El Congreso de los Diputados a instancias del PSOE constituye una Comisión de investigación del 11-M para demostrar que el Gobierno Aznar competió imprevisión y manipulación

Cada jornada de la comisión de investigación sobre el 11-M ha servido, hasta ahora, para confirmar lo que ya se sabía: que la policía pensó inicialmente sólo en la hipótesis de ETA por inercia; que los indicios objetivos apuntaron desde muy pronto a la vía islamista, que fue prioritaria, por no decir única, desde el viernes 12, y que el ministro Acebes siguió insistiendo aún el sábado 13, cuando las primeras detenciones ya estaban en marcha, en la prioridad de ETA en la investigación porque «no puede ser de otra manera».

En vez de reconocer su error, que ya ha pagado políticamente, y de pasar del modo más discreto posible este amargo trance, el Partido Popular se ha instalado en la negación de la evidencia. La comisión se ha convertido en un absurdo intento del PP de romper un relato frente al que no tiene ni hechos ni coartadas que aportar. Consciente de que es prácticamente imposible que la opinión pública le siga, parece optar ahora por minar la investigación y por dinamitar la comisión. Primero trató de desviar la atención sobre aspectos secundarios, después entró en la vía de la sobreactuación e incluso de la provocación y ahora, si hacemos caso a las insinuaciones de Zaplana, se plantea incluso abandonar la comisión con la esperanza de que el ruido sea más fuerte que la verdad de los hechos.

Para este trabajo -que sigue fielmente las consignas que lanzó el ex presidente Aznar-, el PP cuenta con unas terminales mediáticas que prefieren mirar al dedo que a la luna y que se apuntan a las más extravagantes hipótesis con tal de salvar el honor del anterior Gobierno. Sin duda, el diputado socialista Martínez Sanjuán no tenía que haber hablado con el portero de Alcalá antes de su declaración, pero el portero no dijo nada que no hubiese dicho ante el juez. Los socialistas debían haber evitado cualquier contacto con los comparecientes, y el actual ministro del Interior, haber aclarado antes sus investigaciones a los confidentes del 11-M. Pero poco cambia en el fondo.

El relato de los hechos es demasiado evidente como para que estas maniobras de distracción puedan salvar al PP. Al contrario, al negarse tercamente a reconocer que se equivocaron, los miembros del antiguo Gobierno hacen un flaco favor a su partido y, desde luego, se inhabilitan para seguir dirigiéndolo. El caso de Acebes es especialmente patético. A medida que las cosas iban en dirección contraria a la deseada por Aznar, el entonces ministro del Interior se fue quedando solo ante la opinión pública como portavoz del intento de ocultación. Su patética autodefensa de estos días le convierte en un político amortizado. ¿Cómo puede aspirar Rajoy a reconquistar el poder perdido del brazo de dos empecinados como Acebes y Zaplana?

La comisión de investigación sobre el 11-M, que en su primera semana había cosechado unos resultados irregulares, obtuvo ayer el primer chorro de luz sobre la tragedia con el análisis de los primeros documentos proporcionados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De la sesión ha salido reforzada la tesis de que el Gobierno de Aznar disponía de serias advertencias previas sobre el peligro que suponía el terrorismo de matriz islamista y tuvo datos suficientemente claros sobre la autoría desde el mismo día de los atentados.

Algunos de los comisionados creen que los últimos datos darán un nuevo rumbo a la investigación tras examinar a puerta cerrada los documentos clasificados del CNI, y también los del Ministerio del Interior, Guardia Civil y Policía Nacional. Bien está, porque, por el momento, lo que queda para la ciudadanía, confundida, es el poco edificante espectáculo de un enfrentamiento entre los grupos políticos. ¿De qué se trata? ¿De salvar la imagen del anterior Gobierno, de emborronar la victoria del PSOE o, más bien, de que no se repitan matanzas como la de Madrid?

En el cruce de acusaciones o en el empecinamiento de algunos medios para deslegitimar a la comisión a menos que convalide las comparecencias que exigen, se olvida con frecuencia cuáles son los objetivos de la investigación parlamentaria. Se trata de averiguar qué pasó antes del 11-M, qué fallos se produjeron en la valoración de las amenazas islamistas por parte de los servicios de inteligencia y de seguridad del Estado, si se tomaron las medidas preventivas adecuadas, qué pasó en los días siguientes al 11-M y cómo manejó la información pública el Gobierno, y, sobre todo, se trata de elaborar conclusiones sólidas que permitan defender al país del terrorismo internacional.

El Gobierno anterior no está saliendo airoso del envite. Los informes del CNI que ha conocido la comisión permiten deducir, al menos provisionalmente, que advirtió en repetidas ocasiones a lo largo del año 2003 sobre las amenazas que planteaba a nuestro país el terrorismo islámico, sin que sepamos hasta ahora que se adoptaran medidas especiales. El CNI también ha puesto en evidencia que desde el mediodía del 11-M había indicios suficientes para seguir la pista islámica. Será difícil para el ex ministro del Interior Acebes seguir manteniendo impasible que nunca tuvo información al respecto hasta mucho después. Según los papeles revisados, la furgoneta empleada por los terroristas y localizada en Alcalá por la denuncia de un portero -cuya denostada versión ha sido avalada por el CNI- fue inspeccionada la misma mañana de la tragedia y se detectaron de inmediato los detonadores y también se barajó desde ese instante la posibilidad de que hubieran participado terroristas suicidas.

El anterior Gobierno se conformaba con salir de la comisión como incompetente en la prevención del terrorismo islamista con tal de evitar el estigma de la mentira. Con los datos aportados ayer le quedan colgando ambos baldones: el de la incompetencia y el de la mentira. Y no se los va a sacar de encima si sigue a remolque de los delirios sobre extravagantes conspiraciones que fabrican sus corifeos mediáticos. Todo lo más conseguirá sumar el oprobio de haber utilizado la comisión del 11-M para destruir la capacidad del Parlamento de averiguar la verdad sobre el atentado más grave de nuestra historia reciente.