José Luis Escrivá es sustituido como ministro de Transformación Digital por Óscar López para pasar a ocupar el cargo de Gobernador del Banco de España

LA DESIGNACIÓN de José Luis Escrivá, hasta ahora, ministro de Transformación Digital, como gobernador del Banco de España hasta 2030 supone otro obsceno ejercicio de colonización institucional por parte del Gobierno. De otra forma no puede calificarse una decisión que aboca al PP a la menor cuota de poder del principal partido de la oposición en el supervisor en tres décadas. A la instrumentalización de organismos públicos como el CIS o RTVE, al servilismo del presidente del TC y del fiscal general del Estado, y a la impúdica falta de contención que supuso el nombramiento de Dolores Delgado como titular del Ministerio Público después de ser ministra de Justicia, se suma ahora el pase de Escrivá desde el Consejo de Ministros a la máxima representación del Banco de España. Su nombramiento pone en riesgo el prestigio acumulado por esta institución durante el mandato de Pablo Hernández de Cos. De Escrivá dependerá ejercer sus funciones con la independencia que acreditó al frente de la Autoridad Fiscal. En todo caso, la percepción ciudadana no puede abstraerse del grave daño reputacional que supone acceder a este cargo procedente del Ejecutivo.

Aunque será Carlos Cuerpo, ministro de Economía, el encargado de comunicarlo hoy en el Congreso, el nombramiento de Escrivá obedece a una decisión personal de Pedro Sánchez. Lo deseable hubiera sido, como marca la tradición no escrita, que el Gobierno hubiera elegido junto al PP un nuevo perfil profesional y de consenso. En cambio, el presidente ha optado por imponer su criterio pese a la oposición de Alberto Núñez Feijóo. Esta falta de acuerdo erosiona la autonomía de una institución que ha cerrado una etapa, con Hernández de Cos al frente, marcada por su independencia, rigor y transparencia. Resulta más que dudoso que, pese al aval de su cualificación profesional, Escrivá logre preservar este grado de autonomía teniendo en cuenta que el organismo que encabezará será el encargado de evaluar los efectos de medidas impulsadas por el Gobierno del que ha sido integrante hasta ahora o incluso de reformas, como la de las pensiones, de las que él mismo ha sido artífice. La Ley de Autonomía del Banco de España encomienda a este organismo a una fiscalización crítica de la política económica del Ejecutivo. Difícilmente puede cumplirse este fin si quien debe dirigir ha ejercido antes responsabilidades de Gobierno, tal como acredita el precedente de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, nombrado gobernador en 2006 tras haber sido secretario de Estado de Hacienda del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Más allá de la crisis de Gobierno que provoca la salida de Escrivá del Ejecutivo –el segundo cambio en ocho meses, a la espera del relevo de Teresa Ribera–, Sánchez ha vuelto a demostrar una tendencia irrefrenable a instrumentalizar el aparato público. El deterioro institucional no solo ahonda en el descrédito y la inestabilidad, sino que impide un mayor avance en la economía.

El Gobierno designó este miércoles al ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, como nuevo gobernador del Banco de España. El nombramiento tiene lugar al límite máximo de los tres meses transcurridos desde el final del mandato del gobernador anterior, Pablo Hernández de Cos. La demora no ha repercutido positivamente en el prestigio de una institución que trabajosamente había recuperado el respeto público durante ese mandato, pero no es esa la principal disfunción que rodea la designación de Escrivá, un economista de notable trayectoria profesional, sino la anomalía que supone el paso directo desde el Gobierno a la cúpula de una institución que debe ser independiente por mandato de la ley que regula su autonomía (de 1994) y del artículo 130 del Tratado de la UE.

Más allá del ruido político, acompañado de las habituales hipérboles del Partido Popular, la capacitación de Escrivá es un hecho poco discutido. Lo demuestra su recorrido en el propio Banco de España, el BCE, el Banco Internacional de Pagos, el servicio de estudios del BBVA o la Autoridad Fiscal Independiente, a la que fue promovido por un Gobierno de distinto signo, el de Mariano Rajoy. No estamos, sin embargo, ante un debate sobre la idoneidad de un economista contrastado, sino ante un nombramiento realizado por un Gobierno, esto es, ante una decisión no solo técnica sino también política.

Resulta poco realista pensar que los bancos centrales no hacen política mucho más allá de la monetaria, como demostraron las cartas de un presidente del BCE al Ejecutivo español y al italiano para hacer recortes hace ahora 15 años. Los banqueros centrales harán política sea cual sea el perfil y el mecanismo de nombramiento, pero es difícil defender que alguien pase del Consejo de Ministros a un organismo regulador sin que medie un razonable periodo de transición.

En términos prácticos, Escrivá se enfrenta a posibles conflictos de interés, dado que, como ministro de Seguridad Social en la legislatura pasada, tuvo un papel relevante en proyectos que fueron objeto de valoración o crítica por parte de diversas entidades independientes, como sucedió con el Banco de España y la reforma de pensiones. A todo ello habría que sumarle su condición de miembro hasta este miércoles mismo de un Gobierno que ha puesto en marcha un amplio catálogo de reformas y medidas económicas sobre las que podría tener que pronunciarse en su nuevo cargo. Es difícil creer que el tránsito entre el Ejecutivo y el Banco de España no suscitará contradicciones entre el Escrivá ministro y el Escrivá gobernador, independientemente de su buena voluntad, autonomía de criterio y acierto personal.

Sánchez impone a un miembro de su Gabinete como gobernador, sin acuerdo con la oposición, en una política de nombramientos que casa mal con los afanes de regeneración. Que existan casos en otros países o que la derecha española enviara a un ministro en ejercicio —Luis de Guindos— a la vicepresidencia del Banco Central Europeo no le exime de su responsabilidad a la hora de evitar el desgaste innecesario y a priori de una institución tan relevante como el Banco de España.