolivariano.

Villalobos pasó por la Comisión de Investigación el pasado jueves, en medio de nuevas noticias sobre la trama corrupta de José Luis Ábalos, la imputación del hermano de Sánchez en un juzgado de Badajoz, la presentación de correos que ratifican que Begoña Gómez usó a una asesora en nómina del Ministerio de Presidencia para sus negocios privados y los whatsapps que Moncloa envió a Juan Lobato para atacar a Isabel Díaz Ayuso.

En los próximos días tendrá que comparecer en la Comisión de Investigación el banquero Higini Cierco, uno de los antiguos dueños de Banca Privada de Andorra (BPA), la entidad intervenida por el Gobierno del Principado por blanquear dinero de organizaciones criminales mexicanas, chinas y rusas y que también ocultaba el patrimonio secreto de los Pujol. Paradójicamente, Martín-Blas fue el encargado de presionar a BPA para obtener las cuentas del fundador de Convergencia y toda su familia.

Una fontanera de Moncloa y el PSOE, María Leire Díez Castro, se reunió en febrero con un investigado en la Audiencia Nacional por una trama de hidrocarburos para pedirle información comprometedora del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) y responsable de las pesquisas sobre la mujer y el hermano de Pedro Sánchez; el fiscal general del Estado y el caso Ábalos/Koldo, entre otros.

La reunión tuvo lugar por videoconferencia. Leire Díez, una antigua teniente de alcalde del PSOE que fue colocada por el Gobierno de Sánchez en la empresa pública Enusa como jefa de Comunicación (2018-2021) y luego en Correos con el cargo de directora de Filatelia y Relaciones Institucionales (2022-2024), estuvo acompañada por el empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en subvenciones y colaborador de Ferraz, y el abogado Jacobo Teijelo. También había otros letrados en la sala, aunque estos apenas abrieron la boca.

Al otro lado de la pantalla apareció Alejandro Hamlyn, un industrial detenido por la UCO en abril de 2019 en la operación Drake por un fraude en la venta de combustible que dejó un presunto agujero fiscal de 154 millones de euros y que actualmente reside en Dubai. El inicio de la vista oral contra Hamlyn y el resto de implicados en ese caso está fijado para este mismo lunes.

Pero Leire Díez no estaba interesada en los problemas de Hamlyn con la justicia, sino en obtener material para una nueva campaña de propaganda contra la Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Como desveló El Confidencial en septiembre, la exalto cargo socialista lleva más de un año recopilando información sensible sobre particulares, empresas y organismos identificados como enemigos por el Gobierno. Aunque el PSOE negó en un primer momento que Leire Díez trabajara en Ferraz, este diario la fotografió entrando y saliendo de la sede central del partido y numerosos testimonios la sitúan en las cloacas de Santos Cerdán.

«La Camorra de la Guardia Civil»

La reunión desvelada ahora por El Confidencial arrancó con Hamlyn exponiendo las traiciones que, a su juicio, había sufrido por parte de otras empresas de hidrocarburos y las presuntas irregularidades que, en su opinión, se habían producido en su procedimiento. Según el empresario, tenía pruebas de que había sido víctima de una trama corrupta que anidaba en el seno de la Guardia Civil.

Leire Díez interrumpió a Hamlyn en ese momento para explicarle cuál era el verdadero motivo por el que lo había convocado. «A ver, una cosa. Aquí tenemos un problema y es el siguiente. ¿Vale? No nos vamos a meter en lo que son los entramados, porque los entramados hay 200.000 empresas y yo creo que no nos interesa eso. Interesa más saber de dónde viene esta génesis. Claro, entonces, es decir, tú has sido víctima de la Camorra, pero de la, de la propia, de la Camorra de la Guardia Civil. ¿Vale?», preguntó a Hamlyn buscando su complicidad.

El abogado que estaba sentado a su derecha centró más el tiro: «Por ir… ¿Qué sabemos de Balas? Cuéntanos algo de Balas«. «Yo puedo contar muchísimas cosas del señor Antonio Balas, pero… Decidme qué es lo que quieren de mí», pidió entonces Hamlyn.

En ese momento, Leire Díez volvió a coger el mando de la conversación. «A ver, eh, mira, esto es muy fácil (…) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están para extorsionar a ciudadanos en este país. (…) Todo esto no hubiese sido posible sin la activa colaboración de determinadas personas, lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que este señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros. Y de momento lo que está haciendo es convertirnos a todos en presos y carceleros de él», sentenció la enviada del PSOE. «Álex, eso es lo que hay que desmontar. (…) Desmontando ese ya no está dicho el pueblo, que se desmontan otras muchas cosas. ¿Vale? No hará falta que te diga más».

Sin embargo, Hamlyn quería saber qué ganaba él en todo eso. Relató sus problemas con la Hacienda Foral del País Vasco, donde estaba domiciliado su holding, Hafesa, y enumeró sus deudas con la Agencia Tributaria y la Justicia. «Yo puedo sacar mucha información (…) Pero necesito saber qué pasa con mi tema, que estoy pagando un tema que yo no he montado, yo no he robado, yo no me he llevado ni un euro de nada. Me ha costado 60 millones de euros con la foral, con la Hacienda foral (…) ¿Qué pasa con todo ese dinero que debo la foral? ¿Qué pasa con todo ese dinero que me he gastado? ¿Qué pasa con con, con, con mi o sea, con mi honor, eh? ¿Qué pasa con esas cosas?», les preguntó desde Dubai.

Leire Díez trató de tranquilizar a Hamlyn. Le dijo que, en realidad, la caída del teniente coronel de la UCO sería el comienzo del fin de todos sus quebraderos de cabeza: «Esto es fácil, verás. Si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado. Claro». «Vale», asintió Hamlyn. «Pero es que aquí el orden de los factores…», remachó la jefa de la operación clandestina del PSOE antes de insistir en cuál era su prioridad. «Yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas. ¿Vale? Así de claro. Necesito a Balas«, repitió la mano derecha de Santos Cerdán.

«Quiero un papelito»

Pero Hamlyn empezó a desconfiar. Explicó que ya había estado en situaciones parecidas otras veces. Estaba dispuesto a colaborar con el PSOE, pero quería que le garantizaran por escrito algún tipo de compromiso que aliviara su situación judicial. «Quiero un papelito, un papelito», repitió insistentemente. Leire Díez le aseguró que, si le proporcionaba la información sobre el jefe de la UCO, intercedería ante las partes implicadas en su procedimiento para que pudiera eludir una posible condena.

A continuación, Javier Pérez Dolset, que ha aportado a Ferraz decenas de grabaciones y documentos del comisario José Manuel Villarejo a cambio de ayuda en su propio procedimiento, recordó a Hamlyn que, para acabar con el teniente coronel Balas, era importante centrarse en una o dos cuestiones. «Hacen falta una o dos irregularidades claras, absolutamente probadas. O sea, pesan lo mismo dos probadas que diez probadas. Y 100 sin probar no valen para nada». «Totalmente, sí, sí…», añadió Hamlyn desde Dubai para continuar la charla.

La cabecilla de la operación subrayó otra vez esa idea: «Es importante que esté documentado. Yo, con que haya cuatro cosas documentadas, me vale. No hace falta que sean 250 de presunciones». «Tengo una cosa… Con una cosa que te dé [de Balas] ya está, está muerto«, intervino Hamlyn, para alimentar las expectativas de Leire Díez y sus acompañantes. La respuesta desató la euforia de la mano derecha de Santos Cerdán: «Pues perfecto. Ya está. Mejor todavía me lo pones».

El primero en denunciar la reunión de los fontaneros de Moncloa con Hamlyn fue el empresario Víctor Aldama. Este, que colabora con la Fiscalía desde el pasado noviembre, afirmó el 7 de marzo en ‘El Programa de Ana Rosa’ de Telecinco que tres personas vinculadas al PSOE habían ofrecido beneficios judiciales a un empresario a cambio de información para desacreditar sus revelaciones.

La negociación fracasó

El audio de la cita evidencia que Leire Díez urgió a Hamlyn a darle esa información cuanto antes, pero el industrial exigió una garantía del pago que obtendría por su colaboración. Para generar aún más interés en sus interlocutores, Hamlyn adelantó que tenía pruebas de que los mandos de la UCO «traían contenedores de coca». «Que traían, que traían conte… Pero escucha, pero escucha, que traían contenedores de cocaína, estos corruptos. De cocaína. Ya no solo de hidrocarburos, de cocaína. Con la Guardia Civil», pronunció casi gritando.

Aquellas palabras provocaron nuevas sonrisas en Leire Díez y sus acompañantes. Las dos partes se emplazaron a mantener nuevos encuentros para sellar la entrega de información a cambio de beneficios procesales para Hamlyn. Pero la realidad es que el propietario del grupo Hafesa no tenía ningún dato que permitiera poner en cuestión la ética o la profesionalidad de Antonio Balas ni del resto de agentes del Departamento de Investigaciones Económicas de la UCO y la desconfianza fue apoderándose de ambas partes hasta que la negociación fracasó.

Al margen de esta operación, el Gobierno ya ha utilizado meras sospechas para cuestionar la labor de la Guardia Civil. Con motivo de los mensajes entre Sánchez y José Luis Ábalos que publicó El Mundo, miembros del Ejecutivo como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, atribuyeron a la UCO su filtración sin aportar ninguna prueba que permitiera sostener esa teoría. Los informes presentados en los tribunales por los investigadores de los casos Begoña Gómez y Ábalos también han desatado críticas recurrentes de Moncloa.

El más interesado en estos momentos en desprestigiar a la UCO es el responsable directo de Leire Díez, Santos Cerdán. Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado están ultimando un nuevo informe que se centrará en el actual secretario de Organización del PSOE. Como reveló este diario en marzo, han aparecido mensajes de Santos Cerdán en los que este habla de adjudicaciones de obra pública, a pesar de que nunca ha tenido competencias en esa materia. El número 3 de Ferraz mostró un interés especial en la constructora Acciona.

En septiembre, el Gobierno hizo otro movimiento para tratar de frenar a la UCO. Moncloa colocó otra vez al frente de la Dirección General de la Guardia Civil a Mercedes González, exdiputada del PSOE y reconocida sanchista. Hasta el pasado febrero, esta simultaneó su cargo al frente del Instituto Armado con el puesto de secretaria general de la Agrupación Socialista de la Ciudad de Madrid.